1957: el inicio de la eliminación de los derechos incluidos por el peronismo

LA BARBARIE CIPAYA Y PRO YANQUI

Por Pablo Adrián Vázquez

Un 16 de septiembre de 1955 se inició el movimiento de reacción contra el gobierno constitucional. Perón cayó, como dijo Arturo Jauretche, “más por sus aciertos que por sus errores”. La Nueva Argentina vivió un proceso de industrialización con inclusión social, pleno empleo y distribución de la riqueza donde los obreros fueron la centralidad de un proyecto nacional de liberación.

 

 

Por Pablo Adrián Vázquez*

Revista Mugica

agosto 31, 2021

Un 16 de septiembre de 1955 se inició el movimiento de reacción contra el gobierno constitucional de Juan Perón, trayendo a las fuerzas más reaccionarias para imponer su voluntad y restablecer sus privilegios perdidos.

Más allá del conflicto con la Iglesia Católica, los contratos petroleros, cierta laxitud presidencial y burocratización del peronismo, Perón cayó, como dijo Arturo Jauretche, “más por sus aciertos que por sus errores”. La Nueva Argentina vivió un proceso de industrialización con inclusión social, pleno empleo y distribución de la riqueza donde los obreros fueron la centralidad de un proyecto nacional de liberación.

Eso fue imperdonable. La reacción buscó en las contradicciones y el agotamiento del oficialismo de aquel entonces quebrar la voluntad popular con los bombardeos de junio y el levantamiento cívico – militar de septiembre, donde se logró “derogar el nefasto artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949”  – tal como tituló una publicación porteña de habla inglesa en esos días – y retrotraer a los trabajadores a un estado de servidumbre y sumisión. O como aseveró un marino de las comisiones investigadoras a un grupo de sindicalistas: “Para que el hijo de barrendero muera siendo barrendero!”.

Carlos Frontera, en su obra En torno a la Constitución de 1949 y su nulidad (2021), señaló: “El nuevo gobierno provisional encabezado por el general Aramburu el día 7 de diciembre de 1955 dictó lo que denominó Directivas Básicas a las que habrían de ajustarse los hombres de la Revolución… Fundado en esas Directivas, el gobierno dio a conocer con fecha 27 de abril de 1956 una Proclama que entre sus considerandos textuales decía:

“(…) Que la finalidad esencial de la reforma de 1949 fue obtener la reelección indefinida… Que en consecuencia corresponde restablecer, en su anterior vigencia, la Constitución de 1853 con las reformas al 11 de marzo de 1949, completando de este modo el orden jurídico fundamental al acto revolucionario que tuvo por objeto abatir el régimen de la dictadura”.

En la parte dispositiva de la Proclama se establecía:

“1°. Declarar vigente la Constitución de 1853.

2°. Que el gobierno provisional habría de ajustar su acción a la Constitución de 1853, con las reformas citadas, en cuanto se oponga a los fines de la Revolución enunciados en las Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955”.

El dictador Aramburu, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, reafirmó lo expuesto en sus palabras del 1° de mayo, en consonancia con el Pronunciamiento de Urquiza, documento justificatorio de su ataque a Rosas, haciendo patente la línea Mayo – Caseros, donde se equiparaba la lucha contra Rosas a la lucha contra Perón.

El propio expresidente, en La realidad a un año de tiranía, como capítulo que complementó a La fuerza es el derecho de las bestias (1956), denunció la “Derogación de la Constitución Nacional por decreto del gobierno de facto”, donde apuntó que: “Tampoco tiene precedentes en la historia argentina. Se ha consagrado con ello – y el aplauso de la prensa regimentada y la aprobación de la Junta Consultiva – integrada por delegados de los partidos minoritarios el terrible antecedente de que un Gobierno de hecho puede derogar por sí y ante sí la Constitución Nacional”.

Con el tiempo se dictaría el decreto 3838 del 12 de abril de 1957 convocando a elecciones para elegir a los miembros de la convención constituyente que efectuaría una reforma constitucional, con la prohibición que el peronismo pueda participar.

El 28 de julio se producen las elecciones donde ganó el voto en banco, con la premisa dada por el líder exiliado a sus adherentes, con el 24, 31%. Le siguió la UCR del Pueblo, con el 24,20% de los votos y la UCR Intransigente con el 21,23% de los sufragios positivos, ya que el radicalismo tuvo una división partidaria ese año que duró hasta inicios de los ’70. Le siguieron el partido Socialista con 6,01%, el partido Demócrata Cristiano con 4,83% y el partido Demócrata con 3,83%, entre otros. Se destacó el partido Laborista que obtuvo 1,07% de los votos y tres convencionales, entre ellos Cipriano Reyes, opositor declarado a Perón.

Reunidos en Santa Fe, comenzaron a sesionar el 30 de agosto y enseguida Oscar Alende, por parte de la UCRI, impugnó la validez de la propia convención al haber sido convocada por un poder de facto como era la dictadura de Aramburu. Acto seguido el socialista Alfredo Palacios enfrentó cara a cara y con el dedo levantado a Alende defendiendo a los “libertadores” y pidiéndole que el hombre de Banfield se callara.

Los laboristas y el representante del partido de los Trabajadores se sumaron al pedido de impugnación y solicitaron, sin éxito, el restablecimiento de la Constitución de 1949, al punto que los citados convencionales se retiraron de la convención.

En tanto, mientras la Comisión de Reformas presentó, entre sus despachos, las propuestas sobre nuevos impuestos, régimen de autonomía de la Capital Federal, función “social” de la propiedad, garantías procesales y otros derechos, pero, por las peleas entre los convencionales, quedaron en el olvido.

Solo se logró incorporar en la reforma el artículo 14 Bis, como remedo de derechos sociales, y en el artículo 67, referido a los códigos nacionales se le incorporó “y del trabajo y seguridad social” (hoy, tras la reforma de 1994 es el artículo 75).

Como la mayoría de los convencionales sólo querían eliminar los vestigios del peronismo y no avanzar en incorporar otros derechos vio que al dejar sin quórum la sesión de la Convención ésta se disolvería. Así lo hizo una parte del bloque de la UCRP, a la que se sumaron los referentes conservadores, languideciendo en septiembre.

Aquellos que denunciaron a Perón por sus medidas dictatoriales, puestos a tomar decisiones que podían dar algún aporte positivo, privilegiaron su relación con la dictadura de Aramburu y temieron que cualquier avance social sería visto como un aval al justicialismo. El final de una Constitución social devino en unas peleas de políticos vetustos, un artículo que buscó remedar la transformación inspirada en Arturo Sampay y la complicidad de quienes avalaron las persecuciones, arrestos, y fusilamientos de gran parte del pueblo argentino.

 

*Pablo A. Vázquez. Politólogo. Secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas