Desde su creación, la Policía de la Ciudad mató a dos personas por mes.

POLICÍA PORTEÑA: BREVE HISTORIA CRIMINAL DE LA TROPA DE MACRI & RODRÍGUEZ LARRETA

Por Juan José Salinas

Para apreciar debidamente la gravedad del asesinato de Lucas González en momentos en que la maldita policía de Horacio Rodríguez Larreta, Santilli & Co. cumplía 5 años, nada mejor que esta serie de tres notas de Ricardo Ragendorfer. La actuación de la Policía de la Ciudad, dista años luz de ser ejemplar

 

 

 

 

Por Juan José Salinas

Pájaro Rojo

24/11/2021

Texto y contexto. Para apreciar debidamente la gravedad del asesinato de Lucas González en momentos en que la maldita policía de Horacio Rodríguez Larreta, Santilli & Co. cumplía 5 años, nada mejor que esta serie de tres notas de Ricardo Ragendorfer. Por cierto,  me chocó que comparara a la mazorca de Rosas con esta policía repleta de émulos de Sandes, Paunero y otros asesinos mitristas. Y es que a veces, la imbecilidad reaccionaria de muchos porteños (y suburbanos que se afincan en la ciudad a los que les gustaría que hubiera murallas para impedirles el paso a sus antiguos vecinos) me producen tanta violencia que sueño con aquellas viejas épocas en las que desfiles por la ciudad (básicamente, San Telmo, Montserrat y San Nicolás) de mazorqueros, negros candomberos, indios amigos y otros orilleros bastaban para hacer entrar en razones a acojonados unitarios aliados al extranjero, lomos negros y otros descarriados. No fui el único. El lector Remo Pinat le reprochó que la comparación debió haberse hecho con el sicariato unitario. “Me sonó como si hubiera escrito “los montoneros de Macri” o “la jotaperra de Rodríguez Larreta”. ¿No hubiera sido mejor escribir “Los marines de Macri” o algo parecido?”, explicó. A lo que Ragendorfer contestó socarrón que “Mazorca en este caso tiene una significancia irónica. Lamento haber herido su sensibilidad, pero no quise poner en tela de juicio la figura del insigne Juan Manuel de Rosas”.

Se publican tres notas, la primera para la agencia Télam, la segunda para Tiempo Argentino y la tercera, más completa, para la revista Contraeditorial. La actuación de la Policía de la Ciudad podría justificar por su sola una intervención federal de la ciudad. Algo que no sucederá entre otros muchos motivos porque las policías provinciales, unas con más enjundia y otras con menos, distan años luz de ser ejemplares.

Pájaro Rojo cree que la ínfulas de status provincial de la City son absurdas; que la Capital Federal está por encima de una intendencia por rica que sea, y que de todos los absurdos de esta situación (bien diagnosticada hace dos décadas por Antonio Cafiero), la peor es que el Presidente y sus ministros al cruzar la calle Balcarce ponen su vida en manos de una banda armada enemiga.

Es un pájaro rojo… punzó.

Cosecha roja

Un policía lanza gas pimienta a un feriante que regalaba verdura en Plaza Constitución.

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TÉLAM

“Es emocionante ver lo que se ha logrado en estos años”, tuiteó el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro mientras una patota sin uniforme de la Policía de la Ciudad hería de muerte a Lucas González. La siguiente es una recorrida por la historia de una fuerza obsesionada con la criminalización de la protesta y un control maníaco del espacio público, que desde su creación acumula un récord de 121 asesinatos.

“Es emocionante ver lo que se ha logrado en estos años”, tuiteó D’Alessandro.

Por razones de “fuerza mayor” –nunca mejor empleadas estas palabras–, el Gobierno porteño decidió suspender la cena de gala en el Teatro Colón por el quinto aniversario de la Policía de la Ciudad. Una lástima. Apenas unas horas antes, exactamente durante la mañana del 17 de noviembre, el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, había expresado su júbilo por semejante efeméride en su cuenta de Twitter. “Es emocionante ver lo que se ha logrado en estos años, y nada de ello sería posible sin la vocación y el profesionalismo de los hombres y mujeres que integran esta moderna Fuerza”.

