Cuando se creó el FMI había dos planes. Uno lo impone EE.UU. y otro los ingleses.

“PERÓN Y EL FMI (ETAPAS Y TIEMPO ACTUAL)”

Por Jorge Cholvis*

Nuestro país ingresó al Fondo Monetario Internacional a partir del año 1956, promovido por el gobierno de facto de la autodenominada “Revolución Libertadora”.


Por Jorge Francisco Cholvis.
 Revista “La Constituyente”

11/03/2022

PRIMERA PARTE

1. Una de las características de las crisis económicas de la Argentina ha sido que el F.M.I. estuvo profundamente involucrado en el origen y desarrollo de las mismas.

Nuestro país ingresó al Fondo a partir del año 1956, promovido por el gobierno de facto de la autodenominada “Revolución Libertadora”.

A partir de ello da comienzo esta parte de la historia nacional en la cual Argentina se encontró sujeta a sus condicionamientos e imposiciones respecto a su política económica, y durante los años noventa del siglo XX nuestro país operó de manera prácticamente continua, bajo los auspicios y el estrecho seguimiento de un programa respaldado por el F.M.I.

Ello nos lleva a recordar qué posición sostuvo Perón sobre el F.M.I. y del ingreso de Argentina.

Pero antes, brevemente mencionaremos sus orígenes.

En Julio de 1944 se celebró en Bretton Woods una conferencia monetaria y financiera a la que asistieron 43 países invitados por Franklin D. Roosevelt, presidente de los EEUU.

El 22 de Julio, después que concluyeran las tres comisiones en que se distribuyeron los temas de la conferencia, se suscribieron los acuerdos que crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), y pusieron en marcha un sistema de cooperación económica y financiera en la creencia que se daban “los pasos necesarios para crear una economía mundial dinámica en la que las gentes de cada nación puedan desarrollar sus posibilidades cuando venga la paz”.

Cuando se creó el FMI había dos planes.

Uno lo imponen los norteamericanos y otro lo proponen los ingleses.

Este último planteaba una especie de clearing, con una moneda compensatoria al nivel mundial. Estados Unidos pretendía la vigencia del patrón dólar que favorecía al país que emite.

De este modo, como bien se aprecia ahora, ellos pueden tener grandes déficit en su balanza comercial y lo solucionan emitiendo, algo que a nosotros tratan de impedir.

“Desde el principio, estos organismos tendieron a favorecer la hegemonía de Estados Unidos.

Y esto fue aceptado por la comunidad internacional, porque incluso los países europeos estaban en ruinas y necesitaban el apoyo de Estados Unidos” (Mario Rappoport, 2002).

Fue en el curso de la primera década que prosiguió a los Acuerdos de Bretton Woods que “el fondo sentó las bases del esquema de condicionalidad.

Siempre por vía de interpretación el Fondo comenzó por explicitar en forma de condiciones la declaración que aparentemente como simple formalidad, mencionaba el artículo V, Sección 3ª”.

El paso siguiente para abrir el camino al examen por parte del Fondo de la política económica del país miembro que pretende una asistencia financiera, fue dado en 1952, con la Decisión del 13 de febrero de 1952 -v, I.M.F. Annual Report 1952-

Posteriormente otras decisiones fueron determinando los criterios de condicionalidad (conf., Ileana De Giovanni Battista. “Acuerdos entre el Gobierno Argentino y el Fondo Monetario Internacional. Aspectos Jurídicos”, “La ley”, 1990-C- 1139).

2. Así fue que el F.M.I. nació y cumplió un rol de promotor de la ortodoxia económica del gran capital financiero internacional, y se profundizó en los años siguientes cuando ejerce a lo largo del tiempo un papel protagónico como gendarme de políticas económicas que impulsaban los países de alto desarrollo y sus grupos dominantes.

Fundado en la creencia de que los Estados funcionan muchas veces mal, proclamó la supremacía del mercado con fervor ideológico. Aportes financieros desiguales determinaron asimismo votos desiguales.

De tal modo la función del F.M.I., en los hechos concretos apuntó a imponer políticas económicas coloniales a los países
2 de America Latina, Asia y África, y asegurar un permanente drenaje de riquezas desde estos países hacia el mundo desarrollado.

Políticas económicas que enriquecen cada vez más a los países ricos, y empobrecen cada vez más a los pobres.

La implantación de esas políticas por el FMI, ha remodelado las relaciones económicas y sociales.

El F.M.I. llegó a ser identificado, como representante y cabeza de puente del capital financiero internacional (Conf., B. Hopenhayn-A. Vanoli, “La globalización financiera. Génesis, auge, crisis y reformas”, Fondo de Cultura Económica, Bs As, 2001, pág. 116).

Además, las relaciones que han sostenido el FMI y el Banco Mundial se caracterizan por la complementariedad de sus enfoques y funciones. y con el correr del tiempo esas instituciones se han venido ligando con mayor vigor y complejidad,
cumpliendo funciones distintas pero convergentes en la estructura del poder económicofinanciero internacional (Conf., S. Lichtensztenjn/ M. Baer, “Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial”, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1989, págs. 11/12).

El rumbo que hasta ahora lleva el F.M.I., dada su composición se acentúa en el marco de la actitud geopolítica y de predominio militar de los EE.UU, según la cual -entre otras cosas- se adjudica “el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado” (v., el documento: “Estrategia de seguridad de Estados Unidos-ESEU”, firmado por el propio George W. Bush, “Pagina/12”, Marzo 23 de 2003). El F.M.I., el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales están dominados por los intereses financieros y comerciales de los países industrializados más ricos lo que se refleja en la política de esas entidades.

Sus órganos de conducción ven al mundo a través de los ojos de la comunidad financiera.

Por ello, señalaba Stiglitz que como “las decisiones de cualquier institución reflejan naturalmente las perspectivas
e intereses de los que toman las decisiones, no sorprende que las políticas de las instituciones económicas internacionales demasiado a menudo se ajusten en función de intereses comerciales y financieros de los países industrializados avanzados” (Joseph E. Stiglitz, “El malestar en la globalización”, Taurus, Buenos Aires, 1º ed., 2002, pág.49).

