La desconexión llegó a las PASO. Infraestructura digital: lo social, cultural, la economía y la política

LOS RETRASOS DE LA CONECTIVIDAD

Por Alfredo Moreno

El negocio con la pobreza que realizan Telecom, Telefónica y Claro, se evidencia en las políticas comerciales, amparadas por fallos judiciales, que buscan mantener el mayor tiempo posible el proceso de judicialización, y que las personas continúen pagando las recargas de tarjetas para utilizar los servicios de datos/internet en los celulares, eso sí con precios actualizados.

 

 

 

Por Alfredo Moreno*

Revista Mugica

Small Data

30 de septiembre de 2021

La aparición y propagación del Covid-19 han puesto de manifiesto los retrasos en conectividad, los servicios digitales y una brecha digital aún más visible.

Los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Alberto Fernández por mejorar esta situación resultaron promesas no concretadas que tuvieron su respuesta en las urnas de las elecciones del 12 de setiembre.

Los servicios de telecomunicaciones (internet, telefonía móvil y cable), las limitaciones en el acceso, la calidad y los costos de los mismos, son parte de las demandas insatisfechas de los argentinos y muy especialmente de los compatriotas que habitan los llamados barrios populares y pueblos distantes de las grandes zonas urbanas.

En estas barriadas, para que los pibes asistan a clases, los padres tuvieron que recargar los celulares para tener datos y mediante WhatsApp (WApp) intentar tomar una clase que los vinculara con la escuela, sus maestros y compañeros. La brecha digital no perdona la pobreza. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos personas que pasaron 1 o 2 años tomando clases por un celular con recarga y WApp y otros con una computadora e internet domiciliaria.

El Estado destina 10 mil pesos en ayuda social, implementada mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Casi la mitad, 4 mil pesos se los terminan quedando las empresas de celulares, internet y televisión paga. Para modificar esa situación, el Gobierno creó la Prestación Básica Universal (PBU) mediante el decreto 690/20, pero las empresas de telecomunicaciones dificultan su implementación.

La PBU fue decretada para que 3 millones de compatriotas que viven situaciones de pobreza e indigencia puedan acceder a los servicios de las plataformas digitales. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se han convertido en indispensables mucho más en este tiempo de pandemia. Para realizar trámites, notificarse de pagos y fechas de vacunación, para el trabajo o teletrabajo, la educación, la salud y las relaciones sociales y recreativas, estos servicios son esenciales.

En el mes de julio Tolosa Paz, por entonces presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales afirmaba: “La conectividad hoy es la plataforma de acceso a la educación y a la salud y, en ese sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio, para que, en 30 días, 3 millones de argentinos y argentinas tengan la PBU en sus casas, con una gran disposición de las empresas en acompañar esta prestación. Esta es la construcción de un gobierno que se pone de manera conjunta a trabajar con las telefónicas para llegar a cada hogar, manteniendo el compromiso vigente de una PBU de $ 350 mensuales, que son $ 150 de WhatsApp ilimitado y $ 200 por una giga de datos”; pasaron los meses y la PBU sigue pendiente de plena implementación.

El negocio con la pobreza que realizan Telecom, Telefónica y Claro, se evidencia en las políticas comerciales, amparadas por fallos judiciales, que buscan mantener el mayor tiempo posible el proceso de judicialización, y que las personas continúen pagando las recargas de tarjetas para utilizar los servicios de datos/internet en los celulares, eso sí con precios actualizados.

La estimación realizada por el Consejo Nacional de Políticas Sociales muestra que una familia que cobra 4000 pesos de AUH y 6000 pesos de la tarjeta Alimentar, termina gastando 2000 pesos en telefonía y otros 2000 en televisión paga. Es decir, de los 10.000 pesos que destina el Estado en ayuda a esa familia, los gigantes de las telecomunicaciones se terminan quedando con 4000.

La PBU es la tarifa social de la conectividad, así como existen tarifas sociales en electricidad y gas. Las familias beneficiarias, son las mismas, tienen en común sus condiciones de vulnerabilidad social.

