Restricciones al espacio cívico en Argentina
SILENCIAR A TRAVÉS DEL MIEDO
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_h8hi"] Las autoridades políticas nacionales y provinciales de Argentina, como funcionarios judiciales, vienen tomando decisiones con crecientes restricciones a los derechos y libertades del “espacio cívico”.
CELS
Informe 2024
Foto Francisco Loureiro
Desde diciembre de 2023 las autoridades políticas nacionales y provinciales de la Argentina, así como funcionarios judiciales, vienen tomando decisiones que muestran un panorama de crecientes restricciones a los derechos y libertades que se agrupan bajo la idea de “espacio cívico”.
La noción de espacio cívico hace referencia a las condiciones que configuran un “entorno” más o menos habilitante para el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés público.
Desde este punto de vista, el espacio cívico en la Argentina se está restringiendo, y cada vez es más difícil participar, expresarse o incidir en los debates y las políticas públicas sin arriesgarse a correr riesgos de distinto tipo.
Esto genera miedo y busca desincentivar la participación de distintos actores sociales en la discusión de asuntos públicos. A continuación, presentamos las principales medidas que se tomaron en los últimos 10 meses y que han despertado preocupación a nivel nacional e internacional.
El 23 de septiembre de 2024 la organización CIVICUS anunció que incluyó a la Argentina en su lista de vigilancia, que agrupa a los países cuyo espacio cívico se viene degradando con rapidez.
Ver https://monitor.civicus.org/watchlist-september-2024/
RESTRICCIONES A LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS
En diciembre de 2023 el nuevo gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad (Resolución 943/23), anunció un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que restringe el ejercicio de los derechos de reunión y expresión.
A partir de esta decisión administrativa, el gobierno considera que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan.
También habilita a la policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se manifiesten con el fin de perseguirlas penalmente.
Este “protocolo” funcionó durante todo 2024 como una justificación para que, en cualquier situación, las policías actúen de manera violenta y arbitraria.
A partir de estas nuevas reglas, la actitud policial en las calles durante los operativos es de hostigamiento constante hacia los manifestantes.
Las políticas de restricción a la protesta, y especialmente la Resolución 943/23, causaron preocupación entre los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos.
El 23 de enero de 2024 tres relatorías de la ONU (sobre los derechos a la libertad de re- unión pacífica y de asociación, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos a la Argentina) presentaron una nota al gobierno nacional señalando los graves problemas de la resolución.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, hizo numerosos recordatorios al gobierno argentino acerca de los estándares interamericanos que establecen que “la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
El Ministerio de Seguridad publicó también un protocolo de “ciberpatrullaje” (Resolución 428/24) que otorga amplias facultades a las fuerzas policiales para realizar tareas de monitoreo en fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales).
Con la excusa de prevenir delitos, se permite a la policía observar cualquier tipo de actividad en fuentes abiertas, lo cual genera de por sí un efecto disuasivo que limita la libertad
de expresión en el entorno digital.
Pero además esta práctica está autorizada para prevenir “cualquier delito del que se pueda tener noticia en el ciberespacio”, y a partir de la Resolución 943/23 antes mencionada casi todas las formas de protesta son consideradas delitos en flagrancia, con lo que existe un riesgo cierto de que estas tareas de monitoreo de redes y plataformas se oriente a producir información y eventualmente criminalizar expresiones de disidencia política.
REPRESIÓN DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS
Desde diciembre de 2023, luego de la aprobación de la Resolución 943/23, la política del gobierno nacional es reprimir y dispersar manifestaciones públicas.
En estos episodios se reiteraron el uso abusivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, malos tratos y vejaciones a los detenidos, y su posterior judicialización.
Las represiones más violentas se dieron frente al Congreso Nacional, en especial cuando se sancionó la denominada “Ley Bases” el 12 de junio..
Durante el mes de septiembre de 2024 se produjeron hechos de violencia policial y uso indiscriminado de gases lacrimógenos contra jubilados y niños..
También fueron gaseados diputados y representantes sindicales.
Hasta septiembre de 2024 se contabilizaban al menos 723 personas que sufrieron heridas de distinta gravedad por la represión policial.
50 de ellas eran trabajadores de prensa.
CRIMINALIZACIÓN DE MANIFESTANTES
La represión de manifestantes fue acompañada de detenciones, casi siempre arbitrarias, realizadas por los efectivos policiales al momento de dispersar las protestas.
