Como es norma en las páginas de LA NACIÓN, cada vez que se habla de política se la asocia con otros intereses, generalmente poco claros o mejor dicho, bastante turbios

AJUSTADOS

Por Luis Hipólito Alen

Para muestra vaya el primer botón, que como no podía ser de otra manera adorna las vestiduras de la Tribuna de Doctrina. Francisco Olivera en su nota del 04/12/2021 te lo dice sin eufemismos: “Llegó la hora de tragarse sapos”. Primero te encaja su lectura, siempre parcial e inclinada para el mismo lado, de la situación política.

 

Por Luis Hipólito Alen*

Megafón – UNLa.

06 diciembre 2021

 “Ajustados” es un adjetivo que viene del participio del verbo “ajustar”. Que según el Diccionario de la Real Academia Española tiene múltiples significados. Por ejemplo, quiere decir “Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa”, pero también “Obligar a alguien, mediante pacto o convenio, a prestar algún servicio o ejecutar algo”.

De igual forma, se pude usar el calificativo de “ajustado” como sinónimo de “justo, recto” o para referirse a algo o alguien “mezquino, miserable”. Como se puede ver, hay para todos los gustos y para todas las situaciones. Porque en nuestro tan maltratado país, hay fanáticos del ajuste que se la pasan tratando de aplicarlo a cada rato. Y que lo defienden de muy variadas maneras.

Casi siempre, esas defensas no vacilan en echar mano a cuanta mentira ande suelta, a cuanta presión indebida se pueda ejercer, a cuanta infamia se pueda desparramar. Hay quienes son especialistas en proponer ajustes y en mentir, presionar o difamar para lograrlos. Por igual y sin ningún escrúpulo, te dicen que no hay otra salida que ajustar para salir de la crisis (lo que generalmente se traduce en que quienes se van a tener que apretar los cinturones son los sectores que no tienen ninguna culpa de esa crisis sino que son sus víctimas). Y recurren a pactos y convenios, que generalmente firmaron sus jefes o ellos mismos, para obligar a los demás, en una actitud muy ajustada, o sea, muy mezquina y miserable.

La historia es rica en estos ejemplos. Para ajustar las relaciones entre el gobierno central del que poco tiempo atrás se habían apoderado, por medios nada justos ni rectos, allá por mayo de 1862 Mitre y Sarmiento hicieron que su enviado, Rivas, firmara el Tratado de La Banderita con Ángel Vicente Peñaloza, el Chacho. Para que las cosas casaran entre sí, se acordó que cada parte devolvería sus prisioneros. Ocurrió que el bárbaro caudillo riojano entregó sus cautivos. Pero no recibió a los que habían aprisionado los civiizados guerreros del centralismo porteño. Los habían fusilado. Ese es el ejemplo más extremo de cómo entienden los ajustes los herederos de Bartolo y el sanjuanino. Que si no te fusilan es porque hoy no se dan las condiciones, así que para eliminarte usan otros métodos. Como dejarte sin trabajo, sin educación ni salud públicas, sin futuro. Eso sí, te advierten desde sus medios de comunicación que hay que resignarse, agachar el lomo y pagar los exorbitantes gastos de la fiesta que ellos disfrutaron y a la que no fuiste invitado.

Para muestra vaya el primer botón, que como no podía ser de otra manera adorna las vestiduras de la Tribuna de Doctrina. Francisco Olivera en su nota del 04/12/2021 te lo dice sin eufemismos: “Llegó la hora de tragarse sapos”. Primero te encaja su lectura, siempre parcial e inclinada para el mismo lado, de la situación política. Y te cuenta que “en el Frente de Todos se desdibuja aquel proyecto de Máximo Kirchner para presidir el PJ bonaerense. La reconfiguración tiene sustento más arriba: es Cristina, la jefa, la que les concede a los líderes comunales un rol más relevante. Es cierto que el ingreso de Insaurralde en el gabinete de Kicillof fue una idea de ella, pero sometida a condicionamientos del de Lomas de Zamora”.

