No hacer lugar a la extinción de la acción penal por prescripción

EL FALLO SOBRE LA RURAL DEL JUEZ JUAN M. RAMOS PADILLA

Los delitos relacionados a la corrupción son aquellos en los que el Estado y/o sus miembros abusan de la relación de confianza y poder que les fuera conferido para mejorar su situación personal, sea económica, de poder, etc. Es por ello por lo que estos delitos no solo afectan seriamente el orden económico y financiero del Estado, sino sobre todo afectan los mismos cimientos sobre los que la República y el Estado de Derecho se encuentra construidos.

 

 

///Buenos Aires, 17 de mayo de 2021.- Por recibido, agréguese.

Pasen los autos a estudio para resolver sobre la extinción de la acción penal por prescripción.

JUAN M. RAMOS PADILLA JUEZ

Ante mí:

ALFONSO MARTEL SECRETARIO AD HOC

Buenos Aires, 17 de mayo de 2021.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa N° 21.666/1996/TO4/142 (Registro Interno N° 5984) seguida a Francisco Prati y otros del registro de la Secretaría.

Y CONSIDERANDO:

Sobre la cuestión en tratamiento, el juez Ramos Padilla dijo;

I.- Que, el Señor Fiscal de primera instancia en lo criminal y correccional requirió la elevación a juicio de la presente por considerar a Oscar Raúl Lozano, a Carlos Alberto Sandri, a Ignacio Lopatín, a Carlos Alberto Malmann, a Francisco Prati, a Juan Luis Gabriel Gilli y a

Roberto Antonio Converti coautores de los delitos de malversación de caudales públicos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, consideró que Ernesto Alberto Marcer, Jorge Aníbal Iribarne, Raúl Francisco Navas y Carlos Alberto Lebrero debían ser juzgados en esta etapa como participes necesarios del delito de peculado en concurso ideal con el delito de prevaricato.

Por último, consideró que Carlos Alberto Salaberry, Marcelo Ignacio Vierheller y Luciano Miguens debían responder en esta etapa como participes necesarios del delito de malversación de caudales públicos.

Una vez en esta etapa, la defensa de Prati solicitó la prescripción de la acción penal basando su pretensión en diversos argumentos. En tal sentido, indicó que la falta de prueba (haciendo hincapié en una supuesta documentación faltante) debía ser tenida en cuenta para resolver esta cuestión.

Luego, postuló la prescripción por afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Para fundar ésta última posición hizo referencia a que su asistido siempre estuvo a derecho y que no presentó escritos que buscaran dilatar el correcto trámite de la causa. Además, citó una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Cámara Federal de Casación Penal.

Luego de una serie de trámites efectuados ante ese pedido y dado que la defensa de Mallman también planteó la prescripción, se le hizo saber a las demás partes que se encontraban autorizadas a adherir a los planteos o presentar sus propios argumentos. Esto, por razones de economía procesal y de una mejor administración de justicia.

Veamos, entonces, cuáles fueron los demás planteos.

La mencionada defensa de Mallman planteó la prescripción de la acción penal de conformidad con el art. 62 y ssgtes. Del Código de fondo.

Por su lado, la defensa de Gilli realizó su planteo sobre la base de la prescripción común y por afectación al plazo razonable. Además, agregó un nuevo escrito dando cuenta que la Sala III de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal había declarado la prescripción de la acción penal por afectación al mencionado plazo razonable respecto del expresidente Carlos Saúl Menem.

Debe aclararse, ante esto último, que un tramo de la presente causa tramitó ante la justicia federal.

Marcer, quien actúa por derecho propio, se adhirió a las peticiones efectuadas por las defensas de Malmann y Prati. Asimismo, indicó que la figura de peculado era inaplicable en su caso, que no correspondía que se le aplique la imprescriptibilidad de sus actos como funcionario ya que la ley de ética pública es posterior a estos hechos, que nunca estuvo rebelde en estos actuados (esto con relación a la prescripción por afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable) e indicó que, según la sentencia dictada en la justicia federal respecto de Menem (esto por el Tribunal Oral que lo condenó por el delito de malversación de caudales públicos), el único posible autor del delito de peculado era el ex presidente Menem.

Además, luego del dictamen del Fiscal realizó una nueva presentación en la que indicó que las leyes 16.648 y 21.338 fueron derogadas el 21 de enero de 1968 y 27 de agosto de 1984, respectivamente y que la ley vigente (en lo que hace a la prescripción y a la suspensión de ella cuando intervienen funcionarios públicos) es la N° 25.188 del 26 de octubre de 1999.

La defensa de Converti se adhirió a los demás planteos formulados y, luego, presentó otro escrito relacionado a la prescripción de la acción penal que fuera declarada respecto de Menem en la Casación Federal.

También se cuenta con una presentación efectuadas por la defensa de Ravagnan y Miguens, cuyo argumento se encuentra en la afectación a ser juzgado en un plazo razonable e indica que la causa carece de verdadera complejidad. Debe aclararse que esa defensa también hizo valer su pretensión por Etchevere, sin embargo, este se encuentra formalmente imputado en la causa conexa 21.666/1996/TO3 (Registro Interno N° 4907).