Desde diciembre de 2023 al menos 102 personas fueron detenidas en operativos policiales contra manifestaciones públicas en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Algunas personas fueron detenidas por resistirse al avance policial que buscaba desalojarlas de espacios públicos.
Pero la mayor parte fue simplemente detenida al azar. Incluso hubo casos de personas detenidas que ni siquiera estaban participando de las manifestaciones, sino transitando por zonas cercanas.
La criminalización contra los manifestantes del 12 de junio fue especialmente grave.
Ese día fueron detenidas 33 personas
La fiscalía las acusó de delitos gravísimos, como sedición e intento de golpe de estado, y fueron trasladadas a prisiones federales, como si se tratara de presos de máxima peligrosidad.
Las imputaciones de la fiscalía fueron completamente determinadas por una serie de mensajes públicos emitidos por el gobierno nacional durante los hechos de represión.
A través de sus redes sociales, el propio presidente de la nación, varios funcionarios y sus milicias digitales caracterizaron a los manifestantes como “terroristas” e instalaron la idea de que la protesta tenía por objetivo producir un golpe de estado.
El fiscal pidió imputar a los manifestantes respondiendo
a esta narrativa del gobierno y sin pruebas.
La justicia demoró varios días e incluso se- manas en corroborar que no existían pruebas para sostener la hipótesis de la fiscalía.
Las personas fueron recuperando su libertad en etapas.
La última persona fue liberada el 8 de septiembre, es decir, pasó 85 días detenido por manifestarse.
PERSECUCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES
El gobierno nacional inició una persecución contra las organizaciones conocidas en Argentina como “movimientos sociales”, que en general aglutinan a personas desocupadas o que se desempeñan en la economía popular informal.
En los últimos años estas organizaciones cumplieron diversos roles de intermediación entre el Estado y los sectores más pobres de la población, como la distribución de alimentos y la gestión de planes sociales y cooperativas.
También se convirtieron en un actor político relevante al organizar y expresar en las calles las demandas de estos sectores.
La persecución se desarrolla en dos frentes.
Por un lado, a través de las ya mencionadas decisiones administrativas que restringen la protesta y establecen multas para las organizaciones que convoquen, difundan o participen de manifestaciones públicas.
El Ministerio de Seguridad comenzó a implementar una medida insólita:: intentar cargar a las organizaciones que participan de protestas con los costos de los desmedidos operativos policiales desplegados en cada una de estas situaciones.
El Estado se desentiende así de una de sus funciones clave (proteger a los manifestantes y garantizar el ejercicio de sus derechos), pero además deja en claro que concibe a las manifestaciones como situaciones irregulares o desmanes por los que deben pagar quienes las organizan.
El otro frente es la apertura de causas judiciales contra movimientos sociales, bajo la excusa de supuestas situaciones de coacción a personas para participar de protestas, o por malversación en la gestión de recursos estatales.
En el marco de estas causas, iniciadas por denuncias anónimas fomentadas por el gobierno, los fiscales solicitaron y en general los jueces habilitaron medidas de prueba muy invasivas, como allanamientos a sedes de organizaciones y comedores barriales, secuestro de celulares y computadoras, etc.
La información guardada en esos celulares y computadoras es inmediatamente filtrada a la prensa, que despliega operaciones de estigmatización de organizaciones, referentes y militantes, publicando sus datos personales.
El gobierno también estigmatiza y hostiga a organizaciones sindicales.
En el caso de los trabajadores de la educación y de la línea aérea estatal, propuso declarar sus actividades como “servicios esenciales” para limitar o eliminar el derecho a huelga.
También declaró que Aerolíneas Argentinas se encuentra ahora “sujeta a privatización”, como respuesta a un conflicto por reclamos salariales de sus trabajadores.
Otra modalidad de protesta de trabajadores sindicalizados, el bloqueo de empresas, fue objeto de un protocolo específico aprobado por el Ministerio de Seguridad (Resolución 901/2024) que, sin mediar reforma penal alguna, convierte a esta práctica en un delito y faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir sin orden judicial para hacer cesar el bloqueo,
identificar a los responsables y denunciarlos ante la justicia.
ATAQUES DE MILICIAS DIGITALES A DEFENSORXS DE DERECHOS
En los últimos años, pero sobre todo en 2023 durante la campaña electoral que llevó al partido La Libertad Avanza a la presidencia, se repitieron campañas de ataques en línea coordinados contra defensorxs de derechos.
