Desde el 28 de abril de 2021 se inició el paro nacional en Colombia, el cual ha derivado en un extenso tejido y proceso de acciones que han tomado la forma de un estallido social.

COLOMBIA: DINÁMICAS DEL PARO NACIONAL.

Por Observatorio del Conflicto de la CNAI.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza por parte de los órganos policiales del Estado Colombiano.

 

 

Por: Observatorio del Conflicto de la CNAI.

 

  1. Estallido social en Colombia: dinámicas del paro nacional.

Desde el 28 de abril de 2021 se inició el paro nacional en Colombia, el cual ha derivado en un extenso tejido y proceso de acciones que han tomado la forma de un estallido social.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y haciendo uso de fuentes del gobierno colombiano, durante más de un mes de insubordinación social se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7.801 no han presentado incidentes. La Comisión resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza por parte de los órganos policiales del Estado Colombiano. Estos hechos se han registrado especialmente en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.

Existen al menos tres aspectos que vale la pena destacar sobre esta movilización, que en algunas partes tomó el carácter de pequeñas insurrecciones urbanas:

Uno. La inconsistencia del gobierno frente a los datos del volumen y extensión de la movilización. Mientras el ministro de defensa en el debate de moción de censura citado en el congreso afirmó la existencia de más de diez mil manifestaciones, el ministro del interior solo reconoció ocho mil seiscientas. Ambos obran de manera instrumental, el primero tratando de maximizar la amenaza que según él significaba el paro, el segundo minimizándola con el interés de apocar el desborde de la insubordinación popular.

Dos. Los bloqueos se han presentado no solo en la red vial primaria y secundaria, sino además en varios centros urbanos.

Tres. El combate callejero, sin ser nuevo, se ha consolidado y radicalizado. Como expresión de esto podemos observar las manifestaciones organizadas por los jóvenes de la “Primera Línea” en los centros urbanos, los cuales chocan de manera directa e intensa contra los escuadrones antidisturbios, las madres de primera línea que se despliegan en todo el frente de la confrontación desarrollando anillos de protección a los jóvenes; igualmente hemos asistido a la confrontación directa y aguerrida de los sectores rurales, barriales, juveniles y culturales, acompañados por las primeras líneas de madres, maestros, iglesia, artistas, pensionados, abogados, Atención Primaria Hospitalaria, periodistas y defensores de derechos humanos.

La intención del ministro del interior al minimizar las cifras de la protesta, puede estar dirigida a contrastar y ocultar por parte del gobierno el alto volumen de movilización en zonas donde en las elecciones del 2018 el uribismo fue hegemónico, con la tendencia previsible de deslegitimación en estos puestos electorales de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

Es evidente la preocupación del uribismo por la pérdida de votantes. En municipios de su dominio electoral como Floridablanca, Santander, ahora han tenido que militarizar por los fuertes bloqueos de vías por parte de la población, lo mismo ocurre con Pereira, capital de Risaralda, Funza, Madrid, Facatativá y Mosquera en Cundinamarca. 

De otra parte, además de la tradicional influencia de la izquierda, tanto legal como ilegal, se destacó en este ciclo de protestas la aparición de otros actores con nuevas formas de organización y manifestación. Para nadie es un secreto que la dirección formal del paro aglutinada en el Comité Nacional De Paro no fue la realno reflejó lo que estaba ocurriendo en los territorios, donde se desarrollaron negociaciones con los gobiernos locales y departamentales, ejemplos máximos de esto fue lo ocurrido en las ciudades de Cali y Bogotá.

El movimiento social ha logrado avanzar en el escalonamiento sostenido de la protesta hasta lograr un claro desgaste político del gobierno de Iván Duque y una considerable afectación económica, por ejemplo el represamiento de seiscientos mil (600.000) contenedores en el puerto de Buenaventura. De acuerdo con cálculos aproximados de la terminal de carga de esa ciudad, no han podido llegar a su destino  “188.300 toneladas de granel sólido, 99.000 toneladas de carga general, y 169.200 toneladas de carga en contenedores, para un total de 456.500 toneladas de carga”[1].