Similar cuestión sucedió en el planteo efectuado por la defensa de Vierheller. En aquella también se solicitó la prescripción de la acción penal respecto de Crotto, De Anchorena, Bernasconi y Mathov. Los tres primeros se encuentran imputados en la causa conexa mencionada y el último no se encuentra imputado en causa alguna de este Tribunal.

En lo que sus argumentos respectan, basó su petición en una prescripción de conformidad con el Código de fondo y por afectación al mencionado plazo razonable. Para sustentar lo último indicó que la causa carece de una verdadera complejidad.

La defensa de Lopatín también formuló su planteo en base a ambas formas de prescripción. En tal sentido, y respecto de la afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, indicó que son tres los puntos a valorar; la complejidad del caso, la actividad procesal del imputado y la conducta procesal de las autoridades judiciales. De tal forma, dijo que la complejidad del caso no obedece a la causa en sí, sino a las circunstancias históricas del hecho y que su asistido siempre estuvo a derecho.

Por otro lado, se cuenta con la presentación de la defensa de Navas. Esta se remitió a lo presentado por la defensa de Lopatín (prescripción común y por plazo razonable).

La defensa de Sandri, se remitió a las demás presentaciones, formuló las dos formas de prescripción y citó el fallo Forneron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo hincapié en la afectación generada sobre el justiciable por la situación jurídica de estar imputado.

De los planteos, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal quien se opuso a los planteos efectuados.

Esta parte se expidió con relación a todos los planteos, incluso respecto de quienes no se encuentra formalmente imputados en esta causa.

En primer lugar, explicó cuál fue la maniobra delictiva por el que la causa fue elevada a juicio, aportando distintas precisiones al respecto.

Luego indicó que los planteos se dividían en dos, prescripción según las reglas del Código Penal y prescripción por afectación a la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable.

Asimismo, dijo que los planteos relacionados con la calificación legal ya fueron resueltos oportunamente y que los atinentes a la cuestión de hechos y prueba deberán ser ventilados en un eventual debate oral.

En cuanto a la prescripción en los términos del art. 62 y ssgtes. del Código Penal dijo que en la presente causa se vieron involucrados imputados que ejercían la función pública. En tal sentido, de conformidad con el art. 67 del C.P.N. el plazo de la prescripción se vio interrumpido para todas las personas aquí involucradas hasta tanto la última de todas ellas deje de encontrarse en la función pública.

Además, explicó que la reforma del art. 67 del C.P.N. (Ley Nacional N° 25.188 del 26 de octubre de 1999) no incorporó esa causal de prescripción, sino que a la amplió a un número indeterminado de delitos.

Dijo que, ya el art. 11 de la Ley Nacional N° 16.684 (del año 1964) imponía esta suspensión en los casos de la comisión de algunos delitos, que la Ley Nacional N° 21.338 (del año 1976) amplió esta suspensión a otros y que la ley 23.077 se sancionó con el objeto de derogar las leyes de facto pero que, sin embargo, dispuso conservar la vigencia del art. 67 del Código Penal que había sido modificado por la ley de facto N° 21.338.

En lo que respecta a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, se refirió a las características del hecho que, como mencionáramos, describiera al inicio de su dictamen. En tal sentido explicó que desde el primer acto al último transcurrieron quince años y que nueve de esos años transcurrieron cuando la causa ya se había iniciado.

Indicó que durante ese tiempo las más de cincuenta personas que se vieron involucradas con este hecho realizaron presentaciones con el fin de dilatar el trámite de la causa. También dijo que no podía perderse de vista el desdoblamiento de las causas y los cientos de cuerpos y expedientes administrativos con los que cuenta esta investigación.

Con cita de diferente jurisprudencia, concluyó que en este caso no existía demora injustificada ni un tiempo desmesurado en el proceso y que gran parte de este obedecía a los sucesivos y recurrentes planteos de la defensa.

Luego, mencionó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En tal sentido, con cita al fallo Derecho René de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (D. 1682-XL), explicó que los delitos cometidos desde el Estado por sus agentes, actuando en nombre de él, no pueden ser alcanzados por disposiciones de orden interno que imposibiliten su investigación y castigo.

Consecuentemente, en función del interés social prevalente a la hora de conocer la verdad en materia de corrupción de funcionarios públicos, solicitó se rechacen los planteos de prescripción formulados y que se corra la vista normada en el art. 354 del rito.

III.- Previo a resolver, corresponde mencionar brevemente en que consiste el objeto del delito que se investiga en esta causa.

Esta causa en particular es una más de un conglomerado de causas que se encuentran íntimamente relacionadas.