El objetivo de estos ataques es la tergiversación de posiciones políticas, el cuestionamiento de la información, el desprestigio de las vocerías y finalmente el silenciamiento, amedrentamiento y la expulsión público digital de los movimientos progresistas, feministas, antirracistas, decoloniales y de derechos humanos y a quienes identifican con ellos, como periodistas, referentes sociales o simplemente seguidores.
Desde diciembre de 2023 algunos de estos actores pasaron a integrar la nómina del Estado nacional en el área de Comunicación digital.
Información periodística dio cuenta de que estos grupos orgánicos e inorgánicos son financiados con fondos gubernamentales reservados
Es decir, cuentan con legitimidad estatal.
Hace unas semanas, el gobierno pretendió asignarle por decreto al sistema de inteligencia un monto muy alto de
fondos secretos que quedarían por fuera de controles fuertes.
El decreto fue anulado por el Congreso.
Sin embargo, las contrataciones para el área de comunicación y campañas se sostienen sin que exista información certera sobre sus fines y financiamiento.
Muchas veces los ataques en línea a periodistas o referentes de la política parten de la cuenta del presidente Javier Milei, quien además suele republicar contenido con noticias falsas o desinformación.
Las “milicias digitales” de la ultraderecha en la Argentina operan principalmente en el entorno virtual desde el anonimato y con prácticas como el doxeo, el hostigamiento y las amenazas para controlar el discurso público a través del miedo y el disciplinamiento.
El anonimato en estas operaciones favorece la falta de consecuencias y de reproche social hacia los agresores.
Algunas investigaciones hablan de que el 75% de las periodistas vio afectada su libertad de expresión en línea.
En algunos casos los ataques en línea han tenido continuidad fuera del entorno digital.
DESCONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PREVIA
Uno de los problemas históricos de vulneración de derechos en la Argentina es el déficit de participación, consulta previa y búsqueda de acuerdos con los pueblos indígenas y otros actores afectados en sus territorios por desarrollos extractivos o de otra índole (como por ejemplo el turismo).
El país no cuenta con una ley al respecto, y las distintas provincias disponen formas particulares de cumplir con la consulta, en general de manera burocrática y sin atender a los estándares de protección básicos, cuando no directamente ignorando cualquier tipo de consentimiento para avanzar con las explotaciones comerciales.
El actual gobierno y el Congreso nacional profundizaron el histórico problema de la ausencia de consulta a las comunidades indígenas y campesinas sobre proyectos extractivos que las afectan, al aprobar el denominado “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” (RIGI).
Este régimen ofrece beneficios excepcionales en materia impositiva, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años a empresas de la industria forestal, de infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.
Todo esto fue realizado sin abrir ninguna instancia de participación y consulta para las comunidades indígenas, grupos campesinos, asambleas vecinales y defensores ambientales que verán sus territorios y comunidades afectadas por estos proyectos económicos.
Los beneficios otorgados por el RIGI están protegidos por sobre cualquier eventualidad y cualquier normativa local, incluyendo la dimensión ambiental y cualquier disposición provincial sobre consulta previa.
Frente a la inscripción a este registro de un proyecto de inversión, la o las empresas podrían solicitar que no se aplique ningún tipo de consulta o participación, ya que el RIGI no la contempla y la normativa provincial podría ser considerada como no aplicable.
EL APARATO DE SEGURIDAD PÚBLICA PUESTO AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS EN LOS CONFLICTOS SOCIALES
El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió una serie de resoluciones que adelantan un posicionamiento del gobierno ante potenciales conflictos sociales que involucren a empresas de determinados sectores de la economía que, según el propio gobierno, “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” (Resolución 499/2024).
Para ello creó una “Unidad de Seguridad Productiva”, que en principio implica a las fuerzas de seguridad federales, pero que a través de una resolución posterior (893/2024) busca ampliar a las provincias con la creación de un “Comando Unificado de Seguridad Productiva”.
La idea de “seguridad productiva” es un eufemismo bajo el que se esconde la decisión política de impedir cualquier protesta o conflicto que pueda implicar algún tipo de obstáculo a las actividades de la minería extractiva, la explotación de hidrocarburos o el agronegocio.
De esta manera, las fuerzas de seguridad, un recurso público, son puestas al servicio de intereses privados.
No se orientan a brindar seguridad a todos, sino que, en sintonía con las otras medidas tomadas contra la protesta social, se anticipa que su rol será abordar las situaciones conflictivas de manera de evitarlas, reprimirlas o disolverlas con el único objetivo de garantizar el funcionamiento de las empresas.
LIMITACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CRECIENTE OPACIDAD DEL ESTADO
El gobierno argentino está limitando el acceso a la información.
La lógica del “secreto de Estado” se viene ampliando en los últimos meses como justificación para no brindar información y/o para no someter a debate decisiones de gobierno que afectan derechos.
El caso de los sistemas de inteligencia es claro en este sentido.
El gobierno actual dispuso una reforma del sistema de inteligencia nacional por decreto de necesidad y urgencia (DNU 614/24) y, entre otras cosas, volvió a imponer el máximo secreto para todo lo relacionado con esta función.
También le otorgó funciones nuevas de acopio de información proveniente en el ámbito digital sin establecer controles adecuados.
En paralelo, con otro decreto, le otorgó la partida presupuestaria extraordinaria de fondos reservados que mencionamos.
El 17 de septiembre de 2024 el Congreso rechazó el decreto de fondos reservados.
Si bien se sospecha que ya fueron ejecutados, en rigor es imposible para la ciudadanía saber realmente qué pasó con esos fondos.
La lógica del secreto también se utiliza de manera discrecional y arbitraria para negar acceso a información cuya difusión de ninguna manera implicaría un riesgo para la seguridad nacional.
En estos argumentos se basó el Ministerio de Seguridad de la Nación para negarse a brindar información sobre los operativos policiales desplegados en contextos de manifestaciones públicas.
El mismo Ministerio se negó a brindar información sobre los nombres de los diputados nacionales que integraron una comitiva que visitó en prisión a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Por su parte, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas se negó a brindar a la prensa información sobre sus gastos en publicidad y propaganda, y a qué medios se benefició con pauta publicitaria.
La empresa se negó aduciendo que esa información es “secreta”.
En septiembre de 2024 el Gobierno nacional le dio base normativa a la decisión política de extender la lógica del secreto sobre la administración nacional.
A través de un decreto (780/2024) decidió modificar la reglamentación de la ley de acceso a la información pública (27.275).
Esta ley cumple con los estándares internacionales y fue un avance clave para transparentar la gestión pública.
A pesar de ello, el Gobierno añadió con este decreto barreras innecesarias y excusas para no brindar información.
El decreto amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad
al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.
HOSTIGAMIENTO A PERIODISTAS
El entorno para el trabajo periodístico viene siendo cada vez más complejo y riesgoso.
A los periodistas heridos en la cobertura de las protestas y al hostigamiento por parte de las milicias digitales, deben sumarse los ataques sistemáticos contra periodistas de parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo del propio presidente que en los pocos discursos públicos que brindó (en el parlamento, en declaraciones o entrevistas, en foros internacionales) define a los periodistas como “mentirosos”, “corruptos”, “imbéciles”, “profetas de la verdad”, entre otros términos, además de afirmar constantemente que están “pagados” para atacar a su gobierno.
Este tipo de comentarios del presidente sobre los periodistas se hace más habitual en su red social X, la que utiliza para contestar en esos mismos términos cualquier disenso que expresen periodistas, referentes sociales o políticos.
Estos mensajes son replicados muchas veces por integrantes de su gobierno, que en algunos casos promovieron
acciones penales en contra de periodistas (como el ministro de Justicia contra Nancy Pazos y Darío Villaroel) o amenazan con iniciarles causas civiles millonarias.
El propio vocero presidencial hostiga o ridiculiza a periodistas que formulan preguntas en las conferencias de prensa oficiales.
El gobierno dio a conocer que modifi- caría las condiciones de admisión a la sala de prensa de la Casa de Gobierno para asegurarse que quienes lo hagan sean “dignos” de ocupar ese espacio.
CONSIDERACIONES FINALES
Las medidas de estos últimos meses caracterizadas en este documento afectan libertades fundamentales para la vida democrática, como la posibilidad de movilizarse en las calles, expresarse en el espacio digital, pertenecer a organizaciones sociales, ejercer la labor periodística, informarse y dar (o no) consentimiento a proyectos de alto impacto ambiental, acceder a información pública, e incluso ejercer el derecho a huelga.
Vistas en conjunto, muestran un panorama de creciente cierre del espacio cívico en la Argentina, un retroceso que se produce al mismo tiempo que se intensifica la degradación de la situación socioeconómica de la mayor parte de la población
cels.org.ar