En ese preciso instante, una patota de dicha mazorca, que se desplazaba sin uniforme en un vehículo no identificable, hería de muerte a balazos en una calle de Barracas a Lucas González de 17 años.

Enseguida se activaron los protocolos de rigor: describir el asunto como “una acción preventiva contra masculinos en actitud sospechosa” y plantar una pistola de plástico. Pero esta vez la mentira tuvo patas cortas.

Entonces, D’Alessandro y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta echaron mano al ya viejo argumento de las “ovejas negras, que inexorablemente serán depuradas por la propia institución”.

En este punto es necesario retroceder hacia los orígenes.

Corría el 5 de octubre de 2016 en el playón del Instituto Superior de Seguridad Pública, de Villa Lugano. Allí se desarrollaba la presentación de la Policía de la Ciudad –fruto del ensamble de la Metropolitana con el sector de la Federal absorbido por el gobierno porteño–, y Rodríguez Larreta sonreía de oreja a oreja. Pero aquel evento –en el cual fue exhibida una muestra vehicular de la fuerza naciente– se malogró al descubrirse que la estrella de su flota, un espectacular helicóptero, era en realidad una unidad del SAME ploteada a las apuradas para la ocasión. El fracaso de ese acto de ilusionismo anticipó otras desventuras más ominosas.

Desde su creación, la Policía de la Ciudad mató a dos personas por mes.

A diferencia del resto de las agencias de seguridad del país, la Policía de la Ciudad es una suerte de milicia partidaria, la milicia del PRO. Y como tal, su sentido operativo está cifrado en dos obsesiones –diríase– neoliberales: la criminalización de la protesta y un control maníaco del espacio público. Eso lo demostró a poco de nacer.

Para comprobarlo, bien vale repasar sus hitos operativos a comienzos de 2016, cuando sus jaurías debutaron en las calles; a saber: la emboscada con golpizas y detenciones arbitrarias a mujeres tras la marcha organizada el 8 de marzo por el colectivo Ni Una Menos; los palazos y tiros con proyectiles de goma a vecinos de La Boca que el 21 de marzo protestaban por la muerte de una mujer y graves heridas a otra durante una desaforada persecución de La Bonaerense a supuestos delincuentes; el ataque furibundo del 9 de abril a los docentes que armaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos y la intimidación del 21 de abril a estudiantes y profesores de la Escuela Normal Mariano Acosta por efectivos de la Comisaría 7ª.

A dicho panorama se le sumaba la realización sistemática de “controles poblacionales”, tal como ellos denominan las razzias en barriadas pobres; las vejaciones a niños indigentes que circulan en zonas urbanas vedadas para ellos por las leyes no escritas del apartheid; las detenciones callejeras de adultos jóvenes por razones lombrosianas, el despojo de mercaderías a manteros, y el hostigamiento permanente a inmigrantes, entre otras delicias. Una dialéctica de la “seguridad pública” como valor supremo que el macrismo supo imponer en la vida cotidiana con siniestra eficacia.

Tres meses antes de concluir el régimen de la alianza Cambiemos, el entonces vicejefe y ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, extrajo su cuchillo de claridades: “Queremos seguir mejorando la seguridad para cuidar más a los vecinos”.

Hablaba como si viviera en un mundo paralelo. Días antes un policía de la mazorca que dirige había matado a un peatón con una patada en el pecho.

Se sabe que durante la era macrista las “ejecuciones preventivas” fueron una cuestión de marketing. Por eso no fue extraño que los noticieros repitieran una y otra vez el video de ese crimen con la naturalidad de quien difunde las imágenes de una infracción futbolera. Bien a tono, el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, supo explicar al respecto: “Es el protocolo; el policía mantuvo la distancia con la pierna para evitar que el sospechoso genere algún daño”. El hecho cayó rápidamente al olvido.

