Violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional 2021 en Cali, Colombia

COLOMBIA: CALI EN EL EPICENTRO DE LA REPRESIÓN

Por Amnistía Internacional

Cientos de reportes y llamados urgentes de organizaciones de derechos humanos locales y denuncias de víctimas y sus familiares, muchas de las cuales Amnistía Internacional ha podido verificar, dan cuenta de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes en las calles de Cali a manos de la fuerza pública y de civiles armados

 

 

Por Amnistía Internacional

 

1.           RESUMEN EJECUTIVO

 

“Los sueños y esperanzas de nuestras futuras generaciones poco a poco se acaban.

Los jóvenes se llenan de odio, ven morir a sus amigos sin que pase nada.

No se puede atacar violencia con más violencia”.

Erlendy Cuero, defensora de derechos humanos 1

Desde el 28 de abril de 2021 en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada al occidente de Colombia, se han presentado manifestaciones multitudinarias. Al mismo tiempo, en esta ciudad se concentran las más graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se cometen en el país en estos días. Cientos de reportes y llamados urgentes de organizaciones de derechos humanos locales y denuncias de víctimas y sus familiares, muchas de las cuales Amnistía Internacional ha podido verificar, dan cuenta de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes en las calles de Cali a manos de la fuerza pública y de civiles armados2.

Una ley de reforma tributaria, que contenía medidas económicas que la población no percibía como justas, desató una ola de manifestaciones en casi todo el país, que rápidamente fueron mostrando la acumulación de demandas y reivindicaciones sociales históricas. En uno de los países más desiguales del continente3, las personas manifestantes han demandado mayor igualdad y la garantía de derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, con desafíos exacerbados por la pandemia del COVID-19. A la vez, miles se manifestaron por el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 y el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas. Al respecto, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reconoció que el 88.5% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico4. Sin embargo, también se tiene registro de daños a bienes públicos y privados, como daños a estaciones y buses de servicio de transporte público. Algunas personas manifestantes construyeron barricadas, lo que supuso obstrucción temporal de las vías públicas en varias ciudades de Colombia.

Ante estas masivas protestas, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez respondió con estigmatización, calificando a las personas manifestantes como “vándalos”, “terroristas” y otros calificativos que implicarían la comisión de delitos, criminalización y represión policial. El 28 de mayo, el presidente Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, entre ellas, Cali, en el Valle del Cauca. La presencia de militarescon más de seis décadas de formación para responder al conflicto armado, en las calles de centros urbanos, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas.

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Este Escuadrón fue creado a finales de los años noventa con una disposición transitoria, con el objetivo de controlar disturbios y restablecer el orden público. Sin embargo, sigue en operación y es objeto de constantes denuncias por uso excesivo e innecesario de la fuerza en su intervención en protestas, dejando a su paso cientos de muertes violentas y graves lesiones a manifestantes, la mayoría que permanecen en la impunidad.

En ese contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 28 personas entre el 28 de abril y el 28 de junio pasados5, como resultado del accionar ilegal de la fuerza pública. Además, han documentado al menos 90 casos de lesiones oculares6 y 28 casos de violencia sexual en el marco de manifestaciones7. Las cifras de detenciones arbitrarias denunciadas por organizaciones consultadas por Amnistía Internacional ascienden a 2.000 casos aproximadamente8. Tales organizaciones denunciaron además más de 300 personas presuntamente desaparecidas en el marco de las protestas9, de las cuales al menos dos fueron encontradas sin vida en circunstancias por esclarecer10 y la demás estarían pendientes de ser localizadas.

Amnistía Internacional centró la presente investigación en las violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Cali por la dimensión de la crisis y la concentración de las denuncias. Cali es una ciudad conectada al Pacífico colombiano, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y que, en la actualidad, tiene reportes de proliferación de actores armados ilegales que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas 11 . La ciudad Cali ha acogido históricamente a poblaciones Afrodescendientes desplazadas forzadamente por el conflicto armado desde los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y ciudades como Buenaventura12. De acuerdo a su alcaldía, Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia y la segunda con mayor población Negra/Afrodescendiente en Latinoamérica 13 . Organizaciones que defienden los derechos de las personas afrodescendientes en Cali, como Afrodes14, han denunciado que Cali es una ciudad caracterizada por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Por lo que no resulta sorprendente que Cali se convirtiera en el epicentro de la ola de manifestaciones de los últimos meses, y que la respuesta a estas protestas fuera tan violenta.

A través de una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó ataques de civiles armados, quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.

La organización realizó más de cincuenta entrevistas a profundidad con víctimas, sus familiares, testigos, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y periodistas que denunciaron la represión violenta de las manifestaciones. Además, realizó un exhaustivo trabajo de verificación y análisis de más de quinientas piezas audiovisuales que dan cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza y la violencia desplegada contra las personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, la organización envió solicitudes de información al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, siendo ésta última y el Juez 158 de Instrucción Penal Militar las únicas instituciones que dieron respuesta a la solicitud hasta el cierre del presente informe15.

En este informe se analizan tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali.

El primero denominado “Operación Siloé”, ocurrida el 3 de mayo de este año, en el que se evidencia una incursión de agentes de Policía Nacional en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), que usaron armas letales como fusiles Tavor 5.56 mm contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.

El segundo evento ocurrido el 9 de mayo, es el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional. Ese día resultó herida la defensora de derechos humanos Indígena Daniela Soto y resultaron heridas 10 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas.

Por último, en el informe se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usando la fuerza de manera excesiva actuaron coordinadamente con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

Las prácticas evidenciadas en Cali -que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas-, son un reflejo de cientos de denuncias recibidas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país. Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por agentes de la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica.

El presente informe constituye uno de varios documentos que Amnistía Internacional publicará dando cuenta de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en Colombia en el contexto del Paro Nacional. El análisis se centra en Cali en vista de la desproporcionada y violenta respuesta de las autoridades estatales contra jóvenes desarmados, en su mayoría Afrodescendientes y pertenecientes a familias de bajos ingresos, y contra Pueblos Indígenas.

A través del informe Amnistía Internacional concluye cómo en Cali se manifiesta la esencia de la respuesta represiva del Estado colombiano y los verdaderos objetivos detrás de esta represión. Cali muestra las luces y sombras de un país atravesado por la desigualdad y la lucha orgullosa y valiente, creativa y diversa de sus comunidades, que resisten y exigen vivir en un país más justo. Los hechos y casos documentados en el informe evidencian el contexto de discriminación, estigmatización y violencia contra los Pueblos Indígenas y comunidades Afrodescendientes quienes de manera histórica han sufrido desproporcionalmente las consecuencias del conflicto armado y la falta de protección por parte de las autoridades.

En el presente informe Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas entre las que se incluyen:

  • Dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad;
  • Atender de manera urgente las causas estructurales que afectan el ejercicio de derechos humanos y las demandas sociales que dan origen a las protestas pacíficas;
  • Reconocer el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones, y tomar todas las medidas para garantizar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica de todas las personas en el país, sin distinción;
  • Abstenerse de emitir pronunciamientos que estigmaticen y criminalicen la protesta y a sus participantes;
  • Retirar a las fuerzas militares de las operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas;
  • Asegurar que las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir la ley cumplen plenamente con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
  • Reconocer el accionar represivo de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional y adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independente e imparcial y abstenerse de impedir el juzgamiento y sanción de las personas que sean halladas responsables de las violaciones de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, según corresponda;
  • Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de la represión y sus familias;
  • Reconocer públicamente la labor legítima de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el contexto del Paro Nacional;
  • Adoptar medidas para garantizar el trabajo de los periodistas, comunicadores sociales en el contexto del Paro Nacional;
  • Cumplir sin demora con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
  • Cooperar con y no obstaculizar la labor del Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH; e
  • Iniciar investigaciones de manera diligente, independente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente en la ciudad de Cali y los casos presentados en este documento, y de existir pruebas suficientes y admisibles contra las personas sospechosas de responsabilidad penal, someterlas a un proceso justo ante los tribunales civiles ordinarios. La investigación debe incluir todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de civiles armados con su aquiescencia y

2.           METODOLOGÍA

Amnistía Internacional investigó, a través de cientos de piezas audiovisuales de fuentes abiertas, así como aquellas recibidas de periodistas, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y víctimas de represión, el accionar desproporcionado y represivo de la fuerza pública desde el 28 de abril de 2021, fecha en la que inició el paro nacional, a la actualidad.

El Laboratorio de Evidencias de Crisis de Amnistía Internacional analizó y verificó más de 500 piezas audiovisuales de tres hechos ocurridos en la ciudad de Cali y que resultan emblemáticos para mostrar la gravedad de la crisis de derechos humanos en dicha ciudad. Asimismo, un experto en armas de la organización proporcionó un análisis en profundidad de algunos de los videos.

El primero, la incursión armada al barrio Siloé la noche del 3 de mayo, en la que murió asesinado el joven Kevin Agudelo; el segundo, el ataque armado contra la Minga Indígena el 9 de mayo, en el cual resultó gravemente herida la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto y, por último, los ataques de civiles armados en coordinación con la Policía Nacional ocurridos el 28 de mayo en cuyo contexto ocurrieron las detenciones arbitrarias y torturas denunciadas por los jóvenes Sebastián Mejía, Noé Muñoz y Álvaro Herrera.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a familiares de víctimas, testigos de los hechos del 3 de mayo en la noche, así como personas de la comunidad. A partir de sus testimonios y de la verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó este episodio considerado emblemático, por los niveles de violencia registrados que dejaron al menos tres personas muertas y decenas de personas heridas.

La organización también realizó entrevistas a víctimas del ataque armado del 9 de mayo, así como representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que las acompañan, líderes de la Guardia Indígena, voceros de la Asociación Indígena del Cauca y testigos. La organización tuvo también acceso a material audiovisual que verificó y recibió numerosos informes de organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que dan cuenta del nivel de violencia y represión que han vivido durante las jornadas de manifestaciones16.

En el caso del 28 de mayo, Amnistía Internacional realizó entrevistas a testigos, víctimas de hechos violentos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y realizó una exhaustiva verificación de materiales audiovisuales en los que se evidencia que ese día, civiles armados atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía. Además, la organización documentó casos de detenciones violentas realizadas por civiles armados, quienes luego entregaron las personas a la Policía. Las víctimas denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos.

La documentación de los hechos incluyó cerca de 50 entrevistas con víctimas, sus familiares, periodistas y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

Por razones de seguridad, la identidad de las víctimas o familiares que brindaron su testimonio a Amnistía Internacional se mantienen en reserva.

La investigación incluyó la revisión de prueba documental como informes de la sociedad civil e informes oficiales de autoridades nacionales de distintos niveles, de la fuerza pública y representantes de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación.

Amnistía Internacional también entrevistó a funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan seguimiento en terreno a las manifestaciones y el 23 de junio de 2021 realizó una solicitud de información a la Defensoría Regional del Valle del Cauca17, la cual respondió el 6 de julio de 202118. Asimismo, mediante comunicación de 12 de julio de 2021, la organización solicitó al Ministro de Defensa, Director Nacional de la Policía y al Fiscal General de la Nación información concreta sobre los hechos descritos en el presente informe a fin de ser incluidos, en lo pertinente, en este documento19. Transcurrido el plazo de diez días Amnistía Internacional únicamente recibió respuesta del Juez 158 de Instrucción Penal Militar20.

Dado el corto tiempo transcurrido desde los hechos el presente informe no aborda el avance y conducción de las investigaciones penales de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional alerta que es contrario al derecho internacional de los derechos humanos que las violaciones a estos derechos y los crímenes de derecho internacional sean juzgados por la justicia penal militar.

3.           CONTEXTO NACIONAL

Desde el 28 de abril de 2021, miles de personas se han manifestado, en su mayoría, de manera pacífica en las calles de distintas ciudades de Colombia, en el marco del denominado “Paro Nacional”. El factor desencadenante de esta movilización ciudadana fue la propuesta de ley de reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque en un momento de crisis social y de salud pública, que se vive en el país en el contexto de la pandemia del COVID-1921. Debido a la presión social ejercida por las manifestaciones en distintas ciudades, el 2 de mayo el gobierno anunció el retiro del proyecto de reforma y el 5 de mayo las comisiones tercera y cuarta del Congreso votaron por su retiro22. Sin embargo, las manifestaciones continúan y reflejan demandas sociales más amplias, a las que se suman la exigencia de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en el marco de las manifestaciones.

Las protestas han visibilizado los reclamos históricos de poblaciones marginalizadas en el país. La desigualdad, el racismo, la violencia y las consecuencias del conflicto armado interno son causas estructurales del estallido social en Colombia. Los reclamos sociales se basan en la ausencia de garantía de derechos económicos y sociales23 como la educación y la salud, así como medidas para mitigar los efectos de la pandemia, en uno de los países más desiguales de la región24. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)25, en el año 2020, 42,5% de la población colombiana estuvo en condición de pobreza, con un aumento de 6.8 puntos respecto al año 2019. Esto significa que, de una población total de 48,258,494 al 201826, más de 21 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 7.5 millones en condiciones de pobreza extrema.

De acuerdo a los manifestantes, la pandemia ha exacerbado las desigualdades y ha develado las debilidades del sistema de salud y de protección social. En abril de 202027, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado colombiano a tomar medidas adecuadas para garantizar el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas los Pueblos Indígenas, para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria declarada en marzo de ese año.

A pesar de los altos niveles de contagio con Covid-19 y de que Colombia superó las 100.000 muertes28 como consecuencia de este virus, las personas se han mantenido en la calle. Al Paro se han unido expresiones sociales diversas que suman reclamos territoriales de garantía de los derechos humanos: el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, la necesidad de tomar acciones decididas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos 29 y personas que ejercen liderazgos sociales, la implementación de medidas para prevenir y proteger a las mujeres, niñas y personas con orientación sexual y de género diversa contra la violencia y el cumplimiento de acuerdos logrados con comunidades de pueblos Negros e Indígenas en años anteriores, para garantizar su vida, su integridad y su autonomía.

En varias ciudades, como Bogotá, Pereira, Cali, Facatativá, Barranquilla y Pasto -entre muchas otras- se han registrado multitudinarias manifestaciones, en su mayoría pacíficas. Sin embargo, en sus observaciones de la visita a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también dio cuenta de denuncias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, sobre la infiltración de las protestas por parte de grupos o sujetos que efectuaron actos violentos o “vandálicos” durante el transcurso de las manifestaciones. Asimismo, se informó por parte de fuentes oficiales que, desde el inicio de las protestas hasta el 10 de junio, se registraron daños a 1.660 bienes privados, 706 bienes de la policía (556 vehículos institucionales y 116 Comandos de Atención Inmediata) y afectaciones en más de 2.158 bienes públicos (1.251 vehículos y 240 estaciones del transporte público)30.

Asimismo, el Estado informó a la CIDH con relación a los bloqueos/cortes de ruta e indicó que varios de estos bloqueos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo y habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible31 y que en casos específicos se habían realizado acciones delictivas contra la infraestructura de un sistema de transporte32. Por su parte, la CIDH observó que en algunos bloqueos se registran múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo amparo del derecho a la protesta y se reunió con grupos de jóvenes que denunciaron de forma reiterada y consistente acciones de represión por parte de la fuerza pública, así como una situación social de riesgo alimentario y desafiliación familiar e institucional33.

Al respecto, la CIDH señaló que cada uno de los cortes de ruta tiene actores distintos, peticiones diferentes y potenciales efectos sobre derechos fundamentales de terceros que no forman parte de la protesta y que se deben evaluar las circunstancias caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros. Asimismo, la Comisión instó “a que se evite el uso de enfoques generalizantes y prohibitivos a las diversas formas de manifestarse en el ejercicio del derecho a la protesta, en tanto que algunos de ellos son modalidades de la protesta que canalizan la escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública”34.

Cali ha sido un epicentro alarmante de reportes de represión violenta y violaciones a los derechos humanos. En la capital del departamento del Valle del Cauca, se reporta al menos el 70% de los asesinatos de personas en el contexto de manifestaciones sociales, así como graves denuncias de posibles desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violencia armada por parte de civiles con aquiescencia y tolerancia de la fuerza pública. Por esta razón, el presente documento se enfoca en denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional documentados en esta ciudad del Pacífico colombiano.