3. La Argentina no asistió a los Acuerdos de Bretton Woods, pues no formaba parte de las Naciones Unidas y asociadas que participaban en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, cuando entró en esa condición mediante la declaración de guerra a Alemania y Japón, el gobierno militar que presidía el general Edelmiro J. Farrel por el  decreto-ley Nº 3.185, del 31 de enero de 1946 (B.O., 26/VI/46), adopta una decisión favorable a los resultados de dicha reunión, “no obstante las restricciones” para los derechos del país “que, en materia financiera, estos acuerdos presuponen”, y según expresan los propios considerandos del mencionado decreto, resuelve adherir a las conclusiones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en Bretton Woods en el mes de julio de 1944 (art.1º), y dispone que “por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se efectuarán las gestiones necesarias para la incorporación de la República al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento” (art.2º).

Dicho decreto-ley fue dictado unos días antes de las elecciones generales convocadas para el 24 de febrero de 1946.

Cumpliendo con principios constitucionales que llevan a decidir sobre la legalidad y legitimidad de la normativa que con rango de ley había dictado el gobierno de facto, el nuevo gobierno constitucional al poco tiempo de asumir envió el
mencionado decreto-ley para ser considerado por el Congreso de la Nación, junto con otros sancionados por el gobierno de facto.

La decisión del Presidente de la República tuvo entrada en el H. Senado de la Nación con fecha 5 de julio de 1946, “sometiendo a su conocimiento los decretos y tratados originados en el Departamento de Relaciones Exterior y Culto, cuyas copias fehacientes se acompañan juntamente con la correspondiente nómina, que fueran dictados o autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional surgido de la revolución del 4 de junio de 1943” (D. Ses. Sen., 1946, 7ª Reunión- 6ª Sesión Ordinaria, del 10 de julio de 1946, tomo I, pág. 152; también D. Ses. Dip., 1946, pág.160; el decreto Nº 3.185 del año 1946 se encuentra incluido en el legajo Nº 2 – Dirección General de Asuntos Económicos, D Ses Sen., 1946 Tomo I, pág. 154).

Por su parte, en el Senado de la Nación fue presentado un proyecto de ley, suscripto por el senador Diego Luis Molinari y otros senadores, por el cual se daba sanción con fuerza de la ley a las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo de facto, en el período que va desde el 4 de junio de 1943 al 3 de junio de 1946 (v. D. Ses. Sen., 1946, Tomo I, pág. 147).

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió despacho aconsejando su aprobación y que se sancione con fuerza de ley este proyecto, que incluían la nómina de dichos decretos originados en el Ministerio de Relaciones Exterior y Culto (D. Ses. Sen., 1946, tomo II, 37ª-Reunión 32º Sesiones Ordinarias, pág.154; el Decreto Nº 3.185/46 se encuentra agregado en el art. 1º del proyecto de ley, ap. Nº 420, en la pág.166; el debate del proyecto está publicado en la pág. 185 y el resultado de la votación en la pág.188). La sanción del Senado quedó demorada en la Cámara de Diputados, y la decisión del Congreso Nacional no se producía.

Ante esta situación, el 22 de julio de 1948, el Presidente Perón haciendo efectiva una política en defensa de los intereses nacionales expresamente pone a consideración del Congreso un proyecto de ley por el cual se deja sin efecto la adhesión
a las conclusiones de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods y la consiguiente incorporación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no efectivizadas todavía por cuanto el decreto-ley Nº 3.185 no había sido ratificado por el Congreso.

El mencionado proyecto que se encuentra en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de año 1948, en el tomo 3, pág. 2100, expresa que: “El gobierno argentino ha tenido por norma de conducta la de cooperar con los organismos internacionales que tienden a la realización de acciones conjuntas de interés general para beneficio de todos los pueblos y, si bien se halla de acuerdo con los elevados propósitos que han conducido al establecimiento del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, estima que estos organismos, mientras conserven su actual estructura, no se hallan en condiciones de cumplir con las finalidades de reorganización financiera internacional para las cuales fueron creados y por ello el Poder Ejecutivo considera que debe dejarse sin efecto la
adhesión expresada por el ante citado decreto-ley 3.185/46”,

El proyecto fue girado a la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes, y esta lo tiene en consideración para el dictamen que emite sobre la Orden del Día Nº 191, que se refiere a la ratificación de Decretos-leyes del período de facto y que tuvieron su origen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y si bien señala que continuarán en vigencia los decretos-leyes que transcriben en su texto, expresamente excluye al Decreto-ley Nº 3.185/46 (v. D. Ses. Dip., 1949, tomo 6, reunión 50º, del 29 de septiembre de 1949, pág. 4870; el Dictamen sancionado se encuentran en la pág. 4914).

Vuelto el proyecto al Senado, este cuerpo le dio sanción el día 30 del mismo mes y se convirtió en la Ley Nº 13.891 (B. O., 15 XII, 49).

Por tanto, por decisión soberana del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación, Argentina permaneció fuera del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales hasta el año 1955, en que se produce el golpe de Estado que derroca al gobierno del General Perón.

Era el único país de America Latina que hasta ese momento no integraba esas instituciones financieras.

Por lo tanto, en relación a esta cuestión es importante remarcar que no fue por olvido o desidia que la Argentina durante el gobierno constitucional de 1946/1955 no se había incorporado a los organismos financieros internacionales; todo lo contrario, fue por una definición política expresa de sus poderes de gobierno.

4. Muchos años después Perón ratifica la posición que sostuvo desde un principio y que fue una constante en su pensamiento político.

Así es que en 1967 expresó: “en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar lamentaciones.

Cuando en 1945 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo.

Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y, enseguida, destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del gobierno para investigar a este <monstruo tan peligroso>, nacido según tengo memoria en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods.

El resultado de este informe fue claro y preciso: en síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo” (del libro “La economía social según Juan D. Perón- 1947/1974”, por Juan J. Balati, Editorial de Belgrano).

En declaraciones que efectuó en 1970 en una entrevista a la revista de prensa del Partido Justicialista, Perón ratifica su opinión sobre los acuerdos de Bretton Woods y otras interioridades del sistema financiero internacional, y además, remarca que “nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa. Repatriamos toda la deuda”.

A partir de que el gobierno de Aramburu en 1956 ingresa en los organismos financieros internacionales -agrega-, “desde ese momento el que gobierna la República Argentina es el F.M.I.”.

Es el pensamiento de Perón que integra su testamento político, expuesto pocos días antes de morir en su discurso ante la Asamblea legislativa el 1º de mayo de 1974, luego de reasumir como Presidente de la Nación, casi al iniciarse el último cuarto del siglo XX.