Ahora bien, este desborde del malestar social expresado en el actual paro nacional, tiene como una de sus causas la caída del nivel de vida y del consumo tras la reducción de la renta petrolera del país desde el año 2014. La pandemia de la Covid 19 tuvo un impacto en la profundización y deterioro de esta situación, llegando a niveles  de pobreza y hambre que agravaron el malestar del cuerpo social y crearon las condiciones para su erupción torrencial. El estallido social viene a poner de presente el agotamiento absoluto en el conjunto del modelo económico y la forma de gobernar el país; cuando la difícil situación reclamaba un Estado garante de los derechos económicos y sociales, el régimen ha insistido en la ortodoxia económica neoliberal y la represión de la protesta.

El movimiento de protesta ha asumido el carácter de anti-sistémico y de oposición, sin embargo, es previsible un próximo período de meseta de este movimiento, con sucesivos picos y caídas. Por su parte las élites aferradas a su ortodoxia e intolerancia, continúan lideradas por el binomio Uribe-Duque y no parecen tener fórmulas de alternancia.

Estamos en un momento ambivalente, y no es fácil identificar la dirección en que se moverá el péndulo, pero es posible avizorar desde ahora las fracturas entre las élites frente a la alternativa a elegir en el momento político y la superación de la crisis. Esta situación dota de gran fragilidad los pactos que se lleguen a negociar con el movimiento de protesta, lo cual nos permite visionar que las tensiones y su expresión de calle podrán volverse a presentar en los próximos meses.

  • Nuevas formas de insumisión impactan la atmósfera política

Fue observable en este paro nacional un cambio cualitativo en el comportamiento de los manifestantes, sobre todo en lo que puede llamarse defensa de posiciones, en términos del combate de calle, como se aprecia en la organización y autogeneración de las “líneas sucesivas” de defensa, choque, protección del repliegue y abastecimiento. Se trata de una forma organizativa que nunca antes habíamos tenido en Colombia e indica un aumento en la capacidad de resistencia del movimiento social, lo cual agrega un ingrediente importante a la capacidad de interpelación al régimen político, sin el uso de las centralidades clásicas que han caracterizado a la protesta y el movimiento social, esto sobre todo en Cali, Bogotá y Medellín. Es evidente aquí un aprendizaje de las experiencias de Chile y Ecuador.

Es obligado preguntarnos, ¿ante qué estamos? No es sencillo de explicar ni caracterizar, pero sin duda estamos ante una calidad nueva de resistencia civil, frente a la cual la inteligencia del poder propone teorías como la “guerra molecular disipada”, buscando con esta interpretación neonazi criminalizar la protesta social, al señalarla como producto de una racionalidad estratégica de rebelión y ruptura violenta con el régimen político. Simultáneamente, las expresiones culturales y de arte popular han enriquecido las protestas con un lenguaje alternativo y cargado de sentido y simbolismo, dándole mucha más vitalidad a las manifestaciones y renovando las tradicionales consignas políticas.

Desde el campo crítico no tenemos una categoría para leer este nuevo fenómeno, pero es seguro que se trata de un nuevo período de la lucha de clases en Colombia.

Otro elemento importante para interpretar lo que ha ocurrido con el paro es que este está instalado en lo que podríamos llamar una atmósfera política: un conjunto de ideas, prácticas y emociones que, como chispas regadas por todas partes, buscan la legitimación de las expresiones y los movimientos de choque directo contra el gobierno, indicando una especie de transición hacia un nuevo tiempo político, esta atmósfera y toda la energía que ha cargado anuncia el advenimiento de un nuevo gobierno de tipo progresista.

Un primer indicador de lo anterior, es la rápida politización y creciente dinámica social de la juventud de corte claramente antiuribista y que le pasa cuenta de cobro en la lucha generacional (recordemos que el uribismo se arraiga mayoritariamente entre los mayores de cincuenta años). La politización de la juventud es perceptible en las calles y los espacios cotidianos -que ya había avanzado en los paros, movilizaciones y campañas anteriores- en la que el tema de la política adquiere plena validez y vigencia. Hay una incandescencia que se mantiene en el ambiente y proyecta al movimiento no hacia las acostumbradas victorias tempranas de un pliego firmado, sino hacia la escena política de las elecciones presidenciales del 2022,que es donde tendrá su desenlace.

En términos electorales  el extendido malestar social debilita al uribismo y debería, en contravía, fortalecer la opción del progresismo. Pero lo anterior depende de como se maneje la estrategia para ganar la llamada franja flotante, la cual en el 2018 al ganar Petro sobre Fajardo demostró que no fue capitalizada por el centro.