En el lustro que tiene en la calle esta “moderna fuerza” (D’Alessandro dixit), sus efectivos mataron a dos personas por mes, cosechando así un record de 121 asesinatos. Una auténtica cosecha roja.

El evangelio de la seguridad urbana

¿Acaso los asesinos de Lucas González integraban una patrulla perdida de la última dictadura? Lo cierto es que el régimen macrista fue algo así como su continuación civil, y en la Ciudad de Buenos Aires aún no terminó.

En el aspecto punitivo, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue suplida por lo que se podría llamar el “Evangelio de la Seguridad Urbana”, una suerte de terrorismo de Estado arrabalero, aplicado sin distinción ni freno, siendo el eje de su naturaleza la criminalización de quienes no son criminales, y con sus consiguientes “correctivos”.

Por esa razón, el perfil de sus víctimas suele ser preciso: adolescentes que, por ejemplo, comparten una cerveza en alguna esquina, que les gusta la cumbia o el rock, que van a recitales y fuman porro. Pero no son criminales sino pibes de clase media baja, tal vez desertores del sistema educativo y con dificultades para conseguir empleo. Ellos son tomados como blanco preferido por la Policía de la Ciudad en nombre de un ejercicio algo heterodoxo de la “prevención del delito”. Eso incluye la práctica del “gatillo fácil”, que también se extiende hacia los menores excluidos y en conflicto con el Código Penal.

El macrismo jamás disimuló sus dos grandes obsesiones en materia de seguridad: el control casi maníaco del espacio público y el disciplinamiento social. Ya se sabe que esto último está enlazado con la represión política.

En los ciclos democráticos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se contabilizan oleadas represivas como la aplicación del Plan Conintes durante el gobierno de Arturo Frondizi y el accionar de la Triple A, junto a grupos policiales y militares, cuando María Estela Martínez de Perón ejercía la primera magistratura. Luego, una vez concluida la última dictadura, los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem no incurrieron en el abuso de la fuerza para sofocar expresiones y reclamos adversos a sus políticas, con la excepción de hechos desatados por gobiernos provinciales. Tampoco Néstor y Cristina Kirchner cayeron en semejante tentación. Pero sí Fernando De la Rúa con la matanza del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también Eduardo Duhalde con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Claro que mientras los dos primeros casos eran fruto de la espinosa doctrina de las “fronteras ideológicas”, los otros fueron reacciones agónicas de presidencias al borde del precipicio.

En cambio, con Mauricio Macri en la Casa Rosada se impuso un nuevo paradigma: el “Estado golpeador”. Algo cocinado originalmente al calor de las encuestas y los focus groups. Y con el propósito de poner en marcha medidas bestiales para así captar a los sectores cavernícolas del padrón electoral. Esa angurria impuso una vuelta de tuerca al asunto: la represión y el punitivismo por una cuestión de marketing. En ese marco, el “gatillo fácil” fue un recurso de lo más usual.

En materia de asesinatos policiales, tras la muerte de Lucas se viralizó una estadística conmocionante: durante su primer lustro de vida, la mazorca porteña cometió 121 homicidios en esa modalidad.

Pero desde una óptica global, el conteo es más aterrador: entre fines de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, el conjunto de las fuerzas de seguridad bajo el ala de Cambiemos asesinó en todo el país unas 1440 personas.

No hay ninguna duda de que el macrismo se debe a su público.

La Mazorca del macrismo

Durante un atardecer del ya remoto invierno de 2008, el entonces ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, conversaba con un periodista en su oficina de la avenida Patricios. Se ufanó de que La Metropolitana –por esos días en su fase inicial de gestación– estaría basada en el modelo de los Mossos d’Esquadra, nombre con el que se conoce a la policía autónoma de Cataluña. Cuando se le aclaró que la gran especialidad de esa fuerza era la persecución a indocumentados, el funcionario enarcó las cejas, y su respuesta fue: “Bueno, eso es lo que allá la gente pide”. Sinceridad brutal.

