Lo que ocurre hoy en Río de Janeiro tiene menos que ver con la seguridad y más con la soberanía.
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LA FARSA DEL «NARCO TERRORISMO»
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_h8hi"] La farsa del «narcoterrorismo»: cómo Río se convirtió en un laboratorio de guerra híbrida contra Brasil.
Por Rey Aragón
NAC&POP
01/11/2025
La sangrienta operación del martes en Río de Janeiro no es solo una acción policial; forma parte de una operación psicológica planificada para generar inestabilidad, importar la doctrina de seguridad estadounidense y debilitar al gobierno de Lula en medio de una disputa de soberanía.
Con el pretexto de combatir la delincuencia, el gobierno de Río y sus aliados de extrema derecha están retomando la vieja estrategia de la Guerra Fría: convertir la seguridad pública en un escenario para la guerra de información.
Al recurrir al término «narcoterrorismo», las autoridades de Río de Janeiro están ayudando a Washington a probar una nueva forma de intervención, ahora disfrazada de «cooperación antiterrorista».
EL NACIMIENTO DE UNA OPERACIÓN PSICOLÓGICA: CÓMO SE PLANTÓ EL NARCOTERRORISMO EN RÍO DE JANEIRO
Drones sobrevolando el Complejo Penha, granadas lanzadas sobre una zona densamente poblada, decenas de muertos, escuelas cerradas y miedo generalizado.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo incluso antes de que se establecieran los hechos, y una frase del gobernador Cláudio Castro bastó para establecer el contexto deseado: «Es narcoterrorismo«.
Esta palabra, lanzada a los medios con la frialdad de quien sabe de lo que habla, no es solo un error semántico.
Es un arma.
El episodio del martes 28 de octubre de 2025 marca la culminación de una operación psicológica cuidadosamente calibrada, diseñada para crear una sensación de colapso de la seguridad pública y, con ello, legitimar una agenda geopolítica que no se originó en Brasil.
El término «narcoterrorismo«, legalmente inexistente en la legislación brasileña, sirve como clave simbólica para importar el vocabulario estratégico de Washington y cambiar el eje de la narrativa nacional: lo que antes era crimen organizado se convierte de repente en una «amenaza hemisférica».
Esta manipulación discursiva persigue objetivos precisos. Internamente, consolida el proyecto de poder de la extrema derecha, que se nutre del miedo como su principal motor político; externamente, reabre la puerta a la doctrina de seguridad de Estados Unidos, que vuelve a considerar a Sudamérica como un campo de «riesgo híbrido» que debe ser contenido.
El gobierno de Río de Janeiro, al adoptar este léxico, actúa como vector de una operación psicológica de alcance internacional: genera inestabilidad, debilita al gobierno federal y proporciona a la prensa extranjera un argumento contundente de que Brasil ha perdido el control de su territorio.
En el ámbito informativo, no hay improvisación.
La sincronización entre la operación militar, el uso del término «narcoterrorismo» y su inmediata réplica por parte de agencias internacionales configura un guion familiar de la guerra híbrida contemporánea: crear caos, etiquetarlo como enemigo global y exigir intervención bajo la apariencia de orden.
Lo que ocurre hoy en Río de Janeiro tiene menos que ver con la seguridad y más con la soberanía.
Es un ensayo para una nueva ofensiva cognitiva contra Brasil.
EL ESPECTÁCULO OPERACIONAL: LA GUERRA QUE HAY QUE VER
En una operación psicológica, nada es casual: ni el momento de la operación, ni el encuadre, ni el sonido de las explosiones.
Lo que vimos en las calles de Río de Janeiro la mañana del 28 de octubre de 2025 no fue solo una operación policial a gran escala: fue la puesta en escena de una guerra cuidadosamente coreografiada para las cámaras.
Vehículos blindados, helicópteros, drones y disparos de fusil conformaron la puesta en escena perfecta para crear una narrativa de colapso.