Desde el inicio de las manifestaciones, Amnistía Internacional ha denunciado que la respuesta de las autoridades colombianas se ha centrado en la estigmatización de la protesta social y, con ello, en la represión violenta a través del uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública. Si bien se han presentado hechos aislados, que han generado daños en bienes públicos y privados durante los más de cincuenta días de protestas, la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, desde el 1º de mayo, el presidente Iván Duque ordenó la presencia militar en los centros urbanos aduciendo que, por la vía de la violencia, el vandalismo y el ‘terrorismo’, se pretendía amedrentar a la sociedad y doblegar las instituciones35. Así, el discurso del presidente y autoridades del gobierno se ha centrado en deslegitimar y criminalizar la protesta social y con ello, justificar su represión violenta desconociendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido denuncias sobre cumplimiento parcial del mandato de monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento a víctimas y sus familiares por parte de los órganos de control, concretamente del Ministerio Público, conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales.

Amnistía Internacional considera que es posible determinar un patrón en las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de manifestaciones sociales en diferentes partes del país. Los hechos denunciados por organizaciones de derechos humanos nacionales no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un “modus operandi” de represión violenta documentado en manifestaciones de años anteriores. En ese contexto, la organización ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado en el contexto de control de manifestaciones en noviembre del 201936 y septiembre del 202037. Así, Amnistía Internacional documentó el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del Estado en diferentes regiones del país al aplicar las medidas de aislamiento durante la pandemia y denunció que la policía nacional empleó tortura e hizo uso excesivo de la fuerza letal, lo que causó la muerte de 10 personas en septiembre del 202038.

3.1    DENUNCIAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

En la inauguración de la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos, llevada a cabo entre el 21 de junio y el 13 de julio de 2021, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en Colombia y refirió que la Oficina ha recibido denuncias de 56 muertes (54 civiles y dos policías) en el contexto de las protestas, principalmente en la ciudad de Cali, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual39.

Los informes de organizaciones y plataformas de derechos humanos naciones e internacionales, dan cuenta de la represión policial constante desde el inicio del Paro Nacional. En ese contexto, del 8 al 10 de junio CIDH realizó una visita de trabajo a Colombia realizar una visita de trabajo durante la cual, visitó Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán con el fin de observar la situación de derechos humanos y emitir recomendaciones sobre la materia. El 7 de junio de 2021 la CIDH publicó sus observaciones y recomendaciones. Al respecto, Amnistía Internacional ha destacado la importancia de la visita y el anuncio de instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia y reitera que las autoridades deben cumplir con las recomendaciones de la CIDH relativas a las violaciones de derechos humanos denunciadas en el contexto del paro nacional40.

Temblores ONG, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes, denunciaron la sistematicidad en la violencia por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones del 2021. Según informe presentado ante la CIDH estas prácticas son:

(i) el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la fuerza pública, (ii) el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas, (iii) los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes, (iv) el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales, (v) la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales, (vi) la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad, (vii) la violencia sexual y basada en género contra manifestantes, (viii) la generación de traumas oculares a manifestantes y (ix) la desaparición forzada de manifestantes41.

ASESINATOS Y LESIONES

La ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’ -red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y derechos humanos- reportó en su último boletín del 30 de junio42, que desde el 28 de abril se han registrado 84 personas muertas en el marco del Paro Nacional, de las cuales 28 son presuntamente atribuibles a la fuerza pública, siete presuntamente cometidos por civiles armados y 16 de estos casos se encuentran en verificación de su relación con la protesta social. La Campaña denunció que 1.790 personas fueron heridas como consecuencia del accionar desproporcionado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y civiles armados no identificados.

Por su parte, Temblores ONG, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes registran que 90 personas han resultado víctimas de trauma ocular, de los cuales 42 casos se han denunciado en Bogotá43.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Preocupan las graves denuncias de violencias policiales basadas en género, incluidas distintas formas de violencia sexual. De acuerdo a un informe presentado ante la CIDH, por la Campaña Defender la Libertad, Sisma Mujer, Humanas Colombia, Ruta Pacífica de las Mujeres, Women’s Link Worldwide y la Corporación Casa de la Mujer, entre otras, entre el 28 de abril y el 2 de junio, se han registrado 491 mujeres víctimas de violencias policiales en el marco de manifestaciones44. Por su parte Temblores ONG reporta 28 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, en su boletín con corte al 26 de junio45. En informe conjunto presentado ante la CIDH, las organizaciones Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y la Fundación GAAT, entre otras organizaciones, reportaron cinco casos de violencia contra personas LGBTIQ+ que han participado en las manifestaciones46.

DESAPARICIÓN FORZADA

Al 27 de mayo, las denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas en el marco del Paro Nacional son alarmantes. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró que 775 personas estuvieron desaparecidas, de las cuales aún faltaba localizar a 32747. El 22 de julio la ´Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas´ informó que en julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en circunstancias por esclarecer48.

Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) Luz

Marina Monzón, hizo un llamado a “no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’, pues al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra la desaparición”49.

Aunado a lo anterior, en el informe que Defensoría del Pueblo presentó ante la CIDH sobre la protesta social en el periodo entre abril y junio50, llama la atención de la organización el uso de conceptos como “personas no ubicadas” en referencia a personas presuntamente dadas por desaparecidas y “fallecidas” en referencia a personas que han muerto en circunstancias violentas.

DETENCIÓN ARBITRARIA

Según Temblores ONG, desde el inicio del paro hasta el 26 de junio, se tienen reportes de 2.005 detenciones arbitrarias de manifestantes51. Amnistía Internacional hace un llamado al Estado de Colombia a garantizar que los procesos de detenciones cumplan con los estándares de derechos humanos y se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la información.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

Organizaciones de la sociedad civil han reportado graves denuncias de ataques y amenazas a periodistas en su función de reportar sobre las manifestaciones. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que, del 28 de abril al 26 de junio, se reportaron 91 agresiones físicas contra periodistas que cubren las manifestaciones del paro nacional. También denunciaron 42 amenazas, nueve detenciones arbitrarias y 14 hechos de eliminación de material periodístico. Estas denuncias deben ser objeto de investigación por parte de las autoridades nacionales. La organización recuerda que las autoridades estatales tienen, bajo el derecho internacional, la obligación de garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto de crisis de los derechos humanos.

ATAQUES CONTRA PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos tienen un papel fundamental en el contexto actual. Las autoridades colombianas tienen la responsabilidad de protegerles y de reconocer su legítima labor y su aporte para el acompañamiento a las víctimas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos. Preocupan las denuncias de amenazas, agresiones y violencia ejercida por agentes de la policía y el ESMAD contra defensores y defensoras que acompañan las manifestaciones, así como el reporte del asesinato del joven defensor indígena Sebastián Jacanamejoy el 28 de mayo en Cali 52 . Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de agresiones, ataques armados, actos de intimidación y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en todo el país y, particularmente, en la ciudad de Cali. Sumado a esto, la organización recibió numerosas denuncias de agresiones, amenazas y violencia ejercida contra misiones médicas, al punto de limitar la posibilidad de salvar vidas de personas heridas.

En especial, le preocupan a la organización las numerosas denuncias de la violencia ejercida contra mujeres defensoras de los derechos humanos53 en Cali, Bogotá, Popayán y Palmira. Amnistía Internacional documentó el caso de Daniela Soto, defensora de los derechos humanos indígena, que resultó herida el 9 de mayo en Cali como consecuencia del ataque armado presuntamente llevado a cabo por civiles armados y con aquiescencia de la Policía Nacional, contra la Minga Indígena. Las autoridades colombianas deben investigar estos hechos de manera inmediata, exhaustiva y sin dilaciones para identificar a los responsables de estos graves hechos y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por estas graves denuncias 54 y reitera que las autoridades colombianas deben investigar sin dilaciones estos hechos y garantizar los estándares de derechos humanos frente al derecho a la información y al debido proceso de personas detenidas en el marco de manifestaciones, en estricto cumplimiento de su deber de debida diligencia y de rendición de cuentas.

3.2    DENUNCIAS REITERADAS DE USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) CONTRA LA PROTESTA SOCIAL

Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas oportunidades violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidas por agentes de la Policía Nacional en el marco de manifestaciones sociales. En junio del año 2017, la organización denunció el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes en el marco del Paro Cívico de Buenaventura55. En noviembre del año 201956, Amnistía Internacional verificó al menos cinco violaciones a los derechos humanos cometidas por el ESMAD en respuesta a protestas sociales. Asimismo, en septiembre del año 202057, la organización denunció el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública e incluso crímenes de derecho internacional, como la tortura, y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En septiembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo histórico58 en el cual amparó el derecho a la manifestación pacífica y reiteró el deber de las autoridades nacionales de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”, tras verificar hechos de violencia desmedida ocurridos en noviembre y diciembre del año 2019. En este fallo, el alto tribunal afirmó que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”59.

El 6 de mayo de 2021, organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Gobierno colombiano incumplió sistemáticamente las órdenes de la Corte Suprema y, por lo tanto, solicitaron que se declare el desacato del presidente de la República, del ministro de Defensa, del director de la Policía Nacional, del defensor del pueblo, de la procuradora general de la Nación y del fiscal general60.

Para Amnistía Internacional este antecedente de derecho interno es relevante y constituye un indicio de la responsabilidad de las autoridades en la omisión de realizar acciones tendientes a garantizar los derechos a la protesta pacífica, a la vida y a la integridad de manifestantes. A pesar de las órdenes explícitas, el Poder Ejecutivo no ha tomado hasta el presente las medidas idóneas para evitar su repetición. Por el contrario, las declaraciones públicas del presidente Iván Duque y su gabinete están orientadas a estigmatizar y criminalizar la protesta social, en lugar de condenar la violencia por parte de agentes del Estado y hacer un llamado a garantizar los derechos de las víctimas. Esto ha incentivado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y es posible afirmar que la represión de la protesta social se ha convertido en un patrón de accionar de la fuerza pública.

El Ministerio de Defensa, en su balance al 24 de junio de 2021, informó sobre cuatro expedientes de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación contra integrantes de la fuerza pública y 34 investigaciones iniciadas por la Justicia Penal Militar61. A su vez, el director de la Policía Jorge Luis Vargas declaró públicamente que se “está enviando a la Justicia Penal Militar a la ciudad de Cali información sobre uniformados ya identificados, donde presuntamente hayan cometido actos contrarios a la ley o haya omitido sus funciones”62

La respuesta de las autoridades de Colombia debe centrarse en garantizar investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

Cabe recordar que los tribunales militares no deben tener competencia para juzgar a miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos63 o crímenes de derecho internacional. Dado que la mayoría de los tribunales militares están formados por miembros del Ejército, el respeto del derecho a ser juzgado por un tribunal que sea y también parezca independiente e imparcial se vuelve ilusorio64.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su jurisprudencia definiendo las limitaciones que debe observar la jurisdicción militar: a) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de todas las violaciones de derechos humanos, b) sólo puede juzgar a militares en servicio activo, y c) sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que atenten, por su propia naturaleza, contra bienes jurídicos propios del orden militar65.

3.3    LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA PROTESTA PACÍFICA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y DE LA REPRESIÓN POLICIAL

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reconoció que el 88.5% de las manifestaciones han sido pacíficas66.

En efecto, desde los primeros días de las protestas, se presentaron multitudinarias manifestaciones pacíficas. Sin embargo, Amnistía Internacional también ha recibido denuncias de destrucción y daño a bienes públicos y privados, así como cortes de ruta/bloqueo de vías. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas expresiones violentas dejan un saldo lamentable de policías lesionados y dos agentes fallecidos a nivel nacional67. El balance para la ciudad de Cali al 18 de mayo de 202168 es de siete civiles fallecidos y 494 lesionados, ningún agente de Policía Nacional fallecido y 204 agentes lesionados. El reporte del Ministerio también da cuenta de la realización de 116 concentraciones, 47 marchas, 243 bloqueos que afectan ejes viales y 4 movilizaciones. Asimismo, la Policía Nacional reporta una grave denuncia de violencia sexual cometida contra una de sus agentes69.

Algunos manifestantes han denunciado ante Amnistía Internacional que los hechos de violencia en las manifestaciones son aislados y corresponden, en algunos casos, a personas ajenas a la protesta, que pretenden deslegitimarla y justificar el uso excesivo de la fuerza. En la ponderación analítica entre las posibles expresiones violentas de algunas personas y la garantía del derecho a la protesta, Amnistía Internacional recuerda la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos en la que se establece una presunción en favor de considerar que las reuniones son pacíficas y que actos de violencia aislados de algunos participantes no tornan toda la protesta como violenta. Además, las medidas que dispongan cualquier tipo de restricción a la participación en reuniones pacíficas deben basarse en una evaluación diferenciada o individualizada de la conducta de los participantes pues las restricciones generales son consideradas desproporcionadas70.

Por ejemplo, las cifras de violencia policial denunciadas por organizaciones locales en Cali son alarmantes. La

´Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas´ alertó que, desde el 28 de abril al 25 de junio, en Cali se han presentado 28 asesinatos, presuntamente cometidos por agentes de fuerza pública y civiles armados que han actuado con aquiescencia y tolerancia de la Policía Nacional. Además, la campaña reporta 1435 personas heridas en el marco de manifestaciones, de las cuales 145 han sido heridas por arma de fuego71. Por su parte, la ONG Temblores denunció que al menos 26 personas han sido asesinadas presuntamente por la fuerza pública en Cali desde el inicio del paro al 16 de junio72.

A pesar de las constantes alertas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los llamados realizados por Amnistía Internacional, el gobierno colombiano ha centrado su intervención en la estigmatización de la protesta social, y con ello, ha legitimado y alentado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública y la militarización de las ciudades.

Miembros del partido de gobierno, han hecho llamados públicos alentando el manejo militar de la protesta:

“El Ejército en las calles es urgente y mejor que estar registrando la noticia de asesinato y destrucción vandálica”

Álvaro Uribe Vélez73

Asimismo, el presidente de la república señaló:

“No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país […] como comandante supremo de las fuerzas armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población”

Iván Duque74

Amnistía Internacional publicó una denuncia el 4 de mayo75, con evidencia audiovisual verificada por su Cuerpo de Verificación Digital, y confirmó que la Policía Nacional ha usado armamento letal contra manifestantes pacíficos en varios incidentes a nivel nacional, así como armas menos letales de manera indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua. En un incidente en Cali, se pudo confirmar el uso del rifle Galil Tavor el 30 de abril. De acuerdo con información Pública, esta es un arma de apoyo de largo alcance “con mayor poder de fuego especial para combate urbano y rural”76. El uso de este tipo de armamento para la dispersión de protestas constituye una violación de los estándares internacionales sobre empleo de armas de fuego77.

A pesar de las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, el presidente Duque ha evadido rechazar el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado y no ha hecho un llamado enfático a garantizar la investigación y la sanción de los agentes responsables de estos crímenes. Por el contrario, ha centrado su preocupación en ataques a estaciones de la Policía, peajes, supermercados y destrucción de bienes públicos y privados y ha justificado la militarización como respuesta.

“La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía, distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico como lo denunció el Fiscal General de la Nación”

Iván Duque78

Por su parte, el fiscal general de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha centrado sus declaraciones en asegurar que las manifestaciones son “violentas” y están infiltradas por grupos armados. Estas afirmaciones deben sustentarse en investigaciones sólidas y públicas que permitan dar cuenta de los riesgos inminentes para la vida e integridad de las personas manifestantes.

“[La protesta pública] se encuentra protegida constitucionalmente, teniendo como límite la comisión de delitos. Por tanto, lo visto en el suroccidente colombiano, como fue en Cali, Tuluá, Buga, Bugalagrande y Popayán, tiene relación con dos tiempos. Uno, que se da por las mañanas cuando la gente sale a marchar o protestar tranquilamente, y otro, en horas de la tarde, cuando entran algunas personas a generar violencia, destrucción y terrorismo […] tenemos evidencia en la ciudad de Cali sobre la participación de la “segunda Marquetalia”, además de mencionar estructuras armadas ilegales como Dagoberto Ramos, disidencias de las antiguas FARC y el ELN”

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación79

En un país que ha vivido más de 60 años un conflicto armado interno, la dialéctica del enemigo interno para calificar las manifestaciones sociales masivas, pone en grave riesgo a personas que protestan legítimamente. En su comunicado, la CIDH recomendó al Estado colombiano separar la Policía y su cuerpo de ESMAD del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”80.