En noviembre de este año no solamente votaremos legisladores, senadores y otros cargos políticos; también cumplirá su primer año del 690/20 y la PBU que aún continúa durmiendo en los pasillos judiciales gracias al dictamen de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. Dos de los tres jueces que la conforman de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, donde Telecom Argentina obtuvo el amparo que le permite desconocer el 690/20 y avanzar con los aumentos de los servicios esenciales que brinda el grupo Cablevisión Holding.

¿Democracia o Corporaciones?

Argentina desde noviembre de 2020 se encuentra en disputa por los denominados servicios esenciales de telecomunicaciones según el decreto 690/20 que puso un límite al aumento en la facturación de los servicios de telecomunicaciones y los declaró públicos y esenciales.

“Vamos hacer de Internet un servicio público” afirmó en un claro mensaje el presidente Alberto Fernández en Tecnópolis el pasado 9 de agosto, durante el lanzamiento de la segunda etapa de «Argentina Programa»; el primer mandatario puntualizó en que el acceso al servicio de internet profundizó la brecha entre quienes podían pagar la conectividad para continuar con las clases y quienes no. «Sabemos que vivimos en un país injusto», expresó el presidente de la Nación y agregó: «Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar».

El pasado 22 de junio, la justicia federal resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado argentino. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) realizó una presentación contra la sentencia que favoreció a Telecom Argentina mediante la cual, la empresa no se ajustará a los controles de precios acordados por el regulador estatal.

El argumento principal que exponen los grandes grupos económicos, como Cablevisión Holding (Grupo Clarín), dueños de las firmas que monopolizan los mercados de Internet, telefonía móvil y TV paga, es que los aumentos autorizados por el ente regulador producen “daños irreparables a la economía de la empresa”, por lo cual buscan la suspensión del decreto 690/20 que declaró los servicios mencionados como “esenciales” y que regula el precio de los mismos desde diciembre de 2020.

Telecom Argentina celebró lo que es un nuevo golpe a su favor en la disputa por los precios contra el Estado argentino. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal denegó el recurso presentado por el Estado en su contra. Agregó que la resolución con fecha 18 de junio pasado tomó estado público el 22 de junio.

El Grupo Clarín, repartió a fines de agosto 556 millones de dólares en dividendos entre sus accionistas. Mientras judicializó y logró frenar el decreto que limitaba sus aumentos de tarifas reparte las ganancias en dólares. Con este monto, en lo que va de la pandemia Héctor Magnetto y sus socios se repartieron 1.153 millones de dólares.

El dato de este reparto de 556 millones de dólares lo informó Telecom a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en una nota con fecha 12 de agosto y detalló que va a distribuir dividendos en especie, es decir: Bonos Globales 2030 por 370 millones de dólares y Bonos Globales 2035 por 186 millones de dólares.

Son los bonos del canje de deuda que gestionó el ministro Martín Guzmán. En lugar de pagarle ganancias en pesos a sus accionistas reparte esos bonos en dólares. Los accionistas pueden optar por cambiarlos, por especular con el “contado con liqui” o el dólar MEP o guardarlos hasta el pago final.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor del pueblo. La Justicia Federal en su fallo a favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690. Además, abre instancias para que otras empresas se sumen en el mismo sentido de desconocer el control de precios a cargo del Estado argentino.

Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos, su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding es el “botón de la muestra”. Cabe recordar que el Holding fue estructurado en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. La decisión de la ¿Justicia? federal reestablece la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

El gobierno argentino avanza con acciones parlamentarias para que el DNU 690/20 mantenga su vigencia más allá de los amparos judiciales a favor de las empresas de telecomunicaciones.

El senador Alfredo Luenzo presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó ante esta Comisión, un proyecto de ley para declarar a Internet servicio público esencial. La decisión tiene lugar luego de que la Justicia fallara a favor de Telecom Argentina, Telecentro, DirecTV y otros, dando libertad a estos operadores para la fijación de precios.

