¿Cuáles van a ser los nuevos cuadros tarifarios que se van a establecer?

SOBERANXS: ADVIERTE UNA POLITICA TARIFARIA INFLACIONARIA, ANTICOMPETITIVA, CENTRALISTA E INJUSTA

Por Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto*

Refiere a la nueva política tarifaria impulsada en el marco del acuerdo vigente con el FMI por el gobierno nacional.

SOBERANXS

NAC&POP

26/06/2022

Con la publicación del Decreto 332/2022, el Gobierno Nacional anunció el nuevo régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, que regirá a partir de este mes de junio de 2022 con el objeto declarado de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva.

Estos argumentos, sin embargo, chocan con la potestad que poseen tanto el ENARGAS como el ENRE, en tanto entes encargados de establecer los cuadros tarifarios vigentes luego de las audiencias públicas obligatorias por ley, las cuales fueron motivo de reclamos de organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores en el fallo CEPIS durante el gobierno de Macri.

¿Cómo se compatibiliza un decreto con la recientemente promulgada “Ley de zona fría”, por ejemplo, de la que no puede estar por encima?

¿Cuáles van a ser los nuevos cuadros tarifarios que se van a establecer?

¿Existirá una audiencia pública para fijar los criterios para la quita de subsidios que se pretende en el decreto?

Un primer marco en el que debe encuadrarse el análisis de la política tarifaria, dada la coyuntura actual, es el del impacto inflacionario de las medidas que impulsa el Ministerio de Economía, por exigencia del FMI como parte de las condiciones de política impuestas al país en el marco del acuerdo que el gobierno suscribió con el organismo para hacerse de los desembolsos para pagar la estafa macrista de 2018.

Es que las tarifas de la energía, son un precio fundamental de la economía, que impacta en todos los demás precios, tal como el tipo de cambio, por caso.

Su incremento, por ende, tiene efectos negativos sobre una ya elevadísima inflación que marca, por estos días, niveles superiores al 60% anual, con proyecciones para 2022 que, en escenarios moderados, se ubican en el entorno del 70%.

El impacto inflacionario no se recorta a las facturas más caras que pagaremos los usuarios, sino a los mayores precios de todos los bienes que consumimos dado el mayor costo de producción -que se traslada al precio final- que implica la nueva política tarifaria para los sectores que producen.

Esto significa, por supuesto, una menor competitividad para nuestras empresas que atenta contra la promoción de las exportaciones argentinas y la necesidad de apuntalar, genuina y virtuosamente, las reservas internacionales.

En este sentido, resulta inevitable preguntarse: si el objetivo que comparten el FMI y el Ministerio de Economía tiene que ver con reducir el déficit fiscal primario, ¿por qué no se lo hace aumentando los derechos de exportación sobre los principales productos exportables que están en la base de la formación del precio doméstico de los alimentos?

Lo cual permitiría, por una parte, que el Estado mejore la recaudación captando parte de la renta extraordinaria del sector exportador reduciendo, por esa vía, el déficit fiscal, siendo que, al mismo tiempo, es una medida anti inflacionaria que permitiría desacoplar precios para que comer no sea un lujo para los argentinos, mejorando (y no empeorando) el ingreso real de las familias.

También, habida cuenta del criterio que se ha instalado en el último tiempo sobre el supuesto sesgo “pro rico” de los subsidios universales a la energía: si lo que se busca es que “los ricos” no capturen recursos públicos que no necesitan a través de los subsidios a la energía, ¿por qué no se perfecciona esa política cobrando mayores impuestos directos, que son los que recaen sobre las mayoresganancias y patrimonios, a quienes tienen mayor capacidad contributiva?

Al fin de cuentas, el efecto de dejar de percibir un subsidio o de pagar un mayor impuesto es exactamente idéntico, tanto para los usuarios, como para el Estado (es igual dejar de pagar un subsidio que aumentar la recaudación)?