El objeto central sobre las que giran todas es la compraventa del predio de la rural en el año 1991 por un precio vil y las posteriores modificaciones que se realizaran en las condiciones de venta a favor de la sociedad rural. Este tramo de la causa es la que fuera resuelta en el fuero federal y por la que se condenara, en un primer momento, al expresidente Carlos Menem (entre otros) y en la que luego se declarara la prescripción de la acción por afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La acusación de esta causa y sus conexas parten de esta primera y trata sobre otras modificaciones que se realizaron en favor de la sociedad mencionada y en el otorgamiento de un préstamo por fuera de las condiciones en las que debió habérselo realizado.

Veamos.

El predio donde se encuentra “La Rural” se encuentra entre aquellos que están catalogados como “UP” (Urbanización Parque), forma de zonificación que no permite todo tipo de construcción o estructuras.

Por ello, según surge de la acusación, los miembros de la sociedad rural habrían incidido para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (con posterioridad a la compra) rezonifique la zona a su favor. Paralelamente, y mientras se encontraban a la espera de aquella modificación legislativa (ya que el código de planeamiento de la ciudad es modificable a través de ese tipo de acto), solicitaron visados para ir avanzando con las obras. Cabe resaltar que estos fueron otorgados de forma paulatina.

Esta rezonificación buscaba llevar a cabo una serie de construcciones (entre las que había cines, estacionamientos, salones de baile, etc…) y para llevar a cabo dicho emprendimiento se constituyeron dos sociedades (Ogden Argentina S.A. y La Rural de Palermo S.A.) quienes explotaban la operación comercial mientras la sociedad rural permanecía con la nuda propiedad del predio.

Dichas sociedades habían sido constituidas con el capital mínimo de doce mil quinientos pesos ($12500) cada una y actuaban como una UTE (Unión Temporal de Empresas). A través suyo se le solicitó al Banco Provincia un préstamo de ciento cincuenta millones de dólares. El préstamo fue aprobado, pese a que la Carta Orgánica del banco lo permite en pocas ocasiones, por su carácter excepcional, y para emprendimientos a realizarse en la provincia de Buenos Aires.

Dicho préstamo, pese a ser aprobado, no fue otorgado en su totalidad ni de forma inmediata, sino que se iba entregando paulatinamente conforme pudieran llevarse a cabo las diferentes obras del emprendimiento. Es por ello, que cuando conseguían el visado de alguna obra se le requería al banco la entrega del dinero o de una parte de este.

Este entramado llevó muchísimos años, con momentos en que los visados se daban con mayor velocidad y con otros donde esto no sucedía. A modo ilustrativo, la última de las obras aprobadas se dio en el año 1999.

En el año 2004 se firmó un convenió entre la Sociedad Rural y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que implicaba la rezonificación virtual del predio. Sin embargo, esto fue detenido por algunos miembros de la legislatura porteña quienes interpusieron un recurso de amparo y dieron inició con un nuevo expediente administrativo que tratase la cuestión. Huelga decir que la tramitación de ese expediente detuvo los tramites de rezonificación y las obras a realizarse.

Finalmente, sucedió un último hecho relacionado a este objeto procesal. Pablo Pierini, abogado de los legisladores porteños que habían interpuesto el amparo, se presentó en la dependencia donde tramitaba este último expediente administrativo con un escrito firmado por los legisladores donde desistían de la acción de amparo.

Luego, se determinó que, en un primer lugar, la firma habría sido fraguada por lo que la presentación careció de efecto alguno.

Dicho accionar dio inició a la causa conexa N° 14.540/2006 (Registro Interno N° 4719) seguida al nombrado Pierini en orden al delito de malversación de caudales públicos, en calidad de partícipe, en concurso ideal con estafa procesal mediante falsificación de documento público, en carácter de autor la que se encuentra en plano trámite en esta Sede

IV.- Ahora bien, llegado el momento de resolver adelantare que no se hará lugar a la solicitud efectuada.

  1. I) En primer lugar, corresponde señalar la corrección del dictamen fiscal al que me remito por compartir sus argumentos.

De forma atinada indicó que parte de los planteos, me refiero a los que hacen a la calificación legal y a la valoración probatoria, no solo fueron resueltos, sino que deberán ventilarse en un debate oral.

A esa conclusión me remito en un todo ya que no es esta la oportunidad para realizar esos análisis, sino que deberán realizarse en el marco de un debate oral donde las decisiones que se tomen sean bajo el control de la sociedad atendiendo el principio de publicidad propio de los juicios orales.

Recuérdese que la gran base de la reforma que rige nuestro actual Código Procesal Penal, al menos el vigente en esta Capital Federal, fue la modificación del sistema de enjuiciamiento penal siendo una de las reformas esenciales la realización de las audiencias orales, audiencias que permiten bajo los principios de inmediación, inmediatez y continuidad poder valorar y controlar la producción de prueba maximizando así las facultades de la acusación y de la defensa y, por lo tanto, asegurando el debido proceso (principio que según la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra compuesto por cuatro elementos; acusación, prueba, defensa y sentencia).

Sin embargo, no fue este el único de los objetivos que se buscaron con la reforma, sino afianzar el sistema republicano a través de un sistema de publicidad que permita al soberano, EL PUEBLO, controlar los actos de los diferentes poderes que constituyen el estado y a los que se les ha otorgado una serie de prerrogativas y funciones con el fin del aseguramiento de sus libertades.