El 28 de mayo, el gobierno publicó el Decreto 575 de 2021 “por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”. Este decreto ordenó a los gobernadores de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, así como a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva que coordinen la asistencia militar para afrontar hechos que alteren la seguridad y levantar los bloqueos en las vías”81. Este decreto ha sido ampliamente rechazado por organizaciones de la sociedad civil82, para quienes la figura de “asistencia militar” no puede usarse para enfrentar manifestaciones. Además, dicho decreto no contempla límite de tiempo para esta figura de militarización, lo que puede significar su prolongación indefinida y, con ello, se acentúan los riesgos de violaciones a derechos humanos. El 23 de julio de 2021 el Consejo de Estado suspendió transitoriamente el Decreto 575 de 2021 por considerar que amenaza el derecho a la protesta social83.

Asimismo, el ministro del Interior anunció una modificación al Decreto 003 de 2021, para establecer que “no constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura”84. Estas maniobras legales, alertan sobre la intención de limitar el derecho a la protesta social y justificar la actuación de la fuerza pública contra manifestantes, aun cuando el uso del espacio público para reuniones pacíficas es un uso legítimo e implica por su naturaleza cierta obstaculización de vías públicas.

Al respecto, el Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones señala que

Las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tránsito de vehículos y peatones. Todo uso del espacio público requiere cierta medida de coordinación para proteger intereses distintos, pero hay muchas formas legítimas en que los ciudadanos pueden utilizar los espacios públicos. Debe tolerarse cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las concentraciones, como la perturbación del tráfico y las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales, a fin de que no se prive al derecho de su esencia (pies de página omitidos)85.

Adicionalmente, de acuerdo con información pública el secretario de Seguridad Civil de Cali fue sustituido por un coronel retirado del Ejército Nacional86.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de denuncias de la presencia del Ejército Nacional en distintos puntos de la ciudad de Cali, situación que genera temor y desestimula a quienes desean protestar pacíficamente. La presencia militar se justificó en la necesidad de proteger a la población, sin embargo, en esta ciudad se presentan las más graves denuncias de uso excesivo de la fuerza, represión a la manifestación pacífica, heridos y lesionados, entre otros graves hechos que serán analizados en el Capítulo 4.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Colombia, deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”87.

En su sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, la Corte determinó que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”88 y que la participación excepcional de las fuerzas armadas en estas tareas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente

Al no haber cumplido con estas condiciones, Amnistía Internacional condena el despliegue militar por las autoridades colombianas con el único objetivo de reprimir manifestaciones, así como los intentos por limitar el derecho a la protesta social, por ser contrario a los estándares internacionales de derechos humanos y puede propiciar la comisión graves crímenes de derecho internacional.

La organización recuerda además que en términos de responsabilidad penal individual no solo el personal de las fuerzas de seguridad que pudiera cometer materialmente violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional debe rendir cuentas, sino que también pueden ser hallados responsables todos los superiores que dicten órdenes ilícitas, las supervisen o consientan.

4.  CALI: EPICENTRO DE LA VIOLENCIA CONTRA MANIFESTANTES POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE GRUPOS DE CIVILES ARMADOS

Cali es una ciudad conectada al Pacífico colombiano, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno. En la actualidad la ciudad tiene reportes de proliferación de actores armados ilegales que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas89. Cali es reconocida por acoger poblaciones afrodescendientes desplazadas forzadamente desde los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y ciudades como Buenaventura 90 . Actualmente, como consecuencia de la pandemia, las cifras sobre violencia, desigualdad y desempleo están en alza, según informes de las entidades nacionales como el DANE91, que reportó entre diciembre de 2020 y febrero del 2021 una tasa de desempleo juvenil del 27.6% en la ciudad. Cali es la segunda con ciudad con mayor población negra/afrodescendiente en Latinoamérica 92 y se caracterizada por la histórica desigualdad, la exclusión y el racismo estructural93..

En los hechos de violencia registrados durante el Paro Nacional, las organizaciones denuncian que:

En el contexto de las protestas y el uso de fuerza excesiva, el perfilamiento racial basado en los estereotipos negativos y racistas de los jóvenes afrodescendientes no solo sustenta las acciones de violencia por parte de los agentes del Estado, sino que también es fundamental en la tendencia institucional de negación de la responsabilidad estatal y la impunidad. Ya empiezan a surgir argumentos, basados en prejuicios sociales, y discursos peligrosos en los medios de comunicación acerca de la violencia entre pandillas y de otro tipo de conflictos urbanos preexistentes, para cuestionar la participación de muchos de los jóvenes en las protestas a fin de presentarlos socialmente como delincuentes y criminales asesinados en el contexto de la violencia cotidiana de sus comunidades en lugar de manifestantes ejerciendo su derecho a la protesta social94.

Amnistía Internacional tuvo acceso a testimonios de jóvenes manifestantes de “primera línea”95 en Cali, quienes aseguraron que “los que ponen el pecho […] no tienen nada que perder. No tienen miedo. Si no te mata el Estado, te van a matar aquí en las comunas a punto de hambre o en el conflicto interno entre las pandillas”96 . Los barrios donde se instalaron “puntos de resistencia” 97 , coinciden con los barrios más empobrecidos y violentos de la ciudad y fueron aquellos más golpeados por la represión policial dejando un saldo aterrador de jóvenes asesinados. La defensora de derechos humanos Erlendy Cuero afirmó a Amnistía Internacional que los niveles de pobreza y desempleo en estos barrios es alarmante98.

En Cali también se han forjado varios de los movimientos y organizaciones de derechos humanos históricos en Colombia, así como movimientos sindicales, estudiantiles y feministas con gran capacidad de organización y denuncia. La capacidad organizativa de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas es destacable y por tal motivo, la Minga Indígena99 ha podido desarrollarse varias veces en esta ciudad100.

A través de una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó ataques de civiles armados, quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.

Por su parte, el Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE) ha denunciado la grave situación de riesgo y amenazas dirigidas contra personas defensoras de los derechos humanos como la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc, Movice Capítulo Valle y organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN). Las denuncias alertan sobre ataques armados y temor ante “operaciones armadas de tipo paramilitar, unas que se realizan por civiles armados y otra de policías vestidos de civil para asegurar impunidad en una criminalidad de Estado que de ninguna manera asegura respuesta a demandas de vivienda, de alimentación, de salud, de educación y empleo a los excluidos y discriminados de Cali101”.

El 4 de mayo, Amnistía Internacional recibió una denuncia sobre una agresión de agentes de la Policía Nacional a una misión de verificación de derechos humanos conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, mientras verificaban la situación de personas detenidas. En estos hechos, se denunció la agresión física y amenazas de muerte contra los defensores James Larrea, Darnelly Rodríguez y Ana María Burgos102.

Asimismo, Amnistía Internacional recibió denuncias de ataques a misiones médicas103 así como ataques a periodistas que acompañaban las manifestaciones, por parte de agentes de Policía y en particular del ESMAD. En Cali la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró ataques a la prensa por parte de agentes de la fuerza pública y algunos también por parte de manifestantes, en particular se denuncian ataques contra los medios alternativos104.

De  acuerdo  a  cifras de  la  ´Campaña  Defender la  Libertad: Asunto  de  Todas´,  en  Cali  se reportaron  28 asesinatos en el contexto de manifestaciones, desde el 28 de abril al 25 de junio. La Consultoría para los derechos humanos CODHES, denunció que, al 6 de junio, más de 100 homicidios han ocurrido en Cali en el marco de manifestaciones, afectando en su gran mayoría a jóvenes afrodescendientes105.

La mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, “con el propósito de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones”106 instalada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación en su informe ante la CIDH informó de 79 casos activos en Cali en el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas, así como cinco denuncias de posibles desapariciones forzadas en el marco de las manifestaciones. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca en su informe a la CIDH, allegado como anexo a la respuesta a la solicitud de información realizada por Amnistía Internacional señaló que de 236 presuntos desaparecidos aparecieron vivos 101, cuatro aparecieron muertos y 131 están pendientes por buscar107.

En cuanto al reporte sobre homicidios, el informe indica que habrían tenido lugar 45 muertes violentas en el Valle del Cauca y que la Fiscalía “tiene pruebas suficientes de que 20 de estos presuntos homicidios se dieron en el marco de manifestaciones públicas”108. Amnistía Internacional considera que estas cifras son alarmantes y exigen que toda la capacidad del Estado esté a disposición de investigar con debida diligencia lo que ha ocurrido en los más de dos meses de paro nacional en Cali. Si bien la instalación de la Mesa Interinstitucional puede ofrecer resultados en materia de información y trazabilidad, es importante destacar que la Defensoría del Pueblo debe mantener un papel autónomo de seguimiento de las entidades encargadas de investigar graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, en su balance público al 18 de mayo, el Ministerio de Defensa reportó siete civiles fallecidos109. Con independencia de las diferencias en las cifras de organizaciones sociales y autoridades nacionales110, Amnistía Internacional recoge con preocupación los testimonios de las víctimas y comunidades en Cali, que denuncian asesinatos de jóvenes que han aparecido decapitados, incinerados o desmembrados y hallados en los ríos cercanos a la ciudad, sin que a la fecha se hayan iniciado investigaciones para determinar a los responsables de los hechos y garantizar justicia.

Por otra parte, la Campaña Defender la Libertad reporta que en Cali se suman 1435 casos de personas heridas, de las cuales 145 han sido heridas por arma de fuego y 247 denuncias de detenciones arbitrarias. Además, la Campaña reportó diez casos de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos que han acompañado las protestas111. Por su parte Temblores ONG denuncia que al menos siete manifestantes han sufrido graves lesiones oculares, como consecuencia de uso excesivo de la fuerza y no cumplimiento de los protocolos de utilización de armas menos letales, como lanzamiento de bombas lacrimógenas directamente a la cabeza y a corta distancia112. Amnistía Internacional pudo verificar cientos de videos de Cali, en los que se puede evidenciar que los agentes del ESMAD no cumplen con los protocolos de utilización de armas menos letales y, por el contrario, causan lesiones o incluso la muerte a personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica113.

Preocupan a la organización las altas cifras de personas dadas por desaparecidas, reportadas por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, quienes, al 26 de mayo, informaban sobre 66 personas desaparecidas en Cali y más de 200 en el departamento del Valle del Cauca.

En cuanto a las denuncias de violencias basadas en género, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de la ocurrencia de al menos 15 casos ocurridos contra mujeres afrodescendientes en el marco de protestas en Cali114. Amnistía Internacional ha recibido denuncias de otros tres casos de mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el marco de manifestaciones en Cali, quienes denuncian haber sido agredidas por agentes de la Policía Nacional, algunas cuando se encontraban bajo custodia en lugares transitorios detención. Asimismo, la organización ha recibido denuncias de amenazas de violación y acoso sexual contra manifestantes y mujeres defensoras de los derechos humanos en Cali. De acuerdo al informe presentado ante la CIDH por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres “el Estado colombiano no cuenta con protocolos que incorporen un trato diferencial con enfoque de género que permita prevenir, atender, hacer seguimiento y sancionar las [violencias basadas en género] contra mujeres por parte de agentes de la fuerza pública en contextos de protestas públicas, entre otras, durante los procedimientos de capturas”115.

El 28 de mayo, el presidente Iván Duque decretó la militarización de Cali, aludiendo desmanes de orden público y bloqueos que afectaban la productividad y el abastecimiento de la ciudad. Esta decisión sembró terror en los manifestantes al dar tratamiento de guerra a la protesta social. Y esto, en un país con una historia de conflicto armado, no es menor. Según enfatizaron personas defensoras de los derechos humanos a Amnistía Internacional, la experiencia de militarización de territorios rurales en el marco del conflicto armado no ha garantizado la protección de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y personas defensoras de los derechos humanos, sino que, por el contrario, ha acentuado riesgos de ser víctimas de violencia armada. Soldados preparados para el conflicto armado “no están preparados para enfrentarse a ciudadanos angustiados y desesperados en las calles de grandes ciudades”116. Como lo ha reiterado Amnistía Internacional, esto puede agravar la situación de derechos humanos y acentuar el riesgo de la comisión de crímenes de derecho internacional.

El 1º de julio de 2021 la Alcaldía de Cali emitió el decreto N. 4112010200304, con el cual se buscaba lograr acuerdos al instalar una mesa de diálogo117. Este decreto fue suspendido por una orden judicial del 15 de junio 118 , limitando la posibilidad de entablar diálogos con las organizaciones y personas que se han manifestado en la ciudad.

Cabe recordar que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública debe ser un último recurso y deben guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El uso de armas letales o armas potencialmente letales contra manifestantes, en situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o a la integridad de terceros, es considerado uso desproporcionado de la fuerza. En aquellos casos que representan una amenaza, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para identificar a las personas que han cometido actos de violencia y deben proteger el derecho a la reunión pacífica. Al respecto, la CIDH ha indicado que “el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas”119.

A tres meses del inicio del Paro Nacional, Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias sobre homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, agresiones contra periodistas y misiones médicas, así como violencia contra personas defensoras de los derechos humanos, cientos de personas lesionadas, algunas con lesiones oculares graves, expresiones de paramilitarismo urbano, entre otros hechos, que exigen la mayor eficiencia y diligencia de las autoridades para juzgar a los responsables y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas. A continuación, se presentan tres casos emblemáticos de lo que ha ocurrido en Cali, como una muestra del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional a saber, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y expresiones de paramilitarismo urbano.

4.1    LA “OPERACIÓN SILOÉ”: 3 DE MAYO DE 2021

Siloé es un barrio que hace parte de la comuna 20 de Cali y ha sido uno de los lugares donde más reportes de violaciones a los derechos humanos denuncian organizaciones, víctimas y comunidades, en el marco del paro nacional. Siloé es un barrio popular, que, según personas entrevistadas por Amnistía Internacional, se destaca por tener expresiones culturales y artísticas, así como iniciativas juveniles de organización social. El barrio también ha estado marcado por la violencia por parte de actores armados120 y el microtráfico de drogas, que han acentuado los riesgos de niños y jóvenes que lo habitan.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a familiares de víctimas, testigos de los hechos del 3 de mayo en la noche, así como personas de la comunidad. A partir de sus testimonios y de la verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó este episodio considerado emblemático, por los niveles de violencia registrados que dejaron al menos tres personas muertas y decenas de personas heridas.

De acuerdo, con la evidencia recabada por Amnistía Internacional, la noche del 3 de mayo, confluyeron en Siloé agentes de la Policía Nacional, entre ellos, agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). La comunidad también denunció presencia de soldados del Ejército Nacional (para esa fecha el presidente Iván Duque ya había ordenado la asistencia militar a la ciudad121).

De acuerdo a los testimonios recibidos por Amnistía Internacional, esa noche hacia las 8:40 PM, un grupo de manifestantes realizaban una “velatón”122 en la glorieta del barrio, en homenaje al joven Nicolás Guerrero,123 que según la organización Indepaz fuera asesinado el día anterior en Cali como consecuencia de heridas de arma de fuego accionadas presuntamente por agentes del ESMAD, mientras hacía parte de una marcha pacífica.

Según los testimonios recibidos por la organización, la manifestación se desarrollaba de forma pacífica. La glorieta de Siloé queda a corta distancia de la Estación de Policía el Lido. En el momento de los hechos, las entradas a la Glorieta estaban bloqueadas por manifestantes y jóvenes de la “primera línea”. Según relatos de los testigos, agentes del ESMAD irrumpieron violentamente, lanzando bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin que haya habido ningún evento violento por parte de los manifestantes. Según aseguran testigos, hacia las 8:00 PM las personas ya estaban iniciando el retorno a sus hogares y “los chicos estaban  tranquilos, dispersos”124.

MAPA DE LA GLORIETA DE SILOÉ AL MOMENTO DE LA VELATÓN – 8:40 PM

Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

Según relataron personas de la comunidad a Amnistía Internacional, en el barrio hay una segunda estación de Policía denominada El Cortijo a cinco cuadras de la glorieta, donde se encontraban agentes del grupo especial GOES, hacia las 8:40 PM.

