"La imposición al pueblo de la dureza de ese plan de exacción y exclusión social requería aniquilar a quienes se resistieran"

LA APOLOGÍA DEL TERROR

Por Luis Hipólito Alen*

En el histórico Juicio a las Juntas, fue condenado a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, sentencia a la cual se le sumaron muchas otras.Por eso Jorge Rafael Videla murió como delincuente.

Por Luis Hipólito Alen

«Contra Mitre»

MEGAFON/UNLa

11/11/2021

La apología, según el Diccionario de la Real Academia Española, es el “Discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”.

Otra definición posible es la de “Alabanza, defensa o justificación, generalmente encendida o vehemente, de alguien o algo”.

Queda claro, en cualquiera de las definiciones que se prefiera, que el apologista hace la alabanza o el elogio de alguien o algo.

Si se tratara de delincuentes condenados como tales, o de conductas que la ley tipifica como delitos, el artículo 213 del Código Penal establece una pena que va de un mes a un año de prisión, para el que la hiciera públicamente.

A esta altura es bueno recordar que en nuestro país se lleva a cabo, todavía, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período anterior al 10 de diciembre de 1983.

En el marco de ese proceso, se han dictado numerosas sentencias firmes, lo que nos permite decir, sin temor a equivocarnos, que Jorge Rafael Videla murió como delincuente.

Ya en el histórico Juicio a las Juntas, fue condenado a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, sentencia a la cual se le sumaron muchas otras.

Como Videla, muchos otros criminales recibieron sentencias.

Desde 2006, cuando se realizó el primer juicio oral y público después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, fueron dictadas doscientas cincuenta y seis sentencias en las que resultaron condenadas mil cuarenta y cuatro personas y absueltas ciento sesenta y dos.

Hay doscientas ochenta y una causas en instrucción, otras sesenta y siete ya cuentan con elevación a juicio, y diecinueve ya transitan la en etapa del juicio oral y público.

Hay seiscientos dos procesados, quinientos ochenta y uno están imputados, y treinta y nueve ya fueron indagados y esperan resolución judicial.

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se lleva a cabo en nuestro país reviste características únicas, que lo diferencian de la situación de otros países de la región que también sufrieron los embates del terrorismo de Estado.

Internacionalmente, esto ha sido reconocido por instituciones como el Memorial de la Shoa, de París, Francia, uno instituto de investigación de atrocidades masivas de los más importantes del mundo, o por la relatoría sobre Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas, entre muchas otras.

Por eso resulta inconcebible que a esta altura de la historia todavía haya quienes practican la apología de los criminales de lesa humanidad, como lo hace Christian Zimmermann en LA NACIÓN del 08/11/2021, cuando en la necrológica de Alicia Hartridge la menciona como la “abnegada compañera del mártir de la patria, Gral. Jorge R. Videla”.

Zimmermann, valga aclararlo, carga sobre sus espaldas con acusaciones de haber participado en crímenes de lesa humanidad, cuando secundaba al jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.

Calificar como “mártir de la patria” a quien murió en la cárcel, donde cumplía las condenas que se le impusieron por ser un criminal de lesa humanidad, es un acto de apología que, hay que subrayarlo, no puede haber pasado inadvertido para el pasquín de los Mitre-Saguier.

Que nunca ha dejado de reclamar por la libertad de los genocidas.

Solo desde la opinión compartida se puede permitir una publicación como esa.

Porque no se trata del lamento por el fallecimiento de alguien, que Zimmermann como cualquier otro está en su derecho de hacer, sino del elogio desmesurado a quien fue objeto de sentencias firmes en procesos en los que se respetaron todas las garantías debidas.

Elogio que trasunta una postura ideológica similar a la del criminal en cuestión.

Si existieran dudas acerca de lo que piensan los escribas de la Tribuna de Doctrina, vayan una muestras gratis.

Aún antes de terminada la dictadura, el mitrismo clamaba que era imposible “la revisión de la guerra contra la subversión” que en sus palabras era una gesta equivalente a las luchas por la independencia (28/03/1982).

