El redactor dela Constitución de 1949 y los derechos sociales como derechos de justicia

OTRO PENSADOR ARGENTINO: ARTURO SAMPAY

Por Ana Jaramillo*

«Las oligarquías establecen un sistema educativo que le permite detentar la exclusividad de la cultura, abrigando la íntima convicción de que la elevación intelectual del pueblo engendra la rebeldía contra la Constitución que han impuesto».

“Donde existe una necesidad nace un derecho”
Evita

“Hay un sistema educativo apropiado a cada Constitución.

Porque las oligarquías establecen un sistema educativo que le permite detentar la exclusividad de la cultura, puesto que abriga la íntima convicción de que la elevación intelectual de los sectores populares engendra la rebeldía contra la Constitución que ella ha impuesto.

En vez, para desenvolver y afianzar la Constitución democrática, los sectores populares exigen que la educación, en la totalidad de su desarrollo, sea una de las funciones públicas de absoluta prioridad”.

Arturo Sampay

 

Por Ana Jaramillo

MEGAFON / UNLa

24/11/2021

Los derechos del hombre se declararon en el siglo XVIII.

Dos siglos después, el 10 de diciembre de 1948 se sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tres meses después, en la Argentina, el 11 de marzo de 1949, durante el primer gobierno peronista se sancionó una nueva Constitución Nacional.

Son hitos en la historia universal y de nuestro país que buscaban proteger y promover los derechos individuales y colectivos del hombre.

Sin embargo, la Carta Magna de 1949 fue derogada por el dictador Pedro E. Aramburu en abril de 1956 mediante un decreto que establecía “declarar vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y exclusión de la 1949”. Se volvía casi un siglo atrás desconociendo derechos conquistados por el pueblo argentino.

Durante la dictadura que sobrevino después del golpe militar de 1955, que derrocó al gobierno de Juan D. Perón, se convocó en 1957 a una Convención Constituyente con la proscripción del peronismo y sin el funcionamiento del Congreso Nacional, que terminó avalando la reposición de la Constitución de 1853 con pequeñas modificaciones.

La Constitución de 1949 sigue siendo una de las primeras Constituciones que no solo sancionaba todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que iba más allá, instaurando derechos sociales y de justicia como se denominan actualmente, en la edad de los derechos al decir de Bobbio 1 .

Fallecido en 1977, Sampay no vio el desarrollo de la última dictadura genocida y sus consecuencias al imponer sin límites el modelo neoliberal en todos los aspectos de la sociedad, la cultura y la economía argentina.

Para ello, no solo desaparecieron los libros, sino también eliminaron a muchos de los autores que plantearon un modelo para una democracia con justicia social.

A fuerza de terror y genocidio se violentaron las instituciones democráticas y con ellas todos los derechos humanos, sociales, políticos, jurídicos, culturales y económicos contemplados en la Constitución de 1949.

En dicha Constitución ya se establecía: el derecho a la seguridad social; los derechos para la ancianidad que implicaban el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la salud moral y al esparcimiento; el derecho al trabajo, el derecho a la tranquilidad, el derecho al respeto; el derecho de trabajar y el derecho a la
defensa de los intereses profesionales; el derecho a la preservación de la salud; el derecho al bienestar; los derechos a la educación y la cultura gratuita que implicaban que el Estado crearía escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias, protegería y fomentaría el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes y el Estado aseguraba a los
alumnos capaces y meritorios el derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción asegurando el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias que se conferirían por concurso entre los alumnos de todas las escuelas.

Norberto Bobbio entiende que los derechos sociales fundamentales son “presupuesto y precondición del efectivo ejercicio de los derechos de libertad”.

Sostiene que los derechos sociales “son derechos de libertad” porque “constituyen la premisa indispensable para asegurar a todos los ciudadanos el disfrute efectivo de las libertades políticas”.

