NATALIA SALVO: «EL DERECHO AL CONSUMO ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL»
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Tanto de la técnica jurídica, como del Poder Judicial, o la misma Política judicial es reservada al ámbito aristocrático.
Natalia Salvo
Conversaciones 2022
21/07/202
Nos tienen acostumbrados a que la cuestión tanto de la técnica jurídica, como del poder judicial, o la política judicial está siempre reservada a un ámbito aristocrático, donde hay que tener parece ser determinada expertiz para hablar, o pronunciarse.
Yo creo que ese es uno de los principales escollos para la
transformación del poder judicial, la despopularización que hay sobre la discusión de este poder judicial.
Y recordar que es, obviamente, uno de esos tres poderes del Estado, y que la interpelación por parte de la sociedad tanto al
ejecutivo, como al legislativo, del mismo modo de la posibilidad de que pase por el escrutinio popular existe mas no en el sistema de justicia.
Y esto lo repito, o me repito, y a veces hasta me harto de escucharme, pero me parece central, sobre todo en un momento donde la repetición casi conductista es una práctica de los medios.
El poder judicial en este plan continental, al que también refirió Eugenio Zaffaroni y que nosotros ya lo conocemos con las
conversaciones que hemos tenido en relación a esto, está atrasado desde otro lugar.
El poder judicial es el elegido por el poder real, y cuando digo poder real me refiero tanto al poder económico como a sus terminales políticas para cogobernar con mejor prensa que en su momento tuvieron las fuerzas armadas o los cuarteles, lo que no es una novedad, ya lo venimos viendo.
Es interesante destacar que este plan no es hecho así a la san fasón, (como decía mi abuela), sino que está orquestado desde el norte, y ya -de un tiempo a esta parte- sobre todo para Latinoamérica y sus lideres y lideresas políticas, también sociales y gremiales.
Digo gremiales, sobre todo en nuestro país, con el modelo sindical argentino que con sus idas y venidas ha tenido la potencia o el contrapoder sindical necesario para impedir algunas de las modificaciones, que incluso el macrismo vino a hacer, como «la Reforma laboral» con el éxito que tuvo respecto de la Reforma previsional.
De hecho, tuvimos ejemplos en nuestra legislación de este plan escrito afuera, como decía Zaffaroni, la Ley del Arrepentido es una de esas pruebas de laboratorio.
Ha tenido expresiones similares, también en Ecuador, con la ley del «colaborador», y en Brasil con la ley del «delator».
Una ley que está fuertemente cuestionada en su constitucionalidad, por revertir garantías constitucionales
como la imposibilidad de declarar contra sí mismo y etcétera.
Juan Vallerga me había comentado la idea de retomar a la Corte como la cúpula de este poder judicial.
El Poder Judicial, en general, y la Corte Suprema de Justicia, en particular.
Estoy absolutamente convencida que ningún plan transformador de la sociedad para beneficio de las mayorías puede darse con esa terminal del poder económico en el poder judicial.
No quiero generalizar, ya sabemos lo que sucedió con jueces que, por ejemplo, se opusieron a los tarifazos y reconocieron el derecho constitucional del consumidor.
Haciendo cumplir la ley, fueron destituidos.
Pero la terminal de ese poder real que hay en el sistema de justicia es el que va a impedir esa transformación social.
Edgardo hablaba de la puja, del proceso transformador, -yo lo decía en otro medio de comunicación- es imposible que se consolide este proceso transformador con esta composición y este funcionamiento.
Para mí, lo que hizo Cristina, por un lado, me entristece que tenga que hacerlo ella, todo tiene que hacerlo ella en este sentido.
Pero a su vez me da esperanza porque yo creo que el éxito o el fracaso de que el poder real termine cooptando el poder judicial, como herramienta de disciplinamiento, de persecución, de impunidad, para el macrismo, sus funcionarios, y sus
terminales económicas y políticas, tiene que ver con la movilización popular.
Una movilización popular que, ya sea como resultas de la pandemia, o como rasgo de época local, continental y hasta mundial, es más compleja porque obviamente que el capitalismo, en su faceta neocultural, lo que hace es destrozar los lazos sociales y colectivos.
Cuesta mucho juntar voluntades, quebrar ese dispositivo de desazón, de zozobra, de desasosiego que hay desde la política mediática, de desacreditar todo lo que tenga que ver con
la política, con el Estado, con lo social, con lo colectivo.
Creo que en ese sentido la movilización popular es fundamental, y¡ vaya si lo es! que Cristina trae a colación en el video que hizo, a la Corte Suprema menemista, la Corte de la «mayoría automática».