Si hay un poquito de memoria, o tiempo y paciencia para revisar antiguas ediciones del pasquín mitrista, encontraría que hasta hace muy poco tiempo la versión era otra. Cristina y sus delfines Máximo y Axel habían sido derrotados y como castigo, les habían metido por la ventana a Insaurralde y los intendentes. Ahora nos enteramos que la que introdujo a los barones del conurbano en los primeros puestos del gabinete bonaerense fue la propia reina maléfica. Que, según nos cuenta Olivera, tiene más problemas en ajustar a su hijo que al gobernador, porque “a Kicillof parece costarle menos disciplinarse que al Presidente. Es un militante leal. Además el resultado le permitió mejorar la relación de fuerzas en el Senado provincial, donde el oficialismo está 23 a 23 y donde se dirimen muchos asuntos que la política considera atractivos”.

Como es norma en las páginas de LA NACIÓN, cada vez que se habla de política se la asocia con otros intereses, generalmente poco claros o mejor dicho, bastante turbios. Asuntos atractivos, dice el columnista para insinuar acuerdos espurios que están a punto de celebrarse para ajustar las cosas en la provincia más poblada del país. Después se mete de lleno en la escena nacional. Para desmerecer un poco más al pobre Presidente, y desgastarlo frente a propios y extraños. “Anteayer, en la UIA, Alberto Fernández le exigió al FMI una revisión de las condiciones del préstamo otorgado a Macri, algo que el organismo tenía previsto por la naturaleza del acuerdo. Porque el trasfondo es otro: todos, incluidos los que critican, descuentan que habrá un entendimiento”. Frase que en buen criollo significa que todos saben que se viene el ajuste con el centro de la usura internacional. De ahí que haya que empezar a deglutir batracios.

Otros ajustes que deben efectuarse vienen encubiertos de una manera menos descarnada. Así, Sergio Suppo habla el 04/12/2021 de “La educación que los argentinos quisimos perder”. Tramposo título, porque es más que seguro que la inmensa mayoría de los argentinos no quiso, ni quiere, perder la educación. Sergio, el que no Suppo, reparte culpas a diestra y siniestra: “El hundimiento de la educación argentina no se explica por enfrentamientos políticos sino, al contrario, por el tácito acuerdo de no prestarle ninguna atención. Son décadas en descenso permanente”. No es cierto. Si tomamos los últimos cincuenta años, podemos ver que la educación sufre las consecuencias de las políticas neoliberales que fueron destruyendo el sistema público a través del desfinanciamiento, el abandono y hasta en muchas oportunidades, la persecución de docentes y estudiantes. De 1971 a 1973 había dictadura; de 1976 a 1983 otra todavía más sanguinaria; de 1989 a 2003 políticas neoliberales que despreciaban lo público y reducían al Estado a un mero papel de garante de los negociados de los sectores más concentrados de la economía, sirvientes de intereses que nunca fueron los de la patria. Y otra vez lo mismo de 2015 a 2019.

Tampoco es cierto que la educación esté hundida sin remedio, pero si no lo está es por el esfuerzo de docentes, no docentes, alumnos y estudiantes que no están dispuestos a permitirlo. El que no Suppo nos cuenta su versión de la historia, y dice que “Junto a la organización del Estado nacional y un consenso básico sobre el rumbo económico enfocado en las exportaciones agropecuarias, entre Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y el resto hubo un acuerdo implícito de que el desarrollo necesitaba inmigrantes como mano de obra y educación que anclara a los hijos de los nuevos argentinos a un futuro de progreso”.