Allí señaló los temas esenciales del accionar político: liberación o dependencia, el año 2000 nos hallará unidos o dominados.

“Nuestra tarea común es la liberación”.

Perón ve claramente el escenario en el cual se hace notoria la práctica del F.M.I. de imponer políticas económicas, de promover ministros y equipos de gobierno.

Así es que todavía es necesario resolver los dilemas que nos planteaba en 1974.

Por tanto, la Nación se movió al ritmo que le fijaban las “Cartas de Intención” y los “Memorandos de Entendimiento”.

Sobre la base de dichos instrumentos el F.M.I., asumió una función de co-redacción y vigilancia del cumplimiento de los programas económicos de “ajuste”.

La Argentina por esas vías sufrió una limitación sustancial en el ejercicio de su soberanía con la transferencia de la
decisión nacional en la confección y ejecución de los programas económicos, e “ingresa
así en la última escala de los países subdesarrollados, en los que la asistencia técnica de
los organismos internacionales termina configurando una verdadera intervención
extranjera” (Arturo Jauretche, “El retorno al coloniaje. La segunda década infame: de
Prebish a Krieger Vasena”, Ediciones del Mar Dulce, Buenos Aires, 1969, pág., 99).
Y así fue que la Argentina permaneció continuamente bajo programas del
F.M.I. y se consolidó la presencia que habían logrado los organismos financieros
internacionales y poderosos grupos económicos extranjeros y nacionales ligados a ellos,
que transformados en soportes determinantes de la Constitución “real” del país
tuvieron el camino abierto para tomar posesión de nuestra economía. Llevando a la
crisis socio-económica más dramática de la historia argentina, acompañada por una gran
desilusión política y un grave estallido social.
2ª Parte
5. Ahora se puede observar el acierto de los términos del mensaje que el
presidente Perón remitiera al Congreso de la Nación en 1948, solicitando dejar sin
efecto el decreto-ley Nº 3.185/46, y que analizamos en la primera parte. Más, cuando
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vimos que el Fondo asumió facultades políticas de intervención o control, con lo cual
impone una doctrina económica cuya aceptación y aplicación es ineludible por los
países que en razón de atravesar dificultades económicas recurren al Fondo. También
podremos observar cómo se va forjando la trama de sometimiento y endeudamiento
que está pesando sobre nuestro pueblo, desde que fue derogada la Constitución
Nacional de 1949 y durante los distintos períodos posteriores que recorrió la Argentina
hasta la actualidad (lo hemos desarrollado ampliamente en Jorge Francisco Cholvis,
“Constitución, endeudamiento y políticas soberanas”, Ediciones Fabro, 2019).
Se señaló bien que las autoridades de facto siguiendo las recomendaciones
imperativas del Plan Prebish, fueron quienes solicitaron el ingreso de la Argentina al
F.M.I y al Banco Mundial. Se adhirió entonces a los Acuerdos de Bretton Woods, que
Perón consideraba un engaño (Conf., Alain Rouquié, “Poder militar y sociedad política
en Argentina”, Emece Editores, Buenos Aires, 1981, págs. 131/133). Según vimos y se
reconoce e invoca en el mencionado plan que en esa época: “La Argentina es el único
país de America Latina que no participa de estas instituciones” (v. Capítulo IX, 4, del
“plan”). No se puede ignorar que al tiempo de caer el gobierno de Perón, pese a las
presiones internacionales para lograr la adhesión, la República Argentina era el único
país latinoamericano que no había ingresado a esos organismos.
Por Decreto-ley Nº 7.103, del 19 de abril de 1956 -uno de los firmantes y
propulsores era Krieger Vasena, entonces ministro de Hacienda de Aramburu-, el
gobierno inicia los trámites para obtener el ingreso de la República Argentina a ambas
instituciones. El 31 de agosto de ese año mediante el Decreto-ley Nº 15.970 (B.O., 12.
IX.56) se dispuso formalmente la adhesión a esa instituciones financieras, asignando
carácter de ley nacional al Convenio Constitutivo del F.M.I y de tal modo se efectivizó
el ingreso de la Argentina. A partir de ese momento se operó un cambio total en nuestra
política económica. La Nación quedaba rendida antes los intereses financieros
orquestados desde esos organismos. Ello lo denunció Arturo Enrique Sampay (Conf.,
Alberto González Arzac, “Convenciones Constituyentes”, en “Nueva Constitución de la
República Argentina”, Editorial Negri, Buenos Aires, 1994, pág. 279).
La primera operación se efectúa también por el gobierno de facto en el año
1957, cuando se ratifican diversos acuerdos con el Export-Import Bank de Washington,
y se inician tratativas con el Fondo y organismos oficiales y privados de los Estados
Unidos, destinados a apoyar el plan de Estabilización. Después siguen las operaciones
que se acuerdan durante el gobierno constitucional del presidente Frondizi en 1958
cuando se firmó el primer acuerdo stand-by, aplicándose oficialmente en nuestro país
las medidas monetaristas elaboradas por el Fondo, e impuestas a los más diversos
países, con poca consideración por sus particularidades autóctonas. Se continuaron en
1959, 1960 y 1961, y también el gobierno defacto de 1962/63 suscribió un acuerdo. El
gobierno constitucional del presidente Illia, a partir de octubre de 1963 sólo pidió una
autorización de giro para un segundo tramo del crédito condicionado que tenía otorgado
el país y era el paso inmediato a un stand by, pero que se negó a solicitarlo precisamente
para evitar condicionamientos. El subsiguiente régimen de facto, en los años 1967, 1968
y 1972 firma los documentos que le impone el F.M.I. Se produce un período sin nuevos
“acuerdos” durante el gobierno constitucional de los presidentes Campora, Perón y
Estela M. de Perón entre los años 1973/76. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo
de 1976 se reanuda la política de recurrir a los organismos financieros internacionales y
cuando concluye, ya fracasada su política económica, se le cargo en él debe al país una
descomunal “deuda externa”, por lo que queda claro cómo el F.M.I. se encarga de
condicionar las políticas económicas, tal como ya había advertido Perón.
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6. O sea, salvo muy contados y breves períodos, tanto gobiernos
constitucionales como los de facto que se fueron intercalando en el devenir institucional
de la Nación, dieron continuidad a dichas relaciones y a las condicionalidades que
ellas implicaban. Esta relación que la Argentina institucionalizaba con los organismos
financieros internacionales fue lo que a estos “les permitió dar al país sus contundentes
recomendaciones” (Luís Alberto Romero, “Breve historia contemporánea de la
Argentina”, 2ª edición, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, pág. 137).