La resistencia a esta política desnuda que, en realidad, la nueva política tarifaria no recae exclusivamente sobre “quienes tienen capacidad”, comprendidos en las categorías más altas de ganancias y de bienes personales, sino que se trata de un ajuste que se reparte entre el conjunto de los trabajadores.

“Quienes tienen capacidad, deben pagar por la energía lo que vale”, escuchamos decir por estos días, como un mantra.

Así expresado, probablemente, nadie podría estar en contra.

Sin embargo, el pasaje de la abstracción de una frase, a lo concreto de los hechos y la realidad económica argentina exige una indagación más profunda.

Para empezar, ¿quiénes tienen capacidad para absorber un tarifazo en la Argentina?

«Por eso estamos tan preocupados.

Hay localidades del país donde no hay margen para amortiguar el más mínimo aumento y las subas generalizadas se estiman en el 300%

¿Quién asume ese costo político en la previa de las elecciones?», declaró ante un medio nacional uno de los gobernadores asistente a la cumbre de este viernes 24, en Chaco.

El criterio decidido para llevar adelante la segmentación, distingue apenas tres grupos de usuarios.

El primero, que comprende a las familias más pobres (con ingresos familiares menores a 1 canasta básica, beneficiarios de la seguridad social y de planes sociales), quienes pagarán un aumento del 20% (40% del Coeficiente de Variación Salarial -CVS- del año anterior), que ya fue impulsado en marzo.

El segundo, las familias trabajadoras que, como grupo, tengan un ingreso familiar mayor a 1 y menor a 3 y ½ canastas básicas ($350.000), que pagarán un aumento algo superior al 40% (80% del CVS del año anterior), 20% de marzo y otro 20% a partir de la nueva segmentación.

El tercero, compuesto por las familias trabajadoras de clase media que, como grupo, tengan un ingreso familiar de $350.000 ($87.000 per cápita) o más de 3 y ½ canastas básicas, junto con otros segmentos verdaderamente privilegiados de la sociedad argentina que se encuentran en la cima de la pirámide de ingresos y riqueza, sin que exista discriminación entre ellos, de lo que resulta que una familia trabajadora que ha logrado mantenerse dentro de “la clase media”, reciba el mismo trato, por parte de la política tarifaria, que un empresario con activos en el exterior y cuentas millonarias.

Estas familias de clase media deberán pagar la “tarifa plena”, desconociéndose el dalo oficial sobre el incremento que esto podría significar, aunque estimaciones privadas calculan que podría ubicarse en el entorno del 300%.

La Metodología determinada en el decreto, Ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el INDEC no refleja de manera federal las realidades que se viven en el interior del país, como por ejemplo la Patagonia, lo que hace suponer que la medida no fue consensuada con los representantes de las provincias argentinas realizando las simulaciones correspondientes para establecer los parámetros de desigualdad económica de trabajadores y trabajadoras.

Sin mencionar los instrumentos y entidades que realizarán dichos “descuentos de subsidios” es decir, Cammesa como administrador del mercado mayorista de la energía, ENARGAS y ENRE en conjunto con los organismos de las provincias como responsables de establecer cuadros tarifarios de los suministros que dependen de las provincias.

El mensaje político que esta segmentación tarifaria ofrece a la sociedad también merece ser analizado.

Por una parte, parece promover la división entre trabajadores, diciéndoles a unos que otros de su misma clase que pueden estar un poquito mejor, son privilegiados que merecen recibir el mismo trato fiscal que los ricos y poderosos del país.

A los trabajadores de clase media parecedecirles que ser trabajador en la Argentina ya no da derecho tener un ingreso disponible que permita pensar en el progreso familiar, en tener, aunque sea con esfuerzo, movilidad propia, alguna comodidad o darse algún gusto.

En pocas palabras, casi una “filosofía González Fraga”, que reza que, para los trabajadores, el derecho a vivir bien es una quimera, por lo que tienen que conformarse y agradecer si pueden vivir, a secas.