MAPA DE LA GLORIETA DE SILOÉ CON RELACIÓN A LA ESTACIÓN DE POLICÍA EL CORTIJO

Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

A las 8:50 PM los testigos registraron la entrada violenta de una tanqueta Venom, con alrededor de 15 agentes, entre Policías y miembros del ESMAD, quienes dispersaron el primer bloqueo establecido por los jóvenes manifestantes, para acceder al punto donde se llevaba a cabo la “velatón”.

En este punto de concentración se encontraban niños, niñas, adolescentes, personas mayores, según relatan los testigos. Justo a esta hora, la comunidad manifiesta que hubo un corte de energía eléctrica en el sector125.

El dispositivo Venom es un sistema de lanzamiento de proyectiles que “es utilizado para la dispersión de disturbios violentos a una distancia de rango de efectividad de 160 mts según el ángulo de inclinación que va de 10°, 20° y 30°, que tiene las siguientes características: calibre 38 MM carga útil, peso es de 19 Kg, cartuchos son desechables, 10 por cada casete, las elevaciones de lanzamiento son de 10° – 20° -30°, altura es de 47 ctm, profundidad es de 47 ctm, profundidad es de 33.1. ctm, (sic) encendido eléctrico con baterías o pilas de 12 voltios […] los cartuchos con carga lacrimógena, fumígena o de aturdimiento no deben ser dirigidos directamente contra las personas, porque puede generar hematomas, quemaduras o lesiones internas”126.

La Resolución No. 02903 de 2017 de la Policía Nacional reglamentó “el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por parte de la Policía Nacional” y en su artículo 18 clasificó las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales que pueden ser usados por la Policía Nacional incluyendo en el numeral 4.a) la utilización de “lanzadores múltiples eléctricos” por lo cual el dispositivo VENOM es considerado un arma menos letal.

El dispositivo Venom, en ocasiones, como en Siloé, es colocado encima de las tanquetas del ESMAD.

MAPA DEL INGRESO DE LA TANQUETA VENOM Y DERRIBO DE BLOQUEOS 8:50 PM

Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

A pesar de ser una manifestación pacífica, el ESMAD irrumpió lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras utilizando el sistema Venom, lo que generó caos y produjo la salida de los manifestantes hacia el interior del barrio Belisario Caicedo y la avenida circunvalar.

Amnistía Internacional considera que el uso del sistema Venom, en contra de manifestantes pacíficos, es una muestra de represión violenta de la protesta social que presenta una grave violación del derecho a la reunión pacífica y un riesgo para la vida e integridad de las personas.

Cabe señalar que en junio de 2021 Juzgado de Popayán ordenó a la Policía Metropolitana y al ESMAD suspender el uso el uso del dispositivo Venom hasta tanto no se elabore un protocolo para su uso y se capacite a todos los miembros del ESMAD sobre el correcto uso del dispositivo127.

Sin embargo, el problema del sistema Venom no se puede resolver simplemente con la elaboración de un protocolo y la capacitación del personal encargado de su uso. Es un arma que por su concepción implica un uso excesivo e incontrolable de la fuerza, con cantidades excesivas de gases lacrimógenos y otros dispositivos que violan los principios de necesidad y de proporcionalidad, así como el deber de las autoridades de minimizar los daños. Por ello, Amnistía Internacional llama a la prohibición de este tipo de armas en las operaciones de orden público128.

TRAYECTORIA DEL ATAQUE DIRECTO A LA VELATÓN 9:10 PM

Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

Hacia las 9:30 PM testigos y múltiples registros audiovisuales confirman que varios agentes del grupo GOES motorizados se dirigen desde la Estación de Policía El Cortijo hacia la glorieta de Siloé, donde se encontraba el ESMAD. Un joven manifestante, que dio su testimonio a Amnistía Internacional denunció que los agentes del ESMAD y del GOES “emboscaron” a los manifestantes por los dos lados y relataron que “no tenía[n] ningún tipo de protección y no pod[ían] retroceder ante los disparos y los gases lacrimógenos accionados desde distintos puntos”129.

El Comité de Derechos Humanos ha señalado que solo en casos excepcionales se puede dispersar una reunión, como, por ejemplo, si la reunión como tal ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas130 y que, en todos los casos, las normas de aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza se deben cumplir estrictamente.

Además, el uso de gases lacrimógenos solamente se puede hacer con el fin de dispersar a una multitud y por ello nunca debería hacerse en situaciones en las que las personas no se puedan dispersar131.

De acuerdo con los testimonios y la evidencia audiovisual a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, no hay pruebas de ninguna amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas que justificara el uso de la fuerza que hicieron el ESMAD y el GOES en Siloé ese 3 de mayo.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley132 establecen los principios y reglas necesarias para controlar el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Así, el uso de la fuerza se guía por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

El principio de legalidad establece que la facultad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de hacer uso de la fuerza debe establecerse por ley, que describirá en qué circunstancias y con qué finalidad podrá considerarse el uso de la fuerza; esto incluirá también un proceso legalmente constituido para la aprobación y utilización del equipo y las armas que han de emplearse133. Está sustentado en el Principio 1 de los Principios Básicos que establece que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”134.

El principio de necesidad establece que sólo se usará la fuerza cuando no se disponga de ningún otro medio (de antemano o después de haber agotado todos los medios disponibles) para lograr el objetivo legítimo. Debe quedar claro asimismo que sólo se usará la fuerza mínima, es decir, que no se usará más fuerza de la necesaria para lograr el objetivo135. Ello está sustentado en el Principio 4 de los Principios Básicos: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

El principio de proporcionalidad establece los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán intentar lograr sus objetivos a toda costa. La ley debe fijar un límite claro y exigir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sopesen su objetivo legítimo con el posible daño que puedan causar al recurrir al uso de la fuerza136. El principio está contenido en el Principio 5 de los Principios Básicos: “Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga […]”137.

Finalmente, el principio de rendición de cuentas establece que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se responsabilicen del desempeño de sus funciones y de su respeto del marco jurídico y operativo, incluyendo no sólo a las funcionarias y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuando en una situación concreta, sino también a aquellas personas que tengan responsabilidad en la cadena de mando138.

Aún más, de acuerdo con testimonios recibidos por Amnistía Internacional, en el punto de la panadería La Sorpresa, se registraron disparos y fue allí donde fueron muertos dos jóvenes, Kevin Agudelo de 22 años y Hárold Rodríguez de 20 años139. En el momento de los hechos, personas de la brigada de salud tuvieron que huir y afirmaron a los manifestantes presentes “no podemos hacer nada, hay heridos de bala y de gravedad”140, razón por la cual los jóvenes heridos tuvieron que ser subidos a motos y llevados al puesto de salud más cercano, donde se registró su muerte.

ATAQUE DIRECTO A LOS MANIFESTANTES

Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

Varios testigos denunciaron ante Amnistía Internacional que hacia las 9:00 PM dos helicópteros presuntamente de la Policía Nacional, que sobrevolaron el área, dispararon desde el aire contra los manifestantes que buscaban refugio en las casas del sector. Además, se registraron dos eventos de casas incendiadas, presuntamente por objetos lanzados desde los helicópteros. Amnistía internacional verificó videos de esa noche, que dan cuenta que la presencia de helicópteros141. Sumado a esto, los testigos relatan que “desde el helicóptero lanzaban objetos más o menos del tamaño de una lata de aerosol o un extintor que cayeron sobre las casas y no estallaban, sino que resplandecían como el reflejo de las nubes cuando caen rayos”142.

MAPA DEL ATAQUE CONTRA MANIFESTANTES

Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad

Amnistía Internacional recibió denuncias de al menos tres personas muertas como consecuencia de disparos de arma de fuego y de 24 registros de jóvenes detenidos esa noche. Videos verificados por la organización dan cuenta del uso de armas letales, como fusiles Tavor 5.56mm143.

Los testigos aseguran, que de un momento a otro vieron que sobrevolaba un helicóptero que los iluminaba y lanzaba gases. Por el lado donde estaba la manifestación hubo un corte de energía e inmediatamente inició el ataque […] mezclados con el ESMAD venían policías uniformados disparando armas de fuego. Muchos lo que pudieron hacer fue correr, entre ellos, Kevin. Al frente de ellos, vieron policías disparando con fusiles. Kevin cayó por un disparo en el pecho y fue arrastrado, pero ya había perdido mucha sangre por el impacto. Varios lo pudieron alzar, pero los disparos continuaban144.

Testigos de los hechos señalaron que el ataque a la manifestación “fue desmedido, nosotros no estábamosarmados ni teníamos cómo responder a ese arsenal […] fusiles se usan para la guerra”145.

 

KEVIN ANTHONY AGUDELO JIMÉNEZ, 21 AÑOS
 

Foto enviada por el padre de Kevin Agudelo con autorización de uso en el presente documento.

Kevin Anthony era un joven jugador de futbol aficionado del equipo Siloé F.C. y es una de las víctimas de violencia policial la noche del 3 de mayo. Es recordado en su comunidad y sus compañeros aún lloran su muerte.

Esa noche Kevin participaba en un evento cultural en la glorieta de Siloé y en pocos minutos perdió la vida como consecuencia de una herida de bala. Testigos de los hechos aseguran que cuando recogieron a Kevin para llevarlo al punto de atención en salud, ya había fallecido. Amnistía Internacional verificó los videos previos al ataque y pudo determinar que agentes de Policía se encontraban fuertemente armados en inmediaciones al lugar de la muerte de Kevin 146 . El equipo de verificación digital de Amnistía Internacional confirmó que estos agentes de Policía disparaban fusiles Tavor 5,56 mm147.

Además, se verificó la presencia de dos helicópteros que sobrevolaban el área. En varios videos, se verifica que Kevin yace herido de muerte mientras sigue un tiroteo y algunas personas logran sacarlo en una moto inconsciente148. No se aprecia presencia de personal médico de primeros auxilios, pues según los testigos, tuvieron que resguardarse de la balacera.

 

El 5 de mayo la familia de Kevin interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En la denuncia, el padre de Kevin declaró que su hijo “estaba participando en una velatón, yo sabía que él participaba en reunión que organizaron en la loma de la cruz, para organizar actos culturales de apoyo al paro […] los testigos aseguran que ellos estaban allí y los del ESMAD comenzaron a hostigarlos y tirarles gas lacrimógeno, y metido entre el ESMAD había uniformados de la Policía Nacional disparando por encima de los hombros del personal del ESMAD”149.

Amnistía Internacional tuvo acceso al dictamen de medicina legal en el cual se estableció “joven adulto masculino con heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego […] de acuerdo a los hallazgos en el procedimiento de necropsia medicolegal muestra signos macroscópicos de heridas por proyectil de arma de fuego ocasionando laceración de aorta a nivel del cayado, ocasionando hemotórax masivo, mecanismo que desencadena su muerte […] sin signos de atención médica”150.

En este dictamen se establece como causa de su muerte “violenta/homicidio”. Además, la descripción de las lesiones “por arma de fuego (carga única), con orificio de entrada de forma circular, de bordes invertidos, perforación y anillo de contusión concéntrico de 2mm en el sentido de las manecillas del reloj, con un diámetro de 0,6 cm”.

La puesta en marcha de una operación armada de este nivel, como si se tratase de una confrontación con actores armados ilegales y no de un evento de protesta pacífica, da cuenta del tratamiento de guerra que se implementó en Cali como respuesta a las protestas en el contexto del paro nacional. En la incursión armada conjunta entre agentes de la Policía, el ESMAD, el GOES y militares fue posible verificar el uso de armas letales por parte de agentes de seguridad, lo que no solamente es excesivo e innecesario, sino que ha dejado como consecuencia varios jóvenes asesinados y, por lo tanto, debe dar lugar a una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes. Además, el uso de gases lacrimógenos de noche y desde arriba es inaceptable porque anda al contrario del único objetivo legítimo para el uso de este tipo de arma que es la dispersión de una multitud violenta: por ser de noche y por venir del cielo, las personas afectadas no pueden saber en qué dirección dispersarse151. Esta forma de uso de gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad comprueba más bien la intención de facilitar un ataque de carácter militar que de algún intento legítimo de restablecimiento del orden público.

“[E]stamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida […] dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la seguridad personal, y a facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”

Portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 4 de mayo de 2021152.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró frente a estos hechos que “hubo una desafortunada circunstancia, agresiva, premeditada contra la comunidad de Siloé […] es un tema realmente doloroso que tiene que ser llevado hasta las últimas instancias de la justicia, quizás incluso a la justicia penal internacional […] un tema que ha ocurrido sin duda alguna a espaldas de esta alcaldía, pues no permitiríamos el uso de armas de fuego contra una comunidad inerme”153.

El Juez 158 de Instrucción Penal Militar informó a Amnistía Internacional que en dicha jurisdicción no se encuentran procesos de los hechos ocurridos el 3 de mayo en el que figure como víctima Kevin Agudelo154.

4.2    ATAQUE ARMADO CONTRA LA MINGA INDÍGENA

Los niveles de violencia desproporcionada por parte de agentes de la fuerza pública, así como ataques armados contra manifestantes que involucran a personas vestidas de civil, han marcado los más de dos meses de movilizaciones por el paro nacional en Cali. A pesar de los constantes llamados de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre esta grave situación, alertando sobre asesinatos, desapariciones forzadas y violencia de tipo paramilitar, el 9 de mayo se registró un ataque contra la Minga Indígena155 que dejó a varias personas gravemente heridas y que evidenció un contexto de discriminación, estigmatización y violencia contra Pueblos Indígenas.

La Minga Indígena hizo presencia en Cali desde los primeros días del Paro Nacional, con el objetivo de acompañar las manifestaciones sociales y en solidaridad con las decenas de víctimas que ya se registraban como consecuencia del actuar desproporcionado de la fuerza pública.

 

“Nosotros venimos a brindar seguridad. A mediar para que cese la violencia. Hacemos parte del paro, pero también somos gestores de paz, convivencia y derechos humanos
Representantes de la Minga en comunicaciones previas al 9 de mayo156

 

Más de cinco mil personas indígenas, provenientes en su mayoría del departamento del Cauca, llegaron a la ciudad y se instalaron en los puntos de manifestaciones como Meléndez, Sameco, Siloé y “Puerto Resistencia”. Según personas entrevistadas por Amnistía Internacional, a la Minga se le solicitó apoyo en Cali, con el ánimo de brindar acompañamiento humanitario, asegurar el diálogo y prevenir ataques armados de personas infiltradas.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a víctimas del ataque armado del 9 de mayo, así como representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que las acompañan, líderes de la Guardia Indígena, voceros de la Asociación Indígena del Cauca y testigos. La organización tuvo también acceso a material audiovisual que verificó y recibió numerosos informes de organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que dan cuenta del nivel de violencia y represión que han vivido durante las jornadas de manifestaciones157.

En días previos al ataque contra la Minga, la organización indígena CRIC, denunció que ciertos mensajes estigmatizantes en la prensa, de personas de alto perfil como el expresidente Uribe, vinculándolos falsamente con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), podía poner en riesgo a los manifestantes indígenas y sus líderes 158. Como hemos dicho ya en un país como Colombia, con más de cinco décadas de conflicto armado interno, señalar a organizaciones como parte de una guerrilla como el ELN 159, implica prácticamente convertirla en blanco de ataques.

Sumado a esto, medios de comunicación señalan que en días previos al ataque el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró que “en Cali no deben mandar los que no forman parte de Cali. No debe haber pretextos para que personas ajenas a nuestra ciudad cumplan las funciones que se cumplen en nuestra ciudad” 160 y “debemos actuar de otra manera, los criminales ganan fuerza y capacidad resolutiva es limitada. Es necesario crear Brigadas y Redes de Seguridad ciudadana. Desde mañana a organizarnos a nivel de barrio, pero tenemos que cuidar la vida”161. Estos mensajes estigmatizantes y que criminalizan a manifestantes, así como los llamados realizados por autoridades de todos los niveles162 a crear grupos civiles de seguridad, fueron el contexto facilitador para que estos ataques armados se pudieran concretar.