No es claro que la salida política  de la crisis sea hacia el cierre autoritario o el fascismo por parte del denominado Bloque de Poder Contrainsurgente; la crisis en la hegemonía uribista y la masa extensa aunque diversa de factores políticos progresistas en escena hacen presumir otra vía de salida. Desde ya los diversos factores de poder se alinean tácticamente y los veremos en su despliegue estratégico hacia el 2022. El momento actual nos permite pues apreciar las siguientes posibles configuraciones:

  • El uribismo y la ultraderecha ante el desinfle del exalcalde Char y la escasa probabilidad de reencauche de Oscar Iván Zuluaga, configurá su estrategia en la búsqueda de un candidato de tipo corporativo como Federico Gutiérrez, arquetipo del político-empresario, o la dinámica de agrupación que impulsan los tres exalcaldes “gerentes“: Enrique Peñalosa, Alejandro Char y Federico Gutiérrez. El gobierno de Duque y el Centro Democrático jugarán al desgaste del movimiento de protesta y al desprestigio de la dirigencia del paro; los estrategas de la inteligencia del régimen saben que el manejo acertado del sector de indecisos (clases medias y eclécticos) pueden moverlos hacia la derecha uribista con el correr de los meses previos a la campaña electoral. Igualmente podrían articular su propuesta alrededor de Vargas Lleras como exponente de su modelo autoritario y excluyente, el pastranismo lo ha postulado como opción.
  • El liberalismo trabaja en la posible candidatura de Alejandro Gaviria, exministro de salud de Santos y actual rector de la universidad de los Andes. Gaviria es un candidato que puede contagiar emociones y conectar con el sentir político nacional, se presenta como una fuerte opción de la derecha blanda reformista, para conjurar la amenaza del progresismo de Gustavo Petro, a la par que captura un gran volumen de la franja electoral de Sergio Fajardo quien empieza a ser cuestionado por el empresariado y buena parte de la opinión como un líder débil, confuso, poco hábil para participar en los debates públicos. Alejandro Gaviria tiene un potencial muy grande para canalizar ese centro indeciso y ofrecer un fórmula de inclusión política y de democracia, aunque su eventual gobierno no hará las transformaciones sustanciales que hoy reclama el país desde el paro nacional, en la lógica del capitalismo liberal el modelo ya está pactado.
  • Por su parte el sector de centro y reformista podría estar mejor representado en Juan Manuel Galán, que, con la inminente recuperación de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, puede atraer adhesiones de la derecha moderada. Su figuración y peso político deberá sortear primero la elección dentro del campo político llamado Coalición de la Esperanza, dentro de la cual hay otros precandidatos como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle.
  • El Partido Verde se ha retirado por ahora de la Coalición de la Esperanza, parece apostar primero a clarificar su situación interna en la cual se disputan como precandidatos Camilo Romero, Antonio Sanguino, Sandra Ortiz, Iván Marulanda, Jorge Londoño y Carlos Anaya. Este último pareciera el más opcionado por los apoyos internos con que cuenta. El juego político del partido Verde será difícil y polémico, pues un sector interno cuestiona el apartheid político que varios sectores del partido y el conjunto de la Coalición de La Esperanza le han impuesto a Gustavo Petro al cerrar de plano cualquier opción de alianza.
  • El campo político de gravitación de Gustavo Petro se ha abierto a una coalición denominada Pacto Histórico, en ella hacen vida Colombia Humana, Polo Democrático, Mais, Unión Patriótica y diversos movimientos sociales. Expresa el programa de transformaciones que la calle reclama, sin embargo, la dispersión del campo progresista y el temor que genera Petro en la mayoría sectores del empresariado hace que sus opciones de triunfo puedan verse comprometidas.

Lo cierto es que aún estamos lejos del 2022 y la indignación social puede desgastarse, el propio Petro muestra nerviosismo en sus últimos textos cuando recomienda “no excedernos” en la movilización y evitar el choque, pues sabe que hay una línea muy delgada entre la simpatía emocional y la decisión política, que puede cambiar inesperadamente.

  • Crisis de la seguridad estratégica o estallido social

El paro nacional 2021 refleja una grave fractura del régimen político y el desgaste de las élites vinculadas al acaparamiento de la tierra, el control del sistema financiero y de la cadena económica del narcotráfico; la pandemia de la Covid19 fue el revulsivo que hizo profundizar la crisis y el descontento popular.