A los trabajadores más desventajados, desocupados o que se desempeñan en la informalidad, les dice que, pese a vivir en la pobreza o la indigencia, de todas maneras deben soportar un incremento en sus facturas de luz y gas, mientras los exportadores primarios no pueden soportar ni medio punto más de retenciones, ¿curioso, no?

Por último, frente a todos ellos, en conjunto, la nueva segmentación deja traslucir que una mejor distribución del ingreso no forma parte de las prioridades de la política económica ya que, pese a que los salarios participan en 9 puntos menos del ingreso nacional que en el año 2016, pese a que perdieron 5 puntos de participación en el ingreso en 2021 en relación con 2020, aun cuando la economía creció más del 10% ese año, se decide un ajuste del gasto público, por la vía tarifaria, que redunda en un nuevo golpe a los bolsillos asalariados (y autónomos) y una transferencia regresiva de ingresos a las multinacionales que se benefician de la privatización de los servicios públicos, a la vez que se desestiman otras medidas que podrían beneficiar a los trabajadores, como la elevación de las alícuotas de los derechos de exportación que significaría un mayor (y no menor) salario real y una transferencia progresiva desde los sectores que se benefician de los precios internacionales y la devaluación permanente que lleva adelante el Banco Central, hacia los trabajadores.

Finalmente, las familias argentinas que, de acuerdo con los criterios definidos por el Ministerio de Economía, estén en condiciones de acceder al subsidio del Estado, deberán demostrarlo inscribiéndose en un registro (aun no disponible, pese a que los aumentos rigen con retroactividad al 1 de junio) en el que deberán aportar información sobre la composición e ingresos del grupo familiar, entre otros.

Mientras tanto y por default, la “tarifa plena” es la norma para todas y todos.

Pero todavía queda una cuestión central por analizar: “lo que vale la energía”.

Un elemento central que debe anteceder a todo el resto del análisis.

El costo de producir el gas o la electricidad nunca ha sido transparentado ante la sociedad, ni siquiera durante las audiencias públicas.

Mientras el costo de producir energía permanezca cubierto por ese manto de oscurantismo, ¿en base a qué criterio se puede determinar si el precio que se nos pretende hacer pagar refleja los costos de producción y un margen razonable de ganancias?

¿Cómo podemos evaluar que el Estado y los usuarios y consumidores no estamos subsidiando ganancias extraordinarias de las empresas?

Especialistas han mostrado, durante el desarrollo de las audiencias públicas que, mientras el precio del gas en PIST (punto de ingreso al sistema de transporte) es de USD 5.76 MMBTU (reconocido por la Secretaria de Energía en la audiencia pública), se trata de un precio del gas alevosamente alto, ya que de acuerdo con datos del IESO, el costo sería de USD 0.8 MMBTU, con precios sustentables de entre USD 1.35 y USD 1.50, o hasta USD 2.0.

De manera que, en este caso, los márgenes conseguidos por “las productoras de gas”, sobre la provisión de gas para consumos prioritarios (70 Millones de m3/día) implican una apropiación anual de más de USD 2.200 millones.

Entonces, como fue planteado en la audiencia pública, ¿por qué no bajar los “subsidios” a la oferta, a través de una baja del precio que, a su vez, es conformado en procesos de ofertas “no transparentes” de las productoras gasíferas?

Con estos precios, la política tarifaria, desde que Macri impulsó la reforma y la dolarización, más que “pro rico” es “pro multinacionales”.

Y claro que, como dicen por ahí, “estamos cansados de mantener ricos”, ¡empresas ricas, estamos cansados de mantener!

Que acumulan excedentes a costillas de empobrecer a los trabajadores argentinos y que, además, dolarizan y fugan esos excedentes, desestabilizando el frente cambiario, alentando devaluaciones e inflación que, como siempre, pagamos los mismos que vamos a pagar los tarifazos y los ajustes del Fondo Monetario.

Amado Boudou – Alicia Castro – Gabriel Mariotto

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