De ahí en más, las opiniones de columnistas y editorialistas, en relación a los crímenes de la dictadura genocida, siempre transcurrieron por el mismo carril.

El juzgamiento de las Juntas fue observado desde el prisma que el radicalismo había intentado imponer: lo ocurrido en los años oscuros era producto del enfrentamiento de dos demonios, mientras que la sociedad permanecía ajena a esa locura.

Una visión consagrada por la pluma de Ernesto Sábato, cuando en el prólogo del Informe Nunca Más escribió que «Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”.

Mientras la cuestión se mantuvo en esos términos, las páginas de LA NACIÓN solo se preocuparon por diferenciar a los militares, a los que solo les agregó el calificativo de argentinos, de sus víctimas, siempre enunciadas como terroristas o subversivos (o ambas cosas).

Las leyes de punto final y obediencia debida fueron recibidas con cierto beneplácito, mucho mayor cuando Carlos Menem dictó los decretos de indulto, que produjeron una alegría solo empañada porque al mismo tiempo se extendía el perdón presidencial a los terroristas subversivos.

Pero todo cambió con la llegada de Néstor Kirchner al poder.

Desde el primer momento, los escribas del mitrismo buscaron imponer sus condiciones al nuevo gobierno.

Si no las cumplía, le auguraban una corta vida.

Entre esas condiciones estaba que no se impulsaran los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Cuando fue claro que Kirchner no pensaba ceder a esas presiones, sino que por el contrario impulsaba que el Congreso anulara las leyes del perdón, LA NACIÓN exhortó a los legisladores para que decidieran “cerrar un oscuro capítulo de violencia o de enfrentamientos y empezar a reconstruir, así, la paz social y la concordia perdidas” (03/08/2003), y a que no tomaran el camino de la nulidad de esas normas, que impediría “el avance hacia la reconciliación histórica de los argentinos, pilar para la reunificación de los ideales políticos, sociales y económicos de la comunidad nacional”(10/08/2003).

Al mismo tiempo reclamaba del gobierno que instrumentara “alternativas político-sociales que permitan cerrar un capítulo de odios y antinomias irreductibles y allanar el camino hacia la pacificación de los espíritus” (10/8/2003), porque era su deber defender los “espacios de reconciliación que toda sociedad necesita para superar los enfrentamientos del pasado y avanzar hacia el porvenir con un sano espíritu de fraternidad y un renovado afán de reconstrucción” y “dejar atrás los resabios de una etapa de dolor y de oscuras confrontaciones” (10/08/2003).

También exigía a los “referentes políticos e intelectuales de los sombríos años 60 y 70” a “hacerse cargo de las culpas que les conciernen” y a comprometerse a “vivir pacíficamente” sin “ánimos de venganza” ni “espíritu revanchista” (10/08/2003).

La nulidad de las leyes fue duramente criticada: el Congreso, obrando “contra la lógica más elemental” al anular las leyes decidió “de un plumazo, abolir el Estado de Derecho” (24/08/2003).

El fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Simón, que confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, provocó la airada reacción de los editorialistas de LA NACIÓN, que exigieron que “se operase el cambio de la tendencia influida por la ideología del actual gobierno que exhibe la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema” (08/09/2005).

De allí en más las críticas contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia fueron una constante, aunque como las claras evidencias de la conducta criminal de la dictadura genocida salían a la luz cada vez con másfuerza, en tanto se conocían los pormenores de los juicios, la postura del diario fue comenzar a reclamar por la “memoria completa”, intentando que los imputados de haber sido parte de las organizaciones guerrilleras fueran también procesados y condenados.

Si hubo otra constante en las páginas de la Tribuna de Doctrina, fue el rechazo a cualquier posibilidad de que los civiles fueran sometidos a juicio.

El 10/09/2006 Mariano Grondona denunciaba “El antifaz judicial de la venganza” donde señalaba dos cuestiones: la primera, que “si el agredido no puede responder en el acto a la agresión de la que es objeto, es entonces cuando, desde el recuerdo insoportable de su cruel derrota, se multiplican y se extreman las imágenes que, alimentadas en el curso de una larga memoria, desembocarán finalmente en la temida venganza”, y la segunda, que “cuando la venganza al fin estalla después de un largo tiempo de acumulación, es elaborada por los ofendidos bajo la apariencia de un reclamo de justicia”.