La democracia recuperada en 1983, heredó un Estado desmantelado. En los
primeros tiempo de su mandato el presidente Alfonsín intentó plantarse con dignidad
ante los organismos internacionales de crédito, los bancos de las potencias acreedoras, y
renegociar la deuda con cierta firmeza ante los organismos financieros internacionales.
Sin embargo, el 28.12.84 la Argentina suscribe un “Stand By” y el 11.6.85 envía al
F.M.I. el “Memorando sobre Política Económica”; al cual siguieron otros más hasta el
año 1988. Los que se acentúan a partir del inicio de la década del ´90, como también
después de realizada la reforma al texto constitucional en 1994 y hasta el 2001, período
en que se firmaron 6 acuerdos con el Fondo, y 3 ampliaciones durante el programa
económico neoliberal de la presidencia de Carlos Menem. Los que fueron continuados
al asumir la presidencia De la Rúa en 1999. Durante esos gobiernos constitucionales
todos estos instrumentos fueron sin intervención del Congreso Nacional.
En tal situación el gobierno del presidente Duhalde firmó el 18 de enero de
2003 una Carta de Intención con el F.M.I., que incluía un Memorando de Políticas
Económicas. Luego asume la primera magistratura Néstor Kirchner en mayo de 2003,
con un reducido porcentaje de votos, pero con firmes convicciones para avanzar en la
solución al problema que afectaba al país. Así es que en el acuerdo que se celebra el 20
de septiembre de 2003 entre el gobierno argentino y el F.M.I., se puede leer que los
objetivos pasan por “proteger los sectores más vulnerables”, “apoyar el potencial
crecimiento de la economía”, y alcanzar “una reestructuración de la deuda pública que
garantice la sustentabilidad de la misma”. La Carta de Intención solicitaba un acuerdo
“stand by” condicionado por 36 meses, entre 2004 y 2006. De la lectura del acuerdo se
aprecia que el gobierno argentino denominaba “programa de transición” entre la crisis
de fines de 2001 y el momento de la firma. El país pasaba todavía por días difíciles en
agosto de 2004. Ante las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional, el F.M.I.
cambia de actitud y adopta una postura más dura e intransigente. A diferencia de los ´90
ello no fue aceptado ni por Néstor Kirchner ni por Roberto Lavagna, por lo que
finalmente, el 17 de septiembre de 2004 Kirchner y Lavagna deciden no firmar un
nuevo acuerdo con el F.M.I., y se suspende la relación a partir de ese momento. El país
se ponía en la senda de la soberanía política e independencia económica.
El 15 de septiembre de 2005, el presidente Kirchner amplió su anhelo de
liberarse de la tutela del F.M.I. y durante un acto en la Casa Rosada anunció la
cancelación total de la deuda de Argentina con ese organismo. En el discurso que
pronunció señaló que “la deuda (con el F.M.I.) ha sido constante vehículo de
intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de
exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al
objetivo del crecimiento sustentable”. En ese acto afirmó que la cancelación de la
deuda servirá para ganar grados de libertad para la decisión nacional y le permitirá al
país no estar obligado a atender las exigencias del F.M.I. a la hora de negociar los
acuerdos de refinanciación de los vencimientos de la deuda externa (La Nación, del 16
de septiembre de 2005). La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron por amplias
mayorías el D.N.U. dictado para pagar/cancelar el pasivo argentino con el F.M.I.
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Los fracasos de los organismos financieros internacionales vienen de
lejos. El siglo XXI encontró a la Argentina sumida en una crisis estructural aguda. Es el
inapelable veredicto de la experiencia histórica. Así fue que el vínculo entre el F.M.I. y
la Argentina, que tuvo distintos niveles de tensión, cooperación y dependencia
financiera, a partir del gobierno de Néstor Kirchner comienza un período de
distanciamiento que se extendió por más de una década. Los años finales de la gestión
presidencial de Cristina Fernández de Kirchner ofrecen el espectáculo poco frecuente en
la política argentina de los últimos tiempos de un gobierno intentando preservar el
núcleo de su proyecto originario por encima de las dificultades sobrevinientes. Tal
situación motivó que en el mes de mayo de 2012, la Directora Gerente del F.M.I., la
francesa Christine Lagarde, decidió que el Fondo dejara su sede en la Argentina.
7. A partir de diciembre de 2015 se inició otra etapa y la impulsó una
concepción que restaura duros tiempos vividos por Argentina. Luego del pago a los
Fondos Buitre por el gobierno de Macri, el F.M.I. comenzó nuevamente a preparar su
arribo y los detalles logísticos para el envío de una misión de técnicos, con el objeto de
revisar las cuentas del país. El F.M.I. volvió a halagar la política económica que se
iniciaba. Y la Casa Blanca emitió un comunicado que señalaba que “Estados Unidos
apoya el programa de reforma económica del presidente Mauricio Macri de Argentina”.
Poco después llegó el apoyo del gobierno de Ángela Merkel y de los Ministros de
Finanzas de los países que integran el grupo de los siete (G7), quienes apoyaron
“firmemente” el “compromiso y la determinación” del gobierno argentino.
Fue el 8 de mayo de 2018, cuando el presidente Macri anunció “he decidido
iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue
apoyo financiero”. El 20 de junio, el Directorio del F.M.I. aprobó el Stand By de 3 años.
Al inicio fue por u$s 50.000 millones y fue anunciado mediante el Comunicado de
Prensa del Fondo N° 18/245 de ese día. Posteriormente, por intermedio de la Carta de
Intención del 17 de octubre de 2018, se incrementó por u$s 7.100 millones, aunque
finalmente se desembolsaron u$s 44.500 millones, que no quedaron en el país pues casi
inmediatamente se fugaron. En el Comunicado del Fondo N° 18/362 que anunció el
nuevo acuerdo con Argentina, Christine Lagarde señaló que “el F.M.I. se ha
comprometido a continuar apoyando a las autoridades argentinas en sus esfuerzos” (sic).
Fue el primer programa condicional otorgado a un país sudamericano después del
acuerdo firmado con Perú el año 2007.
Esta etapa del F.M.I. deberá quedar como una nefasta época para el
pueblo y la Nación Argentina. Como ahora se sabe estos elevadísimos volúmenes de
deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Por
ello, cabe considerar a este endeudamiento como “odioso” y “execrable” Más cuando el
uso posterior de dichos fondos fue un desfalco para el país. No podemos dejar de
mencionar que al realizar dichos “acuerdos” el F.M.I. violó su propio Convenio
Constitutivo y también se incumplió con el ordenamiento constitucional Argentino.
Actualmente Argentina se encuentra en otra encrucijada que afecta su desarrollo
