Conclusiones lapidarias de la Auditoría Forense

CASO VICENTIN, INFORME FINAL

Por Raúl Dellatorre

El informe pedido por el propio juez Lorenzini prueba y documenta todas y cada una de las irregularidades que se vienen denunciando. Maniobras de vaciamiento, fuga de divisas y operaciones ocultas quedaron expuestas.

 

 

 

Por Raúl Dellatorre

Pagina 12/ Economía

20 de junio de 2021

Momento crucial para el concurso de acreedores. ¿Hay riesgo de que se declare la quiebra?. Imagen: AFP

¿Qué podrá llegar a definir el juez comercial del concurso de acreedores de Vicentin SAIC, teniendo ante sí el análisis más detallado, más documentado, del cuerpo de auditores a los que él mismo encomendó la tarea, en el que se revelan los ocultamientos patrimoniales, pasivos no registrados, costos subvaluados, y transferencias no reveladas entre entidades del propio grupo, algunas en el exterior, potenciales pagos a emisores de facturas apócrifas, y otra larga serie de operaciones que afectaron el patrimonio del grupo y a sus acreedores?

Esta es la situación a la que se enfrenta, desde el jueves pasado, el juez Fabian Lorenzini tras haber recibido el Informe final del Cuerpo de Auditores Forenses en los autos caratulados Vicentin SAIC s/concurso preventivo». El trabajo de los estudios de auditoría Arnaud Iribarne y Asociados, Abelovich, Polano y Asociados SRL, y Deloitte & Co. SA fue dispuesto y encomendado mediante resolución de fecha 16 de octubre de 2020 y en su contenido, a lo largo de 256 páginas, deja constancia de las innumerables irregularidades en el manejo comercial, las inconsistencias entre la situación patrimonial hasta fines de 2018 con respecto a la del año posterior, cuando Vicentin SAIC entra en cesación de pagos al tiempo que cambiaban las condiciones políticas del país, con la salida de Mauricio Macri del gobierno.

«El informe final de los auditores pinta un panorama que está más cerca de la declaración de quiebra de Vicentin, que la continuidad de la firma en el marco del concurso de acreedores», sostuvo Gustavo Feldman, abogado de la ciudad de Rosario que patrocina a uno de los más importantes acreedores comerciales en la convocatoria. «El informe ratifica todo lo que venimos postulando hace diez meses en los tribunales de Rosario», donde tienen asentada una demanda penal por estafa contra Vicentin y sus directivos.

«Es innumerable la cantidad de elementos que demuestran la simulación de activos, el ocultamiento de pasivos, todo en base al financiamiento de la banca oficial que el gobierno obtenía por sus relaciones políticas con el macrismo»,  describió Feldman después de un análisis minucioso del informe final de los auditores.

El informe, de 256 páginas, consta de 11 capítulos. Los primeros dos contienen el Resumen Ejecutivo y la descripción del Objeto del trabajo y la documentación analizada.  El resto es una radiografía del funcionamiento y desvíos de la que fuera una de las primeras cerealeras exportadoras del país durante más de una década y que llegó a ser la líder en exportación de aceites y harinas. De allí pasó a ser la responsable de lo que los propios bancos acreedores extranjeros describieron, en medios especializados de Estados Unidos, como «posiblemente la mayor estafa en la historia del comercio de granos».

El grupo económico

Al final del primer capítulo, el Informe hace una precisa descripción de la relación y el funcionamiento de Vicentin SAIC («la concursada») y el grupo de empresas satélites. Valga recordar que el juez Lorenzini rechazó en forma persistente considerar al conjunto de empresas como un mismo grupo, eludiendo extender a las satélites las mismas inhibiciones que ordenaba sobre la principal. Aquí está la descripción hecha por los auditores convocados por el propio magistrado:

«La Concursada encabeza un ecosistema de empresas vinculadas que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias generadas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años.

«Este ecosistema se sostenía a través de un complejo entramado de transacciones entre las entidades Non-Core (satélites) y Vicentín (Argentina y Uruguay) y entre las propias Non-Core, manejado de manera centralizada desde la tesorería de la Concursada (ciudad de Avellaneda, Santa Fe).

«El giro del negocio de capital de trabajo intensivo y márgenes exiguos, sumado a pérdidas recurrentes en los negocios Non-Core, ha implicado que la estructura de capital de la Concursada requiera de una permanente asistencia financiera.

«Mientras que la asistencia financiera, según la documentación relevada, tenía un destino específico que era la prefinanciación de exportaciones, se advierte del análisis efectuado que la Concursada utilizaba esos desembolsos para el sostenimiento del flujo de fondos operativos, sea para gastos corrientes – incluyendo el pago a proveedores granarios – o la cancelación de deudas financieras».

Toda la deuda con el Banco Nación, en dólares, se justificaba por cobertura de prefinanciación de exportaciones. Se verificó, sin embargo, que gran parte del saldo de la cuenta en la sucursal Reconquista del Banco fue retirado, especialmente a partir de agosto de 2019, por los propios accionistas en forma particular, con autorización especial de las autoridades del Banco Nación, encabezadas por entonces por Javier González Fraga.