Entonces, afirmaba que “Estas dos condiciones se cumplen acabadamente en la acción que hoy desarrollan los Montoneros, vencidos ferozmente en los años setenta, ahora que el caprichoso viento del poder sopla a su favor.

Después de treinta años de lamer sus heridas a veces monstruosas, los Montoneros han vuelto.

Tuvieron nada menos que tres décadas para alentar su resentimiento”.

Había críticas al Poder Judicial, respecto del cual se preguntaba: “estos jueces a los que acuden, ¿se comportan por su parte como ‘terceros imparciales’?”.

El meollo de la cuestión que buscaba presentar Grondona aparecía con total claridad pocas líneas después: “La persecución de los hombres símbolo del proceso militar de los años setenta acaba de cruzar una nueva frontera al sostenerse desde los estrados judiciales que el ex ministro de Economía Martínez de Hoz, si bien no se le ha podido probar ninguna violación ‘directa’ de los derechos humanos de los guerrilleros, lo mismo los ha violado de manera ‘indirecta’ por el mero hecho de haber formado parte del gobierno militar”.

Ese era el problema: que los civiles fueran enjuiciados.

Por cierto que para sostener su tesis Grondona mentía, como es norma en los columnistas del mitrismo.

Porque a Martínez de Hoz no se lo acusaba solamente por haber formado parte del gobierno dictatorial.

Existían claras evidencias de que desde su posición de poder había ordenado la detención ilegal de un empresario, Miguel Gutheim, y de su hijo Federico, para obligarlos a cerrar una negociación con empresarios de Hong Kong en la que tenía un interés particular, combinando de esa forma las prácticas del terrorismo estatal con sus propios objetivos.

Grondona cerraba su defensa del jefe civil de la dictadura con más preguntas: “Los continuadores de los Montoneros, ahora en el poder, presentan ante los jueces su venganza diferida. Pero la pregunta más grave que hay que hacer es si esos jueces encarnan por su parte el ideal de un tercero imparcial o si, manejados por el Poder Ejecutivo, no se han convertido ellos mismos en los engranajes de una venganza que, gracias a ellos, se despliega en nombre de la justicia”.

El 21/04/2008 una editorial de LA NACIÓN se quejaba de una “Tenebrosa interpretación histórica” y expresaba que “Más de una vez hemos señalado que cuando la memoria y las lecciones de nuestro trágico pasado no son asumidas con una visión integral, sólo se logrará retroalimentar viejos odios.

Si aquella memoria es utilizada como una mera manera de obtener venganza y prolongar los conflictos, la necesaria reconciliación estará cada vez más lejos”.

¿A qué venía esa admonición?

A que en la particular visión del pasquín fundado por don Bartolo, “la deformación de nuestro pasado y la sucesión de falsedades históricas, sustentadas en posiciones ideologizadas, han ido mucho más allá de los discursos oficiales.

En escuelas y en medios de comunicación se oye que el golpe militar de 1976 respondió a un plan de saqueo de la riqueza nacional pergeñado por malignos intereses supranacionales con la colaboración de personeros locales, a los que luego se les entregó la conducción de la economía en el gobierno militar.

Según esa misma interpretación, la imposición al pueblo de la dureza de ese plan de exacción y exclusión social requería aniquilar a quienes se resistieran y ésa sería la razón de las desapariciones operadas por un accionar de las fuerzas armadas”.

Pasa que cada vez quedaba más claro que el objetivo perseguido por la dictadura en su afán de reorganizar al país era retrogradarlo a las condiciones previas a las conquistas sociales del primer peronismo, privando de derechos a los trabajadores e imponiendo el sistema del régimen conservador, aggiornado a los nuevos vientos que soplaban desde el norte del continente.