Por lo tanto, siendo consideraciones que deberán ser ventiladas en otra etapa del juicio nada habrá de disponerse en ese sentido. Más aún cuando son planteos ya resueltos en otra oportunidad y en todo caso el ejercicio de la defensa en juicio de los justiciables podrá ser ejercido en un debate oral donde no solo se encuentre maximizado sus derechos, sino también que pueda ser controlado por la sociedad.

Éste último punto, el del control de la sociedad, se reitera dado el carácter de esta investigación. Recuérdese que lo que aquí debe juzgarse es un hecho que, de dictarse sentencia condenatoria, revestiría gravedad institucional por ser un hecho de corrupción y, en estos casos, debe darse una especial relevancia al principio de publicidad.

Por el momento, no me expediré más respecto a esta cuestión dado que realizare otras reflexiones al momento de tratar el carácter de los delitos de corrupción.

Sin embargo, sí corresponde que me expida respecto a los planteos de prescripción formulados por las partes.

  1. II) Veamos, primero, el atinente a la prescripción que obra en nuestro Código de fondo.

Tal como señalara el Sr. Fiscal General las calificaciones legales por las que se elevó esta causa a juicio ya se encuentran determinadas y fijadas. En el caso, más allá de diferentes participaciones o de concursos ideales con otros delitos, los aquí imputados se encuentran acusados en orden al delito de malversación de caudales públicos (art. 261 del C.P.N.).

Con ello en vista, no puedo dejar de señalar que el último acto interruptivo de la prescripción en esta causa ocurrió el 5 de agosto de 2019, momento en que se citó a las partes a juicio. Asimismo, en la causa conexa N° 21.666/1996/TO3 donde se encuentran imputados Etchevere, Crotto, De Anchorena y Bernasconi ese acto sucedió el 1 de febrero de 2017.

Es decir, desde el último acto interruptivo no han transcurrido los diez años que prescribe la norma (arts. 62 y ssgtes. del C.P.N.), por lo que no corresponde proceder con la extinción de la acción penal.

Sin embargo, el planteo de las defensas no obedece únicamente al plazo transcurrido desde ese último acto, sino a los plazos que transcurrieron con anterioridad en la etapa de instrucción.

Esta cuestión ya ha sido resuelta anteriormente y lo que las partes pretenden es reeditar argumentos que ya fueron resueltos. Lo cierto es que, en este momento, no se dan los requisitos para que la causa prescriba, anteriormente tampoco se cumplieron y ésta última cuestión no solo fue resuelta anteriormente, sino que también fue analizada por diferentes instancias de revisión dándose por zanjada la cuestión.

Sin perjuicio de ello, corresponde realizar algunas apreciaciones para darle a los solicitantes una amplia respuesta a sus peticiones.

El Sr. Fiscal General, atinadamente, hizo referencia a una serie de leyes, anteriores a la actual N° 27.206, que disponen la cuestión.

Veamos.

La ley Nacional N° 16.648, promulgada el 13 de octubre de 1964, indicaba en su artículo 11: “Agrégase al artículo 67 del Código Penal, como segundo párrafo, el siguiente: La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, del Título XI, libro II del Código Penal mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentren desempeñando un cargo público.”

Posteriormente, la Ley Nacional N° 21.338, del 25 de junio de 1976, promulgó la siguiente modificación: “Sustitúyese el segundo párrafo del art. 67 por el siguiente: La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los caps. 6, 7, 8, 9, 9 bis y 10 del título XI, libro 2 de este código, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público.”

La Ley Nacional N° 23.077, dictada en el año 1984, derogó diversas leyes que fueran promulgadas durante los gobiernos de facto con una clara excepción. En su artículo 1 indicaba que la Ley Nacional N° 21.338 quedaba derogada con las excepciones que se disponían en el art. 2. En este artículo, por otro lado, se indicó: “Continúan en vigencia los artículos 19, 20 bis, 21 ter, 22 bis, 55, 56, 67, 80, 84, 94, 106, 127 ter –el que quedará incorporado como 127 bis–, 178, 300 y 301 del Código Penal agregados y modificados por la Ley de facto 21.338.”

Debe aclararse que entre los delitos a los que hacen referencia aquellas leyes se encuentra el delito de peculado. Es decir, ya desde el año 1964 la prescripción se encontraba suspendida en los casos de ciertos delitos, entre los que se encuentra la malversación de caudales públicos, cuando algunos de los partícipes se encontrasen ejerciendo un cargo público.

Sin embargo, esto no finaliza aquí.

La Ley Nacional N° 25.188, conocida como la ley de ética pública, reformuló la suspensión y dispuso que la suspensión del plazo de la prescripción ocurre cuando uno de los partícipes se encontrara desempeñando la función pública sin importar cual fuera el delito cometido.

