Luego de restituir la vigencia de una Ley derogada por el Congreso de la Nación hace 16 años, esta Corte propicia un golpe institucional

CRISIS JUDICIAL

Asociación Civil Justicia Legítima

Ante la gravedad a la que ha llegado por estas horas la crisis de legitimidad del sistema de justicia argentino,  Justicia Legítima expresa su preocupación y repudio ante este nuevo avance de un Poder sobre los otros. La Corte Suprema de justicia encabezada por su presidente Horacio Rosatti, hoy han llegado a un límite muy peligroso que nunca se habla alcanzado

Justicia Legítima

19/04/2022

Ante la profundidad y gravedad a la que ha llegado por estas horas la crisis de legitimidad del sistema de justicia argentino, la Asociación Civil Justicia Legítima expresa su preocupación y repudio ante este nuevo avance de un Poder sobre los otros, que no sólo afecta al ámbito de los tribunales, afecta al sistema republicano mismo y desde luego a toda la sociedad.

Las prácticas que viene adoptando esta Corte Suprema de justicia encabezada por su presidente Horacio Rosatti, absolutamente reñidas con el Estado de Derecho, hoy han llegado a un límite muy
peligroso que nunca se habla alcanzado.

Luego de restituir la vigencia de una Ley derogada por el Congreso de la Nación hace 16 años, esta Corte se apresta, a través de un fallo dictado por ella misma, a propinar un verdadero golpe institucional, arrogándose la presidencia del Consejo de la Magistratura, el organismo que no sólo nombra y destituye jueces. también administra el presupuesto del Poder JudiciaI.

Demás está decir que la voluntad del constituyente ha sido absolutamente clara: la administración del Poder judicial y la selección o remoción de jueces, no debe estar a cargo de la Corte Suprema de justicia, ella sólo debe concentrarse en el dictado de fallos.

Y esa voluntad está siendo claramente atropellada.

También mencionar que renombradas organizaciones como CELS, ACIJ, CIPPEC, ADC, UUC y Poder Ciudadano elaboraron en 2010 un documento sobre el Consejo de la Magistratura en el que se
expidieron con énfasis en la necesidad de que el Presidente de la Corte no integrada y mucho menos presidiera a ese organismo, cuestionando ese aspecto de la primera Iey que fue derogada.

Sin duda, nos encontramos ante un grave desafío.

En primer lugar, desde los otros  dos  poderes del Estado, que deben urgentemente poner en marcha todas las herramientas que brindan la Constitución y la normativa vigente nacional e internacional
en defensa de nuestro sistema republicano, representativo y federal. Y hacerlo sin más demora.

También la sociedad, a través de sus organizaciones civiles, sociales, sindicales, académicas, profesionales, deberá sin duda expresar explícitamente su apego republicano y repudiar estas prácticas de verdaderas violaciones institucionales, tal como lo demostraron en las numerosas y multitudinarias marchas del «2 por 1”, el «1F”, y tantas otras a lo largo de nuestra historia.

SÓLO defendiendo la institucionalidad en todos los ámbitos será posible avanzar hacia un sistema de administración de justicia transparente, apartado del elitismo y el corporativismo que solo
defiende a los poderes fácticos.

Así podremos apegarla a la realidad de toda la sociedad, especialmente a  sus habitantes más humildes y postergados, para que exista en esta tierra un verdadero acceso a la justicia para todes.