económico y social. Otra vez el F.M.I. reingresado durante la presidencia de Macri.
Cabe mencionar que ya en 2019, ante la situación económica que padecía la
Argentina, se escuchaban voces desde el norte que proponían una nueva alternativa para
conseguir una refinanciación de los vencimientos de deuda; se trataba de conseguir que
el acuerdo stand by se transforme en uno denominado Extended Fund Facility, para
mejorar el perfil de vencimientos de capital e intereses (sic). (Véase., Jorge Francisco
Cholvis, “Constitución, endeudamiento y políticas soberanas”, Ediciones Fabro, 2019,
pág. 431 y 451, en donde tratamos el tema ampliamente). Sin embargo, no podemos
dejar de mencionar desde ya que el Acuerdo de Facilidades Extendidas es el de las
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condicionalidades a largo plazo. El pueblo argentino de esta manera está siendo
víctima de un verdadero saqueo de dimensiones incalculables.
8. El presidente Alberto Fernández el 4 de marzo de 2022 envió al Congreso el
acuerdo (“entendimiento” inicialmente) alcanzado con el Staff del Fondo Monetario
Internacional para refinanciar la deuda de aproximadamente u$s 45.000 millones que
tomó la administración de Juntos por el Cambio. Incluía como anexos la totalidad de los
documento del Acuerdo; esto es, Memorándum de Políticas Económicas y Financieras,
y el Memorándum de Entendimiento Técnico. Es el camino que propuso para que el
Congreso se exprese sobre el Programa de Facilidades Extendidas que -dice- reemplaza
al fallido Stand By de 2018. Pero, de entrada la oposición planteó que vuelva a
redactarse la ley. Versiones desde la sede del F.M.I. deslizaron que se le daría el aval
dentro del Board si el Congreso aprueba el proyecto sin el art. 2°; no discutirían la
legalidad del acuerdo si este pasa por el Congreso, aun en su versión mínima.
El debate parlamentario comenzó el 7 de marzo en las Comisiones de
Presupuesto y Finanzas. Con la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional que incorporaba
“el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre
la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al Stand
By suscripto en 2018” (art. 1°). Y a continuación menciona que acompañaban el
Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum Técnico de
Entendimiento como Anexos, “que componen el Programa de Facilidades Extendidas
mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”
(art. 2°). Los Memorándums incluían metas fiscales, de emisión monetaria,
acumulación de reservas y estimaciones de inflación.
Pero, con la firma de 75 diputados, en representación del Frente de Todos,
Juntos x por el Cambio y del interbloque Federal se emitió Dictamen en la reunión de
las Comisiones de Presupuesto y Finanzas, y se cambió el proyecto enviado por el
P.E.N. Finalmente el artículo 1° que conforma su parte principal (los 2° y 3° son de
forma), así quedó: “Apruébanse, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la
Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la Ley 27.612, las
operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a
celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional
(F.M.I.) para la cancelación del “Acuerdo Stand By” oportunamente celebrado en 2018
y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus
facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el
párrafo precedente”.
El art. 2° de la Ley 27.612 de “Sostenibilidad de la Deuda Pública”, dice
que el Congreso debe aprobar “expresamente” todo “programa de financiamiento u
operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.),
así como cualquier ampliación de los montos de esos programas y operaciones”.
Aunque esta redacción del proyecto (un solo artículo) dándole al Ejecutivo una
autorización general, suprimiendo todos los aspectos mencionados incumple el objetivo
institucional de la Ley 27.612, y margina el rol institucional que le marca al Congreso el
art. 75 incs. 4 y 7 de la Constitución Nacional. La ejemplaridad buscada por esa norma
y el artículo mencionado de la Constitución Nacional, es que el Congreso se implica en
las decisiones, las discute, las aprueba o las desecha. También con esa redacción se
aceptó el pedido de la oposición de sacar los fundamentos del proyecto, en los que el
Ejecutivo ratificaba que el nuevo pacto no anulaba los alcances de la investigación
judicial abierta para indagar las responsabilidades de la deuda contraída en 2018.
Finalmente, en la Cámara de Diputados el acuerdo con el F.M.I. obtuvo
media sanción al ser aprobado con 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones.
9
El gobierno cede a los reclamos de Juntos por el Cambio y eliminó de la redacción
todas las referencias al programa económico, que era la principal objeción de la
oposición desde el anuncio del acuerdo. Sólo se aprobó el empréstito. En JxC
predominó la amnesia sobre el fabuloso endeudamiento de Macri. Sin embargo, la
confrontación discursiva no modificó el acuerdo entre el oficialismo y el sector
mayoritario de la oposición. Del debate se aprecia las políticas que sostendrán quienes
impulsaron desde la oposición el proyecto aprobado. Reiteración de nefastas medidas
de política económico-social, condicionamiento permanente del F.M.I., aceleración
de salida de capitales y declive de nuestro país con marginación de derechos.
Así es que el oficialismo accedió a cambiar la redacción y evitar las
referencias a un programa económico, pues vimos dichos Anexos fueron excluidos. El
gobierno entregó el artículo 2° del proyecto original, extirpó la mención al programa y
sólo se autoriza el “crédito público”. Aunque se piensa que no es consistente referirse al
financiamiento, y no a votar las políticas. “A ver si se entiende -se dijo-. El
financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una
sola cosa” (Conf., Martín Guzmán, en declaraciones a Radio 10). Por cierto, si se
aprueba un programa con el Fondo, se consiente su contenido, como el refinanciamiento
y las políticas económicas y financieras que el país propone y los puntos de revisión y
seguimiento. De tal forma se quiso despegar JxC. y pretende derivar la responsabilidad
sólo al Poder Ejecutivo. Aunque, el acuerdo con el F.M.I. finalmente tendrá que
continuar su trámite en el Senado de la Nación.
Sin dudas, se debe tener presente que el programa acordado con el Fondo
implica el riesgo de la implementación de un plan de ajuste. La aplicación de las
políticas del acuerdo no solucionará ninguno de los problemas estructurales de la
economía, sino que la van a agravar. El Fondo vuelve a tener un rol central en la
definición de la política económica y tiene un poder de veto ante cada revisión
trimestral previa a los desembolso para cancelar las cuotas del stand by celebrado por
Macri. El monitoreo será estricto e implicará el riesgo del default, y generará una