El sobreendeudamiento autoinfrigido, el desvío de recursos a empresas satélite, aumentos en el giro de negocios pero cada vez con un menor margen de utilidad, son los elementos a partir de los cuales una investigación encargada por el directorio del Banco Nación planteó la sospecha de «maniobras de vaciamiento» y encubrimiento de fuga de capitales en la operatoria de Vicentin, utilizando incluso fondos públicos para su ejecución. La deuda concursal con el Banco Nación se eleva a 300 millones de dólares.

Los elementos aportados por la auditoria forense abonan esa hipótesis con mayor abundancia de información. Y no es él único aspecto en el que los supuestos delitos se ponen de manifiesto.

Manejos discrecionales

En el capítulo enunciado como «Otros manejos discrecionales que revelan cómo eran conducidos los negocios», se hace referencia a:

Compensaciones entre empresas del Grupo. Especialmente, entre Vicentin SAIC y vinculadas en Uruguay. Según los auditores, en muchas de estas transferencias no queda claro si se trata de venta de mercaderías, prestación de servicios, préstamos u otro tipo de transacción. Pero hay operaciones por montos millonarios.

El informe señala en uno de los comentarios sobre estas operaciones, que «no se comprende cuál es el propósito o actividad comercial que motiva la supuesta relación comercial por la que Vicentín Argentina sería proveedora de Industrias de Alimentos Latam/Vicentin Family Group Inversora (ambas de Uruguay) y, a su vez, éstas serían proveedoras de Vicentín Uruguay por operaciones superiores a los USD 300 millones».

Potenciales pagos a emisores de facturación apócrifa. «Se observó a partir de la facturación incluida en el Libro de IVA Compras del período de análisis, facturas emitidas por siete proveedores por la suma de USD 38,2 millones, la mayoría con posterioridad a la fecha de publicación de la AFIP como emisores de facturación apócrifa».

Venta de activos aplicados a pagar gastos corrientes o compensar deudas de terceros. «Observamos varias operaciones por las cuales el grupo entrega activos en parte de pago para afrontar gastos corrientes o para cancelar deudas de terceros. La venta de estos activos tuvo lugar hacia fines del año 2019 cuando la Concursada se encontraba en situación de estrés financiero».

Como ejemplos de esas operaciones, el informe menciona:

Venta de participación en Renova (con planta en Timbúes, Santa Fe, considerada la mayor en procesamiento de soja de Latinoamérica) en USD 122,7 millones, a favor de Renaisco BV (Glencore).

Venta de Tastil SA, por USD 1,7 millones, a una sociedad uruguaya (Losagor SA).

Venta de una aeronave propiedad de Sir Cotton SA a Nokray International SA (propiedad de Tomás Hinrichsen) en USD 3 millones más IVA.

Venta de acciones de Playa Puerto SA a favor de Nokray International SA por USD 850 mil.

Irregularidades en los balances

El informe de los auditores también hace observaciones sobre las inconsistencias en las cifras del balance de octubre de 2019 (presentado con mucho atraso) y el de los años anteriores. El deterioro patrimonial no guarda ninguna correlación con los volúmenes de operaciones y el argumento de una «corrida» de los operadores comerciales a raíz del cambio de gobierno tampoco guarda relación con lo observado en el resto de las empresas del sector. Las mayores diferencias sobre las que el informe llama la atención son las siguientes:

Materias primas. «Observamos una disminución de un 90% en los inventarios de materias primas de la Concursada al 31 de octubre de 2019 respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, los inventarios que ascendían a USD 302,4 millones en octubre de 2018 (1,344 millones de toneladas) finalizan en un valor de USD 29,9 millones el año siguiente, en el cierre del ejercicio a octubre de 2019 (180 mil toneladas)».

Deudas comerciales.«Se observa un aumento del 618% de las deudas comerciales al 31 de octubre de 2019 respecto del año anterior. El mayor incremento nominal se produce en los proveedores de materias primas, los cuales pasan de USD 32,4 millones al cierre de octubre de 2018 a USD 571,1 millones en octubre de 2019, lo que representa un aumento del 1664% durante el último ejercicio».

Entrega de granos de productores con precio a fijar. «A partir de la información a nuestra disposición observamos que, en los ejercicios 2017 y 2018, unas 2,18 y 1,76 millones de toneladas que corresponden a precios fijados con posterioridad al 31 de octubre de dichos años, y con fecha de recepción anterior, habrían sido omitidas de ser reveladas como una mayor deuda con proveedores granarios, que de acuerdo a nuestra estimación asciende aproximadamente a USD 463 y 395 millones respectivamente en los ejercicios 2017 y 2018».

Estos, entre muchos más elementos contenidos en el informe de los auditores, muestra que las múltiples denuncias de los acreedores, la corta intervención federal del año 2020, la investigación ordenada por el Banco Nación, la comisión investigadora del caso en la legislatura santafesina y hasta las imputaciones de la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe no carecían de fundamentos. Todas ellas fueron ignoradas por el juez Lorenzini, que ahora tiene ante sí los resultados de la propia auditoría que él ordenó. Con resultados todavía más contundentes que los hasta aquí conocidos.