El 9 de mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación frente a este ataque 163 y reiteró que históricamente los Pueblos Indígenas y afrodescendientes han sufrido desproporcionalmente las consecuencias de la violencia, el conflicto armado y la falta de protección de las autoridades estatales. Además, la organización denunció que, a pesar de los llamados urgentes a las autoridades para prevenir esta violencia armada, no se tomaron medidas dirigidas a evitarla, sino que, por el contrario, la respuesta fue replicar mensajes estigmatizantes sobre la Minga Indígena y los manifestantes, lo que pudo alentar que esto sucediera.

Con los mensajes estigmatizantes, las autoridades crearon objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptaron todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que civiles armados atacaran a la Minga.

De acuerdo a los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, ese día se tenía prevista la llegada de varias chivas164 de la Minga Indígena desde el Cauca a Cali, por la vía Cañasgordas. Antes de su llegada, habitantes del sector salieron a bloquear la vía de entrada y en estos hechos se registrados ataques armados. La organización de los sucesos y su cronología parece indicar que los bloqueos y el posterior ataque se dieron de manera coordinada y premeditada.

Según un testimonio brindado a Amnistía Internacional por un testigo que habita un barrio cercano a donde ocurrió el ataque, personas vestidas de civil bloquearon su paso y les gritaron que “no tenían nada que hacer allí”. Según el testigo, las personas de civil sostuvieron una reunión para coordinar el bloqueo del paso de la Minga, el día anterior al ataque. También se hicieron convocatorias por el sector de Comfandi Pance y por la iglesia La María, para coordinar la defensa del barrio […] en el taponamiento grande, cerca a la iglesia La María, se ubicaron las personas vestidas de blanco, algunas armadas, iniciaron los disparos y los indígenas se bajaron de las chivas para ubicar a quienes estaban disparando y ubicaron dos camionetas que fueron quemadas […] los indígenas iban pasando, en ningún momento se estaban metiendo a las casas o a los condominios […] se escuchaba de voz a voz por medio de guardas de vigilancia, que había una reunión para la cuestión que iba a suceder, todo el mundo armándose para cualquier cosa que vaya a suceder165.

Uno de los primeros indicios de que se trató de un ataque premeditado es que hacia las 12:00 PM, las chivas donde venía la Minga, fueron interceptadas a pocos kilómetros de Cali, en Jamundí. Por esta razón, tuvieron que desviarse y tomar la avenida Cañasgordas, donde ocurrió uno de los tiroteos. Hacia las 2:00 PM hubo dos tiroteos más en zona cercana a la iglesia La María. También se registraron ataques contra la Minga, en el sur del barrio Pance y en el barrio Ciudad Jardín166.

Mapa tomado de la reconstrucción realizada por el medio independiente Cuestión Publica, 27 de mayo del 2021167.

De acuerdo al testimonio de testigos y víctimas del ataque, uno de los eventos que alertó a la Minga y a mingueros que estaban en la Universidad del Valle, fue la retención por parte de civiles, de uno de los consejeros de la ACIN, Harold Sescué. El consejero alertó sobre su retención y varias personas acudieron a auxiliarlo, así como algunas chivas que estaban en camino hacia Cali. Cuando llegaron, ocurrió un tiroteo. De acuerdo a testimonios recogidos por Amnistía Internacional, cuando las personas indígenas llegaron al lugar, se enfrentaron con un bloqueo de civiles, que les gritaban e insultaban acusándoles de “guerrilleros” y gritándoles que debían volver a sus resguardos pues en Cali no eran bienvenidos.

Amnistía Internacional también tuvo conocimiento de declaraciones públicas del congresista Christian Garcés, del partido de gobierno Centro Democrático, quien afirmó “se vienen indígenas con bastones de mando a secuestrar a los caleños”168, no solo replicando un mensaje estigmatizante desde su posición política, sino justificando la violencia ejercida contra la Minga Indígena.

 

DANIELA SOTO
 

Foto compartida por Daniela Soto, con autorización para incluirla en el presente documento.

Foto tomada en la posesión del cabildo de estudiantes de educación superior de Popayán en la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural UAIIN.

Daniela Soto, es una reconocida defensora de los derechos humanos indígena, del resguardo Sa´th Tama Kiwe y lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, quien resultó gravemente herida ese día.

Daniela recibió un impacto de bala que le perforó el intestino y afectó una vena principal en su pierna. Esta grave herida la dejó al borde de la muerte y debió ser reanimada en el lugar. Según el dictamen de medicina legal, Daniela fue atendida en la clínica Fundación Valle de Lili, el 9 de mayo a las “15:21 por herida por proyectil de arma de fuego, con trayecto transabdominal […] se anota necesidad de transfusión masiva y laparotomía exploratoria emergente para control de daños”169 . Se le recomendó mantener incapacidad médica durante cuarenta y cinco días debido a la gravedad de las heridas.

El equipo de verificación digital de Amnistía Internacional pudo verificar material audiovisual del momento del ataque, en el que se ven a personas vestidas de civil disparando contra la Minga Indígena. En estos videos se verifica la presencia de Daniela, desarmada, intentando mediar en el bloqueo. Las personas armadas visten prendas blancas, algunas inician el tiroteo desde camionetas de alta gama. En estos videos se puede verificar la presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes no parecen sorprendidos por el ataque, de hecho, se puede ver que no hay intervención alguna para contener el ataque armado, lo que constituye un indicio de su aquiescencia y complicidad170.

Daniela relató a Amnistía Internacional que ella en ningún momento iba armada. Por el contrario, reitera que intentó dialogar con las personas que estaban realizando el bloqueo para convencerles de dejar pasar las chivas de la Minga. Sin embargo, reitera que recibieron insultos y calificativos como “guerrilleros” diciendo a los indígenas que no los iban a dejar pasar por “obstaculizar el desarrollo”, lo que provocó un alegato y empezaron a disparar. Señala que lo peor es que el Estado legitima la violencia para generar miedo y terror para que los manifestantes dejen el Paro”171.

Afirmó ante Amnistía Internacional que aún está recuperándose de las graves secuelas físicas y emocionales de este ataque. Menciona además que ella acompañaba procesos sociales con mujeres indígenas que debieron suspenderse y esto ha generado también un daño colectivo.

 

Amnistía Internacional verificó material audiovisual en los que se ven a personas vestidas de civil fuertemente armadas disparando hacia los manifestantes indígenas desarmados 172 . En dicho material, es posible determinar que había presencia de agentes de la Policía Nacional, que no solo permitieron este ataque, sino que también protegieron a las personas que lo realizaban173. Lo anterior demuestra que no se trató de eventos fortuitos o de hechos llevados a cabo por particulares sin más, sino que agentes de Policía en connivencia con ellos omitieron su deber de proteger a los ciudadanos y fueron cómplices de los ataques armados contra manifestantes indígenas. Además, Amnistía Internacional tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp, las cuáles, si bien no han sido aún objeto de verificación, coinciden con el accionar que, en la práctica, tuvieron las personas civiles armadas y pondrían en evidencia su plan criminal con el objetivo de “bloquear las tales chivas” y señalando a lideresas como Daniela Soto174. En estas comunicaciones, se comparten fotos de Daniela señalando su liderazgo, momentos previos al ataque en el que ella resultó herida, lo que demostraría la premeditación en los hechos175.

Luego de los ataques, el presidente Iván Duque, emitió un llamado para que las personas indígenas “retornen nuevamente a sus resguardos […] no por limitar su movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones con la sociedad. Quiero hacer un llamado claro a los miembros del CRIC, hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad para evitar confrontaciones”176. Estas declaraciones fueron rechazadas públicamente por líderes de la Minga como la defensora Aida Quilcué quien responsabilizó al gobierno local y al gobierno nacional por la fuerte represión contra manifestantes en Cali y por responder a la protesta social con la militarización.

Amnistía Internacional reitera que no solo rechaza que se mantenga un discurso estigmatizante de las personas indígenas que acompañaron las manifestaciones en Cali, sino que se les responsabilice de los ataques que sufrieron y no se emita ningún reproche por las conductas violentas ejercidas por civiles armados en coordinación con agentes de la Policía Nacional. Además, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades nacionales su deber de especial protección de los Pueblos Indígenas, garantizando sus derechos fundamentales y reconociendo su participación en espacios políticos y sociales. Las expresiones discriminatorias contra Pueblos indígenas contravienen las obligaciones de derecho internacional y promueven la violencia y la impunidad que aún prevalece.

El Movimiento de Crímenes de Estado MOVICE, envió una comunicación urgente el 9 de mayo, en la cual denunció que al recibir la noticia de los ataques contra la Minga se hicieron presentes en el lugar pero al desplazarnos al lugar como garantes de derechos humanos, la Policía disparó contra los cuatro defensores de derechos humanos e integrantes de la Minga Indígena. Las personas integrantes del Movice pudieron identificar un vehículo que disparó contra otro vehículo que transportaba miembros de la guardia indígena. Simultáneamente otro carro particular disparaba contra los manifestantes. Todo lo anterior delante de personal de policía que se encontraba en el lugar y protegía a los civiles que atacaron a los manifestantes y la Misión de Verificación. Alertamos sobre la grave situación de vulnerabilidad y amenazas contra miembros de la Minga Indígena (CRIC, ACIN), Fundacion Guagua, Nomadesc, CDR, Movice Capítulo Valle, población civil, entre otras, frente a las que día a día aumenta el riesgo contra la vida e integridad177.

Amnistía Internacional reitera el deber de las autoridades nacionales de prevenir la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y de tomar las medidas tendientes a garantizar que hechos como los descritos no queden en la impunidad. Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos y eso solo puede ocurrir si las autoridades estatales están ausentes, y no cumplen con su obligación de protección. En varias oportunidades Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre la grave violencia cometida contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en el país, y ha reiterado que esta violencia es generalizada y el Estado ha omitido su obligación de protegerles178.

Amnistía Internacional ha denunciado históricamente las formas de cooperación armada entre civiles y la fuerza pública que han dejado miles de víctimas en Colombia. Por su parte, el ataque armado del 9 de mayo del 2021, coordinado entre agentes de la Policía y civiles armados, puede ser considerado una forma de paramilitarismo urbano. El hecho reviste la mayor gravedad, al atacar directamente a personas indígenas y al señalar y dirigir la violencia hacia las personas defensoras de los derechos humanos presentes. Amnistía Internacional se une al llamado de las víctimas indígenas, sus organizaciones y colectivos, sus líderes y lideresas, y reitera el llamado para que las autoridades se comprometan en investigar de manera exhaustiva, imparcial y diligente estos hechos, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y las víctimas sean reparadas integralmente179.

4.3    ATAQUES ARMADOS DE CIVILES CON LA AQUIESCENCIA Y LA COMPLICIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL: GOLPIZAS, DETENCIONES ILEGALES, TORTURA Y AMENAZAS DE DESAPARICIÓN FORZADA CONTRA MANIFESTANTES

Desde el viernes 28 al 30 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas denunció que “se reportó la muerte de al menos catorce personas, además de que cerca de un centenar han sido lesionadas en la ciudad de Cali, en el marco de las manifestaciones”180. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, expresó que su Oficina había recibido reportes denunciando que “en algunos puntos de la ciudad, individuos privados también habrían disparado contra los manifestantes en presencia de agentes de la policía”181, además, se refirió a la detención de al menos 30 personas el 28 de mayo e hizo un llamado a aplicar las medidas idóneas para prevenir desapariciones forzadas.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a testigos, víctimas de hechos violentos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y realizó una exhaustiva verificación de materiales audiovisuales, en los que se evidencia que ese día, civiles armados, actuando en con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía, atacaron a los manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos. Además, se documentaron casos de detenciones violentas realizadas por civiles armados, quienes luego entregaron a las personas a la Policía. Las víctimas denuncian detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos.

Los hechos denunciados ocurrieron en el barrio Ciudad Jardín, cerca de la Universidad del Valle, lugar donde los manifestantes se reunían. El 28 de mayo, los manifestantes decidieron salir a las calles para conmemorar un mes del paro nacional, así como para exigir justicia por las víctimas de la represión policial. Según declaraciones de autoridades y reportes del Ministerio de Defensa, en ese mes se habían producido múltiples escenas de violencia presuntamente por parte de manifestantes, así como bloqueos que estaban perjudicando la productividad económica y el abastecimiento de la ciudad de Cali.

De acuerdo a los videos verificados por Amnistía Internacional182, hacia las tres de la tarde se reportaron los primeros disparos en el área. Estos hechos fueron transmitidos por el periodista Alberto Tejada del canal 2 de Cali, en vivo y en directo. Medios de comunicación también registraron estos hechos y publicaron decenas de fotos que dan cuenta de la veracidad de las denuncias183. El paso de manifestantes fue bloqueado por un grupo de civiles armados y agentes de la Policía Nacional. Amnistía Internacional pudo verificar videos en los que civiles armados disparan a los manifestantes, con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional, quienes no tomaron ninguna medida para proteger la vida e integridad de quienes protestaban, de periodistas que cubrían la escena y de personas defensoras de los derechos humanos presentes en el lugar184.

Ese día, Amnistía Internacional recibió la denuncia de al menos once personas detenidas arbitrariamente, entre ellos Sebastián Mejía, Álvaro Herrera y Noé Muñoz.

 

SEBASTÍAN MEJÍA BELALCAZAR
 

Foto compartida por Sebastián Mejía Belalcazar, con autorización para incluirla en el presente documento.

Amnistía Internacional documentó el caso de Sebastián Mejía quien denunció que fue golpeado y detenido de manera ilegal mientras grababa los hechos violentos que ocurrían en el lugar. Sebastián denunció que:

“a las 4:09 PM el policía que me había amenazado me encuella, los civiles me cogen de los brazos, me roban el celular y el policía me amenaza […] en el trayecto hacia la estación de policía soy golpeado en la cara, por personas de civil, escoltados por los policías. Durante todo el recorrido para ser llevado a la estación de Policía de La María, siguen los golpes por parte del civil de rojo y siguen las alusiones sobre desaparecernos, como tortura psicológica. En la estación de La María nos entran a los dos, nos sientan en un pasillo y soy golpeado, con puños y patadas, otra vez, en el rostro, la cabeza, el pecho y fui presionado mediante la violencia y tortura para ser grabado en un video incriminándome por cosas que no había cometido, primero para autodenominarme vándalo, después que los vándalos me pagaban y que los mismos vándalos me golpeaban […] Debido que mi captura no se había legalizado y había sucedido bajo condiciones ilegales, irregulares e ilícitas es retirado el Habeas Corpus para dar rapidez a mi salida de la URI y la Fiscalía decide no imputar cargos por las irregularidades e ilegalidades que presentaba mi

detención”185.

 

Amnistía Internacional también tuvo acceso a las denuncias del joven músico Álvaro Herrera, quien relató que ese día se encontraba realizando un concierto en la Universidad del Valle. Saliendo del lugar, notó que civiles armados estaban atacando a los manifestantes y decidió registrar los hechos en su celular. Por esta razón, fue golpeado y retenido por un grupo de civiles que participaban en los hechos violentos, y tiempo después, entregado a la Policía Naciona

“¿Por qué no lo desaparecemos?”
Testimonio de Álvaro Herrera quién refiere haber escuchado esta frase de la Policía Nacional mientras era conducido a la estación de Policía.

En la estación de Policía fue golpeado y torturado, a tal punto que no vio otra opción que grabar un video de confesión de su supuesta participación en “hechos vandálicos”:

debido a los golpes físicos y al maltrato verbal, yo sabía que mi situación era difícil. Al principio, cuando el policía me preguntó, con la cámara encendida, qué estaba haciendo en la protesta, yo dije la verdad: que estaba en un Cacerolazo Sinfónico. “Esa no es la respuesta”, me dijo el otro, después de que suspendieran la grabación. Me volvieron a golpear y repetían que esa no era la respuesta. Imaginé lo que querían escuchar y respondí cuando el policía volvió a activar la cámara. Fue cuando contesté lo que aparece en el video que ellos mismos publicaron: que estaba con los vándalos. […] 186.

ÁLVARO HERRERA
 

Cartel de Auxilio por detención de Álvaro Herrera en redes sociales

Hacia las 7:00 PM del 28 de mayo, Amnistía Internacional recibió la denuncia de la detención de Álvaro Herrera.

