Los hijos de la gijonesa Rocío Martínez Borbolla logran procesar a los militares argentinos que hace 46 años hicieron desaparecer a su madre maestra

«A TU MAMÁ NO LA VAS A VER NUNCA MÁS»

Por Laura Fonseca

La amenaza, que con el paso de los días, las semanas, los meses y los años acabó convirtiéndose en una dolorosa y pesada verdad, se quedó grabada en la mente infantil de Bárbara y Camilo García. Con 9 y 4 años, ambos  testigos de cómo un ‘comando’ militar irrumpía en la madrugada del 13 de junio de 1976 en su casa para secuestrar a su madre, la maestra gijonesa Rocío Martínez Borbolla.

 

Por Laura Fonseca

©Elcomercio.Es

Gijón, Asturias,

España

03/04/2022

 

Recuerdo. Imagen de juventud de la gijonesa Rocío Martínez Borbolla en Buenos Aires. / FAMILIA GARCÍA

A tu mamá no la vas a ver nunca más».

La amenaza, que con el paso de los días, las semanas, los meses y los años acabó convirtiéndose en una dolorosa y pesada verdad, se quedó grabada en la mente infantil de Bárbara y Camilo García.

Con 9 y 4 años, ambos fueron testigos de cómo un ‘comando’ militar irrumpía en la madrugada del 13 de junio de 1976 en su casa del barrio de Haedo, en Buenos Aires (Argentina), para secuestrar a su madre, la maestra gijonesa Rocío Martínez Borbolla.

El rapto de esta asturiana, que entonces tenía 30 años y cuya familia había emigrado desde Gijón a Argentina huyendo de la represión franquista, formaba parte de los operativos que la dictura militar de Videla promovió entre 1976 y 1984 para la desaparición sistemática de personas.

El nombre de Rocío Martínez Borbolla figura en la lista de ‘desaparecidos’ asturianos durante la dictadura militar argentina y desde febrero pasado es también la base judicial que ha permitido procesar a siete militares argentinos vinculados a la represión ilegal y ‘desaparición’ de una treintena de personas, entre ellas, la propia Rocío, así como también la hermana del popular cantante argentino Víctor Heredia, María Cristina Cournou.

La megacausa por delitos de lesa humanidad arrancó en Buenos Aires el 11 de febrero y tiene como uno de los principales imputados al exmilitar y ‘carapintada’ Martín Sánchez Zinny, el mismo que hace 46 años, junto a otros militares, irrumpió de forma violenta en la casa donde vivían Camilo, Bárbara y su mamá, Rocío. Aquella gélida y luctuosa noche nunca se borró de la memoria de Bárbara, que entonces tenía 9 años. Su recuerdo y testimonio han sido cruciales para identificar a quienes se llevaron en plena noche a su madre, Rocío, y al novio de ésta, Pedro Oscar Martucci, de 25 años, también docente.

Protección de testigos

Bárbara y su hermano Camilo, de 4 años, dormían, «cuando me desperté por unos fuertes golpes que escuché en la puerta de casa».

Más de diez miembros del Ejército vestidos de civil, con gorros de lana y borceguíes, entraron en la vivienda. Iban armados.

Tal y como relataron en el juicio Bárbara y Camilo, ambos periodistas en la actualidad, cuando los militares violentaron su casa de Haedo, en el partido de Morón, al oeste del Gran Buenos Aires, los pequeños intentaron escapar por una ventana de la habitación que daba a la calle.

Pero uno de los militares entró y, recuerda Bárbara, «me pegó un culatazo con la escopeta». Al ver que había golpeado a una niña «se empezó a reír y dijo «menos mal que la ventana no se abrió porque si no te hubieran disparado porque está la casa rodeada por todos lados».

Otro militar les amenazó y preguntó: «¿Qué hacemos con éstos, los matamos?».

Camilo, el más pequeño, prometió portarse bien y se protegió a sí mismo y a su hermana con una sábana.

Gracias al recuerdo de esa cara, la del hombre del culatazo, que se llama Martín Eduardo Sánchez Zinny (entonces subteniente), se ha podido tirar del hilo y dar cuerpo a esta megacausa judicial.

Sánchez Zinny, ahora procesado con otros siete militares, llegó a interponer una denuncia contra Bárbara García, acusándola de falso testimonio.

Bárbara tuvo que entrar en un programa de protección de testigos hasta el inicio el juicio.

37 víctimas, 30 desaparecidas

El juez Daniel Rafecas, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, decretó el procesamiento de siete militares del regimiento de la localidad bonaerense de Mercedes.

Las torturas, secuestros y asesinatos contra ciudadanos cometidos durante la dictadura militar se consideran delitos de lesa humanidad, de ahí que a pesar de que hayan transcurrido cuatro décadas no hayan prescrito, recuerda el periodista Fernando Tebele, de La Retaguardia, especializado en esta información.

El juez reconoce en su escrito de 470 páginas que el secuestro de la gijonesa Rocío Martínez Borbolla fue el inicio de «un operativo organizado y continuo del personal militar» que prosiguió con otras muchas desapariciones sistemáticas.

Durante el periodo de la dictadura militar fueron más de 30.000 las personas a las que se hizo desaparecer y a las que confinaron en centros clandestinos de detención.

El destino de la mayoría fue la muerte.

Martínez Borbolla, maestra y miembro del PRT-ERP, vivía con sus hijos en el barrio de Haedo.

En su casa funcionaba la redacción de la revista ‘El Combatiente’. Sus hijos fueron víctimas y testigos de ese operativo que ha logrado ser reconstruido gracias a la declaración de exconscriptos o quintos (lo que en Argentina se conoce como ‘colimbas’) del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes.

El juicio, que las autoridades judiciales han impedido que sea transmitido como sí ocurre con otros procesos, abarca delitos contra 37 víctimas (30 de las cuales están desaparecidas) integrantes del PRT-ERP, la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores.

46 años después la familia de Rocío, que jamás dio con su cadáver, sigue clamando justicia. Rocío era maestra y estudiaba sociología.

Había participado en la fundación de un sindicato docente y editaba la revista ‘El Combatiente’.

Pese a haber transcurrido casi medio siglo, en la memoria de Camilo y Bárbara aún resuenan los gritos de esa noche del 13 de junio, cuando ellos, dos niños aterrados y rodeados de militares que les apuntaban con armas y «nos amenazaban con matarnos», solo pedían ver a su madre mientras Sánchez Zinny les contestaba: «A tu mamá no la vas a ver nunca más».

LF/