constante incertidumbre.
El fondo sigue siendo el mismo. No entenderlo llevó a concebir una
estrategia equivocada a partir del 10 de diciembre de 2019. Si se realiza un detenido
análisis del “nuevo acuerdo” se aprecia que estamos una vez más ante un típico
programa del F.M.I., que subordina al mismo la política económica, y cada trimestre la
Argentina será revisada por los técnicos del F.M.I. quienes determinarán si se cumplió o
no con las metas propuestas. Y lo que es grave, no refleja la corresponsabilidad del
Fondo en el financiamiento de la fuga de capitales entre 2018/19. Se debió discutir de
otra manera para obtener otro resultado diferente con el F.M.I. Además, entre las
consecuencias del acuerdo no se debe olvidar su implicancia geopolítica, que deja al
país sujeto a imposiciones de EE.UU, socio mayoritario del F.M.I.
9. Han pasado más de 2 años desde el inicio de este período constitucional. Si
se piensa que resulta muy difícil impugnar este accionar del F.M.I., entendemos que
existieron y existen vías para lograrlo. Una simple apreciación nos permitiría afirmar
que el Fondo está flojo de papeles. No es cierto que era (o es) el único camino. Por
cierto, será necesario que nuestro país alcance poder político para tan imprescindible
tarea, e implementar una política exterior soberana para que con una iniciativa de tal
característica también logre el imprescindible respaldo internacional de las naciones que
comprendan la grave situación que políticas como las impuestas en la Argentina han de
producir en perjuicio de sus pueblos, en este tiempo contemporáneo de predominio del
capitalismo financiero concentrado y “globalizado”. El Fondo no es un organismo
financiero neutral, sino una herramienta para la hegemonía geopolítica y financiera.
10
Y si bien el artículo XXIX del Convenio Constitutivo del F.M.I. lo erige en
juez de sus propios actos, el Estado argentino pudo (puede) efectuar un reclamo ante el
Directorio Ejecutivo por la situación que nos afecta. Y en caso de negativa a tal planteo
elevarlo a la Junta de Gobernadores. Por cierto, que entendemos que los intereses que
ellos han de defender nos podrán privar de un resultado favorable, pero será el paso
previo para la siguiente etapa. La Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues no se
puede ignorar que la Convención de Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados de la O.N.U., en el artículo nueve-Sección 30, establece que en caso de
conflicto entre un organismo internacional y un Estado, deberá pedirse opinión
consultiva a la Corte Internacional de Justicia la que será de acatamiento obligatorio
(ver, art. 96, Carta de la O.N.U. y art. 65 de la C.I.J.). Ello necesariamente deberá ser
realizado en el marco de una definida política exterior del país, tanto en el ámbito de
las Naciones Unidas como con los Estados en forma individual.
Entendemos imprescindible asimismo insistir en el plano del Derecho
Internacional Público con los principios de lo que llegó a ser la “Doctrina Argentina”;
y es en ese marco que debemos encaminar el problema de la deuda mediante el
procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia (véase Jorge. F.
Cholvis, ob. cit., pág., 416). Por cierto, también habilitar mediante una consulta
popular vinculante la participación protagónica efectiva al pueblo en el tema, para que
exprese si acepta el acuerdo con el F.M.I. o no; y así escuchar su voz para efectivizar
democráticamente la solución al problema que afecta a la Nación.
3ª Parte
10. Las consecuencias del acuerdo serán las mismas de siempre. A modo de
conclusión remarquemos lo que implicó el sometimiento al F.M.I. El veredicto de la
experiencia histórica indica que los programas del F.M.I. son nocivos para el desarrollo
económico de los países que luchan por el progreso social. Controla la economía de
los países subdesarrollados y su gran preocupación es la defensa de los intereses
económicos de las naciones que lo gobiernan a su antojo. “Todo el sistema financiero
opera como un mecanismo de presión para condicionar la política económica de los
países endeudados” (Joseph E. Stiglitz, “El malestar en la globalización”, Taurus,
Buenos Aires, 2002, pág., 40). Permanecen subordinados a las potencias dominantes
y al gran capital internacional. Esto queda en evidencia por la triste experiencia de
nuestro país con dicho organismo financiero internacional. El acatamiento incondicional
de los postulados estabilizadores del F.M.I., fue aplicado con las lógicas variantes que la
situación coyuntural del momento imponía.
El F.M.I ha dejado muy atrás, si es que alguna vez la ejerció efectivamente,
su función de protagonista y regulador del sistema monetario internacional. En cambio,
mantiene su firme cometido de vigilancia y condicionamiento de las políticas
económicas de los países deficitarios y especialmente de los subdesarrollados (Conf., S.
Lichtensztejn/M. Baer, “Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial”, Editorial
Nueva Sociedad, Caracas, 1989, pág. 34). La principal palanca mediante la cual se
produce la regulación de las economías nacionales por el F.M.I. es por la vía de los
“acuerdos” con los países receptores. Es precisamente a través de los mecanismos de
crédito y de las condiciones vinculadas a ellos como logra imponer sus políticas. “El
F.M.I., por supuesto, aduce que nunca dicta sino que negocia las condiciones de
cualquier préstamo con el país prestatario, pero se trata de negociaciones desiguales en
las que todo el poder está en manos del F.M.I., básicamente porque muchos de los
países que buscan su ayuda necesitan desesperadamente el dinero (Conf., Joseph E.
Stiglitz, ob. cit., pág. 75). Lo advirtió el presidente Perón, los organismos financieros
11
internacionales y con distinta intensidad según los períodos, fueron condicionando las
políticas económicas. “El F.M.I. se ha transformado más en parte del problema de los
países que de la solución” (Joseph E Stiglitz, ob. cit., pág. 47 y 184).
Utilizando el marco establecido por los estatutos del F.M.I, -en el artículo
V, Sección 3ª y artículo XXXb-, las políticas económicas que sostiene el organismo se
implementaron a través del acuerdo de crédito contingente, conocido comúnmente
como “stand-by”. Subordina la conclusión del acuerdo “stand-by” a la realización por
parte del gobierno solicitante de un plan económico de estabilización y de ajuste interno
inserto en una “Carta de Intención” y en un “Memorando de Entendimiento”, entre el
país que solicita el crédito y el F.M.I. Hace algunos años propone la modalidad del
“Acuerdo de Facilidades Extensivas” (Extended Fund Facility. EFF). De esa manera el
F.M.I. ejerce una influencia decisiva en el funcionamiento de la economía de los