Traduzcamos la frase. La organización del Estado nacional la hicieron exterminando las rebeldías del interior y a los pueblos originarios, a los que despojaron de sus tierras y a los que les impusieron una condena a la marginalidad perpetua. El rumbo económico consistió en la sumisión a una división internacional del trabajo, en aquellos días diseñada por el Reino Unido, que condenaba al país a ser productor de materias primas, sobre todo en el sector agropecuario, y a no desarrollar ni una industria pujante ni políticas públicas que protegieran a los pequeños y medianos productores. Los inmigrantes venían a reemplazar al gauchaje indómito y se los suponía ya educados en el sometimiento al modelo capitalista. Cuando comenzaron a divulgar las ideas del socialismo y el anarquismo, o bien se los expulsó gracias a la ley 4.144, llamada de residencia, que se dictó en 1902 a pedido de la Unión Industrial, o bien se los reprimió y asesinó como en la Semana Trágica de 1919 o en la Patagonia Rebelde de 1921, con el colofón del fusilamiento de Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó el primer día de febrero de 1931. La educación pública no creció precisamente a esas cosas sino pese a ellas.

Sigue el escriba diciendo que “Casi 150 años después de la ley 1420, es verificable en todos los muestreos que la escuela argentina dejó de permitir un principio igualador de oportunidades. A mayor pobreza, peores resultados. Ir a la escuela dejó de ser una chance de mejora; en el mejor de los casos, es un refugio para comer una vez al día”. El diagnóstico parece tener partes de razón, pero señalar dónde es peor la situación, sin hablar de las políticas que produjeron el crecimiento de la pobreza, es por lo menos esconder el dato de mayor relevancia. No es que los pobres solo acudan a las escuelas a comer, aunque sea cierto que en muchos casos esa es la única comida más o menos decente que reciben.

Suppo no llega a los extremos de María Eugenia Vidal, la ex bonaerense que excluía de las universidades a los pobres, pero está peligrosamente cerca. Porque indicar que “La verdadera grieta que fulmina el futuro del país es la enorme desproporción entre los poquísimos que reciben una educación aceptable y los millones de chicos que en el mejor de los casos terminan la educación media siendo completos ignorantes y totalmente incapaces para postularse para el trabajo más básico”, pero no analizar el por qué de esa situación, es arribar a conclusiones que son al menos cuestionables porque a más de rozar la estigmatización de un sector parecen condenar a la ignorancia y a la incapacidad a todo aquel que no accede a una educación privada, y desconocen los esfuerzos cotidianos de miles y miles de docentes y no docentes que en condiciones que distan mucho de ser las adecuadas se las ingenian para educar a esos millones de chicos.

Pero volvamos al ajuste en su versión más común. Dice Martín Rodríguez Yebra el 04/12/2021 que el gobierno enfrenta “La misión imposible de ajustar sin que se note”. Ya desde el título el escriba viene marcando la cancha. Hay que ajustar sí o sí, y en todo caso el gobierno tendrá que hacerlo del modo menos notorio. Cosa que, aclaremos, no está en las previsiones de Rodríguez Yebra, para quien “Alberto Fernández llega dos años tarde al punto de inicio de su gobierno. Una pandemia después, con su palabra devaluada y la coalición peronista casi sin energía para disimular sus múltiples recelos se le vienen encima los problemas que adquirió con el cargo de Presidente: trazar un programa de orden económico avalado por la comunidad internacional y edificar un liderazgo con cierta autonomía respecto de la figura todopoderosa que lo propuso para gobernar”. En otras palabras, Alberto es un inútil que debió someterse a los designios de los usureros internacionales hace dos años y que no supo desligarse de la perversa influencia de Cristina. Pecados en los que incurrió por el que arrastra de origen: es peronista.

Por las dudas, hay que advertir que todavía existen quienes no se resignan. No sea cosa que terminen por convencer a otros. “El coqueteo con el desastre es un juego siempre atractivo. Los camporistas actúan en silencio mientras alientan el alto perfil de kirchneristas extremos como Amado Boudou y Hebe de Bonafini, convertidos en militantes contra ‘la rendición’ ante las grandes potencias. Al ex vicepresidente condenado por corrupción La Cámpora le regaló el nombre de una unidad básica en La Paternal para potenciar su línea interna, Soberanxs. Juan Grabois es otro referente que agita la rebeldía y amenaza con el voto negativo a un eventual acuerdo de los dos diputados nacionales que le responden”.

