“Argentina como tierra prometida, debe ser partida y repartida”, dijo sin vergüenza absoluta el rabino Bergman

PARA RECUPERAR LA SOBERANÍA

Por Julián Denaro*

Dentro de los pactos entre Macri y Trump a través del FMI, se encuentran, entre otras condiciones, la baja de salarios reales, los incrementos de tarifas de servicios públicos, energía y transporte, la reforma previsional, aumentar los despidos de empleados públicos que hizo el gobierno de Macri y ajustar fuertemente el gasto público dirigido a inversión social.

Por Julián Denaro (*)

NAC&POP
4/03/2022

“Argentina como tierra prometida, debe ser partida y repartida”, dijo sin vergüenza absoluta el rabino Bergman, ministro del gobierno de Macri.»

La entrega de la patria fue planificada, y luego de destruir el entramado productivo y endeudar sideralmente al país con el sector privado, el gobierno de Macri procedió a lo que según quien escribe, era parte de la operatoria cuyo objetivo era la pérdida de soberanía de la República Argentina: el mayor endeudamiento de la historia de un país con el FMI. Argentina pasó de no deberle nada al Fondo, a ser su principal deudor y volver a tener el monitoreo del citado organismo trasnacional.

Dentro de los pactos entre Macri y Trump a través del FMI, se encuentran, entre otras condiciones, la baja de salarios reales, los incrementos de tarifas de servicios públicos, energía y transporte, la reforma previsional, aumentar los despidos de empleados públicos que hizo el gobierno de Macri y ajustar fuertemente el gasto público dirigido a inversión social.

Afortunadamente para el pueblo argentino, Macri no fue reelecto, y tras las denuncias por fraude, ilegalidad e ilegitimidad, el Fondo tuvo que ceder ante la firme posición del gobierno argentino, ahora con bandera nacional, popular y latinoamericanista, que se plantó sobre ciertos aspectos no negociables.

Estos son la inversa del gobierno liberal vendepatria, que fuera la alianza del radicalismo con el pro y la coalición cívica.

Las premisas no transables son: rechazar rotundamente las reformas laborales y previsionales, aumentar el gasto en inversión social, industria y desarrollo, que las tarifas y el dólar aumenten a menor tasa que la inflación, los salarios y las jubilaciones, fortalecer políticas de generación de empleo e inclusión social, y aumentar los ingresos reales de la población.

Pues bien, así como se reestructuró la deuda con los bonistas privados, lo cual suma casi 100.000 millones de dólares, se está en este momento negociando la reestructuración de la deuda con el Fondo, que es imposible de pagar en los montos y plazos prestablecidos por el gobierno de Macri, lo cual hubiera concretado las aspiraciones resumidas en el enunciado transcripto al principio de este texto.

Nuestro presidente aclara que el nuevo acuerdo con el Fondo no significa un aumento de deuda ya que se trata de una refinanciación, que opera con un adelanto del Fondo a emplear para cada vencimiento.

Así, la deuda se comenzará a pagar dentro de cuatro años y medio, en el período 2026-2034.

Pues claro, el discurso del presidente también ratificó la denuncia criminal contra los responsables del acuerdo con el FMI de manera inconsulta con nuestro propio parlamento, violando las pautas esenciales de organización de la Nación Argentina, que están expresadas de manera inconfusa en la Constitución Nacional.

Esta causa que fuera iniciada hace más de un año, se está reactivando a partir del discurso del presidente del 1ero de marzo.

Sin embargo, la recuperación de la soberanía no transita sólo sobre el hecho de postergar el pago de deudas reprogramando montos y vencimientos, sino que, urgentemente, debe partir por recuperar el poder de compra de los ingresos que permite alcanzar una vida digna. Ante esto, se sabe que es imposible recuperar la actividad, el empleo y el valor real de los ingresos tan rápido como fueron destruidos.

