Disfrazados de periodistas independientes, los columnistas del grupo Mitre-Saguier y del clarinete mentiroso, han construido un relato falso.

DE ÉTICAS Y ESTÉTICAS

Por Luis Hipólito Alen

El derecho a la comunicación, que es uno de los derechos humanos básicos,  necesarios para el ejercicio pleno de otros derechos, no tolera la censura. Pero eso no quiere decir que pase por alto cualquier ataque.

Por Luis Hipólito Alen*

MEGAFON-UNLA

«Contra Mitre» columna editorial

15 /10/2021

 

En estos días de campaña preelectoral, a más de los espacios asignados a cada fuerza política para que divulgue sus plataformas los argentinos nos vemos sometidos al bombardeo mediático que sin demasiado disimulo hace una propaganda constante, en los medios hegemónicos, a favor de las opciones de la derecha.

Disfrazados de periodistas independientes, los columnistas de los espacios gráficos y audiovisuales del grupo Mitre-Saguier y del clarinete mentiroso, han construido un relato que se alimenta fundamentalmente de la desinformación, el discurso del odio y la falsedad.

Si se los juzga con parámetros estrictos, estos portavoces del mal no pueden ser considerados ni periodistas ni mucho menos independientes.

Aclaremos.

El derecho a la comunicación, que es uno de los derechos humanos básicos, es decir de aquellos que son necesarios para el ejercicio pleno de otros derechos, no tolera la censura.

Pero eso no quiere decir que pase por alto cualquier ataque, disimulado o directo, que se haga a través de los medios sea contra personas individualizadas o contra grupos de la sociedad.

Por citar algunos ejemplos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos explicita la posibilidad de regular el ejercicio de este derecho con la finalidad de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, al tiempo que prohíbe expresamente la propaganda en favor de la guerra o la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Vale recordar que ese pacto, desde la reforma de 1994, goza de jerarquía constitucional.

También es preciso señalar que los periodistas tienen obligaciones éticas que cumplir, más allá de que en nuestro país no exista un Código de Ética periodística.

Esas obligaciones se traducen en una labor que otorgue al público, destinatario de la misma, la información más veraz, imparcial y exacta que sea posible, diferenciando aquellos hechos de los que existan pruebas concretas -que se deben detallar- de los que son meras conjeturas de quien escribe, y aclarando, cuando corresponde, que lo que se expresa es una opinión del columnista y como tal, sujeta a debate y controversia.

O sea, cualquiera que escriba en un diario u otro medio gráfico, o tenga la posibilidad de expresarse a través de un medio audiovisual, para desempeñar correctamente su trabajo debe atenerse a estas reglas.

No se trata de exigirle que no tenga una ideología o una opinión política, o que no las defienda, sino que en cada caso no la oculte y explique que lo que dice es conforme a esa ideología u opinión, y no que lo presente como la verdad revelada.

Con esto quiero decir que lo que se hace desde las páginas de LA NACIÓN o Clarín, o desde las radios y canales televisivos que forman parte de esas empresas, no resiste el más mínimo análisis que se efectúe conforme los criterios éticos señalados.

Desde las definiciones que ofrecen los diccionarios, la ética puede ser considerada como la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, o como el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad.

Cuando se la aplica a una determinada profesión, se la suele llamar deontología, lo que significa la ciencia del deber ser.

Aplicada al periodismo, se habla de la deontología comunicacional.

En muchos países las reglas deontológicas están contenidas en Códigos de Ética, en otros se ha optado por el sistema de la autorregulación, y todavía se podría señalar que hay empresas periodísticas que poseen sus propios manuales de ética, y que el cumplimiento de las reglas contenidas en ellos es obligatorio para todo empleado. Esto implica que la cuestión del comportamiento ético está presente en todas partes y que se la considera una exigencia inexcusable para el ejercicio profesional.

Sin embargo, los mismos medios que en la Argentina llenan páginas y páginas, y horas de radio o televisión, hablando de la independencia periodística, del derecho a la libre expresión y de la libertad de prensa, no tienen la más mínima preocupación por la manera en que sus empleados ignoran las reglas éticas más elementales.

Veamos, por ejemplo, la columna que Joaquín Morales Solá publicó el 10/10/2021 bajo el título de “Una Justicia vip para Cristina Kirchner”.