La Operación «Contención«, que movilizó a más de 2500 agentes en una sola mañana, se comercializó como una respuesta al avance de las facciones criminales, pero su resultado real fue diferente: generó imágenes de caos controlado, capaces de circular instantáneamente en redes sociales, televisión y portales internacionales.
La guerra híbrida, después de todo, depende de la visibilidad: sin imágenes, no hay miedo; sin miedo, no hay consenso.
El impacto simbólico fue inmediato.
Las escenas de granadas lanzadas desde drones y favelas cubiertas de humo no solo generaron pánico, sino que también legitimaron el discurso de la excepción.
En cuestión de horas, las escuelas cerraron, los autobuses se detuvieron y la ciudad se sumió en un estado de parálisis emocional.
Este es el objetivo de la operación psicológica: generar una percepción de pérdida de control, incluso cuando el control —militar y narrativo— está en manos de quienes manipulan la situación.
Al transformar la seguridad pública en un espectáculo de guerra, el gobierno de Río recreó la estética del miedo, fundamento esencial de las democracias asediadas.
Cámaras de prensa estratégicamente ubicadas captaron no solo el enfrentamiento, sino también el argumento: «El Estado se enfrenta a terroristas».
Sin embargo, lo que se transmite al mundo es una historia diferente: la de un país en colapso, incapaz de gobernar sus propios territorios.
La guerra híbrida se nutre de esta paradoja: cuanto más fuerte parece el Estado, más vulnerable se revela; cuanto más seguridad promete, más inseguridad genera.
Esta es la lógica del espectáculo operacional: una guerra que necesita ser vista para cumplir su función simbólica.
INGENIERÍA DISCURSIVA: CÓMO SE FABRICA UN ENEMIGO INTERNO
Ninguna guerra híbrida puede sostenerse sin narrativa, y ninguna narrativa puede imponerse sin ingeniería discursiva.
En el caso del narcoterrorismo, el proceso fue meticulosamente orquestado: primero la imagen, luego la etiqueta, luego la viralización y, finalmente, la legitimación política.
El ciclo comienza con imágenes.
Drones, explosiones, estampidas, humo; todo grabado, editado y transmitido en tiempo real por canales oficiales y perfiles aliados con el gobierno de Río.
El objetivo: crear un clima de guerra.
A continuación, aparece la palabra clave, «narcoterrorismo», pronunciada por una autoridad y reproducida de inmediato por toda la maquinaria mediática bolsonarista.
El término carece de fundamento legal, pero sí tiene valor simbólico.
Transforma a los criminales en «enemigos del Estado» y al Estado en un «bastión de la civilización«, invirtiendo por completo la lógica legal y democrática.
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Essa retórica é amplificada por um ecossistema previsível: portais da extrema-direita, influenciadores que orbitam o bolsonarismo digital e veículos internacionais predispostos a enquadrar o Brasil como “país em colapso”.
A palavra é o vetor.
Quando o rótulo chega à Reuters, à CNN en Español e ao El País, ele já cumpre sua função — legitimar o medo como verdade global e transferir o eixo do debate do campo policial para o campo geopolítico.
A engenharia discursiva transforma a exceção em regra e o território periférico em laboratório de consenso. Ao batizar o crime como terrorismo, o poder local fabrica o inimigo perfeito: invisível, interno e conveniente.
É assim que se sustenta a guerra híbrida — não pelo controle de armas, mas pelo controle das palavras.
O PROPÓSITO POLÍTICO INTERNO: O CAOS COMO ESTRATÉGIA DE PODER
A fabricação do caos é uma velha técnica política — e, no Brasil de 2025, voltou a ser um ativo eleitoral.
O governo do Rio de Janeiro, ao transformar a segurança pública em espetáculo, recria o ambiente de medo que alimenta o bolsonarismo e oferece à extrema-direita o combustível de que precisa para se manter relevante.
Cada granada lançada, cada corpo exibido, cada manchete sobre “narcoterrorismo” reforça a narrativa de que apenas o autoritarismo pode devolver a ordem.
O cálculo é cínico.
Com as eleições municipais à vista e o bolsonarismo enfraquecido nacionalmente, a extrema-direita busca um novo eixo de mobilização — e encontrou na “guerra contra o crime” o terreno ideal. Ao hiperbolizar a insegurança, cria-se a percepção de que o governo federal perdeu o controle, forçando o presidente Lula a reagir sob a agenda discursiva do adversário.
É o mesmo método usado nos Estados Unidos durante a “War on Drugs” e na Colômbia sob o pretexto do “narcoterror”: a política do medo como arma eleitoral e instrumento de subordinação internacional.
Internamente, o discurso serve a três funções:
1 – Blindar a incompetência administrativa do Estado fluminense, desviando o foco das crises fiscal e social.
2 – Rearticular o campo bolsonarista sob uma bandeira moral e bélica, agora travestida de “defesa do cidadão”.
3 – Provocar o governo federal a entrar no jogo da força, rompendo o equilíbrio entre segurança pública e direitos civis e apresentando Lula como “fraco diante do crime”.
O caos, portanto, não é um efeito colateral — é o produto. A sensação de desordem é o terreno fértil da extrema-direita, e o Rio de Janeiro, mais uma vez, foi escolhido como laboratório.
Sob o verniz de combate ao tráfico, o que se ensaia é uma guerra política por narrativas: a disputa pela percepção de quem detém a autoridade moral para usar a violência.
A PORTA PARA A INGERÊNCIA EXTERNA: O REGRESSO DA DOUTRINA MONROE
Por trás do discurso de “narcoterrorismo”, o que se reativa é um velho projeto de subordinação hemisférica: a Doutrina Monroe, reciclada no século XXI sob o disfarce de “cooperação antiterrorismo”.
O termo não é inocente.
Quando uma autoridade brasileira chama facções criminosas de “narcoterroristas”, ela abre uma brecha jurídica e diplomática para que os Estados Unidos intervenham direta ou indiretamente sob o argumento da segurança regional.
Esse roteiro já foi testado.
Nos anos 1990, a Colômbia foi convertida em laboratório militar dos EUA sob o pretexto do “Plano Colômbia” — uma parceria que prometia combater o narcotráfico e acabou militarizando o país, ampliando o poder das agências americanas e subordinando a política de segurança nacional à lógica da DEA e do Pentágono. Hoje, o Rio de Janeiro cumpre função análoga: criar o pretexto narrativo para que o Brasil volte a caber na mesma moldura de “ameaça hemisférica”.
Não é coincidência que a retórica de Cláudio Castro tenha ecoado, quase de imediato, em meios de comunicação e redes internacionais de segurança ligadas a Washington.
O termo “narcoterrorismo” permite associar o Brasil à lista de países que exigem vigilância especial — a antessala das sanções, da espionagem e da cooperação forçada.
Trata-se de uma operação de linguagem que antecede a operação política: quem controla o nome, controla o território.
Ao importar o léxico da segurança norte-americana, o governo do Rio cede soberania narrativa e estratégica.
Entrega o poder de definir o que é ameaça e o que é ordem; o que é segurança e o que é guerra.
E quando um Estado abre essa porta, não é ele quem decide quando ela será fechada.
O “narcoterrorismo”, portanto, não é apenas um equívoco semântico.
É o código de ativação de um sistema de ingerência já em funcionamento — o braço invisível da guerra híbrida que transforma um discurso local em justificativa global para intervir, vigiar e enfraquecer o Brasil em nome da segurança.
A CAPTURA TECNOLÓGICA: QUANDO A SEGURANÇA VIRA DEPENDÊNCIA
Toda guerra híbrida tem uma camada silenciosa: o código.
Por trás dos blindados e das granadas lançadas de drones, existe uma rede de sistemas, contratos e plataformas que definem quem vê, quem decide e quem lucra com o controle do território.