Luenzo anunció: “Quiero acompañar la decisión del presidente de avanzar en declarar el acceso a Internet como un derecho público. El (decreto) 690 dio un primer paso, (pero) lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema en un marco donde la conectividad es central. El acompañamiento se verá traducido en un proyecto de ley, lo que implica que aportaremos del ámbito legislativo para sumar a la decisión del presidente de ir por un marco normativo integral y que el acceso a Internet sea realmente una realidad, no sólo en la capital, donde a veces parece que es el mercado el que domina la estrategia de comunicación, sino en todos los rincones del país”.

Necesitamos de esta ley para terminar con las demoras y dilaciones judiciales a favor de las corporaciones de telecomunicaciones. La urgencia se puso visible con los resultados de las PASO, no es posible seguir esperando la equidad en servicios esenciales para la población.

La economía digital es una posibilidad para la Argentina para su pueblo, no solamente para los que nos dejaron las penas, porque las vaquitas son ajenas.

«Si suena en el barrio suena acá»

Los números que muestra la Cámara Argentina de Internet, Cabase, ponen en evidencia la inequidad de la infraestructura digital: de las 2618 localidades con acceso a Internet 34% cuentan con acceso alámbrico, 20% inalámbrico y 46% con ambos tipos de tecnología. De esas 2618 localidades solo un 30% (781) cuentan con opción de acceso por fibra óptica.

Los datos publicados por ENACOM muestran una fuerte disparidad en la penetración de acceso fijo a Internet en los hogares. Mientras que en la CABA el porcentaje es 105.98, en Corrientes es de 38.73, Catamarca 37.62, Chaco 37.48 y Formosa 30.23.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) realizó un relevamiento de conectividad en conjunto con el movimiento Barrios de Pie y otras organizaciones sociales que forman parte de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) en barrios de Mar del Plata y Batán. La muestra abarcó geográficamente a 52 sectores populares, unos 200 hogares del Partido de General Pueyrredón.

El resultado pone visible una dimensión poco explorada de la desigualdad estructural en nuestra sociedad que se profundizó con la pandemia: la vulneración del derecho al acceso a Internet y a la tecnología digital. Expone la realidad en los barrios, donde un 80% de los hogares carece de dispositivos informáticos como computadoras; en un 76,5% no hay conectividad a Internet (ni con wifi ni con cable de red); y un 65,5% depende del acceso a los datos del celular para poder navegar por Internet.

Conexión a internet en los hogares

El gigante de la música, Spotify, difundió que este año las escuchas de cumbia llegaron a los 105 millones de horas, algo así como 11 mil años y que la ciudad en la que más se escucha este ritmo es Buenos Aires, seguida por Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén. Os datos dicen que, «uno de cada 6 argentinos escuchó al menos una canción de cumbia este año, lo que se refleja en un 17% del total de los usuarios del país.

No estamos en Spotify, dice Carlos Fernández líder de La otra mitad. “No conozco cómo funciona ni cómo es, escuché el nombre nada más; sí estamos en otras plataformas como Youtube y Facebook, no soy muy de estas cosas, pero tratamos de promocionar y difundir. Competimos con el cuarteto, San Juan siempre fue fuerte el cuarteto, nosotros hacemos cumbia de los 90 así que es más difícil luchar contra el cuarteto que se ha movido más. Nuestra cumbia es bien recibida, somos una de las pocas que hacemos el estilo, con covers de Nueva Luna, Caricia, Ráfaga, Tambó, Los Palmeras”.

“Si se escucha en el barrio, se escucha acá” es la publicidad de Spotify.  Para que se escuche hay que conectarse a internet, la plataforma concentrada del streaming musical necesita del acceso a la red de redes. La muchacha que se junta en los barrios para escuchar su música y divertirse se conecta a alguna de las plataformas digitales; claro también vota.

 

*Alfredo Moreno. Ingeniero TIC en ARSAT. Profesor TIC en Universidad Nacional de Moreno