Quien fuera en los inicios de su carrera el cronista del Operativo Independencia, durante el cual se cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad, se indigna por el fallo del Tribunal Oral Federal número Ocho, que sobreseyó a los imputados en la causa que se iniciara por la denuncia de Natalio Alberto Nisman acerca del Memorandum de entendimiento con la República Islámica del Irán.

Dice Morales que “En la tarde del jueves último sucedió la segunda muerte de Alberto Nisman.

Este crimen intelectual y jurídico lo perpetraron jueces de la misma Justicia a la que pertenecía el fiscal asesinado”.

Ya desde esta frase la cuestión ética es ignorada.

Porque no existe evidencia alguna que pruebe que Nisman haya sido asesinado (es una opinión del columnista, aunque no lo diga), ni tampoco puede calificarse al fallo del Tribunal como “crimen intelectual y jurídico” (otra opinión) y además, los jueces no son la Justicia sino, en todo caso, los encargados de impartirla.

Y Nisman no integraba el Poder Judicial sino el Ministerio Público Fiscal.

Sigue diciendo Morales que “Cristina Kirchner logró una Justicia a su medida con tres jueces que se olvidaron las razones por las que sirven a la república.

Nadie puede decir con certeza que la expresidenta es culpable del delito de encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, pero existe una certidumbre peor: nadie estará seguro nunca de su inocencia si otra instancia de la Justicia no cambia el curso de las cosas”.

¿De dónde saca el columnista que los tres jueces se olvidaron de su tarea, cuando justamente lo que hicieron es cumplir con la misma?

Porque la función de los jueces, vuelvo a decirlo, es administrar justicia.

En todo caso, otra vez se trata solo de la opinión de Morales, que tiene derecho a expresarla pero no a presentarla como si fuera un hecho irrebatible.

Mucho menos cuando a continuación reconoce que nadie puede decir que Cristina Fernández de Kirchner sea culpable del delito que trataron de endilgarle.

Que termina por ser lo único real de la frase, ya que después Morales ignora cuestiones tan básicas como que para nuestro ordenamiento jurídico, de la Constitución para abajo, todos son reputados inocentes hasta que una sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Morales dice que “Nisman murió por la denuncia que tres jueces irresponsables decidieron no investigar”.

Aún si dijéramos que Nisman murió como consecuencia de su denuncia, porque en definitiva fue lo que lo llevó a quitarse la vida (aclaro, es mi opinión, y por ahora no conozco prueba alguna de lo contrario), es por lo menos inexacto que los jueces del Tribunal Oral hayan decidido no investigarla.

Porque esa no es su función.

Las investigaciones, en nuestro sistema penal, las hacen los fiscales o los jueces de instrucción.

Los jueces de los Tribunales Orales juzgan si los acusados son o no responsables penales de los hechos por los que fueron imputados, y si les corresponde alguna condena.

Cosa que es lo que hicieron los jueces en cuestión: decidir que los imputados no eran responsables de delito alguno.

Más de Morales: “Los jueces Daniel Obligado –cuándo no–, Gabriela López Iñiguez y José Michilini hicieron algo que no está escrito en el Código Procesal Penal.

Esto es: declararon inocentes sin juicio previo a personas acusadas de graves delitos”.

Morales desconoce el Código Procesal Penal, que establece que el sobreseimiento procede cuando el hecho investigado no se cometió o no encuadra en una figura legal, que son los criterios que sostienen el fallo que tanto indigna al empleado del pasquín fundado por Bartolomé Mitre.

Y de vuelta: todos son inocentes hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario.

Lo que sigue es más de lo mismo.

Un conjunto de opiniones del columnista, que ni siquiera amaga con ofrecer alguna prueba que las sustente.

¿La información veraz, imparcial y exacta?

Bien, gracias.

Por aquí no pasó.

Alguien podría argumentar que no es obligatorio que el columnista conozca la ley penal.

Puede ser que no lo sea, pero en ese caso debería consultar a los que sí la conocen, o al menos aclarar su ignorancia en el tema. Pero no lo hace Morales Solá, ni lo hacen otros empleados de la misma empresa, como Eduardo Feinmann y Pablo Rossi.

Según nos cuenta LA NACIÓN el 13/10/2021, Feinmann, que conduce El Noticiero de LN+ hizo un encendido discurso, en el que señaló “el daño profundo que le hizo el zaffaronismo a la Argentina” y aseguró que “el Gobierno se pone del lado de los delincuentes”.