En términos de los expertos en seguridad de la Universidad Nueva Granada, “hay una crisis de la inteligencia estratégica” cuyo gran reto ahora es el manejo de las grandes manifestaciones nacionales de protesta -incluyendo el llamado vandalismo- y ya no los problemas de las relaciones con Venezuela, ni el ELN o las disidencias de las Farc”[2].

Según el think tank de la escuela superior de guerra, la amenaza para el Estado se centra en que los partidos de oposición en respuesta a la decisión del gobierno Duque de “hacer trizas los acuerdos con las Farc”, se han propuesto “hacer trizas la seguridad”, táctica diseñada para desestabilizar en el año preelectoral, de cara a conquistar el poder en 2022.

En materia de control del orden público, bajo el amparo de la emergencia sanitaria se profundizaron las restricciones a las libertades y se dio el uso indiscriminado del toque de queda durante la pandemia. Este es un claro método de congelamiento inducido del malestar social, en procura de ampliar al máximo la pausa que se inició en 2020 para intentar llegar hasta el final del período presidencial de Iván Duque sin sobresaltos. Este objetivo se frustró con el estallido del 28 de abril contra el proyecto de reforma tributaria, hito que rompió el dique de la desesperación contenida.

  • ¿Por qué revienta el descontento con mayor fuerza en el Suroccidente y no en Antioquia o el Caribe?

En el andén pacífico colombiano se expresa con mayor fuerza la contradicción entre las metas del plan marco de implementación del acuerdo de paz de la Habana (Conpes 3132) y el plan de desarrollo del gobierno Duque llamado  “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el cual frenó los compromisos del Estado colombiano con los puntos más importantes del acuerdo como  la “Reforma rural integral” (punto 1),  “Participación política” (punto 2) y   “Solución al problema de las drogas ilícitas” (punto 4).

Paralelo a lo que muchos expertos llaman perfidia a lo pactado, el fenómeno de resistencia afro, indígena y campesina, con todas sus reivindicaciones, dio un salto cualitativo en las ciudades del suroccidente, especialmente en Cali: el reclamo de las  tierras despojadas, la defensa de la cultivos de hoja de coca, la lucha contra la erradicación forzada y la fumigación con glifosato, la autonomía territorial, la defensa del acuerdo de paz, el alegato desde las comunidades indígenas contra la historia contada por el criollato blanco y los colonialistas españoles, la ira contra la violencia paramilitar y estatal, se conjugaron para expresar su descontento.

A ello se suma que en esta zona del país, desde hace más de una década, la ciudadanía ha elegido gobiernos locales alternativos que se han opuesto a la política de seguridad democrática de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y consecuentemente también se han distanciado del modelo de “paz con legalidad” del actual gobierno, fenómeno distinto al que se presentó en la región paisa-Antioqueña y en la costa caribe.

Otro factor no menos importante, es esa suerte de sujeto histórico plebeyo de resistencia consuetudinaria de las gentes del pacifico a travésdelas Mingas indígenas y paros cívicos locales, que han adoptado con éxito otros sectores sociales como afros y campesinos, además de las juventudes en las zonas urbanas, especialmente en la ciudad de Cali; ejemplo de ello fue el inédito paro cívico de Buenaventura en el año 2017, que logró en tres semanas derrotar la mafia patibularia de Juan Carlos Martínez, Bartolo  y otros parapolíticos, para dos años después llevar a la alcaldía un candidato propio, el líder cívico  Víctor Hugo Leal.

Por su parte Cali es la capital del suroccidente del país, una macro región donde viven casi 8 millones de personas, de acuerdo con el último censo del DANE (aproximadamente el 20% de la población total del país).  Allí  se concentra el más alto porcentaje de población de raza indígena y afrodescendiente, de hecho el 60% de la población de Cali es de origen afro, a lo que se agrega la creciente migración de comunidades indígenas desplazadas por la violencia, pertenecientes a los pueblos Nasa, Misak, emberá, quillacingas, sibundoyes, putumayos, entre otros; amén de los miles de desplazados por el conflicto armado que diariamente recalan en la capital del Valle del Cauca.