Recordaba, cuando se hablaba de la famosa correlación de fuerzas, (para ver si teníamos los votos o no para proseguir los pedidos de juicio político a los actuales cortesanos).
Se me viene a la cabeza el pedido que creo que hizo la diputada Vanesa Siley, no recuerdo a quien, pero con la cantidad de irregularidades a que nos tienen acostumbrados los cortesanos no me extrañaría que fuera cualquiera de ellos.
Pero este tema de la correlación de fuerzas me parece la famosa cuestión del huevo y la gallina.
No tenemos la correlación de fuerzas, entonces no iniciamos ningún tipo de proceso transformador.
Y vuelvo a la Corte menemista.
En ese momento el descrédito de la Corte en particular, esto es una opinión personal, no estaba tan socializado a lo que era
el poder judicial en general.
Hoy en día sabemos que el 82% de los argentinos y las argentinas no creen en este poder judicial, que está absolutamente
deslegitimado.
Sabemos también que el 82% de los argentinos y las argentinas
no son peronistas, kirchneristas, y esto lo digo porque me parece que esa amplitud del descrédito que tiene el poder judicial es algo que hay capitalizar políticamente.
Todos, o la mayoría de los ciudadanes, saben que este poder
judicial le da la espalda al pueblo, en distintas cuestiones, pero se lo da.
Por supuesto que cada vez que digo esto se y conozco que hay excepciones, que son muchas.
Acá tenemos a Alejandra Gils Carbó que fue una excepción, sufrió
en carne propia y en su familia, la persecución en su propio cuero de lo que fue decirle no al poder real.
Me refiero a lo que es una cuestión de estructura de funcionamiento, de lógica transversal que cruza el poder judicial.
La lógica corporativa, endogámica, del poder judicial, de la violencia intrapoder judicial con los relatos que hacen mujeres integrantes del sistema de justicia.
Lo vimos en uno de los integrantes, también, de la Cámara Penal que trataba de delincuentes a sus propias colegas.
Pero, la Corte menemista tampoco tenía las mayorías necesarias cuando Néstor Kirchner salió a denunciarlas.
Sin embargo, ese descrédito fue a través de articulación política y social, creciendo, al punto tal que muchos de sus integrantes tuvieron que renunciar.
Si mal no recuerdo creo que fue Moliné OConnor quien finalmente quedó afuera a través de juicio político.
Y esto lo digo porque me parece clave la movilización, la interpelación popular, hacer lazo en este sentido.
Ni siquiera digo «partidariamente», si tomar esta demanda colectiva y entrelazarla políticamente, y que se pueda interpelar y demandar este poder judicial.
Creo que, en 20 años, cambió y que hoy en día, además de conocer el nombre de jueces y juezas de la Corte, se sabe cómo está funcionando.
Se hace esa relación de causa-efecto entre la persecución y el disciplinamiento judicial con la Corte, con el Consejo, o cierto sector del Consejo del poder judicial.
Lo que me parece que falta, es mi interpretación, porque hay muchos exégetas de Cristina Fernández de Kirchner, es tratar de hacer esa misma relación de causa-efecto entre lo que hace la Corte y la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas.
Por eso creo que llevó el ejemplo del famoso decreto 690 del año 2020 donde se estableció al acceso a internet como servicio público y la telefonía celular esencial, y por lo tanto una tarifa
determinada que pase por el estado en su cuantidad máxima.
¿Qué pasó este año?
Básicamente, me voy a permitir una puteada, se cagaron en ese máximo porque a todos nos subieron mucho más el costo, y hoy en día el acceso a internet es un derecho humano fundamental.
En otros países que son los bien ponderados por nuestra derecha conservadora, (lo decía el otro día en una entrevista que me hizo el gran amigo Rinconet en El Destape en su programa Consenso y coso) (aprovecho para mandar el chivo que es excelente y además nos reímos mucho).
Es un derecho humano fundamental, es parte de esa Constitución Nacional, del derecho al consumo.
Sin embargo, esa transformación del acceso a la ciudadanía, a la democracia, va a ser imposible si este poder constituido del Estado, pensado hace 300 años, continúa constituyéndose en su cúpula con dos caras: Primero:… como factor de impunidad para aquellos que perpetraron, que llevaron adelante, la persecución judicial cuando tuvieron en sus manos al Estado.
La impunidad, tanto de las terminales políticas como económicas, y de los grupos económicos.