Los derechos de libertad, para él, se refieren a la persona moral, mientras que los derechos sociales se refieren a la persona social.

Dichos derechos fueron recientemente denominados como “derechos de justicia” por el constitucionalista Gustavo Zagrebelsky, para quien la democracia tiene por fundamento el reconocimiento de los derechos de libertad y como complemento natural el reconocimiento de los derechos sociales o de justicia, ya que después de la segunda guerra, dando por sentados los derechos de la
libertad, se pasó de la democracia liberal a la democracia social.

Para él, se pueden distinguir los grados de democracia de acuerdo a la mayor o menor distancia real de los ideales democráticos, que son la eliminación de la violencia política, la protección de la libertad y el desarrollo cada vez más amplio de los derechos sociales o de justicia.

Todo ello depende y se diferencia asimismo por razones históricas, sociales, económicas y políticas en los distintos pueblos.

Sin embargo, la historicidad de las organizaciones sociales y su diversidad cultural en los diferentes países, modifican no solo la concepción del ejercicio del poder, sino de la armonía posible entre los ideales de libertad e igualdad en los procesos de transformación permanentes de la realidad social.

El poder del pueblo o la democracia en la antigua Grecia se sostenía sobre la esclavitud.

Aún hoy en varios países europeos la democracia convive con la monarquía, donde el poder se transmite por sangre azul.

Nada de ello sucede en Nuestra América, que día a día avanza en la edad de los derechos, que pretenden acompañar los cambios en la moral social general, estableciendo y promoviendo nuevos derechos para todos los ciudadanos en la búsqueda de la ecuación ideal entre libertad e igualdad.

Uno de los autores que no se enseñaron en las aulas universitarias fue precisamente Arturo Sampay. Lamentablemente, Sampay no pudo asistir a la conformación de nuevas sociedades y constituciones democráticas a partir de 2003, cuando comenzó el nuevo modelo que se iba extendiendo a lo largo de toda América Latina.

Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, fueron sucesiva y espasmódicamente uniéndose para amalgamar lo que los imperios habían desunido desde la propia independencia.

Para Sampay, “es corriente que las Constituciones sean elásticas” 2 , ya que la idea de justicia de las normas, así como la relación que ellas pretenden reglamentar, se determinan en forma genérica.

La elasticidad permite que la esencia constitucional se vaya transformando en cantidad y calidad de acuerdo a las modificaciones en las relaciones sociales.

Eso permite que la Constitución no se modifique nominalmente sino que sea una Constitución viviente o una living constitution como expresan los juristas norteamericanos. 3

Concluye Sampay que la idea de justicia política “es la idea directriz que debe orientar la interpretación y la valorización de las normas del derecho público” 4 .

Y el jurista desde la antigüedad se encuentra en el dilema de ser el defensor de los privilegios adquiridos interpretando acotadamente la voluntad del legislador o ser un “factor impulsante del progreso de la justicia” 5 .

No sabemos qué diría ahora, pero efectivizar para todos tres siglos después los derechos del hombre, sigue escandalizando a los privilegiados aún existentes en los regímenes democráticos.

Son los derechos de justicia en la edad de los derechos y el pueblo ya sabe que los conquistó, tiene plena conciencia de ello y
no se los dejará arrebatar.

El rol de la educación según Sampay

5 Sampay reconoce que la reforma constitucional de 1949 no organizó el predominio y el ejercicio del poder político de los sectores populares, según su parecer, por la confianza de los mismos en la conducción de Perón y por el cuidado del presidente para que no se formara un poder real de esos sectores coadyuvante del gobierno legal.

Por dicha razón, ganaron nuevamente los antagonistas de los sectores populares y regresaron a la Constitución de 1853.

En su libro Constitución y pueblo, citando a Santo Tomás de Aquino que explicó las causas de la injusticia social, sostiene que la corrupción de la justicia tiene dos causas: “la astucia del sapiente, que falsifica el recto enjuiciamiento, y la violencia de los poderosos, que subvierte lo que es justo”.