 

Esa noche la organización también tuvo acceso a un video en el que aparece el joven músico herido, sentado en el piso, con sangre en la cabeza, y expresión de miedo, “confesando” que era un “vándalo”. El video fue verificado por Amnistía Internacional. Según el testimonio de Álvaro, este video fue grabado por agentes de Policía y compartido en redes sociales.

 

Amnistía Internacional también documentó el caso de Noé Muñoz joven perteneciente a la “primera línea” y quien estuvo en el lugar de los hechos. Noé denunció que fue víctima de violencia por parte de civiles armados y de agentes de la Policía. Recibió un impacto de arma traumática en el abdomen187 generando una herida visible, según consta en el dictamen médico realizado el 29 de mayo en la madrugada en el Hospital San Juan de Dios. Por temas de seguridad, Noé tuvo que dejar la ciudad de Cali.

 

NOÉ MUÑOZ
 

Foto compartida por Noé Muñoz, con autorización para incluirla en el presente documento.

El 28 de mayo salí a marchar pacíficamente. Estamos reunidos en la Universidad del Valle y vemos que empieza a salir humo a unos 800 metros de donde estamos. Me dirijo hacia allá, era un poco antes de las 3pm […] Llegamos al CAI de Ciudad Jardín y en el momento que llegamos veo civiles armados y Policías. De un momento a otro empiezan a disparar indiscriminadamente a cualquier persona encapuchada o manifestante o grabando […] Unos policías me corretean y me disparan mientras voy corriendo. Me disparan en el lado izquierdo de mi tórax y de ahí me detienen […] En el camino a la estación, me intimidan, me dicen que me van a desaparecer, me pegan […] en la Estación La María, me escupen, me patean, me pegan, me dan durísimo varios policías y nos golpean esposados […] no dejan que me revisen las heridas y no nos dejan comunicarnos con nadie […] nos dijeron que llevábamos explosivos y que éramos vándalos188.

 

Amnistía Internacional entrevistó al abogado defensor de Álvaro Herrera, Sebastián Mejía y Noé Muñoz189, quien manifestó tener elementos probatorios relevantes que nutren las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación190. La denuncia expone que los jóvenes fueron víctimas de detención ilegal, tortura y tratos crueles e inhumanos y de tentativa de desaparición forzada, al recibir reiteradas amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional con desaparecerlos si no se auto incriminaban. En su análisis de los hechos, el 28 de mayo se presentó un ataque armado premeditado entre agentes de Policía Nacional, personas civiles habitantes del barrio donde sucedieron los hechos y el congresista del partido de gobierno Christian Garcés, en la cual se discutió la coordinación para atacar a los manifestantes bajo el discurso de autodefensa. El abogado defensor manifestó que teme por la seguridad de los jóvenes y por su seguridad, pues asegura que estos hechos vinculan a agentes de alto rango de Policía Nacional y a personas reconocidas por su labor política en la coordinación del ataque armado.

El Comité de Derechos Humanos en la Observación General 35191 sobre el derecho a la libertad y seguridad personal, reiteró que los principios de transparencia y publicidad deben guiar las acciones del Estado en  cuanto a las privaciones de libertad. A su vez, la CIDH ha señalado que “las detenciones eventualmente realizadas por las fuerzas de seguridad en el marco de protestas sociales deben cumplir estrictamente con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales”192.

Sumado a lo anterior, Amnistía Internacional enfatiza en que de acuerdo a las obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en la que Colombia es un Estado parte, el Estado debe garantizar que las privaciones de libertad se realicen cumpliendo las garantías propias del derecho internacional, como el derecho a comunicarse sin demora con sus familiares o el derecho a ser mantenidas en lugares de privación oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades193.

Para Amnistía Internacional, estos casos dan cuenta de la connivencia entre civiles armados y agentes de la Policía Nacional, para atacar con armas letales a los manifestantes y ejercer sobre ellos tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían constituir tortura. Además, en ambos casos los jóvenes fueron golpeados violentamente por personas de civil armadas y luego entregados a agentes de Policía, quiénes los detuvieron ilegal y arbitrariamente. Al respecto, la CIDH ha señalado que “una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley”194.

Los jóvenes presentaron denuncias creíbles, con soportes audiovisuales verificados por Amnistía Internacional.

La privación de la libertad durante el desarrollo de una manifestación tiene el efecto inmediato de impedir el ejercicio del derecho a la protesta de la persona detenida y genera un efecto inhibitorio respecto a la participación en manifestaciones públicas, todo lo cual afecta el goce y el ejercicio del derecho a la protesta social195.

El Juez 158 de Instrucción Penal Militar informó a Amnistía Internacional sobre una investigación en etapa de instrucción por el delito de prevaricato por omisión contra agentes de la Policía Nacional196 en virtud de los hechos ocurridos el 28 de mayo en los que se observó que “uniformados de la Policía Nacional al parecer permitieron que personas vestidas de civil presuntamente residentes del sector de Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, realizaran disparos con arma de fuego y/o traumáticas en contra de un grupo de manifestantes, sin que aparentemente los uniformados de la Policía Nacional realizaran procedimiento de policía alguno en contra de [los] particulares”197. Asimismo, el Juez informó que no tiene investigaciones en las que figure como víctimas Sebastián Mejía, Noé Muñoz y Álvaro Herrera, “los cuales al parecer fueron detenidos por miembros de la Fuerza Pública”198.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que garanticen una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, para determinar la responsabilidad de los agentes de Policía y los civiles armados que habrían torturado a los jóvenes manifestantes.

5.   CONCLUSIONES  Y   RECOMENDACIONES

La evidencia descrita en el presente informe permite concluir que agentes de la Policía Nacional de Colombia, en particular los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios violaron los derechos humanos de manifestantes pacíficos en Cali. El ESMAD hizo uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestaciones pacíficas, con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron daños considerables a su integridad personal y decenas de jóvenes perdieron la vida en Cali.

En este informe se evidencia que agentes de la fuerza pública y civiles armados actuando con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a los manifestantes, cometiendo en algunos casos actos de tortura. Amnistía Internacional denuncia que, en un país golpeado por décadas de violencia paramilitar, estos hechos revisten de la mayor gravedad y deben ser investigados de manera diligente, independiente e imparcial.

Las prácticas evidenciadas en Cali -que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas-, son un reflejo de cientos de denuncias recibidas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país.

Dichas prácticas evidencian además la imperiosa necesidad de cumplir con las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de 2020 y proceder a reformar integralmente la Policía Nacional y sus protocolos en respuesta además a la demanda permanente de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y las recomendaciones de la CIDH. Amnistía Internacional hará recomendaciones puntuales sobre los puntos específicos que requiere una reforma policial en Colombia que sea acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en un documento posterior.

Finalmente, Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, a fin de suscitar miedo y desincentivar la protesta pacífica. Esto demanda de la comunidad internacional la más enérgica condena y de las autoridades colombianas acciones concretas para detener la represión, garantizar la protesta pacífica y hacer justicia por las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el país.

AMNISTÍA INTERNACIONAL REALIZA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LAS ALTAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO:

  1. Dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad;
  2. Atender de manera urgente las causas estructurales que afectan el ejercicio de derechos humanos y las demandas sociales que dan origen a las protestas pacíficas;
  3. Reconocer el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones, y tomar todas las medidas para garantizar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica de todas las personas en el país, sin distinción;
  4. Abstenerse de emitir pronunciamientos que estigmaticen y criminalicen la protesta y a sus participantes;
  5. Prevenir y no promover actos de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos Indígenas, las comunidades Afrodescendientes y otros grupos de población históricamente marginalizados;
  6. Retirar a las fuerzas militares de las operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas;
  7. Asegurar que las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir la ley cumplen plenamente con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, lo que incluye que
    • recurran a la fuerza letal solamente en situaciones de peligro de lesiones graves o de muerte y nunca como medio de dispersión de multitudes,
    • cesen el uso del sistema Venom en las operaciones de orden público en general y en la gestión de manifestaciones en particular,
    • y que aseguren que los gases lacrimógenos solamente se usen con el fin de dispersar a una multitud en situaciones de violencia generalizada. Nunca deberán usarse en espacios donde las personas no se puedan dispersar o contra una reunión pacífica.

Al respecto Amnistía Internacional recomienda que se utilicen sus Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley como marco de referencia.

  1. Reconocer el accionar represivo de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional y adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independente e imparcial y abstenerse de impedir el juzgamiento y sanción de las personas que sean halladas responsables de las violaciones de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, según corresponda;
  2. Cumplir con las resoluciones de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 22 de septiembre de 2020 de forma que se garantice y facilite el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa y se expida la normativa relativa al uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas y las demás ordenadas por la referida
  3. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de la represión y sus familias;
  4. Reconocer públicamente la labor legítima de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el contexto del Paro Nacional;
  5. Fomentar un entorno en el que las personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar libremente su legítima labor de defensa de los derechos humanos;
  6. Adoptar medidas para garantizar el trabajo de los periodistas, comunicadores sociales en el contexto del Paro Nacional;
  7. Cumplir sin demora con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
  8. Cooperar con y no obstaculizar la labor del Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH;
  9. Adoptar las medidas tendientes a reconocer prontamente la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y considerar las denuncias presentadas por víctimas o sus representantes y aquellas que pudieren provenir de otros Estados parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Artículos 31 y 32, respectivamente).

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

  1. Iniciar investigaciones de manera diligente, independente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente en la ciudad de Cali y los casos presentados en este documento, y, de existir pruebas suficientes y admisibles contra las personas sospechosas de responsabilidad penal, someterlas a un proceso justo ante los tribunales civiles ordinarios;
  2. La investigación debe incluir todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de civiles armados con su aquiescencia y tolerancia;

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  1. Cumplir con su mandato constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos con independencia e imparcialidad y libre de injerencia e influencia de autoridades políticas;
  2. Cumplir con las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 22 de septiembre de 2020, particularmente aquella relativa a “realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de[l ESMAD] en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos”;

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

  1. Adelantar investigaciones disciplinarias contra agentes de la fuerza pública denunciados por uso excesivo e innecesario de la fuerza, con ocasión de su intervención en las manifestaciones pacíficas; estas investigaciones no reemplazan a las de carácter penal que corresponda adelantar contra dichos agentes;
  2. Realizar investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos del nivel nacional y local, por omisión en el cumplimiento de sus deberes de protección de la protesta social; estas investigaciones no reemplazan a las de carácter penal que corresponda adelantar contra dichos

AMNISTÍA INTERNACIONAL ES UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS. LAS INJUSTICIAS QUE AFECTAN A UNA SOLA PERSONA NOS AFECTAN A TODAS LAS DEMÁS.

REPRESIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL PARO NACIONAL 2021 EN CALI, COLOMBIA

Desde el 28 de abril de 2021, en la ciudad de Cali, Colombia se han presentado manifestaciones multitudinarias. Al mismo tiempo, en esta ciudad se concentran las más graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Las denuncias dan cuenta de la represión violenta por parte de la fuerza pública y civiles armados sufrida por jóvenes manifestantes.
A través de una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional analizó la “Operación Siloé” el 3 de mayo; el ataque contra la Minga Indígena el 9 de mayo y los ataques, detención arbitraria y tortura a manifestantes el 28 de mayo y documentó el uso excesivo e innecesario de la fuerza y la violencia desplegada contra las personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica así como ataques de civiles armados, quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por agentes de la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica.

 

NOTAS

1 Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

2 Personas privadas armadas.

3 IDERE Latam, Índice de Desarrollo Regional – Latinoamérica, 2020., disponible en: http://www.iderelatam.com/wp- content/uploads/2020/10/IDERE-LATAM-2020-Resumen-Ejecutivo.pdf (último acceso el 23 de julio de 2021).

4 Declaración de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, al término de la reunión con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero, 25 de junio de 2021, disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-vicepresidente-canciller-marta-lucia-ramirez-termino-reunion (último acceso el 5 de julio de 2021).

5 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 19, 22 de junio de 2021, disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional / (último acceso el 5 de julio de 2021).

6   Temblores     ONG,    Indepaz     y   Programa    PAIIS    de    la    Universidad    de    Los     Andes, Boletín disponible en: https://www.instagram.com/p/CQeyeEQJjub/

7        Temblores    ONG,       Boletín      del        26        de        junio      de        2021,       disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

8        Temblores    ONG,       Boletín      del        26        de        junio      de        2021,       disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

9 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comunicado conjunto, Después de un mes de Paro Nacional continúan desaparecidas 327 personas, 27 de mayo del 2021, disponible en: https://coeuropa.org.co/despues-de-un-mes-de-paronacional-continuan-desaparecidas-327- personas/

10 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 21, 22 de julio de 2021, disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/ (último acceso el 22 de julio de 2021).

11 Defensoría del Pueblo de Colombia, 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos, 7 de enero de 2021, disponible                      https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9802/28509-personas-fueron-desplazadas-y-confinadas-en-2020-por- hechos-violentos.htm (último acceso el 5 de julio de 2021).

12 Gobernación de Valle del Cauca, Desplazamiento Forzado en las Comunas de Santiago de Cali: Análisis Espacial de Efecto de Vecindad, 15 de noviembre de 2021, https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28753 (último acceso 5 de julio de 2021).

13 Alcaldía de Santiago de Cali (2013). Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país. Disponible en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacin_afrodescendi ente_en_el_pas/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

14 Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

15 El presente informe tiene como fecha de cierre el 23 de julio de 2021

16 Organización Nacional Indígena, ONIC, Informe Ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas dentro del Paro y Minga Nacional en Colombia, 10 de junio de 2021, disponible en: https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4304-informe- ejecutivo-sobre-el-contexto-y-las-afectaciones-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dentro-del-paro-y-minga-nacional-en-colombia (último acceso el 3 de julio de 2021).

17 Comunicación de referencia TG AMR 23/2021.1809 de 23 de junio de 2021 recibida y radicada en la misma fecha.

18 Comunicación con radicado No. 20210060341662842, respuesta con el número 20210060342301041 de 6 de julio de 2021.

19 Comunicación de referencia TG AMR 23/2021.1854 de 12 de julio de 2021. La comunicación otorgó un plazo de diez días a las instituciones referidas para recibir sus comentarios u observaciones a fin de que sean incluidos, según corresponda, en el presente informe.

20 Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMDGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

21 Senado de Colombia. Proyecto de Ley 439 de 2021. Disponible en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados- senado/p-ley-2020-2021/2191-proyecto-de-ley-439-de-2021 (último acceso el 4 de julio de 2021).

22 Senado de la República, https://twitter.com/senadogovco/status/1389994803186839560 (último acceso el 4 de julio de 2021).

23 Comunicado Comité del Paro, 3 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/CGTCol/status/1389240895501967362/photo/1 (último acceso el 2 de julio de 2021).

24 Revista Forbes, Colombia es el país más desigual de toda América Latina, 30 de octubre de 2020, disponible en: https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

25 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Rueda de prensa sobre pobreza monetaria año 2020, 29 de abril de 2021, disponible en: https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/598775167673122/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

26 DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y- poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos (último acceso el 4 de julio de 2021).

27 Amnistía Internacional, Colombia: A los pueblos indígenas los matará el COVID 19 o el hambre si el Estado no actúa inmediatamente, 17 de abril de 2020, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/colombia-pueblos-indigenas-covid19-hambre/.

28 Ministerio de Salud de Colombia, 26 de junio de 2021 cifras disponibles en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid- 19_copia.aspx (último acceso el 2 de julio de 2021

29 Amnistía Internacional, Colombia: ¿Por qué nos quieren matar?: la falta de un espacio seguro para defender los derechos humanos en Colombia, 8 de octubre de 2020, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/3009/2020/es/

30 CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, paras. 133 y 134, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

31 CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para. 144, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

32 CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para. 145, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

33 CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para. 146, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

34 CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, paras. 152 y 153, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

35 Alocución del presidente Iván Duque, 1 de mayo de 2021, disponible en https://twitter.com/infopresidencia/status/1388692317922631680 (último acceso el 2 de julio de 2021).

