"Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”.

LA INDEPENDENCIA EN ECONOMÍA Y JUSTICIA

Por Julián Denaro*

En la actualidad, septiembre de 2022, la CS está conformada por cuatro miembros, dos de los cuales fueron nombrados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri, lo que se contrapone al precepto de independencia, ya que sólo por esta característica mencionada se ve ligada a marcados intereses políticos y socioeconómicos.

 

Por Julián Denaro (*)

NAC&POP
23/09/2022

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) es el máximo tribunal judicial de la Argentina, por cuanto sus fallos sólo pueden ser cuestionados ante instancias internacionales habilitadas para ello, como los conocidos Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Internacional de La Haya.

En la actualidad, septiembre de 2022, la CS está conformada por cuatro miembros, dos de los cuales fueron nombrados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri, lo que se contrapone al precepto de independencia, ya que sólo por esta característica mencionada se ve ligada a marcados intereses políticos y socioeconómicos.

En contraposición, la modalidad que sí se ofrece amigable al concepto de independencia fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos años de su último mandato como presidenta (hasta ahora).

En virtud de que es el único de los tres poderes cuyos miembros no son elegidos por el pueblo, la entonces presidenta presentó la idea de democratizar el poder judicial, a través de un mecanismo del cual pudiera participar, aunque de manera indirecta, el pueblo a través de elecciones.

Se trataría de que los miembros del Consejo de la Magistratura sean votados por el pueblo, siendo estos quienes tengan la responsabilidad de elegir
jueces, sancionarlos o removerlos a través de juicio político si fuese necesario.

Al momento de escribirse esta nota, acaba de aprobarse en el senado la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros.

Juntos por el Cambio, el partido creado por Macri a través de una coalición entre el Pro, su partido originario, el radicalismo y la Coalición Cívica, se
muestra totalmente contrario al proyecto de ampliación de la Corte presentado por el Frente de Todos.

Leandro Santoro, diputado del FdT, lo expuso muy claramente en un programa de televisión que responde al macrismo.

Así lo enunció: “Salió un comunicado de JxC hablando de un ataque a la justicia por parte del gobierno y del FdT.

¿Ataque a la justicia es presentar en el senado un proyecto para tratar una discusión importante como la posibilidad de modificar la Corte Suprema?

¿O es tratar de meter jueces de la CS por decreto como se hizo en la gestión anterior (gobierno de Macri)?

Se habla también en ese mismo comunicado, de la búsqueda de impunidad.

Cristina fue llamada a indagatoria ocho veces en un día, ella nunca faltó a ningún llamado de la justicia, y sin embargo el señor Pepín Rodríguez Simón continúa prófugo de la justicia argentina.

El expresidente Mauricio Macri está haciendo lo imposible para sacar la causa del Correo de la Justicia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para buscar impunidad (…) si yo por algo conocí a la familia Macri fue desde que yo era muy chico que se lo asocia con la patria contratista y con la corrupción en la obra pública”

La sola lectura de las líneas precedentes, permiten deducir que el macrismo pretende una CS amiga para seguir eludiendo la responsabilidad sobre las sucesivas estafas cometidas contra el Estado, vale decir, contra el interés público.

Es por esto que desde JxC se oponen sistemáticamente a que cambien las reglas de juego.

Pero lo más llamativo de todo es que se oponen a la democratización del poder judicial, se oponen a la ampliación de la corte, y todo lo justifican en pos del diálogo y la independencia.

Evidentemente, conceptos muy contradictorios.

Es decir, mentira absoluta.

Pero además, desde que Cristina era presidenta, está instalado el propósito de consagrar una ley para que Jueces, Fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial paguen Impuestos a las Ganancias.

Lógicamente, desde la presidencia de Macri no se volvió a hablar del tema, pero ahora se está retomando la idea de presentar el proyecto de ley, lo cual se vincula adicionalmente con aspectos económicos y fiscales.

El cobro de dichos impuestos, que serían totalmente justos dentro de un sistema democrático, fueron calculados en el orden de los 240.000 millones de pesos anuales, que equivalen hoy a más de 1.500 millones de dólares.

Es decir, una recaudación similar a la del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas durante la Pandemia, y que equivalió a financiar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Asimismo, es oportuno reiterar que ese aporte extraordinario debería transformarse en un impuesto que se pague todos los años, y no una sola vez.

En definitiva, si se consiguiera esa mejora en la progresividad del sistema tributario, que es lo mismo que decir volverlo menos regresivo, también se produciría una mejora en términos fiscales, ya que aumentaría significativamente la recaudación del Estado.

Por ahora, este esquema en el cual muchos ricos no pagan impuestos se asemeja a los privilegios de las monarquías, en donde los sectores privilegiados no pagan impuestos.

Increíblemente, y para tenerlo presente, en el mapa europeo hay 11 monarquías hoy: Reino Unido, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega,
España, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, Liechtenstein, más algunos territorios ultramarinos que pertenecen al Reino Unido como algunos territorios e islas caribeñas – Bahamas, Jamaica, Bélice, Santa Lucía, etcétera –.

Los sectores dominantes de todas las sociedades quieren conservar libremente sus privilegios.

Por ejemplo, las corporaciones que se benefician a través del comercio exterior y proceden sistemáticamente a evadir y eludir impuestos, así como al
contrabando tanto de importación como de exportación.

Respecto a este tema, desde el gobierno se han encontrado suficientes elementos para sostener que los exportadores reales fueron sustituidos por empresas ficticias, de modo de efectuar el fraude mencionado.

Por su parte, es oportuno destacar que los productos que ingresan al país ilegalmente, atentan contra nuestra propia industria generadora de empleo y generadora de ingresos genuinos para el Estado.

Por eso, resultan muy explicativas las palabras de Guillermo Michel, el Director General de Aduanas: “La aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central.

«Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”.

Pues bien, al fin de cuentas, queda a la vista que existe una vinculación muy estrecha entre la independencia económica y la independencia del poder judicial.

Quienes proponen un poder judicial democrático, también pretenden generar condiciones para lograr la independencia económica, lo cual incluye cobrar impuestos como se debe.

Por el otro lado, quienes se empecinan en conservar la concentración de poder y la libertad operativa para los sectores dominantes, ocasionan consecuencias en sentido contrario.

JD/

NAC&POP: (*) Julián Denaro, Economista (UBA), Columnista Económico en Televisión y Radio, Profesor en Universidades Nacionales (UBA y UNLAM) y en Universidad de Morón (UM), Doctorando en Ciencias Económicas en UNLAM y terminando la Licenciatura en Psicología en la UBA. Autor de seis libros, siendo los dos últimos “Del país dividido a la revolución cultural” (2017) y “Argentina entre las disputas de poder 2012-2019” (2019), y próximo a publicar dos nuevas obras. MG/N&P/