países que solicitan su “asistencia”. Ello, aún en violación al “texto” de sus funciones
originarias, que según el artículo 1º del Convenio Constitutivo consisten en promover la
cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio, fomentar la estabilidad
cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos, infundir confianza a
los países miembros y aminorar el desequilibrio de las balanzas de pagos.
Basándose en una relación de fuerzas -la del acreedor frente al deudor
insolvente-, desde el F.M.I. se dicta a los países cómo utilizar excedentes fiscales y
externos para “honrar sus obligaciones” (ajuste coyuntural); pero además deciden cómo
deben estructurar sus economías y sus sociedades, sin que tenga nada que ver con la
deuda original ni con circunstanciales dificultades de pagos externos. “Es el
aprovechamiento de una crisis de balanza de pagos para imponer el ajuste estructural
(achicar el Estado, privatizar, restringir el gasto público y el crédito, abrir la economía a
las mercaderías y capitales externos, flexibilizar el mercado laboral), que a su vez deriva
cuantiosos recursos hacia el sector financiero internacional y local. Esta es la receta
inconmovible del F.M.I., que se aplica en todas las circunstancias bajo todas las
latitudes, incluso en los casos de recesión o depresión económica” (Alfredo E. Calcagno
y Eric Calcagno, “Argentina derrumbe neoliberal y proyecto nacional”, “Le Monde
Diplomatic”, Buenos Aires, 2003, págs. 29/30). El F.M.I. utiliza la “deuda externa”
como instrumento de su influencia sobre países que no han podido poner en marcha un
proyecto de desarrollo económico independiente.
De tal modo, la Nación continúo su trayecto al ritmo que le fijaban las
“Cartas de Intención” y los “Memorandos de Entendimiento”. Sobre la base de dichos
instrumentos el F.M.I., asumió una función de co-redacción y vigilancia del
cumplimiento de los programas económicos de “ajuste”. El país por esas vías sufrió
una limitación sustancial en el ejercicio de su soberanía, con la transferencia de la
decisión nacional en la confección y ejecución de los programas económicos.
11. Así, el F.M.I., ha procedido a reestructurar las economías de los países
económica y políticamente débiles, abriendo sus fronteras a las exportaciones de los
países de alto desarrollo y a los flujos de capital de los centros financieros
internacionales en los períodos de expansión mundial; es la puerta que conduce a la
extracción y transferencia de recursos de esos países hacia los países de alto desarrollo
durante las épocas de crisis y de asfixiante deuda externa. Las políticas económicas
aplicadas en nuestro país facilitaron la fuga de capitales y la transferencia de divisas
en concepto de intereses, amortizaciones, dividendos, royalties, fletes, seguros, y con el
problema del deterioro de los términos del intercambio exterior se constituyeron en una
aspiradora que va chupando el producto del trabajo argentino.
Sin embargo, corresponde señalar que las políticas del F.M.I. fueron
impugnadas también en los EE.UU. La llamada Comisión Meltzer del Congreso de
12
EE.UU, integrada por economistas cercanos a su gobierno, en su informe de mayoría
afirmo que el F.M.I. no responde al fin para el cual fue creado. Dijo la Comisión: “La
transformación del F.M.I. en una fuente de préstamos condicionados de largo plazo ha
empobrecido a las naciones dependientes del F.M.I. de modo creciente y ha dado al
F.M.I. un grado de influencia sobre la política de los países miembros que no tiene
precedentes en las instituciones multilaterales. Algunos acuerdos entre el F.M.I. y sus
miembros especifican metas y requieren políticas como condiciones para la continuidad
de los desembolsos. Estos programas no aseguraron el progreso económico. Han
socavado la soberanía nacional y a menudo han trabado el desarrollo de instituciones
democráticas responsables que pudieran corregir sus propios errores y adecuar los
cambios a las condiciones externas” (véase, Congreso de Estados Unidos,
“International Finance Institutión Advisory Comisión. Comisión Report”, Washington,
2000, págs. 28 y 30- www.hoyse.gov/jec/imf/imfpage.htm).
También cabe recordar que noticias de fines del siglo XX señalaban que la
Oficina de Evaluación Independiente (Independent Evaluation Office, IEO), que es una
nueva división del F.M.I. investigará su actuación y evaluará su responsabilidad en las
principales catástrofes económicas de esa última década, incluido el “caso argentino”.
Aunque, ciertamente las consecuencias están a la vista.
Presiones de la opinión pública internacional y el enojo de algunos ex
funcionarios del F.M.I. que aportaron sus argumentaciones en contra de la institución,
como Michael Mussa (ver, Michael Mussa, “Argentina y el FMI, del triunfo a la
tragedia”, w.p.ediciones-Planeta, Buenos Aires, 2002), ex director del Departamento de
Investigaciones, terminaron por minar la credibilidad del Fondo. De tal modo, se vino
reclamando un cambio de imagen en el FMI, sobre todo después de los sucesos de
Seatle de 1999. La creación del IEO, sin duda, tiene que ver con esas pérdidas de
credibilidad (v. Clarín, 16 de marzo de 2003).
12. Pero, es imprescindible remarcar que la influencia del F.M.I. no es en todas
partes y en todas las épocas la misma: se aplica máxima presión en aquellos casos en
que los países han agotado sus facilidades de pago y crédito, lo que les impone una
mayor necesidad de refinanciación; cuanto mayor es su dependencia de la financiación
exterior se agiganta su vulnerabilidad al programa de estabilización del F.M.I. Pero la
situación llega a ser terminal si los sectores dirigentes no logran articular una
alternativa de poder efectivo nacional que pueda sostener políticas socioeconómicas
acordes a las posibilidades e intereses de la Nación. Pues, “la institución clave que
decide la introducción e implantación de las políticas del F.M.I. es el Estado: la
colaboración o la resistencia de las fuerzas nacionales es decisiva para modelar el
impacto del F.M.I.” (James Petras, “Estado y régimen en Latinoamérica”, Editorial
Revolución, Madrid, 1987, pág. 152).
Como es sabido que “por sus frutos los conocerás”, y retornando al
pensamiento de Perón, también podemos afirmar ahora que las reformas posteriores que
se le hizo a la estructura orgánica de dichas instituciones financieras luego de su
creación, y su ulterior funcionamiento en esta realidad “globalizada” del mundo
contemporáneo, tampoco dieron los resultados que se pudo tener en consideración en el
momento inicial hace más de medio siglo, si es que de buena fe ello se entiende que fue
en favor de un mundo mejor y más justo.
Luego de transcurrido tan largo período desde que se ingresa a la órbita de
los organismos financieros internacionales, con la constante aplicación que se hizo de