Después, el disciplinamiento, que hoy en día, creo yo, que ayuda a ese estado «bobo» al que mencionaba Cristina en Ensenada, de funcionarios y funcionarias temerosas por este disciplinamiento.
Porque saben que ese poder judicial no es independiente.
Por otro lado, y como segunda cara de este poder judicial como «obturador» de ese proceso transformador para las mayorías, es imposible llevar a cabo políticas públicas para las mayorías si tenemos algún juez o díscolo, perdido pero trasladado, comprado, cómplice que va a impedir a través de, o de una medida cautelar, o de una sentencia definitiva, que estas políticas se lleven a cabo.
No digo que la Corte Suprema -esta a la que aludía Cristina en su video – no haya hecho cuestiones similares, de hecho, yo creo que en este espacio lo manifesté o en otros lugares.
Yo soy abogada laboralista, y en el año 1993 hubo un fallo de la Corte menemista, muy importante, que fue Rodríguez Embotelladora, era de la empresa Pepsi, quiebra, y lo que hace la Corte es no aplicar un artículo -muy importante- de la ley de contrato de trabajo que es trasladar la responsabilidad en este caso a Pepsi.
Esa persona, Rodríguez, había trabajado
más de 30 años y se quedó obviamente sin ningún aporte, y sin posibilidad de
hacer efectivo el pago de su indemnización. ¿Qué dijo esta Corte? La Corte
que siempre se funda en el derecho estricto, que nos hablan de la
independencia, de no hablar de cuestiones políticas. Habló de las inversiones
en los considerandos de sus fallos, en los argumentos. Dijo que, si aplicaba,
palabras más, palabras menos, el artículo tal como estaba concebido en su
finalidad protectora hacia al trabajador iba a aventar las inversiones
extranjeras. Es decir, que cuando tocó proteger el derecho o la necesidad de
los grupos económicos lo hizo. Ahora, cuando se trata de la necesidad o de los
derechos de todos y de todas parece ser que hoy en día esa derecha
reaccionaria, también enquistada en el poder judicial, sigue la línea de estar
desembozada. No se puede cubrir con un derecho cada necesidad, como lo
dijo Rosenkrantz, y lo dicen en ámbitos académicos.
Creo que estamos ante la oportunidad en este sentido que existe en cualquier
crisis, que se bandee y que salga pato o gallareta, para seguir hablando
académicamente. Se pone en el relieve que el derecho es un discurso de
poder, y el poder judicial es un poder político. Eso no significa que el juez o la
jueza sentencie de la mano de su pensamiento político, sino que lo haga con la
ley en la mano. No negar el carácter político de ese poder judicial, pero si poner
de relieve que cuando se lo cuestiona o se lo interpela no hay falta de
independencia, o no se quiebra el principio de imparcialidad, o no pasa este
famoso embate, sino que debe ser cuestionado como cualquiera de los otros
poderes del estado. Esto es central, porque si no lo que hacemos es
emperimetrar ese poder judicial bajo el manto de la independencia y nadie lo
puede cuestionar. Y ya tenemos este poder judicial, o esta Corte, que por
ejemplo no tiene fallos para sentenciar, entonces sentencia de manera según
las conveniencias políticas, ya lo hizo con el Consejo de la Magistratura,
reestableció una ley derogada. Uno de los principios fundamentales cuando
estudiamos derecho, una ley posterior deroga una ley anterior, lo decían los
romanos ya. Acá parece ser que la ley anterior resucitó como el mismísimo
Cristo en la pascua porque lo dijo la Corte Suprema. Y pasa a cooptar a uno de
los organismos fundamentales para el funcionamiento democrático, a algunos
les causa displacer obviamente porque no funciona como lo pensó la
Constitución, que es el Consejo de la Magistratura, y que está para remover y
elegir a los jueces.
Y fíjense lo importante que es, que hace poquito hubo una sesión en el
Consejo de la Magistratura donde tendrían que cubrirse las vacantes de Bruglia
y Bertuzzi, los jueces trasladados a dedo sin acuerdo en el Senado. La misma
Corte el año pasado dijo que debían cubrirse esas vacantes pero que esos
jueces podían permanecer hasta tanto se cubran, iba a ser tratado ese
concurso y la mayoría de Juntos por el Cambio del Consejo de la Magistratura
se negó. Para que esos jueces continúen en la Cámara Federal y puedan ser
otra vez artífices de la teoría del cuentapropismo como lo hizo Llorens. Es
decir, la AFI espió porque realmente a cada uno de esos agentes eran
inorgánicos y se le veía en gana, no es que había un plan sistemático y
estructural en donde el espionaje era una herramienta central para disciplinar,
los jueces que pasillaron la quinta de Olivos y la Casa Rosada lo hicieron sin
ningún tipo de fundamento institucional, el terrible fallo que sienta otra vez la
doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno que es la legitimación
del espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.