36 Amnistía Internacional, Colombia: las autoridades deben investigar imparcialmente la represión de las protestas, 22 de noviembre de 2019, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/colombia-autoridades-deben-investigar-represion-de-protestas/

37 Amnistía Internacional, Colombia: Amnistía Internacional condena actos de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, 11 de septiembre de 2020, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/colombia-amnistia-condena-tortura-uso-excesivo- fuerza/

38 Amnistía Internacional, Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, disponible en: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/report-colombia/

39 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comunicado “La Alta Comisionada informa de retrocesos graves de los derechos humanos en el mundo”, 21 de junio de 2021, disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/06/1493562 (último acceso el 2 de julio de 2021).

40 Amnistía Internacional, Colombia: la CIDH debe escuchar las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, 7 de junio del 2021,  disponible  en:  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/06/colombia-cidh-debe-escuchar-victimas-violaciones-derechos- humanos/; Amnistía Internacional, Colombia: las autoridades deben cumplir con las recomendaciones de la CIDH relativas a las violaciones de derechos humanos denunciadas en el contexto del paro nacional, 7 de julio de 2021, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-las-autoridades-deben-cumplir-con-las-recomendaciones-de-la-cidh-relativas-a- las-violaciones-de-derechos-humanos-denunciadas-en-el-contexto-del-paro-nacional/.

41 Temblores ONG, Indepaz y Programa PAIIS de la Universidad de Los Andes, Informe sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, Informe presentado ante la CIDH en su visita de trabajo, junio de 2021, disponible en: http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/ (último acceso el 2 de julio de 2021). Cifra actualizada al 20 de julio de 2021.

42 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 19, 22 de junio de 2021, disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional / (último acceso el 5 de julio de 2021).

43 Temblores ONG, Indepaz y Programa PAIIS de la Universidad de Los Andes, Boletín disponible en: https://www.instagram.com/p/CQeyeEQJjub/

44 Sisma Mujer, Resumen del informe presentado a la CIDH durante su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, junio 10 de 2021, disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/06/10/resumen-del-informe-presentado-a-la-cidh-durante-su-visita-a-colombia- entre-el-8-y-el-10-de-junio-de-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resumen-del-informe-presentado-a-la-cidh- durante-su-visita-a-colombia-entre-el-8-y-el-10-de-junio-de-2021 (último acceso el 2 de julio de 2021).

45 Temblores ONG, Boletín del 26 de junio de 2021, disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

46 Caribe Afirmativo, Fundación Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans, Santamaría Fundación, Plataforma LGBTI por la Paz, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, Colombia, Colombia Diversa y Asociación Líderes en Acción, Informe sobre la situación de violencia policial contra personas LGBTI en el marco del Paro Nacional, 9 de junio del 2021, disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/caribe-afirmativo-junto-con-otras-organizaciones-entrega-informe-ante-la-cidh-sobre-violencia-en- el-marco-de-la-protesta-social-contra-personas-lgbt/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

47 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comunicado conjunto, Después de un mes de Paro Nacional continúan desaparecidas 327 personas, 27 de mayo del 2021, disponible en: https://coeuropa.org.co/despues-de-un-mes-de-paronacional-continuan-desaparecidas- 327-personas/

48 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 21, 22 de julio de 2021, disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/ (último acceso el 22 de julio de 2021).

49 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBDP, comunicado público, 28 de mayo del 2021, disponible en: https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/urge-dejar-de-negar-la-desaparicion-de-personas-en-las-protestas-ubpd/

50 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial visita CIDH Colombia protesta abril-junio 2021, junio de 2021 (último acceso el 2 de julio de 2021).

51       Temblores    ONG,       Boletín     del        26        de        junio      de        2021,      disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

52 Indepaz, comunicado, 28 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/indepaz/status/1398682228641746945?s=24.

53 Manifiesta org, “Doble amenaza: ser mujer y defensora de Derechos Humanos en Colombia”, 9 de junio del 2021, disponible en: https://manifiesta.org/doble-amenaza-ser-mujer-y-defensora-de-derechos-humanos-en-colombia/?fbclid=IwAR2G8IgnJLkyLl9h2OJ- SPchsgX8f4dXPQTk9kkz3u3RvmW17ABypEbMKCg

54 Amnistía Internacional, Colombia: preocupan las denuncias de desapariciones y de violencia sexual contra manifestantes, 7 de mayo del 2021, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-preocupan-las-denuncias-de-desapariciones-y-violencia- sexual-contra-manifestantes/

55 Amnistía Internacional, Colombia: Hechos violentos en el marco del Paro Cívico de Buenaventura deben parar, 1 de junio de 2017, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/06/colombia-hechos-violentos-en-el-marco-del-paro-civico-de-buenaventura- deben-parar/

56 Amnistía Internacional, Colombia: las autoridades deben investigar imparcialmente la represión de las protestas, 22 de noviembre del 2019, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/colombia-autoridades-deben-investigar-represion-de-protestas/.

57 Amnistía Internacional, Colombia: Amnistía Internacional condena actos de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, 11 de septiembre de 2020, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/colombia-amnistia-condena-tortura-uso-excesivo- fuerza/

58 Corte Suprema de Justicia. STC7641-2020 Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527-02, Magistrado Ponente Luis Armando Tolosa Villabona, 22 de septiembre de 2020. Disponible en: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena- medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/ (último acceso el 4 de julio de 2021). Dejusticia, Corte Suprema de Justicia protege el derecho a la protesta frente a la violencia policial, septiembre 22 de 2020, disponible en: https://www.dejusticia.org/corte-suprema-protege- el-derecho-a-la-protesta/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC7641-2020, 22 de septiembre del 2020, disponible en: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/ (último acceso el 4 de julio de 2021)

60 Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Le pedimos a la Corte Suprema que declare el desacato de la sentencia que protegió el derecho a la protesta, 6 de mayo de 2021, disponible en https://flip.org.co/index.php/en/informacion/pronunciamientos/item/2718-le-pedimos-a-la- corte-suprema-que-declare-el-desacato-de-la-sentencia-que-protegio-el-derecho-a-la-protesta

61 Ministerio de Defensa Nacional, balance del paro nacional del 28 de abril al 24 de junio, disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/InformeCorrido_Bal ance_Paro_2021.pdf (último acceso el 2 de julio de 2021).

62 Revista Semana, “Balance trágico: 13 personas perdieron la vida anoche en Cali en medio de actos violentos”, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/balance-tragico-11-personas-perdieron-la-vida-anoche-en-cali-en-medio-de-actos- violentos/202100/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

63 Principio 29 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos; véase principios 5, 8 y 9 del Proyecto de Principios sobre la Administración de Justicia por los Tribunales Militares, Doc. ONU: E/CN.4/2006/58; relator especial sobre la cuestión de la tortura, Doc. ONU: A/56/156 (2001), párr. 39.j; CAT, Observaciones finales: Perú, Doc. ONU: CAT/C/PER/CO/4 (2006), párr. 16.a. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: Ecuador, Doc. ONU: A/HRC/.4/40/Add.2 (2006), párr. 101.e en: Amnistía Internacional. Manual de Amnistía Internacional. Juicios Justos. Segunda Edición, 2014, pág. 244.

64 Amnistía Internacional. Manual de Amnistía Internacional. Juicios Justos. Segunda Edición, 2014, pág. 244.

65 Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, para. 146.

66 Declaración de la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, al término de la reunión con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero, 25 de junio de 2021, disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-vicepresidente-canciller-marta-lucia-ramirez-termino-reunion (último acceso el 5 de julio de 2021).

67 Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Balance general- paro nacional 2021, corte 24 de junio de 2021, disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/InformeCorrido_Bal ance_Paro_2021.pdf

68 Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Balance Cali paro nacional 2021, 18 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/mindefensa/status/1395205375322886151?s=20 (último acceso el 2 de julio de 2021).

69 Policía Nacional de Colombia, Pronunciamiento de la CIDH sobre el grave abuso de la patrullera en Cali, 23 de mayo de 2021, disponible en: https://www.policia.gov.co/noticia/pronunciamiento-cidh-sobre-grave-abuso-patrullera-cali, (último acceso el 5 de julio de 2021).

70 Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, para. 38.

71 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, informe enviado a Amnistía Internacional el 25 de junio de 2021.

72 Temblores ONG, reporte sobre Cali enviado a Amnistía Internacional el 19 de junio de 2021.

73 Álvaro Uribe Vélez, 29 de abril de 2021, disponible en: https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1387724558111842307?s=20 (último acceso el 2 de julio de 2021)

74 Presidencia de la República de Colombia, alocución de Iván Duque, 1 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/infopresidencia/status/1388692317922631680?s=20 (último acceso el 2 de julio de 2021).

75 Amnistía Internacional, Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones, 4 de mayo de 2021, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada- represion-policial/

76 Policía Nacional de Colombia, Medios Técnicos de las unidades de protección a dignatarios e instalaciones de la Policía Nacional, disponible en: https://www.policia.gov.co/especializados/proteccion/medios-tecnicos (último acceso el 2 de julio de 2021).

77 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

78 Presidencia de la República de Colombia, alocución de Iván Duque, 5 de mayo del 2021, disponible en: https://twitter.com/infopresidencia/status/1389982704138170371?s=20 (último acceso el 2 de julio de 2021).

79 Fiscalía General de la Nación, comunicado del 31 de mayo de 2021, “En el marco de las manifestaciones violentas registradas en el país,

308 personas han sido localizadas y se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente en 111 casos”, disponible en: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/161367/cifras-y-datos-en-cali-y-el-valle-entrego-el-fiscal-general-de-la-nacion-a-la-cidh/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

80 CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, recomendación 14, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

81 Ministerio del Interior, Decreto 575 de 2021, 28 de mayo de 2021, disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20575%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf (último acceso el 2 de julio de 2021).

82 Uprimny Rodrigo, Dejusticia, “Protesta, proporcionalidad, bloqueos. A propósito del decreto 575”, 31 de mayo de 2021, disponible en https://www.dejusticia.org/column/protesta-proporcionalidad-y-bloqueos-a-proposito-del-decreto-575/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

83 Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto de asistencia militar para conjurar problemas de orden público durante protestas, 23 de julio de 2021. Disponible en: https://www.consejodeestado.gov.co/news/consejo-de-estado-suspende-provisionalmente-decreto-de- asistencia-militar-para-conjurar-problemas-de-orden-publico-durante-protestas/ (último acceso el 23 de julio de 2021).

84         Ministro   del        Interior,      Daniel       Palacios,      declaración                               pública,                    disponible                    en: https://twitter.com/DanielPalam/status/1405895059556474884?s=20 (último acceso el 2 de julio de 2021).

85 Consejo de Derechos Humanos. Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones, A/HRC/31/66, 4 de febrero de 2016. Para. 32.

86 Alcaldía de Cali, Carlos Javier Soler Parra nuevo Secretario de Seguridad y Justicia, 30 de mayo de 2021, disponible en: https://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/161140/carlos-javier-soler-parra-nuevo-secretario-de-seguridad-y-justicia/  (último  acceso  el 5 de julio de 2021).

87 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, Párr. 78; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. Párr. 51; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 88.

88 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.

89 Defensoría del Pueblo de Colombia, 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos, 7 de enero de 2021, disponible                      https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9802/28509-personas-fueron-desplazadas-y-confinadas-en-2020-por- hechos-violentos.htm (último acceso el 5 de julio de 2021).

90 Gobernación de Valle del Cauca, Desplazamiento Forzado en las Comunas de Santiago de Cali: Análisis Espacial de Efecto de Vecindad , 15 de noviembre de 2021, https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28753 (último acceso 5 de julio de 2021).

91 El País, No se recupera mercado laboral en Cali: hay más de 279 mil desempleados, 31 de marzo de 2021, disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/no-se-recupera-mercado-laboral-en-hay-mas-de-279-mil-desempleados.html (último acceso el 3 de julio de 2021).

92 Alcaldía de Santiago de Cali (2013). Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país. Disponible en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacin_afrodescendi ente_en_el_pas/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

93 Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

94 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali, 21 de mayo de 2021, disponible en: https://codhes.files.wordpress.com/2021/05/codhes-wp-analisis- ecc81tnicoracial-del-paro-en-cali-df.pdf (último acceso el 3 de julio de 2021).

95 La “Primera Línea” hace referencia al grupo de manifestantes que se ubican frente al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, con escudos y cascos, con el ánimo de defender al grupo de un posible ataque con gases lacrimógenos o bombas aturdidoras. Estos grupos también se formaron durante las protestas en Chile y Hong Kong.

96 Connectas, El desafío de una generación que grita ¡Futuro!, mayo de 2021, disponible en https://www.connectas.org/protestas-y-represion- en-colombia/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

97 Puntos en los cuales se concentran manifestantes pacíficos para realizar actividades culturales y comidas colectivas. En algunos de estos puntos, se realizaron bloqueos temporales de vías.

98 Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

99 La Minga es una reunión de diversos actores, organizaciones, movimientos sociales, con el objetivo de dialogar y generar soluciones a problemas sociales y políticos. La Minga Indígena es una manifestación pacífica de Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y movimientos sociales que se reúne en apoyo a protestas sociales.

100 El País, Paro nacional: ¿por qué Cali fue el epicentro del estallido social?, 8 de mayo de 2021, disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/paro-nacional-por-que-cali-fue-el-epicentro-del-estallido-social.html (último acceso el 3 de julio de 2021).

101 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe Cali, ataques armados a manifestantes y Defensores de Derechos Humanos, 2 de junio de 2021, disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-cali-ataques-armados-a-manifestantes-y-defensores-de-derechos- humanos/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

102 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Defensores y defensoras de derechos humanos objetivo directo de la represión estatal, 4 de mayo de 2021, disponible en: https://defenderlalibertad.com/defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-objetivo-directo-de-la- represion-estatal-en-colombia/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

103 Pacifista, Policías y “civiles” estarían emboscando y persiguiendo a los voluntarios médicos de Cali, 21 de junio de 2021, disponible en: https://pacifista.tv/notas/policias-y-civiles-estarian-emboscando-y-persiguiendo-a-los-voluntarios-medicos-de-cali/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

104 Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Informe sobre Cali enviado a Amnistía Internacional el 1 de julio de 2021.

105 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali, 21 de mayo de 2021, disponible en: https://codhes.files.wordpress.com/2021/05/codhes-wp-analisis- ecc81tnicoracial-del-paro-en-cali-df.pdf (último acceso el 3 de julio de 2021).

106 Fiscalía General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo instalan Mesa Interinstitucional de información en el marco de la protesta social, comunicado del 5 de mayo de 2021, disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la- nacion/fiscalia-general-de-la-nacion-y-defensoria-del-pueblo-instalan-mesa-interinstitucional-de-informacion-en-el-marco-de-la-protesta- social/ (último acceso el 2 de julio de 2021).

107 La comunicación de repuesta de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca de 6 de julio de 2021 señala “En atención a su solicitud de la referencia me permito remitir adjunto informe presentado a la Comisión Interamericana de derechos humanos donde reposa gran parte de la participación de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, en las distintas actividades que se desarrollaron en el marco del paro nacional, acompañamientos, mediación y actuaciones humanitarias con base en lo establecido en la ley 24 de 1992 y el decreto 025 de 2014”.

108 Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo entrega a la CIDH balance sobre la situación de derechos humanos en el marco de la protesta”, junio 8 de 2021, comunicado disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10172/Defensor%C3%ADa-del- Pueblo-entrega-a-la-CIDH-balance-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-protesta-CIDH- Defensor%C3%ADa.htm (último acceso el 2 de julio de 2021).

109 Ministerio de Defensa, Balance Cali paro nacional 2021, 28 de abril al 18 de mayo, disponible en: https://twitter.com/mindefensa/status/1395205375322886151/photo/1 (último acceso el 3 de julio de 2021).

110 La Silla Vacía, En el paro mataron a 47 personas y la Fiscalía solo cuenta 24, junio 22 de 2021, disponible en: https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/en-el-paro-fueron-asesinadas-47-personas-y-la-fiscal%C3%ADa-solo-cuenta-24/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

111 Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, informe enviado a Amnistía Internacional el 25 de junio de 2021.

112 Temblores ONG, reporte sobre Cali, enviado a Amnistía Internacional el 19 de junio de 2021.

113 Especialmente, nunca se deberían lanzar bombas lacrimógenas directamente contra personas, véase: Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias- quimicas-irritantes.pdf, p. 12/13; y regla 9 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf.