En la sultana del Valle se concitan con fuerza importantes núcleos urbanos de lo que se denomina “insurgencias civiles no armadas”, como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y un fuerte movimiento estudiantil liderado por la Universidad del Valle, cuyo campus está ubicado justamente a la entrada del sector más rico de la ciudad: el barrio Ciudad Jardín. Esto sin olvidar el estallido de las barriadas populares del oriente de Cali, que suman cerca de un millón de habitantes, y los barrios de la ladera de Siloé con sus antecedentes de resistencia desde la época de la violencia y del accionar del M-19 en las décadas de los años setenta y ochenta, todos estos elementos crearon la tormenta perfecta que detonó el estallido social el pasado 28 de abril.

Cali pasó así de ser la potencial capital del posconflicto, de acuerdo a los pronósticos que hacían en el año 2016 los más serios estudiosos del acuerdo de paz, a convertirse en la capital del conflicto social en el año 2021, como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de paz con las Farc y la agudización de la crisis económica en los campos y ciudades de Colombia.

En Cali confluyen formas de pensar y de vivir casi antagónicas entre sí, las cuales tienen un fuerte arraigo colonial:

Hay una clase alta de empresarios, hacendados de la caña y los grandes monocultivos, muchos de ellos viven como élites parasitas fruto del alquiler de sus tierras durante años a los grandes ingenios azucareros; también nuevos ricos que han acumulado fortunas gracias a la robusta cadena económica del narcotráfico; grandes y medianos comerciantes e importadores de productos que ingresan por el puerto de Buenaventura; industriales y en general inversores de toda laya que especulan con el alto valor del metro cuadrado de tierra en el sur del Valle del Cauca y que a través de sus tentáculos en la política y el negocio inmobiliario “voltean” predios rurales de esa zona de Cali y en especial del municipio de Jamundí, para continuar con el boom de la construcción de estratos altos en esta área.

Esas comunidades de “nuevos ricos” viven al sur de Cali y han convertido este distrito de la ciudad en un pequeño “Miami”, su sueño idílico de ciudad en la que quisieran vivir todo el año, en su gran mayoría van una o dos veces a la capital del estado de Florida  e intentan replicar la atmosfera urbana de la ciudad norteamericana en el  sur de la sultana del Valle: grandes centros comerciales, mall de comidas, lujosas urbanizaciones, gimnasios cada 100 metros, patinetas y motos eléctricas, vehículos de alta gama, clínicas de estética y spas de lujo, todo un protocolo de formas de saludar y de comportarse,  de acuerdo a lo que marca la moda en el país del norte. Una especie de “neoclase” de privilegiados que se auto segrega del resto de la ciudad, en especial del oriente pobre, negro e indígena en el que viven más de un millón de caleños en la miseria o la pobreza extrema,  y solo  se acuerdan de la pobrería para contratarlos por salarios de hambre como sirvientes, choferes, aseadores, cocineros, vigilantes y meseros de los sitios de lujo a los que suele ir diariamente esta elite caleña.

Es por esto que la presencia de civiles armados o  paramilitares urbanos no es una casualidad o el  fruto de una acción espontanea de autodefensa, este proyecto violento se planeó desde el paro del 21N del año 2019, a partir de ese momento la mafia junto al empresariado funcional al narcotráfico, arropados en el eufemismo de “gente de bien”, concibió el plan de enfrentar la protesta social a través de un proyecto de paramilitarización armada en alianza con la policía y el ejército, como se vio en los ataques a manifestantes durante el paro nacional en la ciudad de Cali.

En las conversaciones de los voceros de esta elite mafiosa en redes sociales, persiste el ánimo de revancha por la derrota sufrida por el paramilitarismo de segunda generación en su plan de conquista del alto del Naya, cuando las tropas del bloque Calima perdieron la guerra con las Farc y el ELN en el año 2004, hecho que le atribuyen al supuesto apoyo que  las comunidades campesinas e indígenas del norte del Cauca le brindaron a la insurgencia, lo que cambió la tendencia del conflicto en estas zonas y contuvo la expansión paramilitar desde el año 2005. Ese es el Ethos mafioso y paramilitar que alimenta la ideología de extrema derecha de las élites vallunas.

  • Consideraciones finales: el paro nacional cambió la imagen de Colombia en el exterior.