O discurso do “narcoterrorismo” funciona aqui como porta de entrada para a entrega tecnológica, travestida de “cooperação em segurança”.
As polícias estaduais e federais brasileiras operam hoje com softwares, bancos de dados e ferramentas de vigilância fornecidos por empresas estrangeiras — muitas delas ligadas diretamente ao complexo civil-militar dos Estados Unidos e de Israel.
Sistemas de análise forense, monitoramento de redes, reconhecimento facial e interceptação digital compõem um ecossistema híbrido de segurança privatizada, em que o Estado brasileiro depende de infraestrutura, código e manutenção estrangeiros.
Essa é a face invisível da soberania capturada.
Quando um governo local aciona o léxico do “terrorismo”, abre caminho para acordos diretos com essas corporações, sob o argumento da urgência e da “cooperação internacional”.
É o mesmo modelo aplicado em Bogotá, Manila e Kiev: a tecnologia entra como “ajuda”, mas permanece como instrumento de tutela.
Cada nova aquisição, cada integração de dados, reduz a autonomia operacional das forças brasileiras e aumenta a capacidade de vigilância de atores externos sobre o território nacional.
A guerra híbrida não precisa de tropas estrangeiras — basta o controle do software e da narrativa.
O discurso do medo legitima o investimento estrangeiro na segurança pública, e o investimento estrangeiro consolida o medo como política permanente.
É um ciclo de dependência retroalimentado, em que o Brasil fornece dados, abre infraestrutura e paga pela própria subordinação.
No limite, o “narcoterrorismo” é o cavalo de Troia que converte a soberania informacional em moeda de troca, transformando o país em laboratório de teste para tecnologias de vigilância de uso dual — civil e militar.
O inimigo não está nas favelas, mas nos servidores que processam os dados sobre elas.
O QUADRO JURÍDICO: A MENTIRA LEGAL E O DISCURSO DE EXCEÇÃO
Nenhum país soberano pode aceitar que a linguagem do inimigo determine o seu próprio direito.
O Brasil possui legislação clara sobre terrorismo — e ela não inclui o tráfico, o crime organizado ou facções locais.
A Lei 13.260/2016, sancionada após intenso debate no Congresso, define terrorismo como “atos motivados por extremismo político, religioso, racial ou ideológico que provoquem terror social generalizado”.
Nada disso se aplica ao contexto fluminense.
Ainda assim, o governador Cláudio Castro e setores da extrema-direita insistem em importar a categoria estrangeira de “narcoterrorismo”, um conceito sem valor jurídico e com alto valor geopolítico.
A operação semântica é simples, mas letal: ao classificar criminosos como “terroristas”, o Estado ganha carta branca para suspender direitos, expandir a letalidade e excluir o controle civil sobre as forças de segurança.
Essa é a essência do discurso de exceção — ele legitima a violência preventiva, autoriza o erro e naturaliza o dano colateral.
O efeito psicológico é devastador: transforma a população pobre, negra e periférica em potencial inimiga interna.
Por trás dessa distorção jurídica há um propósito estratégico: aproximar o Brasil da arquitetura normativa dos Estados Unidos, que permite ações extraterritoriais, sanções e monitoramentos sob o pretexto de “combate ao terror”.
É o mesmo expediente usado para justificar intervenções na América Central, no Oriente Médio e nos Bálcãs — sempre em nome da segurança global.
No plano interno, o “narcoterrorismo” cria um estado de exceção permanente travestido de política pública.
Sob esse manto, tudo se justifica: operações sem transparência, prisões em massa, execuções sumárias e convênios diretos com agências estrangeiras.
Trata-se de um atalho discursivo para contornar a Constituição e reintroduzir o paradigma do inimigo — aquele que pode ser eliminado sem julgamento porque “não faz parte da sociedade”.
