Esta detención resulta violatoria del debido proceso, presunción de inocencia y beneficio de la duda consagrados por la Constitución Nacional y Código Procesal Penal de la Nación.

La nacionalización de las AFJP devolvió al Estado argentino el manejo de la principal fuente de ahorro nacional, ampliando los derechos para los argentinos en edad de jubilarse y terminando con un negocio en el que la única beneficiada fue la banca usurera.