Finalmente, con la Ley Nacional N° 27.206 se realizaron una serie de modificaciones a las causales de interrupción de la prescripción, pero se mantuvo la suspensión del curso de la prescripción para los casos en que uno de los participantes del delito se encontrase cumpliendo la función pública. Es decir, se reafirmó la suspensión de la prescripción mientras alguno de los involucrados ejerciera la función pública.

Con esta base, corresponde indicar quienes fueron los últimos de los imputados en desempeñar aquella función y cuando dejaron de hacerlo.

Aquí nos encontramos con dos hipótesis a seguir. Sin embargo, más allá de cuál sea seleccionada, se aclara que en ninguno de los casos hubiese operado la prescripción de la acción penal.

Veamos.

Según surge del descargo efectuado por escrito por Ordoñez (fs. 1943/1952) cumplió funciones en el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2011 como director general. Es decir, recién en diciembre de 2011 dejo de ejercer la función pública.

Por otro lado, y si se entiende la presente causa como un conglomerado entre la que se encuentra aquella que le fuera seguida al expresidente Carlos Menem, debe tenerse en cuenta que éste fue senador nacional por la provincia de La Rioja entre los años 2005 y 2021.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antedicho, y más allá de que hipótesis se tome, lo que queda en claro es que, sin importar el momento en que haya cesado la suspensión de la prescripción, en ningún caso transcurrió el plazo de diez años desde el último acto interruptivo que permita declarar la prescripción de la acción en los términos del Código Penal.

En consecuencia, no corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción en los términos del art. 62 y ssgtes. del C.P.N.

III)    Las defensas, o parte de ellas, han solicitado la prescripción de la acción penal por afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

Previo a adentrarme en la cuestión, resulta necesario dar algunas precisiones.

Sabido es que toda causa penal conlleva un perjuicio en cabeza del imputado que puede verse traducido de diversas maneras (medidas cautelares, el temor de una eventual condena, etc.). Sin embargo, estas encuentran un origen constitucional en la lectura armónica de diversos artículos que dan cuenta del sistema republicano, de la organización judicial, de los derechos de los imputados, etc.

A modo ejemplificativo, el art. 18 de la Constitución Nacional impone, a través del principio de legalidad, la obligación a los representantes del Estado investigar y sancionar todo hecho punible y a todos los que eventualmente les pudiera corresponder responsabilidad.

Por esta razón, es que el proceso penal busca la aplicación del derecho material ante la existencia de una infracción a las leyes que debe ser comprobada de antemano.

Sobre ello, se ha expedido profusamente la jurisprudencia y doctrina, por lo que no debe más que realizarse una breve cita que da cuenta de sus fines y de la afectación que pueden conllevar en una persona que, hasta que no sea declarada culpable, es inocente.

En tal sentido, Claus Roxin ha dicho que “Pues dado que la mayoría de las veces la verdad no está comprobada de antemano y culpabilidad e inocencia, en muchos casos, solo pueden ser averiguadas durante el curso del proceso, entonces el legislador debe armonizar la necesidad de intervenir enérgicamente frente al posible autor, con la exigencia de proceder moderadamente frente a quien quizás es inocente: él debe decidir nuevamente, en cada situación procesal, acerca de si debe autorizar una injerencia en la esfera de derechos del imputado…” (“Derecho Procesal Penal”, traducción de Gabriel E. Córdoba y Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, 1° edición, 2° reimpresión, Buenos Aires, 2003, págs. 3 y 4).

Esta situación de afectación de los derechos de una persona inocente (más allá de cuál sea el planteamiento de este principio) no es nueva, ni desconocida por los juristas, sino que se ha intentado solucionar mediante un proceso penal veloz, extremo que puede vislumbrarse en medidas destinadas a acortar los plazos procesales, llevadas a cabo aún desde antaño: en tiempos del imperio romano –plazo de un año para finalizar el proceso penal desde la litiscontestación- (constitutio properandum, C, III, I, 13, Proemio); en la magna carta inglesa: “No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia”; en las siete partidos de Alfonso X “el Sabio” –ningún proceso penal podría durar más de dos años-; en la “Declaración de derechos” de Virginia –sección 8- que luego sería plasmada en la 6° enmienda de la Constitución Norteamericana “En todos los juicios penales el acusado gozara del derecho a un proceso rápido” –doctrina del “Speedy Trial”- entre otros, para ser también sostenida por distintos doctrinarios como Becaria quien sostuvo que “el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible” (“De los delitos y de las penas”, Editorial Proa XXI, 1° edición, Buenos Aires, 2004, pág. 64) y finalmente reconocida en diferentes fallos de nuestro más Alto Tribunal (fallos 272:188, 300:1102, entre otros).

De ello se colige que se ha buscado poner límites al proceso penal para evitar así la afectación de ciertos derechos.

Para lograrlo, se ha llegado a determinar que el proceso penal está prácticamente regido por dos principios, el de proporcionalidad y razonabilidad.

Este último, y en lo ateniente a esta cuestión, requiere la sospecha de la comisión de un delito por parte de una persona determinada, aspecto que entiendo cumplido en el caso concreto, ya que la causa ha llegado a la presente etapa, es decir que nos encontramos con un grado de probabilidad positiva suficiente para concluir con la investigación y llevarla a ser resuelta en juicio.