La nota pretende aclarar los dichos del conductor, y dice que “El conductor de LN+ se refería a la corriente legal conocida como ‘garantismo’, una concepción de la ley esgrimida por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni que, para sus críticos, pone el foco en los derechos de los delincuentes por sobre los de las víctimas”. Como se suele decir, hay aclaraciones que oscurecen y esta es una de ellas.

Lo que dice Zaffaroni en su libro “El enemigo en el derecho penal”, es que hablar de derecho penal garantista en un estado democrático de derecho “es una grosera redundancia, porque en él no puede haber otro derecho penal que el de garantías”.

Porque el garantismo no es algo nuevo, sino que se trata de una corriente de pensamiento que nació en la Ilustración italiana, y que busca desde entonces impedir la arbitrariedad del poder.

Es obra del garantismo la eliminación de los castigos crueles, y también se le debe que las sentencias busquen la proporcionalidad entre el delito y la pena.

Son propios del garantismo mecanismos para el establecimiento de la verdad en los procesos penales, tales como la oficialidad, la imparcialidad, la prontitud y la publicidad, y la consagración del principio de legalidad, que impide que alguien sea juzgado por algo que cuando ocurrió no era considerado ilícito.

Uno de los más notorios exponentes de esta corriente criminológica, el italiano Luigi Ferrajoli, la entiende como la forma eficaz en que el derecho actúa como garantía de los más débiles frente a los más poderosos.

Esta concepción se opone a las ideas de quienes como Carl Schmitt, cuyas teorías usó el nazismo para ejercer el poder, entienden al derecho penal como una lucha contra un enemigo en la que vale usar la misma lógica que en la guerra.

Para agravar más las cosas, en el mismo programa apareció quien fuera ministro de seguridad de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que fiel a la manera de hacer política mintiendo que caracteriza a la fuerza política a la que pertenece, se despachó diciendo que “Cuando un presidente lo primero que toma como medida en una pandemia es liberar a los presos y a los ciudadanos encerrarlos en sus casas, el discurso es ser permisivo con los chorros, tener simpatía con los delincuentes”.

Falso.

No es facultad de ningún presidente la liberación de los presos.

Solamente los jueces pueden hacerlo.

Y más allá de cualquier valoración que pueda hacerse sobre la forma de actuar de Alberto Fernández en relación a la pandemia que azota al mundo entero, es claro que no hubo ningún encierro de ciudadanos sino medidas de cuidado y aislamiento que se adoptaron en la búsqueda de impedir la propagación del COVID19.

Por otra parte, si se tiene en cuenta que Vidal y Ritondo formaron parte de una gestión que endeudó hasta límites nunca antes alcanzados a los argentinos, posibilitando la fuga de miles de millones de dólares, y que armó una mesa judicial en la que convivían espías oficiales y paralelos, integrantes de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, empleados de las empresas de medios y funcionarios gubernamentales, unidos en el objetivo de inventar causas contra opositores y así encarcelarlos ilegalmente, podría sostenerse que las simpatías por los delincuentes parecen estar claramente en otra parte y no donde las pretende ver el ex ministro.

Feinmann continuó dando muestras de su desconocimiento de lo que significa el garantismo y de su devoción por las medidas autoritarias y represivas, y se despachó diciendo que todo es culpa de “esto del zaffaronismo en la República Argentina, que viene haciendo daño del ‘83 a esta parte.

La política criminal que hubo en este país, de (Raúl) Alfonsín para acá, fue siempre para beneficiar a los delincuentes.

Desde el maldito dos por uno.

Todas las leyes fueron beneficios para los delincuentes, nunca para las víctimas”.

Que se sepa, Raúl Zaffaroni no dictó ninguna ley.

Y en realidad, fue con la democracia que los derechos de las víctimas fueron objeto de consideración estatal.

Pero claro, a Feinmann parece que le gusta la gestión anterior a la democracia.

Antes de 1983, lo que había en nuestro país era una dictadura genocida, que desplegó un plan sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos para disciplinar a la sociedad e imponer el programa económico diseñado por Martínez de Hoz y aplaudido por los mismos sectores que aplaudieron al gobierno del dormilón fanático de Netflix y sus secuaces.

