MASACRE DE NAPALPÍ: UNA REPARACIÓN HISTÓRICA
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La huelga, motivada por cuestiones mínimas como alimentación, vestimenta y salud, fue brutalmente reprimida por orden del Estado nacional durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear
Revista Citrica
19 abr 2022
Comenzó un juicio histórico por la verdad de la matanza a los pueblos qom y mocoví, ocurrida en el Chaco el 19 de julio de 1924, en el marco de una huelga para reclamar condiciones de vida dignas.
Por primera vez se realiza en Argentina un juicio por delitos de lesa humanidad contra pueblos indígenas.
«Esperamos medidas reparatorias hacia la comunidad», dijo el fiscal.
En 1924 había república y democracia. Napalpí era una “reserva de indios’‘, un “proyecto civilizatorio” organizado por el Estado argentino que implicó la concentración de las poblaciones indígenas qom y moqoit en un territorio acotado, donde se les imponía un régimen de trabajo forzado, mientras los nuevos propietarios comenzaban con el desmonte y el monocultivo de algodón.
«La reducción Napalpí fue creada en 1911 y el trabajo de las comunidades qom y moqoit (mocoví) era el destronque y la recolección de algodón.
Se estima que allí vivían, según los censos de la época, alrededor de mil personas”, cuenta Diego Vigay, fiscal ad hoc integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, quien detalla cuál fue el origen de esta masacre escondida, como tantas otras, en los libros de nuestra historia:
“Por las condiciones de vida que existían se generó una huelga muy importante que paralizó el trabajo. La protesta se instaló en una toldería y esa protesta, que reclamaba cuestiones mínimas e indispensables para una sobrevida como la alimentación, vestimenta y salud, fue brutalmente reprimida por orden del Estado nacional, en ese entonces presidido por Marcelo Torcuato de Alvear (Unión Cívica Radical) y el interventor territorial del Chaco a cargo, Fernando Centeno«.
El 19 de julio de 1924 alrededor de 150 hombres de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería Volante dispararon durante al menos 45 minutos sobre la toldería donde estaban todas las familias moqoit y qom, y provocaron la muerte de más de 400 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianas.
Melitona Enrique, sobreviviente, fallecida en 2008, ya de grande pudo contar lo que vivió cuando era una niña.
“Bien temprano llegó la policía, se asustó toda la gente (…)
Ancianas jóvenes y jovencitas murieron.
Todas nuestras abuelas.
Iban cayendo las ancianas mientras estaban cantando”.
El de Melitona es uno de los testimonios que se escucharán en este juicio y que fue parte del documental Voces de los sobrevivientes.
La huelga, motivada por cuestiones mínimas como alimentación, vestimenta y salud, fue brutalmente reprimida por orden del Estado nacional durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear
Vigay lleva la causa junto a los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, y el fiscal federal Patricio Sabadini. Como querellantes también se incorporaron la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco y el Instituto Aborigen Chaqueño.
En el juicio se reprodujo de manera oral y pública todas las pruebas recolectadas durante años y contará con alrededor de 50 testimonios.
Las audiencias serán dos veces por semana en el auditorio de la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia y por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial se transmitirán a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación .
«Queremos presentar mis respetos y los de esta provincia a los 39 pueblos originarios que acompañan este juicio, que han venido de todo el territorio de la Argentina a presenciar este hecho histórico”, señalaron desde la secretaria de DD.HH. de Chaco.
Y agregaron:
“Como en la llamada ‘Campaña del Desierto’, también hubo un capítulo de terror aquí en el Chaco.
La ocupación del territorio del Chaco tuvo dos objetivos: desapoderar a los originarios y hacerse de brazos baratos para producir.
Las tierras arrebatadas fueron entregadas a las personas ligadas al exterminio, colonos nacionales y extranjeros para plantar algodón y talar el quebracho”.
«La ocupación del territorio del Chaco tuvo dos objetivos: desapoderar a los originarios y hacerse de brazos baratos para producir», dijeron desde el gobierno de Chaco
El fiscal Vigay cuenta cómo será el proceso para lograr Memoria, Verdad y Justicia también en este caso.
“La investigación se inicia a partir de tomar conocimiento de la existencia de un sobreviviente con vida en ese momento, Pedro Balquinta, del pueblo moqoit.
Con la comunidad, Juan Chico y la Fundación Napalpí, que ya venían realizando un trabajo de memoria histórica de Napalpí y lo que había pasado, fuimos sumando pruebas que tenían que ver con testimonios de otros sobrevivientes, de hijos y nietos de sobrevivientes, por lo que es el relato oral de la cultura indígena, investigaciones de sociólogos, historiadores, periodistas y antropólogos que habían trabajado sobre lo ocurrido en esa época, distintos archivos, tanto locales como nacionales».
Con toda la prueba recolectada por la fiscalia a cargo de Vigay se consideró que la mejor manera de llevar adelante el juzgamiento de este crimen de lesa humanidad y de genocidio era la herramienta del Juicio por la Verdad.
“Había precedentes de cuando estaban vigentes la Obediencia Debida y el Punto Final en los años 90, en ese caso porque no se podía sentar en el banquillo a los acusados por las leyes de impunidad.
En el caso de la Masacre de Napalpí ocurre algo similar porque ya están todos fallecidos», indica Vigay.
La última sobreviviente
Rosa Grilo es la última sobreviviente de la masacre de Napalpí.
Pertenece a la comunidad qom y se calcula que tiene más de 110 años.
En 2018 brindó su testimonio sobre la matanza en la que perdió a parte de su familia.
Con su declaración, la Fiscalía dio por concluida la investigación y requirió la apertura de este juicio por la verdad.
“Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Cuando la reducción, mi abuelo cazaba cualquier bichito para rebuscarse.
Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón.
Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban.
Mi abuelo y mi mamá gritaban disparemos, disparemos.
No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento», declaró Rosa en el patio de su casa, recordando en su lengua y en español los hechos ocurridos durante la Masacre de Napalpi en 1924:
“Nosotros disparamos en el monte porque queríamos vivir.
Ahí comíamos algarrobo y cualquier fruto de los árboles y tomábamos agua de los cardos.
Mi mama me contó que lo mataron a mi papá.
No quiero ver que se repita.
Duelen estas cosas.
Cómo uno no va sentir la familia.
Mi abuelo se llamó Francisco Grilo y mi mama Antonia Grilo.
Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla».
«Reparación»
El fiscal Vigay considera que el juicio será un modo de “reparación”, sobre todo para conocer la verdad de lo ocurrido y para que tengan acceso a esa verdad las comunidades qom y moqoit, las víctimas pasadas y presentes de esta masacre.
“Se espera que la sentencia pueda tener una reconstrucción de todo lo que sucedió, con el detalle de las responsabilidades y los por qué de este suceso histórico.
Pero también medidas reparatorias hacia la comunidad que de alguna manera dignifiquen a las víctimas, reconozcan la responsabilidad del Estado nacional y establezcan algunos mecanismos de reparación integral”.
Una reparación histórica a los pueblos indígenas víctimas de la masacre.
Llegará tarde, pero llegará.
……
MASACRE DE NAPALPÍ: LA JUSTICIA FEDERAL DE CHACO CONSIDERÓ QUE SE TRATÓ DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN EL MARCO DE UN GENOCIDIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El juicio por la verdad concluyó hoy con el veredicto que reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena de 1924 y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades Qom y Moqoit.
Argentina.gob.ar
19 de mayo de 2022
En un veredicto que tuvo traducción simultánea a las lenguas qom y moqoit, la jueza federal Zunilda Niremperger de Resistencia, Chaco, resolvió que existió responsabilidad del Estado Nacional en la Masacre de Napalpí del 19 de julio de 1924 y consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.
El juicio por la verdad concluyó este jueves, a casi 98 años de los hechos, con la lectura de la parte resolutiva de la sentencia.
Allí se declaró como probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, y se dispusieron medidas de reparación en beneficio de las comunidades, como habían solicitado durante los alegatos la fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).
Además de fijar una amplia difusión del juicio y de la sentencia, la jueza ordenó al Estado Nacional la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas y la constitución de un museo y sitio de memoria en el lugar de los hechos.
Exhortó además al Estado Nacional a que implemente un plan de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit y que fortalezca las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia en las que se garantice la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales.
Por otro lado, ordenó a los Ministerio de Seguridad de la Nación y del Chaco que incorporen a la capacitación de las fuerzas de seguridad un módulo sobre respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y requirió al Ministerio de Educación de la Nación que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional el estudio de los hechos que se juzgaron.
Estableció también la continuidad de los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la búsqueda y exhumaciones de fosas comunes e impulsó al Congreso de la Nación a que determine el 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí.
Como mecanismo de supervisión, una unidad ejecutora estará a cargo de hacer el seguimiento de la sentencia para su cumplimiento.
En su resolución, la jueza reconoció algunas medidas de reparación tomadas en los últimos años, como el pedido de disculpas a los pueblos originarias realizado por el Gobierno de Chaco en 2008 y la señalización realizada en 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Sitio Histórico Memorial Napalpí.
Este fue el primer juicio oral en investigar como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra comunidades indígenas. Se trató de un juicio por la verdad ya que, por tratarse de hechos que ocurrieron hace casi un siglo, no había imputados con vida a quienes juzgar.
El debate comenzó el 19 de abril y se desarrolló durante 7 audiencias que se realizaron en su mayoría en la ciudad de Resistencia, pero también se trasladaron a la localidad de Machagai, cercana a Napalpí, y a la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA.
En las primeras jornadas se escucharon los relatos grabados de sobrevivientes y los testimonios de sus descendientes, hijos, hijas, nietos y nietas.
A través de esos relatos se logró reconstruir cómo se vivía en la reducción de Napalpí, donde las comunidades estaban en condiciones de casi esclavitud, sin libertad de trabajo ni de movimiento.
Las voces de sobrevivientes y sus descendientes permitieron conocer los hechos que ocurrieron ese 19 de julio de 1924, cuando un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a unas 400 personas que protestaban por las condiciones laborales y de vida.
Una gran parte de los testimonios fueron de especialistas e investigadores, quienes repasaron el funcionamiento de la reducción y su objetivo disciplinador, y cómo se planificó y ejecutó la masacre por parte del Estado.
Se refirieron además al carácter genocida de los crímenes perpetrados contra las comunidades y cómo fueron luego perseguidos y silenciados para garantizar la impunidad.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoyó la realización de este juicio como parte del proceso de reconocimiento del genocidio cometido contra los pueblos originarios y la búsqueda de reparación a las víctimas, sus familias y comunidades.
Así, prestó activa colaboración para la celebración de las jornadas en el Centro Cultural Haroldo Conti y el secretario Horacio Pietragalla Corti acompañó a las víctimas y familiares en la primera audiencia del debate; en tanto que el director nacional de Asuntos Jurídicos Federico Efron participó en la última jornada del juicio.
La Secretaría elaboró también un informe histórico que presentó en la causa que reconstruye el proceso represivo y la responsabilidad de fuerzas represivas, agentes judiciales y funcionarios en los hechos y en el encubrimiento posterior.
El investigador Alejandro Jasinski, autor del informe, declaró como testigo en el juicio.
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