Pero este principio está limitado y/o acompañado por su contraparte, la proporcionalidad, que en síntesis busca delimitar los abusos del Estado frente a un imputado que, en rigor de verdad, se encuentra en una amplia situación de desventaja. Entre estas limitaciones se encuentra la temporal, que nosotros conocemos como prescripción, que le otorga al Estado un tiempo determinado para la prosecución de los delitos.

Como regla general esta limitación se encuentra en el propio Código Penal, donde se disponen ciertos plazos para llevar a cabo la mencionada persecución del delito. Sin embargo, dado que esa solución a veces genera resultados insostenibles para un Estado de Derecho es que paulatinamente la doctrina y, luego, la jurisprudencia han dado origen a otro tipo de prescripción. Me refiero a la prescripción por afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

Veamos, entonces, como actúan estas limitaciones con relación al llamado plazo razonable.

El derecho a ser juzgado en tal plazo se encuentra regulado en los arts. 8, inc. 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 13.3,

“c”, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la doctrina y jurisprudencia nacional también lo han identificado entre los que se encuentran en el art. 18 y 33 de nuestra más alta norma.

Sin perjuicio de ello, este derecho al “plazo razonable” no se encuentra regulado de una manera que pueda ser entendido de la mera lectura de la ley (tal así que Pastor lo ha llamado como una prescripción de no plazos), por lo que debe analizarse de forma conjunta con diferentes principios que regulan el proceso penal.

En este sentido tengo presente lo expuesto por Luigi Ferrajoli en su obra “Derechos y Garantías. La ley del más débil”: “En efecto, la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a la ley en cuanto valida, es decir coherente con la Constitución” (Editorial Trotta, edición 1999, pag.26).

Por ende, entiendo que los derechos constitucionales del individuo frente a un proceso penal no solo están englobados en los atinentes a un proceso justo y rodeado de garantías –defensa, contradicción, etc.…-, sino que este también debe ser breve, es decir que se arribe a un fallo final en un tiempo procesalmente razonable, y que por ende la situación de incertidumbre generada por el proceso afecte lo menos posible al encausado.

En este sentido, tengo en cuenta que el derecho penal es la “última ratio” del Estado, y que su regla es el de la mínima intervención, motivo por el cual haciendo míos los preceptos de Ferrajoli en cuanto a que este está regido por los intereses de las dos partes contendientes; sociedad –ne peccetur- e imputado –ne punietur-, lo cierto es que ello significa que debe aspirar al “máximo bienestar posible de los no desviados, también al mínimo malestar necesario de los desviados” (Luigi Ferrajoli, “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, Editorial Trotta, 10° edición, Madrid, 2011, pág. 332).

Es decir, el derecho al “plazo razonable”, es aquel que tiene toda persona acusada en una causa penal a que el proceso la afecte durante el menor tiempo posible, plazo que no necesariamente guarda relación con los establecidos en el art. 67 del Código Penal de la Nación.

Ahora bien, permitir que una causa prescriba por aplicación del plazo razonable sin más, no sería otra cosa que un acto arbitrario. Por esta razón, deben observarse los límites demarcados por la Corte Suprema (Fallos: 272:188, 300:1102 entre otros)como así también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Suarez Rosero”, sentencia del 12/09/1997; caso “Genie Lacayo”, sentencia del 29/01/1997) y otros organismos internacionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias en los casos: «König» del 28 de junio de 1978, «Neumeister» del 27 de junio de 1968, y “Calleja v. Malta, del 7 de abril de 2005, párrafo 123)) y así obtener una guía de aplicación.

Estos límites fueron sintetizados por Adolfo Calvete quien indicó que: “Dado que la diversidad de hechos y de circunstancias que normalmente pueden rodear a un proceso judicial, es evidente que no es posible establecer, en abstracto, cual es el plazo razonable en el que debe desenvolver un juicio, ya que el análisis debe concretarse en cada caso en particular, para que lo que debe atenderse tanto a la complejidad de la investigación, como también a la actividad procesal del interesado y a la conducta de las autoridades judiciales, de manera tal que la conclusión pueda ser la que de acuerdo con dicho criterio corresponda” (“Tratado de la prescripción de la acción penal”, Volumen 1, Editorial de la República, 1° edición, Buenos Aires, 2008, págs. 148/149).

Ahora bien, veamos las razones por las que no considero que se ha afectado la garantía de mención.

En primer lugar, no cabe duda alguna que nos encontramos con una causa de una altísima complejidad. Recordemos que, incluso, cuando ya se había iniciada la investigación se habrían cometido nuevos hechos delictivos sumados a los que ya existían. La causa se originó en el año 1996 y el último acto relacionado a ella, me refiero a la causa que se le sigue a Pierini, se materializó en el año 2004, es decir transcurridos ocho años de investigación.

Tampoco puedo desconocer la gran cantidad de imputados y partes, como el volumen de esta causa y las conexas y la documentación relacionada a ellas.