Mauricio Macri, quien por entonces atravesaba sus primeros meses de gestión en el Gobierno capitalino, estaba muy entusiasmado con la perspectiva de tener su propia fuerza de seguridad, un anhelo que cristalizó en febrero de 2010. Con un pequeño inconveniente: su procesamiento por el affaire del espionaje telefónico, articulado justamente desde esa mazorca cuando aún no había salido a las calles. Pero todo pasa. Tan es así que el 17 de noviembre de 2016, mientras Macri atravesaba sus primeros meses en el sillón de Rivadavia, supo concretar otro antojo punitivo: la Policía de la Ciudad, fruto de la fusión entre La Metropolitana y el sector de la Policía Federal absorbido por el Poder Ejecutivo porteño.

Jorge “Fino” Palacios.

En ambos casos, su factótum fue el comisario Jorge Palacios (a) “Fino”, primero como organizador y jefe inicial de La Metropolitana; después, como consiglieri de la milicia que ahora vigila la CABA. Pero desde la sombra, en virtud de su paso por la cárcel precisamente a raíz de aquel viejo escándalo de las escuchas. (ver aquí, la tortuosa relación entre el comisario y Mauricio Macri. N. del E.)

A tal efecto, el Fino (fallecido en marzo de 2020) no dudó en convocar a sus hombres de confianza, una patota de comisarios formateados al calor del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

Ellos son los que actualmente manejan la fuerza que acaba de asesinar en Barracas a Lucas González. Bien vale reparar en estos personajes.

Buenos muchachos

Corría el 5 de octubre de 2016 en el playón del Instituto Superior de Seguridad Pública, de Villa Lugano. Allí se desarrollaba la presentación de la Policía de la Ciudad, y Horacio Rodríguez Larreta sonreía de oreja a oreja. Pero aquel evento –en el cual fue exhibida una muestra vehicular de la fuerza naciente– se malogró al descubrirse que la estrella de su flota, un espectacular helicóptero, era en realidad una unidad del SAME ploteada a las apuradas para la ocasión. El fracaso de ese acto de ilusionismo anticipó otras desventuras. La peor, el arresto de su primer cabecilla, José Pedro Potocar, un comisario que venía de la Federal.

José Pedro Potocar.

Por lo pronto, el asunto que precipitó su desgracia –ser el presunto líder de una asociación ilícita abocada a cobrar coimas a comerciantes y trapitos en la jurisdicción de la comisaría 35ª– era casi una nimiedad frente al hecho de haber sido el responsable institucional y operativo de una fuerza de seguridad que en apenas 15 semanas de vida consumó los siguientes hitos: la emboscada con golpizas y detenciones arbitrarias a mujeres tras la marcha organizada el 8 de marzo de 2017 por el colectivo Ni Una Menos; el ataque con proyectiles de goma a vecinos de La Boca que el 21 de marzo protestaban por el asesinato de una mujer y graves heridas a otra durante una desaforada persecución de La Bonaerense a supuestos delincuentes dentro de la capital; el ataque furibundo del 9 de abril a los docentes que armaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los dos Congresos y la intimidación del 21 de abril a estudiantes y profesores de la Escuela Normal Mariano Acosta por efectivos de la Comisaría Vecinal 3A.

Durante la mañana del 25 de abril, el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, miraba televisión. De repente, una placa roja de Crónica interrumpió una tanda comercial. Así supo que Potocar, la esperanza blanca de su gestión, era llevado en ese preciso instante tras las rejas, después de presentar en el Palacio de Tribunales una declaración espontánea.