Por si quedaba alguna duda, en una nueva muestra de su pensamiento discriminador e insultante Feinmann remató: “Esa es la gente que defienden ciertos medios de comunicación ladriprogresistas en la Argentina, jueces y fiscales ladriprogresistas zafaronianos, asquerosos, de una izquierda inútil en la República Argentina, que nos lleva a esta situación.

 Miles y miles y miles de muertos a manos de los delincuentes, y ellos se ponen ¿De qué lado? 

Del del delincuente”.

Todos adentro, medios de comunicación, jueces, fiscales, la izquierda.

Obsesiones de alguien para el que la democracia es un castigo.

¿Diferenciar hechos de conjeturas, aclarar que se trata de opiniones?

Nunca.

La cuestión de la ética no es cosa nueva, ocupó un lugar predominante en la filosofía de los siglos XVIII y XIX, con el pensamiento de Immanuel Kant acerca del imperativo categórico como expresión más conocida.

Mucho pedir, que los escribas del neomitrismo conozcan de qué se trata.

Casi como reclamar que algunos de los que vociferan insultos y agravios de todo tipo y se proclaman superiores, sepan de qué se trata la estética, que según las definiciones más conocidas es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte, o el estudio de la percepción en general, sea sensorial o entendida de manera más amplia.

Quien comenzó a hablar del tema fue otro filósofo alemán, contemporáneo de Kant, Alexander Gottlieb Baumgarten, que usó la palabra “estética” como “ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las relaciones de ésta con la belleza y los demás valores”.

Kant también habló del tema y en su opinión, la estética trascendental es la ciencia de la sensibilidad.

Ambos hablaban de la forma de percibir sensorialmente aquello que nos parece bello.

Cuestión que, vale la pena decirlo, siempre estará atada a otra serie de cosas.

Kant fue un filósofo idealista; pensado el tema desde otros puntos de vista, la cosmovisión, la manera de ver al mundo que se expresa en todas las actividades humanas, en fin, la tan criticada ideología, influye sin dudar en lo que entendemos como bello.

Si se preguntan a qué viene todo esto, es simple.

Hay un personaje, alimentado por los medios que le dan continuamente espacio y lo presentan como el nuevo fenómeno de la política local, que cree que los que él llama liberales son superiores moralmente, estéticamente, mejores en todo.

Para la Tribuna de Doctrina, es alguien que “en ocasiones brilla, aunque con un toque de autoritarismo y violencia discursiva” (nota de Hernán Cappiello del 05/09/2021).

La misma nota nos cuenta que el personaje en cuestión “se cruzó con Horacio Rodríguez Larreta, lo tildó de ‘zurdo de mierda’, ‘gusano arrastrado’ y ‘pelado asqueroso’” y recuerda que “en su espacio hay a candidatas como Delfina Ezeiza de 18 años que reclama el regreso de Videla o la propia Villaruel, que reivindica ‘a los militares que dieron la vida por todos en los 70’”.

Casi en paralelo con este sujeto, aparece otro que se reivindica del mismo sector y que conforme nos informa LA NACIÓN el 12/10/2021, publicó un tuit diciendo que “Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza.

Y eso no tiene nada de racista”, y agregó: “Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán”.

Se use el criterio que se quiera usar, la belleza, la sensibilidad, la trascendencia están ausentes de los discursos de estos fenómenos de la nueva política de nuestra derecha.

Vaya muestras de superioridad estética que nos brindan estos liberales agresores, violentos, discriminadores, que no parecen poder hilvanar una frase exenta de insultos.

Y se hacen denominar libertarios.

Bastante malo es que se los identifique como liberales, ya que hubo una época en la que esa palabra sirvió para englobar a quienes reclamaban por las libertades civiles y políticas contra el autoritarismo.

Pero es mucho peor que ensucien con sus prácticas deleznables el nombre que identificó a los viejos anarquistas, que practicaban una rígida moral y predicaban el fin del capitalismo explotador.

Las víctimas de la Semana Trágica de 1919, y de la Patagonia Rebelde de 1921, no se merecen tamaña ofensa.

Vaya nuestro desagravio para los hijos del pueblo.

LA/

 

NAC&POP:*«Contra Mitre» columna editorial del Dr. Luis Alen, Director de la Licenciatura en en Justicia y Derechos Humanos de la UNLa. MG/N&P/