Incluso, según surge de la acusación, el objeto procesal es uno cuya materialización tomó años; es decir lo que debe juzgarse es un hecho que se realizó en un periodo de tiempo que supera los diez años, las maniobras involucradas son varias y diversas y los intereses en juego de suma importancia.

En cuanto a la conducta de las autoridades judiciales, más allá de las deficiencias que se observan no son suficientes para dirimir la cuestión en favor de la prescripción teniendo en cuenta la magnitud, la complejidad de los hechos y que eventualmente estamos frente a un caso de gravedad institucional.

Respecto de la actividad de los imputados, no puedo dejar de observar la gran cantidad de planteos de todo tipo realizados y la reiteración de algunos de ellos -como el presente- cuya sustanciación ha requerido de un considerable tiempo. Debo aclarar que no me encuentro aquí cercenando el derecho de defensa, pero tampoco puedo dejar de señalar esta cuestión que surge de la mera visualización de las múltiples incidencias que acompañan a esta causa.

Asimismo, las consideraciones que realizare en el acápite que sigue, respecto a las características de los delitos de corrupción, permiten darle una nueva óptica a esta garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

Por lo demás, no puedo soslayar las manifestaciones de la Acusación Pública respecto de este punto y su actuación como custodio de la legalidad. El hecho de que el titular de la acción pública promueva su continuidad no es algo que pueda dejarse de lado sin más y más aún cuando las razones prestadas se encuentran sustentadas en hecho y derecho.

De este modo, de conformidad con las normas citadas, entiendo que a la fecha no ha transcurrido el plazo para que ocurra la prescripción de la acción penal por afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

V.- Determinado ello, y previo a dar por finalizado mi voto, considero pertinente realizar algunas precisiones que hacen a los delitos de corrupción.

Nuestro país suscribió dos convenciones internacionales cuyo fin es la lucha contra el flagelo que implican los actos de corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, del 29 de marzo de 1996), aprobada por Ley Nacional N° 24.759 (sancionada el 4 de diciembre de 1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, del 31 de octubre de 2003), incorporada por Ley Nacional N° 26.097 (sancionada el 10 de mayo de 2006).

Cierto es que estas no afectan los plazos de prescripción (arts. XIX de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 29 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), al menos en lo que hace a las causas que fueran iniciadas con anterioridad como es esta, sin embargo, sí dan una serie de pautas que no pueden ser dejadas de lado y que me obligan a volcar ciertas reflexiones.

Los delitos relacionados a la corrupción son aquellos en los que el Estado y/o sus miembros abusan de la relación de confianza y poder que les fuera conferido para mejorar su situación personal, sea económica, de poder, etc. Más allá de estas disquisiciones, lo cierto es que son delitos que requieren de la participación de personas en las más altas esferas del poder y que afectan a la sociedad en un todo, no solo por el debilitamiento del patrimonio estatal, sin por la afectación a la República y a la democracia, a las instituciones, a la confianza del público, a la ética, a los valores públicos, al prestigio del Poder Judicial de la Nación etc. Debiendo agregarse que causas como éstas son las que generan el gran desprestigio del Poder Judicial frente a la sociedad en su conjunto.

Es por ello por lo que estos delitos no solo afectan seriamente el orden económico y financiero del Estado, sino sobre todo afectan los mismos cimientos sobre los que la República y el Estado de Derecho se encuentra construidos.

Estas condiciones le dan un carácter especial; normalmente se dan dentro de un ámbito de clandestinidad, con ausencia de víctimas fácilmente identificables que puedan impulsar los procesos, con autores con poder real y el hecho de que es un fenómeno que impacto a quien debe investigarlos y juzgarlo (Poder Judicial y Ministerio Público).

Todos estos elementos no hacen más que dificultar la persecución penal.

Esta es una realidad que lamentablemente nos acompaña ya que en la Argentina son pocas las causas de estas características que finalizan con una sentencia, que sea satisfactoria para la sociedad y el pueblo y útil para recuperar la confianza que ha perdido el Poder Judicial de la Nación.

Veamos el “Informe final de seguimiento del cumplimiento con las condiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, elaborado por el Comité de expertos de seguimiento de implementación de la Convención en la República Argentina (aprobado por la Organización de Estados Americanos en la sesión plenaria del día 21 de marzo de 2013).

En dicho informe se efectuaron las siguientes observaciones y recomendaciones: “revisada la información pertinente […] que en relación con los Delitos contra la Administración Pública, entre los que se encuentran los delitos tipificados en el Código Penal de la Nación (CPN) relacionados con los actos a los que se refiere la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el año 2007 prescribieron 18; en el 2008 prescribieron 15; en el 2009 prescribieron 12; y en el 2010 prescribieron 18, para un total de 63 casos de prescripción en esos 4 años. Se observó también que en el año 2007 no se profirió ninguna sentencia absolutoria o condenatoria, para un total de 1 sentencia en esos 4 años”.