El súbito contratiempo hizo que la fuerza quedara a cargo del secretario D’Alessandro, un ex diputado del Frente Renovador que había encontrado en el PRO su lugar en el mundo. Pero carecía de formación policial. Por lo tanto fue otro federal, el ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Guillermo Calviño, quien desde la sombra sería el verdadero jefe.

Peña, Macri y Montenegro.

Claro que aquel tipo arrastraba algunas máculas. A saber: una causa por frenar el allanamiento en una financiera, y otra por proteger a subordinados suyos que habían plantado droga a dos motociclistas con fines extorsivos; también exhibía una denuncia por liberar la zona del asesinato de dos barras boquenses –Ángel Díaz y Marcelo Carnevale– en el marco de una violenta interna de “La 12”, a lo que se sumaba su procesamiento –impulsado por el mismísimo Ministerio de Seguridad de la Nación– por facilitar la fuga de otro barra de Boca, el célebre Maximiliano Oetinger, quien –alertado por Calviño– se habría esfumado de un paraavalanchas de la Bombonera justo cuando iba por él una brigada de la División Antisecuestros.

La trascendencia mediática de aquellas cuentas pendientes impidió la oficialización de sus funciones.

Su fantasmal jefatura duró hasta mediados de junio, cuando también fue citado por la Justicia por esa extorsión a comerciantes y trapitos.

Aquel día, vestido con jean y campera celeste de nylon, Calviño ingresó al Palacio de Tribunales por una entrada lateral. Lo acompañaba su abogado, puesto que debía prestar una declaración indagatoria.

Ya al mediodía de ese viernes la placa roja de Crónica interrumpió una tanda publicitaria para informar que el comisario era llevado tras las rejas. Y mostró una imagen de aquel hombre rubio y retacón que ahora cubría con la campera sus muñecas esposadas. El pobre Ocampo era nuevamente uno de los televidentes.

D´Alessandro y Guillermo Calviño.

Al ministro le costó recuperar la compostura; recién entonces lo llamó a Rodríguez Larreta para transmitirle la mala nueva, una información que ya corría entre la opinión pública como por un reguero de pólvora.

D’Alessandro había quedado pedaleando en el aire.

Recién a fin de año encontró un respiro, al ser puesto en la cúpula de la Policía de la Ciudad el comisionado Carlos Arturo Kevorkián.

Al igual que su afamado homónimo, el “Doctor Muerte” –así como la prensa internacional llamaba al médico estadounidense Jack Kevorkián, el rey del suicidio asistido–, él tampoco era un fanático de la vida ajena.

Eso lo supo en carne propia Fernando Blanco, de 17 años, quien dejó de existir por los golpes recibidos en un patrullero de la Policía Federal luego del partido entre Chacarita y Defensores de Belgrano disputado el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán. El operativo de seguridad estuvo al mando del comisario inspector Kevorkian. De esa jornada hay un video que lo muestra gritándole a los hinchas: “¡Te hago cagar a palos! ¿Cuál es el problema?”

Larreta junto a Carlos Arturo Kevorkián.

Al ser anunciada su designación, ese individuo macizo como un toro a pesar de tener 66 años, sonreía bajo su mirada torva y el cabello oscurecido con matizador. Lo secundaría el comisionado Gabriel Oscar Berard. Apenas unos días antes éste había encabezado la memorable represión en la Plaza de los Dos Congresos para apaciguar las protestas por la reforma previsional. Un verdadero festival del garrote.

Pero medio año después, Kevorkian dio un paso al costado. Su decisión fue sorpresiva y silenciosa. “Razones personales”, se dijo entonces. Algo casi normal a su edad. Sin embargo, no era exactamente así.

