El millón de manifestantes reunidos el lunes en La Paz demostró que la movilización unitaria del pueblo es un recurso al cual se debe acudir sin miedo para frenar a derechas golpistas.

LA MARCHA POR LA PATRIA EN LA PAZ, UN HITO DEMOCRÁTICO CONTINENTAL

Por Eduardo J. Vior

Más de un millón de personas se reunieron el lunes 29 en la histórica plaza de San Francisco, en la ciudad de La Paz, para recibir a los marchantes que durante siete días caminaron desde Caracollo, en el Departamento de Oruro, hasta  la sede gubernamental.

 

 

Por Eduardo J. Vior

TELAM

01-12-2021

Evo Morales y el presidente Luis Arce encabezaron la Marcha por la Patria.

Si a mí me hicieron un gol, que no se lo hagan a Lucho”, convocó Evo Morales el domingo pasado en una de las últimas paradas de la gigantesca Marcha por la Patria que terminó este lunes 29 celebrando en La Paz un acto con más de un millón de concurrentes (el 10% de la población total de Bolivia). La gigantesca y pacífica demostración de fuerza sirvió como advertencia a los golpistas, para que no se atrevan a repetir la aventura de 2019. El recurso a la movilización unitaria del pueblo rebalsa el juego institucional y pone la discusión en sus verdaderos términos: o democracia o dictadura. Pero es un recurso a veces necesario que ningún gobierno democrático debe temer.

Más de un millón de personas se reunieron el lunes 29 en la histórica plaza de San Francisco, en la ciudad de La Paz, para recibir a los marchantes que durante siete días caminaron desde Caracollo, en el Departamento de Oruro, hasta  la sede gubernamental. La movilización recorrió más de 168 kilómetros con descansos en las localidades de Panduro, Lahuachaca, Patacamaya, Ayo Ayo, Calamarca y Achica Arriba, antes de llegar a la ciudad de El Alto y luego a la urbe paceña.

La histórica marcha congregó a varones y mujeres de todas las edades de los nueve departamentos, en especial a jóvenes que en varios tramos del camino optaron por trotar para apresurar su ritmo. La caminata fue recibida este lunes a la mañana en El Alto por el presidente Arce quien se sumó a la manifestación en su tramo final hacia La Paz. Lo acompañaban, entre otros, el embajador argentino Ariel Basteiro, y el de Nicaragua, Elías Chávez. Mientras el grueso de la caminata descendía al centro paceño, otras marchas convergían desde los Yungas (la región selvática pericordillerana del Departamento de La Paz) y desde las comunidades de Chicani y adyacentes.

Ya en la céntrica plaza de San Francisco el mandatario pronunció el discurso central ante la histórica reunión. “Nos sentimos respaldados, nos sentimos fuertes con ustedes, porque nosotros tenemos mucho por hacer. En octubre del año pasado el pueblo votó por recuperar la salud, la educación, la economía y ustedes saben que lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo su mandato hermanas, hermanos, y lo más importante que la derecha empieza a tener miedo que estamos recuperando la economía para todos y todas hermanos, hermanas”, manifestó.

Desde el 8 de noviembre de 2021, día en el que Luis Arce cumplió un año en el gobierno, sectores de oposición, sobre todo comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, impulsaron un paro cívico para aplicar medidas de violencia y desinformación. Las acciones de desestabilización duraron nueve días y dejaron un fallecido en Potosí.

La Marcha por la Patria en La Paz reunió a más de un millón de personas.

Esa situación provocó que las organizaciones sociales se unieran bajo el liderazgo de Evo Morales y organizaran esta marcha. La movilización contó con la participación de diplomáticos, autoridades nacionales, militantes del MAS, la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), además de juntas vecinales, gremiales, cocaleros y mineros cooperativistas, entre otros.

Heredero de una profunda crisis económica, social, política y sanitaria dejada por el régimen de facto de Jeanine Áñez (noviembre de 2019-octubre de 2020), el actual ejecutivo impulsó proyectos y transformaciones en todos los sectores. La primera promesa cumplida por Lucho Arce fue el pago del Bono Contra el Hambre. Datos oficiales reflejan que entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, 4.035.773 personas recibieron este beneficio, cuyo costo total ascendió a 4.036 millones de bolivianos (más de 576 millones de dólares). Por su parte, desde el primer momento la derecha buscó deslegitimar al gobierno y desestabilizar el país. Así sucedió recientemente con la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y con el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fueron utilizadas como excusas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para convocar paros empresarios con movilizaciones violentas. Entonces, la primera de estas normas fue abrogada y el proyecto retirado para “no dar lugar a confrontaciones entre bolivianos”, según declaró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Con la derogación de la Ley 1386 el gobierno logró desactivar la tensión tras casi 10 días de protesta protagonizada por una circunstancial alianza entre el movimiento cívico y varios sectores de la economía informal. Aunque la correlación de fuerzas no se reveló en toda su magnitud, la crisis permitió vislumbrar algunos de los elementos de la estrategia de la élite agroempresarial boliviana y sus principales aliados, quienes apuntan a impedir que el gobierno concluya su gestión.

Muestra de ello son el anunció de que después de las Fiestas se continuaría peleando desde el Comité Cívico Potosinista o la “Marcha de la Paceñidad”, con participación del alcalde Iván Arias y asambleístas opositores que pidieron a gritos la renuncia del presidente Arce. De la misma forma, el asedio por parte de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que sufrió el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por suspender el paro en contra del gobierno después de que se abrogara la ley referida, reflejó la radicalización antimasista de muchos opositores.

“Si a mí me hicieron un gol, que no se lo hagan a Lucho”, convocó Evo Morales (Foto AFP)

 

Pese a la agitación antigubernamental, según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), más de la mitad de la población boliviana (55 por ciento) valora positivamente la gestión del presidente. El estudio fue realizado entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre en los nueve departamentos del país con representatividad urbana y rural. De acuerdo con el sondeo, la imagen del jefe de Estado tiene una valoración positiva del 47 por ciento. Este guarismo se explica en gran medida por la confianza para resolver la situación económica de la que goza entre la ciudadanía: el 62 por ciento confía en que con Arce la economía mejorará en el corto y mediano plazo. En tanto, seis de cada 10 entrevistados adjudican un rol negativo al gobernador de Santa Cruz, por generar división en el pueblo boliviano (44 por ciento) o buscar desestabilizar al ejecutivo (16 por ciento), subrayó el Celag.

La Marcha por la Patria expresó una gigantesca reafirmación del masivo apoyo popular al gobierno de Luis Arce y un repudio contra la agitación violenta de la derecha. Ahora, las maniobras desestabilizadoras no van a cesar, pero deberán tener en cuenta la potencia de la resistencia popular. Probablemente jueguen a dividir y a crear inseguridad, especialmente económica, mediante el sabotaje y el acaparamiento de bienes esenciales. Por ello es tan importante que el movimiento popular, obrero, indígena y campesino de Bolivia consolide su recién recuperada unidad en una organización fuerte.

En América Latina la mayoría de las derechas no es democrática, porque representan poderes corporativos concentrados. Por lo tanto, tienden a sabotear los procesos democráticos, a obstruirlos y a recurrir a la ayuda de EE.UU. para usurpar el poder. Sólo acceden al gobierno por el voto, cuando los movimientos populares se dividen. Por ello, los gobiernos democráticos no deben temer cada tanto renovar en las calles el pacto cívico con sus votantes.

*Dr. en Ciencias Sociales y analista internacional