En 2015 teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, y en tan sólo cuatro años, los mismos fueron reducidos a su tercera parte, el desempleo aumentó del 6 al 11% y la pobreza del 27 al 41%.

No puede aceptarse que en un país productor de alimentos haya casi diez millones de personas que tienen problemas para satisfacer sus necesidades nutricionales. Es inadmisible y su solución impostergable.

En estas condiciones, el FMI exige reducción del déficit fiscal, pero pareciera aceptar que lo consigamos a nuestro modo.

En otras palabras, en vez de reducir el déficit bajando el gasto, lo haríamos aumentando los ingresos.

Pues claro, ya se sabe que bajar el gasto es contraer la actividad económica, tras lo cual aumenta la pobreza y disminuye la recaudación, lo que deteriora aún más el asunto fiscal. Por eso, la opción es aplicar políticas que incrementan la actividad, que se traduce automáticamente en engordar los ingresos del Estado.

Aunque claro, sería conveniente diseñar un esquema tributario más progresivo, no sólo para aumentar la recaudación, sino también para volverla más justa.

Esta calificación refiere al hecho de que no es justo que los más ricos y los de mayores ingresos no paguen impuestos o tengan allanado el camino para la evasión, la elusión y la fuga sistemáticas.

Entonces, se debería conseguir que el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas se convierta en un Impuesto que se erogue todos los años, se debería aplicar la tecnología fiscal para reducir al mínimo la evasión y la elusión, se debería establecer un pago de impuestos a las riquezas financieras localizadas en guaridas fiscales en el exterior, que incluso superan en sumatoria a nuestro PBI, se debería controlar la pesca ilegal para que nuestra riqueza la manejemos nosotros mismos, se debería regular la explotación minera por parte de empresas extranjeras que no nos dejan otra cosa que contaminación, se deberían quitar los subsidios al decil más rico de nuestra población, o a los dos deciles más ricos, y todo lo que sea necesario para alcanzar una estructura tributaria más justa y progresiva.

Al mismo tiempo, la realidad macroeconómica pareciera estar de acuerdo con las palabras de Roberto Feletti, Secretario de Comercio de la Nación Argentina, quien afirmó que es el sector externo el que nos brindará viabilidad para nuestros objetivos.

O sea, que los excedentes proporcionados por nuestras exportaciones son los que nos aportarán la financiación necesaria para la puesta en marcha de todas las actividades productivas del país.

Pero claro, esto no se verificaría en caso de que esa renta extraordinaria sea apropiada por las corporaciones intermediarias y los grupos exportadores.

Por ende, una celosa regulación sobre esos mecanismos de apropiación es lo que lograría su aprovechamiento por parte del conjunto del pueblo argentino.

Dadas estas condiciones, aumentar la inversión en infraestructura y vivienda, aumentar la inversión en educación, ciencia, tecnología y salud, así como agregar valor en nuestras exportaciones, fortaleciendo las cadenas productivas con modernas tecnologías que abren numerosas fuentes laborales.

En suma, un Plan de Desarrollo Integral que brinda previsibilidad a los trabajadores, las clases medias y también a las empresas.

El objetivo será, según los enunciados de nuestro presidente, crear más de 200.000 empleos por año, poner en marcha al menos 10.000 nuevas empresas cada año, engrosar y diversificar nuestra matriz productiva, y aplicar mecanismos de control a los grandes formadores de precios para bajar la inflación y aumentar los ingresos reales.

JD/

 

NAC&POP:  Julián Denaro es economista (UBA), Columnista Económico en Televisión y Radio, Profesor en Universidades Nacionales (UBA y UNLAM), Doctorando en Ciencias Económicas en UNLAM y terminando la Licenciatura en Psicología en la UBA. Autor de seis libros, siendo los dos últimos “Del país dividido a la revolución cultural” (2017) y “Argentina entre las disputas de poder 2012-2019” (2019), y escribiendo dos nuevas obras. MG/N&P/