¿Kirchneristas extremos? ¿Está LA NACIÓN preparando el terreno para acusar de cualquier cosa a los sectores que se oponen al ajuste? Así empiezan siempre las represiones violentas, por la identificación de un grupo como extremo. Sobran ejemplos en la historia argentina.

Otra cosa es la advertencia para otros grupos, por ahora en situaciones distintas. “A los sindicalistas que recibieron al ministro de Economía les quedó en claro que el proyecto de acuerdo incluirá medidas respecto de las jubilaciones y alguna noción -aunque disimulada- de cambios en la legislación laboral. No hay dudas de que deberá establecer un camino para llegar al equilibrio fiscal (no más allá de 2024) y para reducir la brecha cambiaria, algo que históricamente se alcanzó con devaluaciones del peso”. Ahí está el programa. Que lo sepa la CGT, y que no se le ocurra quejarse. Castigar a los jubilados, quitar derechos a los trabajadores, que el Estado no intervenga, y devaluar la moneda.

Por si las moscas, advertencia para los opositores. Que cierren filas ordenadamente para que el ajuste se establezca sin mayores turbulencias. Aunque la figura del espía dormilón se deteriore un poco en el proceso. “La oposición de Juntos por el Cambio, entretenida en sus riñas por migajas de poder, insiste en que no anticipará ningún aval a las negociaciones hasta ver por escrito a qué se compromete el Gobierno. ‘Cuando Georgieva pide amplio apoyo interno no nos habla a nosotros, les está diciendo a ellos que se comprometan a cumplir’, opina un dirigente de la primera línea del Pro. Saben, de todos modos, que el debate los expondrá a discutir el programa sin éxito que condenó a Macri a perder el poder”. Si hay que sacrificar al fana de Netflix, es un precio menor.

Lo que no es menor es el ajuste que propone Joaquín Morales Solá el 04/12/2021, cuando habla de “Los daños de una bomba nuclear”. El objeto de la atención del cronista del Operativo Independencia que instaló el terrorismo de Estado en Tucumán, allá por 1975, es la situación del Poder Judicial. Porque las causas inventadas contra Cristina Fernández de Kirchner se van cayendo a pedazos. Morales estalla: “El sobreseimiento sin juicio previo de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por el delito de lavado de dinero en hoteles y edificios de la familia de la vicepresidenta metió a la Justicia en un escándalo judicial, político y moral”.

Joaquín debe creer que sus lectores carecen por completo de todo rastro de inteligencia. Porque, ¿qué fueron todos los trámites realizados ante distintas instancias judiciales en estos años sino un juicio? Que nunca debió haberse realizado, es cierto, porque entre otras cosas las conductas que se atribuían a los imputados en esta causa ya habían sido objeto de otros juicios sin que se les pudiera adjudicar la comisión de algún ilícito. En lugar de señalar que el escándalo es que se haya perdido tanto tiempo para llegar a una resolución que debió adoptarse de medida, Morales prefiere seguir confundiendo a los Tribunales con la Justicia, mezclar lo judicial con la política y hasta se atreve a hablar de moral, algo por lo general ajeno a las columnas de la Tribuna de Doctrina. Y miente sin problemas: “Un tribunal oral que sobreseyó sin escuchar a la acusación, a los testigos y a la defensa, y que no se tomó ni siquiera el trabajo de ver la totalidad de las pruebas que se exhiben en un juicio público. Tal es el tamaño del escándalo judicial, político y moral en que esos dos jueces metieron a toda la Justicia”. Para que un expediente llegue a un Tribunal Oral es preciso que la acusación diga por qué tiene que arribar a esa instancia. Eso es la acusación. Los testigos han declarado a lo largo de la instrucción de la causa, y por cierto que la defensa fue escuchada. Y dale con el escándalo…

Lo que sigue es el ajuste que Morales Solá, seguramente en nombre de sus patrones, transmite a los Tribunales. Esto es lo que hay que hacer según Joaquín: “La primera certeza: Petrone no se moverá del lugar donde está por decisión de la mayoría de los jueces de la decisiva Cámara de Casación. La sala que integra Petrone tiene en sus manos la revisión final de las causas Hotesur y Los Sauces y la de los cuadernos, iniciada luego de una investigación del periodista Diego Cabot sobre el pormenorizado relato del chofer Oscar Centeno, que llevaba y traía a los funcionarios kirchneristas que cobraban sobornos de empresarios”. Que para el pasquín de los Mitre-Saguier sea ese juez y no otro el que deba intervenir al menos provoca suspicacias, ¿por qué tanto interés en que Petrone quede en su Sala y no ocupe la presidencia de la Cámara de Casación?.