En 1974 afirma que la Constitución va a cambiar y que ha de dictarse una “nueva Constitución escrita que estructure el predominio político de los sectores populares y ordene la actividad y el uso de los bienes sociales con miras a establecer la justicia”.

Respetando y promoviendo los derechos humanos de la Declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, y estimulando la libertad creadora del pueblo, propone que la nueva Constitución para la educación debe:

  • 1. Utilizar planificadamente todos los recursos sociales destinados a la educación –los del Estado federal, provincias, municipios e institutos privados– a fin de obtener de inmediato que en todas las regiones del país sus habitantes completen sus estudios primarios, y también obtener, en breve plazo, que como mínimo cursen los estudios secundarios.
  • 2. Fundar universidades y modernizar las que haya, en las distintas regiones del país, orientando la formación profesional y las investigaciones científico-técnicas a las necesidades socioeconómicas de las distintas regiones.
  • 3. Transformar a las academias en entidades del Estado y asignarles como función las investigaciones científicas de alto nivel.

Lamentablemente, otra vez los poderosos se hicieron cargo de que dicha reforma no sucediera y con la dictadura más cruenta y genocida de la historia, no les hizo falta ninguna norma para implementar el modelo neoliberal como nunca antes, al servicio de los sectores más poderosos.

Sampay no estuvo presente para intervenir en la reforma constitucional de 1994 ni para asistir a la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.

Lamentablemente tampoco pudo asistir a la creación de universidades en los lugares más carenciados del país que juegan el rol que era imprescindible para la revolución de nuestro tiempo.

En el libro La Argentina en la revolución de nuestro tiempo, en el capítulo dedicado a la educación y a los estudiantes universitarios, Sampay sostiene que la educación plantea fundamentalmente un ideal de vida, y que “el ideal de vida lo da la filosofía, porque a este saber radical le incumbe revelar qué es la persona humana y cuál es su puesto en el cosmos, para comprender consecuentemente en qué consiste su plena perfección, su felicidad y cómo obrar para alcanzarla”. 6

Claramente señala Sampay que para poder desarrollarse como ser racional, y solazarse en la búsqueda y el amor a la verdad, el hombre debe tener satisfechas sus necesidades materiales, pero no se debe frenar la necesidad de conocer y transformar las cosas.

Es necesario “ligar la educación a la producción”, en tanto la educación debe situar a los estudiantes en la revolución de nuestro tiempo, en nuestro país y en la región, así como la realidad geoeconómica y cultural:

“la calidad de las relaciones económicas que unen a su nación con el resto del mundo; el sentido que debe imprimírsele a la evolución de su comunidad.

Pues en esta deberá ser el óptimo productor moderno, y un esclarecido participante de su democracia, si es que quiere lograr las
condiciones de vida social que le hagan posible la obtención más completa y más fácil de su desarrollo personal de su felicidad”

En síntesis, “la educación debe preparar, conforme a la vocación del alumno, a un trabajador profesional óptimo, orientado hacia las posibilidades naturales de su región”, “tiene que hacerse carne en la gente que el bien común tiene absoluta primacía sobre los intereses individuales”.

Por lo cual la educación moral del alumno, “además de ser la principal finalidad de la educación de un ser que con libertad plasma su propia perfección, su felicidad, es un ‘bien de capital’ en el aspecto del desarrollo económico de la sociedad, ya que contribuye a que sus miembros sean diligentes y aplicados en el trabajo, sobrios en el consumo y solidarios y justos con el prójimo”.

En la edad de los derechos, al decir de Norberto Bobbio, la obra de Arturo Sampay resulta imprescindible no solo para los estudiantes universitarios sino para todos los que creemos que los hombres y mujeres como ciudadanos en sociedades democráticas somos sujetos de derechos que fueron muchos años desconocidos y conculcados por la fuerza de las bestias dictatoriales.