LA NACIÓN podía soportar el enjuiciamiento de jerarcas militares y de las fuerzas de seguridad, en definitiva meros peones a los que los grupos de poder recurrieron para eliminar a sus enemigos.

Lo que no podía tolerar era que se juzgaran los objetivos perseguidos por el golpe genocida y a quienes los habían puesto en práctica: “La persecución de que están siendo objeto el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de su equipo está enmarcada en aquellas teorías vinculadas con el presunto plan de saqueo y constituye un capítulo más en la escalada de odio y división que lamentablemente está caracterizando nuestra vida ciudadana”.

Nuevamente se acudía en defensa del jefe civil de la dictadura. Y la editorial terminaba con un llamamiento que se volvía recurrente: “Cuanto antes deberá revisarse el camino para buscar la reconciliación de los argentinos, con un reconocimiento simétrico y superador de las culpas concurrentes de un pasado que, a partir de una memoria integral, deberá quedar atrás para construir un futuro mejor”.

Lo cierto es que los juicios siguieron, pero al tocar al Ministro de Economía dictatorial, pronto encontraron un juez que le concedió el arresto domiciliario, y luego las demoras en la tramitación de su juicio le permitieron morir sin condena firme.

El punto final biológico, como se lo llama en los pasillos tribunalicios.

La pesadilla que significó para LA NACIÓN el período de los gobiernos kirchneristas, con el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y el reiterado fracaso en proponer al menos que se equiparara el fiel de la balanza enjuiciando a los presuntos terroristas subversivos, pareció tocar a su fin con las elecciones de noviembre de 2015 y el triunfo del fanático de Netflix.

Al día siguiente de la victoria macrista, el 23/11/2015, la editorial de LA NACIÓN proclamaba: “No más venganza”.

Y de movida nomás, sostenía que “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”.

Como cada vez que se elige un nuevo gobierno, el diario de los Mitre-Saguier enunciaba su programa.

Empezaba diciendo que “Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular”.

La condena a la izquierda y la definición de terroristas para todos aquellos que se opusieron a la dictadura son clásicos de la literatura del neomitrismo.

La visión del diario, a veces matizada, se exponía crudamente ante la posibilidad que un nuevo gobierno de signo ideológico similar pudiera imprimir un nuevo rumbo en los procesos todavía en curso.

Por eso, marcaban que durante los gobiernos kirchneristas “Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años.

A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia”.

Sostenía el editorial que “Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar.

Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico”.

Planteaba que había cuestiones urgentes, como: “el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad.

Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional”.

El reclamo por la libertad de los genocidas esconde una norma clara que se aplica en el derecho internacional, cuando se trata de juzgar crímenes de lesa humanidad, y que significa simplemente que en esos casos es de aplicación la detención efectiva, no importa la edad del acusado.

Con todas las garantías y atenciones que deben prestarse a todos los detenidos, no importa de qué crímenes se les acuse.

Pero en prisión efectiva.

El ejemplo de Rudolf Hess, el jerarca nazi que purgó su condena a prisión perpetua en la cárcel de Spandau, que luego de su muerte fue clausurada, es la muestra de cómo se procede en estos casos.

Aunque a LA NACIÓN no le guste.

También se arremetía contra los medios de comunicación y el sistema educativo: “La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo”.

Por si acaso, advertían que “El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”.

El macrismo intentó llevar a cabo el programa propuesto.

Impulsó liberaciones, designó jueces permeables a esas posiciones, desarticuló los programas que desde distintos órganos estatales impulsaban las políticas públicas de derechos humanos que se aplicaron durante los doce años de gobiernos populares, y llegó a celebrar el denigrante fallo que pretendió aplicar a los criminales de lesa humanidad el beneficio del 2×1 en el cómputo del cumplimiento de sus condenas, fallo que llevaba la impronta de los jueces de la Corte que Macri designó por decreto, aunque después tuviera que retroceder y pedir el aval del Senado.

Pero ocurrió que tamaño despropósito concitó el más formidable repudio popular y el Congreso rápidamente rechazó cualquier posible aplicación del despropósito pensado por Rosatti y Rosenkrantz.