Pero las instrucciones siguen. “Descartado Petrone, y según el sistema de rotación, debería reemplazar a Hornos el juez Alejandro Slokar, un miembro de Justicia Legítima, discípulo del pensamiento garantista de Eugenio Zaffaroni”. Atención: que no se les ocurra designar al que corresponde. No señores. “El presidente de la Cámara de Casación es la figura más importante de la Justicia Federal Penal del país. Puede ser considerado un cargo simbólico, pero también sería simbólicamente inapropiado que un representante de Justicia Legítima ascendiera a semejante pedestal en la Justicia, justo después de la pornográfica decisión de Obligado y Grünberg”. Nadie que no represente los intereses de la derecha puede ocupar cargo alguno en el sistema de administración de justicia. Porque lo que se busca no es cumplir con esa misión sino garantizar que los intereses de esa derecha sean protegidos por jueces que están muy lejos de administrar justicia.

Ahora viene un adelanto de los que suele dar LA NACIÓN, que se parecen tanto a una indicación de qué es lo que debe decir un fallo, para que los jueces no se equivoquen: “La otra consecuencia fue la decisión unánime de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura. Los cuatro jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) tomaron esa decisión, que podría conocerse antes de que finalice diciembre”. Si la decisión todavía no se conoce, ¿cómo es que Morales Solá ya la conoce? La difusión anticipada debería bastar para que cualquier resolución en ese sentido sea impugnada y privada de validez. Claro que eso sería en un país en donde los Tribunales cumplieran con su tarea. Lo que le están ordenando a la Corte es que tire abajo la ley que desde 2006 ordena la integración del Consejo de la Magistratura, que según el escriba es culpa, cuándo no, de Cristina.

“Fue una idea inconstitucional desde el principio y así la calificó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que en el acto hizo una denuncia en la Justicia”. Aclaremos. El artículo 114 de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma de 1994, dice que “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”. En ninguna parte dice que todos los integrantes deban ser abogados. Sin embargo, hubo fallos de algunos tribunales que sí lo dijeron. Tampoco dice cómo debe ser la elección de los integrantes, cuestión que delega en la ley pertinente. Pero otros fallos impidieron que la ley estableciera que la elección debía hacerse en comicios generales.

Que uno sepa, ni Morales Solá ni ninguno de los columnistas de LA  NACIÓN se quejaron de que los fallos dijeran lo que la Constitución no dice. Y el Colegio de Abogados al que siempre recurre el pasquín fundado por Mitre no es por cierto el Colegio Público en el que debe matricularse todo abogado que quiera ejercer la profesión en la ciudad de Buenos Aires, sino una asociación privada, que nuclea a los abogados de la derecha más conservadora y reaccionaria.

Cuando la reforma de 1994 incluyó al Consejo de la Magistratura en el nuevo texto constitucional, lo hizo con la esperanza de corregir por esa vía la falta de intervención popular en lo atinente a la selección de magistrados y su posible juzgamiento. Porque de los tres poderes que se reparten las funciones del Estado, el Judicial es el único que no está sometido al escrutinio popular que se ejerce mediante el voto. Si las leyes que se sancionaron para organizarlo cumplieron o no con esas expectativas, es otra cosa. Lo que es claro es que cualquier ajuste que se haga, debe buscar lo justo y recto y no, como le gustaría a los seguidores de don Bartolo, mezquino y miserable.

 

«Contra Mitre», columna editorial del Dr. Luis Alen, Director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la UNLa.