sus “recomendaciones” y que llevaron al país a la situación socioeconómica que nos
ocasionó la crisis del 2001/2002, no pueden caber dudas sobre el rotundo fracaso de
esas políticas económicas que en mayor o menor medida se nos impuso; que ello no fue
13
por “errores” en su aplicación sino por su trama perjudicial a los intereses de los países
que deben luchar por lograr su desarrollo. Bien se expresó por Alejandro Olmos Gaona
que “la estafa que significa esta deuda no puede ser convalidad por el actual gobierno,
porque hacerlo significa negociar la ilicitud, y dejar impunes a los que la contrajeron,
además de aceptar de aquí hasta los próximos 12 años, una tutoría del F.M.I. como
nunca habíamos conocido” (v, Agencia Paco Urondo-Periodismo Militante, 10/3/
2022). Podemos acotar que es una estafa intelectual, monetaria y política.
La política de condicionamiento vinculado a la concesión de crédito otorgó
al F.M.I. un poder disciplinario. Los miembros del Directorio son correas de
trasmisión de los intereses de los gobiernos que los designan. Como vimos, “estas
personas ven el mundo a través de los ojos de la comunidad financiera. Las decisiones
de cualquier institución reflejan naturalmente las perspectivas e intereses de los que
toman las decisiones” (Joseph. E. Stiglitz, ob. cit., pág., 49).
Por tanto, una política imprescindible a impulsar desde los países de menor
desarrollo económico será promover en el ámbito de las Naciones Unidas, la reforma
de los principales organismos financieros, priorizando la necesidad de hacer efectivo
el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y en la definición de
sus políticas económicas ajustadas a sus propias circunstancias, para lograr el tan
ansiado y justo crecimiento de su economía y desarrollo social.
En tal sentido, debemos tener presentes las palabras del Santo Padre
Francisco que en su Encíclica “Fratelli Tutti”, sobre “La Fraternidad y la amistad
social”, entre otros elevados conceptos nos indica que se vuelve indispensable la
maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, y
que al menos “se debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces,
dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y
la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales” (172). Y continúa:
“En esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma ´tanto de la Organización de las
Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que
se dé una concreción real al concepto de familia de naciones´. Sin duda esto supone
límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos
pocos países, y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las
libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. Porque
´la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada
uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su
independencia” (173).
Profundos conceptos que nos han de marcar la senda por un país y un mundo
mejor. Y con dicho alto objetivo de defender la soberanía nacional y las políticas
económico-sociales, es imprescindible dejar establecido al más elevado rango con una
norma operativa en el marco de una nueva Constitución cómo ha de ser nuestra relación
con los organismos financieros internacionales y en especial con el F.M.I. Porque, no es
sólo cuestión de cambiar la imagen de estos organismos, sino que ellos terminen de
promover políticas como las que han impuesto a gobiernos débiles. A partir del
comienzo de la segunda mitad del Siglo XX, el recorrido de nuestra historia –
económica, política y social-, nos evidencia una aguda confrontación de dos modelos,
y que ello se acentúa en nuestra realidad contemporánea. El F.M.I. es gran parte del
problema.
Es claro que la soberanía es un elemento determinante del Estado para que el
país pueda dar respuestas propias en el escenario global. El ordenamiento jurídico
impera en función de la soberanía, que continúa siendo una cualidad del poder y un
elemento nodal del Estado moderno. Los cambios operados en el campo funcional del
14
Estado no han modificado su esencia. Consolidar la soberanía es simultáneamente
condición y objetivo del Estado Nacional. No puede resignarse la soberanía nacional,
tanto en el plano político como en el económico. Los países no pueden andar al ritmo
que le marcan las “cartas de intención” o los “memorandos de entendimiento”. Un
nuevo Proyecto Nacional y Popular es el camino.
DOCUMENTO ANEXO
Proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por El Presidente Juan
Perón, el 22 de julio de 1948, solicitando se deje sin efecto el decreto-ley N°
3.185/46, por el cual se resolvió adherir a las conclusiones de la Conferencia
Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en Bretón Woods, en el
mes de julio de 1944 (v. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, año 1948,
tomo 3, página 2100).
Buenos Aires, 22 de julio de 1948.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para
someter a su consideración el texto del proyecto de ley anexo, por el que se deja sin
efecto la adhesión del gobierno argentino a las conclusiones de la Conferencia
Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en Bretton Woods en el mes
de julio de 1944, y la incorporación de la República al Fondo Monetario Internacional y
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dispuesta por el decreto ley, del
31 de enero de 1946.
El gobierno argentino ha tenido por norma de conducta la de cooperar con los organismos internacionales que tienden a la realización de acciones conjuntas de interés general para beneficio de todos los pueblos y, si bien se halla de acuerdo con los elevados propósitos que han conducido al establecimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, estima que estos organismos, mientras conserven su actual estructura, no se hallan en condiciones de cumplir con las finalidades de reorganización financiera internacional para las cuales fueron creados y por ello el Poder Ejecutivo considera que debe dejarse sin efecto la adhesión expresada por el antes citado decreto ley 3.185/46.

Por los fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo aguarda de vuestra honorabilidad quiera prestar su aprobación al adjunto proyecto de ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Juan Perón
Juan Atilio Bramuglia

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° – Dejase sin efecto el decreto ley 3.185, del 31 de enero de 1946, por el
que el gobierno argentino adhirió a las conclusiones de la Conferencia Monetaria y
Financiera de las Naciones Unidas, realizada en Bretton Woods, en el mes de julio de
1944, y que dispone asimismo la realización de las gestiones necesarias para la
incorporación de la República al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Perón
Juan Atilio Bramuglia