Averiguación de antecedentes  

Corría el 21 de junio cuando a Kevorkian le comunicaron una pésima noticia: el arresto de tres viejos camaradas de armas; entre ellos, Esteban Sanguinetti. Éste figuraba en el organigrama de la policía porteña como jefe de Ceremonial y Protocolo, un cargo simbólico ya que su situación era la de “adscripto”; es decir, cobraba el salario sin cumplir ninguna función. Lo grave del asunto es que aquel trío estaba acusado por un delito de lesa humanidad: el asesinato de tres militantes montoneros durante un operativo “antisubversivo” efectuado el 19 de abril de 1977 en un departamento de la calle Bacacay 2215 por cuenta de la Superintendencia de Seguridad Federal.

¿Acaso Kevorkian imaginó entonces que el arresto de su amigo sería el prolegómeno del fin de su carrera?

Porque él, desde que egresó en 1970 de la Escuela Ramón Falcón, supo transitar en patrullero dos dictaduras (la de Onganía, Levingston y Lanusse y la de Videla, Viola, Galtieri).

De modo que en sus años mozos integró la temible Superintendencia de Seguridad Federal, la élite policíaca más destacada del país durante el imperio del terrorismo de Estado. Y bajo las órdenes del comisario Juan Lapuyole –un alfil del general Albano Harguindeguy–, quien –junto a Carlos Gallone y Miguel Ángel Timarchi– dirigía el Grupo de Tareas 2 (GT2) que operaba bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Allí el joven Kevorkian hizo amistad con otro sabueso de fuste: el oficial Jorge “Fino” Palacios. Fueron inseparables. Tanto es así que desarrollaron sus aptitudes investigativas en la sede de dicha división, situada en el sombrío edificio de la calle Moreno 1417. Es de suponer que ambos hayan conocido los rincones más recónditos de aquel lugar de nueve plantas. Desde la primavera de 1975, en el tercer piso funcionó el cuartel general del GT2. Y su delegado militar, el teniente coronel Alejandro Agustin “El Gato” Arias Duval –que murió condenado por sus crímenes–, solía atravesar los mismos pasillos que esos dos jóvenes policías. Al tiempo, entre el quinto y el séptimo piso se habilitó un centro clandestino de detención por el cual pasarían unas 800 víctimas del régimen. En esa edificación no había efectivo o empleado civil que ignorara las actividades que se realizaban allí. Máxime cuando el acceso de vehículos que transportaban a ciudadanos secuestrados se hacía a través de un patio descubierto con entrada por la calle Moreno. Desde tal sitio, atravesando oficinas y guardias, se llegaba a la zona de detención.

Carlos Arturo Kervorkian

Todavía se ignora el área donde Kevorkián se desempeñó durante su permanencia en la Superintendencia de Seguridad Federal ni se sabe cuáles fueron sus tareas. Pero hay que reconocer que sobre él no hay denuncias por crímenes cometidos en la dictadura ni testimonios de sobrevivientes que lo incriminen. Sin embargo, por alguna razón, los detalles de aquel segmento de su historial permanecían guardados bajo siete llaves.

Aún así, después del encarcelamiento de Sanguinetti, los organismos de derechos humanos habían pedido su legajo para revisar los servicios policiales que prestó entre 1970 y 1983. Y antes de que el agua llegara al río apuró su retiro, de común acuerdo con Ocampo. Tales fueron las “razones personales” de su renuncia. Ello ocurrió el 17 de agosto de 2018.

Ocampo, a su vez, fue eyectado del ministerio en noviembre de ese año, tras el desafortunado operativo de seguridad en el Monumental con motivo de la final entre River y Boca. Desde entonces, Santilli alternó su condición de vicejefe del Gobierno con la jefatura del Ministerio de Seguridad. Hasta dar un paso al costado por su candidatura bonaerense. Fue en esas circunstancias cuando D’Alessandro alcanzó su tan ansiado conchabo de ministro, secundado por el comisario Berard –otro “pollo” de Palacios, quien inició su carrera policial en el tramo final de la última dictadura.

En estos días se lo pudo ver con su jefe político, farfullando excusas por el asesinato del pibe Lucas.