A mentira legal é o coração da psyop: ao fazer o público acreditar que o país enfrenta “terroristas”, o Estado se autoriza a agir como potência ocupante dentro do próprio território.
E é justamente aí que a democracia começa a morrer — não pelo golpe militar, mas pelo consentimento semântico.
AS CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS: A GUERRA INTERNA E O RISCO DE INTERVENÇÃO EXTERNA
A consequência mais imediata da farsa do “narcoterrorismo” é o retorno de uma velha patologia brasileira: a normalização da guerra interna contra o próprio povo.
Quando o Estado passa a enxergar cidadãos como inimigos potenciais, a política de segurança se transforma em política de extermínio.
O resultado está nas estatísticas que nunca aparecem nas manchetes: corpos sem identificação, lares destruídos, escolas fechadas e territórios ocupados permanentemente sob o pretexto da ordem.
Mas o efeito não se limita à tragédia local. Cada vez que um governador fala em “terrorismo”, o termo é registrado por agências internacionais, indexado em bancos de risco e analisado por plataformas de monitoramento financeiro e diplomático.
Em linguagem técnica, isso é chamado de “securitização da imagem nacional” — o processo que transforma problemas internos em ameaças globais.
O preço é alto: encarece o crédito, afugenta investimentos, desestabiliza o câmbio e alimenta a percepção de fragilidade institucional.
No plano geopolítico, o discurso abre brecha para novas formas de ingerência, especialmente sob a doutrina norte-americana de “combate a ameaças híbridas e narcoterroristas”.
Uma simples palavra dita por uma autoridade estadual pode servir de base para sanções, cooperações forçadas ou espionagem disfarçada de assistência técnica.
É o que se observa agora: em Washington, think tanks e comissões parlamentares já citam o Brasil como “novo foco de instabilidade” — exatamente o tipo de narrativa que precede a penetração institucional.
Internamente, a operação cumpre outra função: testar os limites da democracia brasileira.
O aumento da letalidade, o uso de drones, a ausência de perícia independente e o silêncio das autoridades federais revelam um país em estado de dessensibilização.
O medo vira rotina, e a rotina anestesia o escândalo.
É assim que uma operação policial se converte em ensaio de guerra híbrida: pelo controle da emoção coletiva e pela naturalização da violência como método de governo.
No campo simbólico, o dano é ainda mais profundo. A ideia de que o Brasil enfrenta “terroristas” legitima a militarização das favelas, a vigilância sobre movimentos sociais e o enfraquecimento de qualquer resistência popular.
O que começa como exceção em um território periférico termina como norma nacional.
Essa é a arquitetura do autoritarismo moderno: não precisa de tanques nas ruas, apenas de medo nas telas.
A CONTRA-NARRATIVA ESTRATÉGICA: COMO RECONSTRUIR A SOBERANIA DO DISCURSO
Toda guerra híbrida se vence primeiro no campo da linguagem. Antes das sanções, antes das armas e antes das urnas, vem a disputa pelo significado das palavras.
É por isso que, diante da ofensiva “narcoterrorista”, a reação democrática precisa começar pela reconstrução semântica. A palavra “terrorismo” não pode ser cedida à extrema-direita, nem ao manual de Washington.
É preciso restituí-la ao direito, à verdade e à soberania nacional.
A primeira medida é reafirmar o ordenamento jurídico brasileiro: o Brasil não enfrenta terroristas, enfrenta criminosos — e essa diferença é o que separa o Estado de Direito do estado de exceção. As facções não têm ideologia política nem intenção de gerar pânico social por motivação extremista.
Chamá-las de “terroristas” é mentir por interesse geopolítico.
É preciso insistir nessa distinção até que se torne senso comum, porque ela define o limite entre governar e ocupar.
A segunda é reconstruir o vocabulário da segurança pública a partir da soberania informacional.
Em vez de importar doutrinas prontas, o Brasil precisa formular sua própria estratégia de defesa digital e territorial — centrada em inteligência pública, controle de dados e transparência.