114 Proceso de Comunidades Negras, Informe afectaciones a pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional, junio 9 de 2021.

115 Casa de la Mujer, Comunitar – Corporación de Mujeres Ecofeministas, Corporación Humanas, Corporación Jurídica Libertad, Defender la Libertad Asunto de Todas, Fundación Comité́ de Solidaridad con los Presos Políticos, Proceso Social de Garantías para la Labor de los Líderes y Lideresas Sociales Comunales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Ruta Pacífica de Mujeres, Sisma Mujer, Vamos Mujer, Women’s Link Worldwide, Resumen ejecutivo del informe presentado a la CIDH durante su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, Violencias sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021, disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/06/Final-Resumen- Informe-CIDH-Orgs.-Mujeres.pdf (último acceso el 3 de julio de 2021).

116 Wola, La violencia en Colombia requiere una respuesta contundente del gobierno de Biden, 1 de junio de 2021, disponible en: https://www.wola.org/es/2021/06/violencia-colombia-requiere-respuesta-contundente-gobierno-biden/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

117 Alcaldía de Cali, Alcaldía de Cali es pionera en firmar decreto para la construcción de acuerdos y mesa de diálogo con manifestantes, 1 de junio de 2021, disponible en: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/161158/alcaldia-de-cali-es-pionera-en-firmar-decreto-para- la-construccion-de-acuerdos-y-mesa-de-dialogo-con-manifestantes/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

118 Radio Nacional de Colombia, Juez en Cali suspende decreto que respalda mesa de diálogos con manifestantes, 15 de junio de 2021, disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/politica/juez-en-cali-suspende-decreto-que-respalda-mesa-de-dialogos-con- manifestantes (último acceso el 5 de julio de 2021).

119 CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, 7 marzo de 2006 párr. 63.

120 France 24, Siloé: el barrio colombiano que resiste, entre la pobreza y la muerte, 25 de mayo de 2021, disponible en: https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20210524-protestas-colombia-siloe-cali-pobreza-violencia (último acceso el 3 de julio de 2021).

121 Liga Internacional de Mujeres por La Paz y La Libertad, Limpal Colombia, Por una vida en dignidad: más vida, menos armas, disponible en: https://www.limpalcolombia.org/es/informate/noticias/agenda-de-paz-feminista-y-antimilitarista/57-por-una-vida-en-dignidad-mas-vida- menos-armas (último acceso el 19 de julio de 2021).

122 Manifestación pacífica realizada en homenaje a los jóvenes heridos y asesinados, en este evento se prenden velas para recordarles.

123 Indepaz, Registro de personas asesinadas presuntamente por la fuerza pública, 3 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/Indepaz/status/1389315829137879048?s=20 (último acceso el 3 de julio de 2021).

124 Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización. La palabra “dispersos”, hace referencia a que los jóvenes ya no estaban en conjunto, sino que se habían separado para regresar a sus hogares.

125 Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

126 Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad Circuito de Popayán, Sentencia No. 065 de 2021, radicado 19001-33-33-010-2021- 00085-00 ACUMULADO AL PROCESO 1900133-33-010-2021-000089-00, 2 de junio de 2021, pág. 30.

127 Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad Circuito de Popayán, Sentencia No. 065 de 2021, radicado 19001-33-33-010-2021- 00085-00 ACUMULADO AL PROCESO 1900133-33-010-2021-000089-00, 2 de junio de 2021, pág. 35 y 36.

128 Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf, p. 14; y regla 28 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion- sustancias-quimicas-irritantes.pdf.

129 Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

130 Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, para. 85.

131 Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf, p. 16; y regla 15 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion- sustancias-quimicas-irritantes.pdf.

132 Naciones Unidas. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

133 Amnistía Internacional Países Bajos. Uso de la fuerza: directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amsterdam, 2015, disponible en: https://www.amnesty.nl/actueel/use-offorce-guidelines-for-implementation-of-the-un-basic-principles-on-the-use-of-force-and-firearmsby- law-enforcement-officials

134 En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha indicado “La legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales” Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 86. Véase, CIDH, Informe No, 51/16, Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza) México, OEA/Ser.L/V/II.159, Doc. 60, 30 noviembre 2016, párr. 113.

135 Amnistía Internacional Países Bajos. Uso de la fuerza: directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amsterdam, 2015, disponible en: https://www.amnesty.nl/actueel/use-offorce-guidelines-for-implementation-of-the-un-basic-principles-on-the-use-of-force-and-firearmsby- law-enforcement-officials

136 La Corte Interamericana ha indicado que “Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores”. Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 262.

137 El texto original de los Principios Básicos se encuentra en inglés. Lamentablemente, la traducción oficial de los principios 5 y 9 tiene deficiencias que alteran su contenido normativo. Por lo tanto, Amnistía Internacional utiliza tales principios revisados a partir de la versión oficial inglesa, indicando entre corchetes las adecuaciones.

138 Ver principios, 7, 22, 24 y 26.

139 Infobae, Hárold Rodríguez y Kevin Agudelo, los futbolistas que habrían sido asesinados en Siloé, 5 de mayo de 2021, disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/harold-rodriguez-y-kevin-agudelo-los-futbolistas-que-habrian-sido-asesinados-en- siloe/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

140 Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

141 Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional verificado por el equipo de verificación digital de la organización.

142 Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad

143 Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital y un experto en armas de la organización.

144 Testimonios recogidos por la familia de Kevin Agudelo, comunicados a Amnistía Internacional, 11 de mayo de 2021.

145 Cuestión   Pública,   “Cuando   vuelva   mami”…En   memoria   de   Kevin,   19   de   mayo   de   2021,   disponible   en:

https://cuestionpublica.com/cuando-vuelva-mami-en-memoria-de-kevin/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

146 Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital y un experto en armas de la organización.

147 Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital y un experto en armas de la organización.

148 https://twitter.com/JheisonNz17/status/1389431223727034371; https://twitter.com/IvanTovar01/status/1389429147219505153; https://twitter.com/LeoLopezLenis/status/1389414764342820865 y https://twitter.com/redlatiendo/status/1389415065049255936 (último acceso el 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

149 Copia de la denuncia presentada por el padre de Kevin Agudelo ante la Fiscalía General de la Nación, 5 de mayo de 2021.

150 Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Informe pericial de necropsia, Kevin Anthony Agudelo Jimenez, Cali, Valle del Cauca, fecha necropsia 4 de mayo de 2021.

151 Por ello, Amnistía Internacional esta opuesto p.ej. al despliegue de gases lacrimógenos a través de drones, cf. Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion- sustancias-quimicas-irritantes.pdf, p. 15; y regla 16 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf.

152 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nota informativa para la prensa sobre Colombia, Portavoz para la Oficina Marta Hurtado, 4 de mayo de 2021, disponible en: https://nacionesunidas.org.co/noticias/comunicados-de- prensa/nota-informativa-para-la-prensa-sobre-colombia-portavoz-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos- marta-hurtado/ (último acceso 3 de julio de 2021).

153 Radio Nacional de Colombia, “Sí dispararon contra la comunidad”: alcalde de Cali sobre hechos en Siloé, 13 de mayo de 2021, disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/si-dispararon-contra-la-comunidad-alcalde-de-cali-sobre-hechos-en-siloe (último acceso 3 de julio de 2021).

154 Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMDGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

155 La Minga indígena es la reunión de diversos actores sociales que se suman a procesos sociales de reivindicación y garantía de derechos fundamentales.

156 El Espectador, Cali, radiografía de una ciudad que no aguantó más, nota publicada el 8 de mayo de 2021, disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/cali/cali-radiografia-de-una-ciudad-que-no-aguanto-mas-article/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

157 Organización Nacional Indígena, ONIC, Informe Ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas dentro del Paro y Minga Nacional en Colombia, 10 de junio de 2021, disponible en: https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4304-informe- ejecutivo-sobre-el-contexto-y-las-afectaciones-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dentro-del-paro-y-minga-nacional-en-colombia (último acceso el 3 de julio de 2021).

158 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC rechaza nuevo falso positivo del expresidente Uribe, 5 de mayo de 2021, https://www.cric- colombia.org/portal/cric-rechaza-nuevo-falso-positivo-del-expresidente-uribe/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

159 El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla, con más de sesenta años de existencia. Aún sigue vigente, causando desplazamiento forzado, secuestros, asesinatos y ataques a infraestructura pública.

160 Cerosetenta, Disparen a los indios: un diario del odio en Cali, 15 de mayo de 2021, disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/disparen-a-los-indios-un-diario-del-odio-en- cali/#:~:text=La%20mañana%20del%20domingo%20nueve,se%20cumplen%20en%20nuestra%20ciudad (último acceso el 3 de julio de 2021).

161 Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali, 28 de abril de 2021, disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/disparen-a-los-indios-un- diario-del-odio-en-cali/#:~:text=La%20mañana%20del%20domingo%20nueve,se%20cumplen%20en%20nuestra%20ciudad (último acceso el 3 de julio de 2021).

162 En días previos, otros representantes locales, como Carlos Maya, alcalde de Pereira señaló “vamos a convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”. Al día siguiente fue asesinado en Pereira Lucas Villa. Tomado de Kien y Ke, “El llamado del alcalde de Pereira previo al atentado a Lucas Villa, disponible en: https://www.kienyke.com/regiones/llamado-alcalde-de-pereira-previo-atentado-lucas-villa, (último acceso el 11 de julio de 2021).

163 Amnistía Internacional, Colombia: Llamado urgente a cesar la violencia contra Pueblos Indígenas en el marco del Paro Nacional, 9 de mayo del 2021, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-llamado-urgente-cesar-violencia-contra-pueblos- indigenas/

164 La chiva es un medio de transporte colectivo usado en Colombia en zonas rurales, en particular por Pueblos Indígenas y comunidades campesinas.

165 Testimonio allegado a Amnistía Internacional, el nombre de la persona se reserva por motivos de seguridad, Cali, 7 de julio de 2021.

166 France 24, Análisis de imágenes: hombres vestidos de civil dispararon a manifestantes indígenas en Cali, 18 de mayo de 2021, disponible en: https://www.france24.com/es/programas/los-observadores/20210518-protestas-colombia-cali-disparos-indigenas-civiles (último acceso el 3 de julio de 2021).

167 Disponible en: https://cuestionpublica.com/paso-a-paso-asi-fue-el-tiroteo-del-9-de-mayo-al-sur-de-cali/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

168 Entrevista Maria Jimena Duzán, ¿Quién está detrás del grupo de autodefensa que se armó contra los indígenas en Cali?, 16 de junio de 2021, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QUozZqOCfZo (último acceso el 3 de julio de 2021).

169 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica Cali, Informe pericial de clínica forense, Cali, 18 de mayo de 2021, documento entregado bajo reserva a Amnistía Internacional.

170 Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital de la organización.

171 Entrevista realizada a Daniela Soto por Amnistía Internacional, 1 de junio de 2021.

172 Ver, entre otros, https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/09/terror-en-jamundi-graban-a-varios-civiles-armados- amenazando-y-disparando-contra-la-guardia-indigena/;                                                                                               https://twitter.com/HKJM2019/status/1391548945474719744; https://twitter.com/valpoinformado/status/1391531213991682050;                                                                                                  https://twitter.com/smilelalis/status/1391492438200659971; https://twitter.com/SenorCaicedo/status/1391505956274585608 (último acceso 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

173             Ver,             entre             otros,                  https://mobile.twitter.com/sargentochala/status/1391522148271984640; https://twitter.com/marthaperaltae/status/1391564891576733699 (último acceso el 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

174 Comunicado ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo condenan ataque contra lideresas y defensoras de derechos humanos en Cali, 9 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/ONUMujeresCol/status/1391560645582245892?s=20 (último acceso el 3 de julio de 2021).

175 Capturas de pantalla de WhatsApp enviadas bajo reserva a Amnistía Internacional.

176 Presidente Iván Duque, 9 de mayo de 2021, disponible en: https://twitter.com/infopresidencia/status/1391510517185921029?s=20 (último acceso el 3 de julio de 2021).

177 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Solicitud de acción urgente- ataque armado a la Minga y graves violaciones a los derechos humanos, 9 de mayo de 2021.

178 Amnistía Internacional, Colombia: ¿Por qué nos quieren matar?: la falta de un espacio seguro para defender los derechos humanos en Colombia, 8 de octubre de 2020, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/3009/2020/es/

179 El Juez 158 de Instrucción Penal Militar informó a Amnistía Internacional que en dicha jurisdicción no tienen investigaciones de los hechos ocurridos el 9 de mayo en las que figure como víctima una defensora de derechos humanos indígena. Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMDGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

180 Organización de las Naciones Unidas, Comunicado sobre Colombia, 30 de mayo de 2021, disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492672 (último acceso el 3 de julio de 2021).

181 ACNUDH, Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali, 30 de mayo de 2021, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S (último acceso el 3 de julio de 2021).

182 https://twitter.com/BLUPacifico/status/1398384954292191235?s=20 (último acceso el 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

183 Cuestión Pública, Cuando la Policía se alió con hombres armados vestidos de civil, 16 de junio de 2021, disponible en: https://cuestionpublica.com/cuando-la-policia-se-alio-con-hombres-armados-vestidos-de-civil/ (último acceso el 3 de julio de 2021); Infobae, Se conocen nuevos videos de civiles disparando armas largas y cortas en Cali, 30 de mayo de 2021, disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/se-conocen-nuevos-videos-de-civiles-disparando-armas-largas-y-cortas-en-cali/

(último acceso el 3 de julio de 2021) y Cerosetenta, El peligroso escuadrón del sur de Cali, 22 de junio de 2021, disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/escuadron-cali-violencia-policial/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

184 https://twitter.com/Alberti03940691/status/1398501259238416386 (último acceso 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

185 Relato de Sebastián Mejía ante Amnistía Internacional, recibido el 18 de junio de 2021

186 El Espectador, “Esa no es la respuesta, me dijo un uniformado”: joven músico detenido por la Policía, 12 de junio de 2021, disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/esa-no-es-la-respuesta-me-dijo-un-uniformado-joven-musico-detenido-por-la-policia/ (último acceso el 3 de julio de 2021) y Noticias Uno, Músico que fue obligado a afirmar que era “vándalo”, contó lo que vivió, 14 de junio de 2021, disponible en: https://www.noticiasuno.com/nacional/musico-que-fue-obligado-a-afirmar-que-era-vandalo-conto-lo-que-vivio/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

187 Dictamen médico Hospital San Juan de Dios, 29 de mayo de 2021 a las 00.30 am.

188 Testimonio de Noé Muñoz a Amnistía Internacional, recibido el 6 de julio de 2021.

189 Entrevista con el abogado defensor Sebastián Caballero, 6 de julio de 2021.

190 Denuncia interpuesta por el abogado Sebastián Caballero el 14 de julio de 2021 ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Cali por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales agravadas, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Álvaro Herrera Melo, Sebastián Mejía Belalcazar y Noé Sebastián Muñoz Ríos.

191 Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 35 Artículo 9 (Libertad y seguridad personales). CCPR/C/GC/35. 16 de diciembre de 2014.

192 CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre 2019, párr. 224.

193 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cada Estado parte “Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable” (Artículo 17.2). Colombia ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 11 de julio de 2012, sin embargo, no reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer de comunicaciones individuales o comunicaciones de otros Estados parte.

194 CIDH, Informe Nº 35/08, Caso 12.019, Admisibilidad y Fondo, Antonio Ferreira Braga, Brasil, 18 de julio de 2008, párr. 68 en CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre 2019, párr. 226.

195 CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre 2019, párr. 228.

196 Mayor José Fernando León Agudelo, Mayor Mauricio Gómez Velandia, Teniente Aurelio Guevara Macucha, Intendente Ariel Augusto Nossa Barrera, Patrullero Cuspian Rodriguez Jhony Andrés, Patrullero Sinuco Osorio Eder Javier, Patrullero José Ricardo Guzmán González, y Patrullero Cristian Eulises Chilito Muñoz. Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMDGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

197 Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMDGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

198 Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMDGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

 

 

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Foto de portada: Velatón en la glorieta de Siloé, Cali, 3 de mayo de 2021.

© Testigo de los hechos que solicita mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

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