La Tribuna de Doctrina tuvo que resignarse a seguir criticando los supuestos agravios injustos que sufrían algunos de sus prohombres que purgaban condena.

El 25/07/2017 proclamaba a “Jaime Smart, víctima de la justicia militante”.

Smart integró la ilegal Cámara Federal en lo Penal que la dictadura de 1971 creó para perseguir a los opositores políticos, y fue luego el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Ibérico Saint Jean, aquel general que en mayo de 1977 prometió “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.

Y fue un engranaje esencial en las detenciones y torturas sufridas por los miembros del grupo Graiver y por Jacobo Timermann, pero para LA NACIÓN quienes lo conocen “saben de sus elevadas cualidades morales y de su dignidad y entereza para enfrentar una tan prolongada como injusta prisión política”.

Smart fue condenado a prisión perpetua en 2012, por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que lo sentenció por los crímenes cometidos en el llamado Circuito Camps, integrado por una serie de Centros Clandestinos de Detención y Exterminio ubicados en el territorio bonaerense.

La Cámara Federal de Casación se tomó ocho años para confirmar la condena, y la Corte todavía tiene el caso a estudio.

Lo que más ofende a la Tribuna de Doctrina es que “Las más de doce causas penales concentradas en la persona de Smart parecerían querer dar fundamento a la intencionada calificación de “cívico-militar” que la reciente ley de la provincia de Buenos Aires obliga a aplicar al golpe del 24 de marzo de 1976 y al gobierno militar”.

Otra vez, la defensa de los civiles.

Por todos esos ejemplos, no resulta extraño que en las páginas del diario de don Bartolo, generalmente en la sección necrológica, abunden los reconocimientos a los genocidas, y que cuando alguno de ellos fallece en prisión, se lo proclame “víctima del odio montonero”. LA NACIÓN se ha negado pertinazmente a reconocer lo que es claro: el carácter de víctimas y victimarios que separa a las partes de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Por eso se sigue quejando de que los tribunales, hasta ahora en forma pacífica pese a las distintas extracciones de los jueces que los integran, hayan establecido “que los delitos cometidos por las fuerzas estatales en los enfrentamientos armados de los años 70 resultan de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles e imperdonables” (“Una denuncia que clama por justicia”, editorial del 10/11/2021).

Y reclama con mayor énfasis porque “Mientras tanto, los líderes e integrantes de organizaciones terroristas guerrilleras no solo no han sido juzgados por sus asesinatos, secuestros extorsivos, tomas y atentados con luctuosos saldos de miles de muertos, heridos y mutilados, sino que han sido indemnizados generosamente como supuestas víctimas, homenajeados con monumentos públicos y obsequiados con importantes cargos en distintas administraciones gubernamentales”.

El pasquín insiste en sus viejas prédicas: “Tanto los delitos cometidos por los agentes de las fuerzas estatales como por los miembros de los grupos terroristas guerrilleros en los enfrentamientos armados de los años 70 fueron amnistiados por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas durante el mandato del presidente Alfonsín.

Más tarde, los integrantes de las juntas militares y los cabecillas de las organizaciones terroristas –que no habían sido alcanzados por aquellas normas– recibieron el indulto del presidente Menem”.

Lo único nuevo es el reconocimiento que aquellas leyes, anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, como también lo fueron los decretos de indulto, constituyeron normas de amnistía.

Cosa que, como es sabido, no es de aplicación para los crímenes de lesa humanidad.

La Convención aplicable, en virtud de lo dispuesto por la ley 25.778 conforme lo establecido por el artículo 75 inciso 22 de nuestra ley fundamental, goza de jerarquía constitucional.

Si a LA NACIÓN no le gusta, que impulse una reforma de la Constitución.

Mientras tanto, su prédica, aunque no se atreva a ser lo directa y enfática que es la apología de Zimmermann, también es la alabanza, defensa o justificación de los crímenes de lesa humanidad y de quienes los cometieron.

La apología del terror.

LHA/

 

NAC&POP: Columna editorial del Doctor Luis Alen, Director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la UNLa. MG/N&P/