Pero, como diría Benedetto Croce, la verdadera historia es historia contemporánea y en nuestro país los derechos cívicos y sociales se van ampliando cotidianamente.

Para Hans Kelsen, la justicia absoluta es un ideal irracional o, dicho en otras palabras, una ilusión, una de las ilusiones eternas del hombre.

Los que estudian abogacía, cuando ven Filosofía del Derecho leen a Kelsen y a otros tantos filósofos positivistas.

Para quienes estudiamos Filosofía y no abogacía, nos llama la atención saber que el principal filósofo del Derecho sostiene que la
justicia es un sentimiento irracional.

Podemos sostener que es obvio, ya que los sentimientos, pasiones o ideales no entran en la lógica racionalista que se basa
fundamentalmente en el principio de la no contradicción, de identidad y del tercero excluido.

Nunca leyeron ni a Hegel y menos aun a Sampay, por haber sido derogada su Constitución y proscriptos sus libros.

Los derechos humanos, sociales y de justicia en Argentina

La magnitud del horror implantado por la última dictadura militar (1976-1983) en nuestro país, hace difícil desvincular la concepción de los derechos humanos de su connotación y referencia a los derechos cívicos y políticos democráticos.

Las heridas aún abiertas y reabiertas con cada nuevo hallazgo y toma de conocimiento de las vejaciones permanentes a miles de personas, así como el reconocimiento de la identidad de hijos y nietos de desaparecidos apropiados por los represores durante los trágicos años de la dictadura, refuerzan la noción de derechos humanos vinculada a la libertad y al respeto a los derechos civiles y democráticos.

Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 también va mucho más allá de los derechos y garantías establecidas en los sistemas democráticos, estableciendo derechos sociales, culturales y económicos para todos los hombres.

Las sucesivas dictaduras en nuestro país violentaron las instituciones democráticas y con ellas todos los derechos humanos, sociales, políticos, jurídicos, culturales y económicos

En la Constitución de 1949 podemos encontrar todos los artículos de la Declaración que se refieren a la justicia social.

Pero muchos de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales no son aún una realidad.

Por eso creo que la lucha por la defensa de los derechos humanos sigue siendo necesaria en la búsqueda de una mayor justicia social en nuestro país.

Comparando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 con la Constitución Nacional de 1949 reiteramos nuestro homenaje a ambas expresiones de voluntad política para construir un mundo más justo.

Nuestros jóvenes, que no vivieron los vejámenes que sufriera el pueblo argentino durante dichos periodos, deben saber que no solo hay que establecer jurídicamente los derechos esenciales sociales, políticos y económicos, sino que su efectiva vigencia dependerá siempre de la defensa permanente en nuestra práctica cotidiana.

Ese será el verdadero homenaje.

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 / FTE A LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA DE 1949

La Declaración de los Derechos humanos en su artículo 2, dice: 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La Constitución de 1949 en su Capítulo segundo, Derechos, deberes y garantías de la libertad personal, artículo 28, dice:
La Nación Argentina no admite diferencias raciales, prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza.

Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

La equidad y la proporcionalidad son las bases de los impuestos y las cargas públicas.

La Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 3, dice: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

La Constitución de 1949 en su Capítulo segundo, artículo 26, dice: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria útil y lícita; de navegar y comerciar; de peticionar ante las autoridades; de reunirse; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

AJ/

 
NOTAS:
1 Bobbio, Norberto: Elementi di politica, Einaudi, 2010, Torino.
2 Podríamos comparar la elasticidad de las normas al concepto de Zagrebelsky de diritto mite, traducido al castellano como derecho dúctil.
3 Sampay, Arturo: Constitución y pueblo, Docencia, Buenos Aires, 2011.
4 Ibídem.
6 Sampay, Arturo: La Argentina en la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Editorial Pampa y Cielo,
1964.
7 Ibídem.