Se advierte un cambio de mirada de la comunidad internacional sobre Colombia. Este paro puso de relieve la verdadera realidad nacional, que es la desigualdad social, un problema nada fácil de resolver. No se trata del mero incumplimiento de unos acuerdos de paz.  Para el gobierno nacional las causas del estallido social están en la intervención de gobiernos extranjeros como Venezuela, Rusia, el estallido social Chileno o el Foro de Sao Paulo; para justificarlo se trastocan teorías como la de la revolución molecular disipada, interpretando el estallido social como un levantamiento planificado y auspiciado por la izquierda internacional; pero lo que no hay que desconocer es que el paro nacional está en sintonía con el contexto mundial de movilizaciones como la de los Chalecos Amarillos en Francia, las movilizaciones de los Indignados en España, o las protestas de los indígenas en el Ecuador y la juventud en Chile.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en términos de la reacción al paro es la existencia de suprapoderes transnacionales que están por encima de los Estados, como es el caso del narcotráfico, un recurso subterráneo muy fuerte que vino a cambiar la débil economía colombiana del monocultivo del café y de los hidrocarburos, pero sobre todo a imponer un nefasto modelo de alianza paramilitar entre las mafias y los gobiernos.

La mafia narco paramilitar ha tenido un gran desafío y bloqueo al flujo de su negocio por el paro de Buenaventura y el paro nacional que ha generado una crisis de desabastecimiento de cocaína en los Estados Unidos y Europa.  Es verdad que existen rutas rápidas de salida de la cocaína en lanchas y submarinos, pero el grueso de las exportaciones se hace a través de los grandes puertos marítimos, particularmente Buenaventura.  Por eso es muy probable que la mafia, en especial los grandes grupos que manejan el transporte de la droga, se unan al establecimiento, en el odio al paro y la lucha contra los bloqueos aplicando el modelo paramilitar de represión.

El paro viene a sumarse a los hitos de interpelación social a las élites gobernantes. En la historia de Colombia se han registrado hechos de lucha social importantes como la de los trabajadores bananeros, que provocó la masacre que testimonia el régimen de violencia, el bogotazo generado después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, o el grandioso paro cívico nacional de 1977; pasaron varios años para que el movimiento social resurgiera como ha ocurrido en los últimos años, después de la hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien con su régimen de terror cercenó al movimiento social con el único argumento de que todo lo que ocurría en el país era culpa de la guerrilla, y con ese argumento se asesinó impunemente al menos a 6.402 ciudadanos, tal como lo reconoce la JEP.

Pero no hay mal que dure cien años y, desde el movimiento estudiantil con el surgimiento de la Mane comenzó una nueva época de la lucha social, que tuvo su primer escalón con el paro nacional del 21N de 2019, que despertó la presencia de la gente en las calles, mostrando así que los jóvenes tenían la responsabilidad de rescatar el sueño de un nuevo país.

Digamos para finalizar que la gran amenaza de este vigoroso proceso de movilización, de este estallido social, es el desgaste, sobre todo del movimiento estudiantil que es el que ha puesto las víctimas mortales y los heridos al ocupar la Primera Línea del combate callejero.

Resaltemos también como el Comité Nacional del Paro, a pesar de sus limitaciones en la representatividad, fue el primero que inició y logró gradualmente vincular a otros sectores, pero fue más bien tímido en reclamar los importantes resultados obtenidos al tumbar la reforma tributaria y la de la salud, así como la caída del consejero de paz de Duque, el ministro de hacienda y la canciller.

En el anterior contexto, nos quedan preguntas relacionadas con los retos que tenemos las organizaciones sociales, en términos del papel que debemos jugar en la lucha por la profundización de la democracia directa que vienen reclamando y construyendo las primeras líneas en el marco del estallido social. De igual forma, nos queda preguntarnos cómo podemos potenciar las diferentes expresiones articuladas a la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua y las redes de confianza que han emergido en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia y el estallido social.

[1] Las pérdidas que el paro esta dejando en Buenaventura son millonarias: en materia de exportación, según la Sprbun, han dejado de salir por este terminal, aproximadamente 16.900 toneladas de café, 20.400 toneladas de azúcar, 1.880 toneladas de granel sólido, 2.250 toneladas de carga general y 48.460 toneladas de carga en contenedores. Diario Portafolio, mayo 22/2021

[2] La inteligencia estratégica en época de crisis, Juan Carlos Buitrago Arias, Portal las2orillas.com, 20-02-2021.

 

Corporación Nuevo Arcoiris