Eran tantas las pruebas que no van a decir que ese hecho no existió, sino que
se violó la ley porque se está violando el artículo 4 de la ley de inteligencia
nacional. Se puede espiar a las personas sin ningún tipo de orden judicial
previa, en su intimidad y su privacidad. Vaya si no es una vaca sagrada del
liberalismo la privacidad y la intimidad, excepto que no sea de los ciudadanos
que hay que disciplinar por razones políticas, culturales, de opción sexual, o
simplemente para ver si entrañan una amenaza.
Todas palabras que ya escucharon hace 45 años atrás. Otra vez existe un
peligro, o para la seguridad presidencial, o para la seguridad interior, por lo cual
es legítimo que los servicios de inteligencia sin intervención de la justicia
espíen a la gente.
Y lo que decía Edgardo es central, el espionaje fue una herramienta que la
Corte también calló y legitimó, del mismo modo que calla sin tratar las causas
de Milagro Sala pendientes, tiene 13 causas y no tiene ninguna condena firme.
Del mismo modo que hizo con Cristina Fernández de Kirchner donde en el
caso de Vialidad no trató en tres años los planteos para decir "antes de que
vaya a juicio oral, por favor haga una pericia a ver si estuvo bien citado, si hubo
sobreprecios, si se construyeron todas las obras". La pericia que es una prueba
fundamental en estos casos por ejemplo si se habla de sobreprecios, no solo
que no se hizo, sino que la Corte por supuesto se dejó apretar por los medios
de comunicación cuando hace unos años atrás quiso pedir ese expediente y
tuvo que devolverlo para que se abra el juicio oral. El juicio que hoy marcan
como juicio central para la posible proscripción de Cristina Fernández de
Kirchner en el año 2023, y era a lo que aludía Edgardo. ¿Qué va a hacer esta
corte? ¿Qué va a pasar con esa situación?
A mí me parece central advertir que estamos en un momento crítico, que la
desazón no tiene lugar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece
central, aquel 3 de mayo del 2017 donde la sociedad entera salió a decir
"nunca más" con el fallo Muiña y la aplicación de la conmutación de penas 2×1
por este caso.
Y me parece central también advertir que esta movilización va a ser la que
finalmente haga torcer el brazo al poder real, no porque tengamos más poder
que este poder real, sino porque cuando se saca del oscurantismo este tipo de
prácticas extorsivas, se pone el nombre que se tiene que poner, se advierte
que tenemos un poder judicial de una doble vara, uno para los trabajadores y
otro para el poder real, los resultados son distintos. Y pasó hace 20 años atrás
cuando Néstor Kirchner inició el cambio fundamental de la Corte Suprema de
Justicia.
Esto es algo que no solamente está sucediendo con la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, sino también con el Tribunal Superior de Justicia de
Horacio Rodríguez Larreta. Hace poquito salió una noticia donde se ponía en
relieve que los jueces federales también van a la sede del Ministerio Público
Fiscal a verse con Larreta, comer asado y tomar un vino. No a cualquier lugar.
Hoy en día el procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
Juan Bautista Mahiques, ex subsecretario de asuntos penitenciarios del
Ministerio de Justicia de Garavano, responsable del cableado de todas las
instituciones penitenciarias donde estaban alojados ex funcionarios,
representante del poder ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Nacional de
Mauricio Macri. Quien viabilizó todas las denuncias, por ejemplo, del juez Alejo
Ramos Padilla con el caso D'Alessio gate, cuando si tenían el estado y esto era
más peligroso. Y hoy en día ese tribunal superior de justicia que es la Corte
porteña es la que quieren constituir como Tribunal de Alzada para los casos
que tengan que ver con los grupos económicos, con la causa Correo, por
ejemplo, en materia laboral con las grandes empresas de apps Rappi, Glovo, y
demás donde ya ha habido fallos para poder procurar en desprotección laboral
en este ámbito.
Entonces pongamos el ojo de que más allá de las internas que existan entre
Larreta y Macri por la vocación presidencial que tienen, se trata de un mismo
espacio político que utiliza y que tiene complicidad con el poder judicial para
carpetear a funcionarios propios y ajenos. Y que obviamente es el poder del
estado que fue concebido para administrar justicia, y que hoy en día está al
servicio del poder real.