Entonces, el Comité remarcó que “teniendo en cuenta que de la información estadística antes aludida se desprende que el número de casos relativos a los que se refiere la misma que terminaron por prescripción (63 en total) es proporcionalmente muy superior al número de casos que terminaron por sentencia (1 en total), le formulará una recomendación al Estado analizado (República Argentina) a fin de que considere efectuar un análisis de las posibles causas de esta, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes”.

Por lo demás recomendó “Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en que los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal […] el número de casos relativos a los Delitos contra la Administración Pública que terminaron por prescripción sea proporcionalmente muy superior al número de casos que terminaron por sentencia, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes”.

Afirmó el informe que “…teniendo en cuenta que de lo anotado en el ‘Informe Anual de Gestión 2011’ de la Oficina Anticorrupción y de la información recabada en la visita in situ, se desprende la necesidad de que el Estado analizado considere la posibilidad de efectuar un análisis de los artículos del Código Penal que se refieren a la prescripción, a los fines de introducir las adecuaciones pertinentes para evitar su frecuente aplicación como causa de extinción de la acción penal en los casos de corrupción…”.

Un informe tan lapidario como el que transcribo no hace más que indicar que de reiterarse esta situación el país podrá enfrentar responsabilidad internacional por no cumplir con las obligaciones a las que hemos suscripto.

En este tiempo, año 2021, no solo no se ha recuperado mínimamente el desprestigio del Poder Judicial, sino que el mismo ha llegado a niveles de credibilidad que seguramente se recordarán como los más bajos de la historia en tiempos de democracia.

Recuérdese que asumimos la obligación de formular y aplicar, o al menos mantener, “…políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas…” (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y de “…adoptar medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos…” (Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada mediante Ley Nacional N° 25.632).

Dados los compromisos asumidos, los Jueces como integrantes de uno de los tres poderes del Estado también estamos obligados a honrarlos.

En tal sentido, la lucha para erradicar la corrupción debe ser abordada del modo más amplio posible mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas tanto preventivas como punitivas. No puede desconocerse la trascendencia institucional de las investigaciones judiciales que tratan la posible comisión de este tipo de graves delitos, cuyas consecuencias negativas trascienden a la sociedad en su conjunto.

Con ese fin en miras, surge la necesidad de un trato penal riguroso que consolide los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, este tipo de delitos; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

No puedo dejar de observar que, sobre todo en este tipo de delitos, el valor que toman no solo el proceso sino el dictado de una pena, cuando correspondiera, para la sociedad en su conjunto. En tal sentido, deben recordarse las reflexiones que desde antaño realizaba Immanuel Kant en su obra “Metafísica de las costumbres” al indicar que la pena era un imperativo categórico y que incluso si una sociedad se desmoronara debería hacerlo luego de castigar hasta el último infractor para reparar la infracción a la justicia. El entramado del derecho, el sistema judicial y la aplicación efectiva del derecho son un punto cardinal en las sociedades republicanas que debemos tender a asegurar.

A esto me refería anteriormente cuando trate acerca de la publicidad de los debates orales y el contralor de la sociedad sobre los actos del Poder Judicial. Es esta íntima relación entre el Poder Judicial y la sociedad la que afianza nuestra república y más aún cuando se trata de casos de gravísimas violaciones institucionales.

Al reclamarse al Congreso de la Nación el otorgamiento de rango constitucional a la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, conforme a las disposiciones del art. 75, inc. 22 de la misma, se dijo:

“La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos… ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción … La corrupción afecta directamente a los derechos humanos, dado que la corrupción, en tanto distorsiona la distribución de bienes y la regulación de derechos, implica avances ilegítimos del Estado sobre los derechos ciudadanos. La corrupción afecta la universalidad, legalidad y previsibilidad de la acción estatal, que constituyen la primera garantía de todo derecho humano; se trata del ‘derecho a tener derechos’, que, en el decir de Hannah Arendt, es ‘el primer derecho’ … Esta iniciativa significa avanzar en orden a brindar nuevos instrumentos tendientes a constituir una sociedad más democrática en el sentido sustancial del término, tratando de remover todo obstáculo a la igualdad como derecho básico esencial en el que se asienta el estado de derecho. Precisamente, la corrupción materializada en acciones de los sectores de poder, sean ellos del Estado o de la sociedad no estatal, afecta la igualdad y, como enseña Ferrajoli, los derechos fundamentales son básicamente derechos a la igualdad. El interés de la

República en tanto resguardo de la “cosa pública”, se ve directamente afectado por la corrupción, pues mediante el acto de corrupción, el funcionario, que debe velar por el interés público, satisface un interés privado en detrimento de aquel. En efecto, cuando hay prácticas corruptas el

Estado se degenera: ya no está al servicio de los intereses de la comunidad, de la búsqueda de mayor libertad e inclusión para el pueblo en su conjunto, sino que por el contrario, se orienta a servir a los intereses de cierto grupo de personas, que usan en beneficio propio los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad, vulnerando de este modo no sólo el esquema más elemental de derechos humanos, sino también la construcción jurídica que sirve de base a nuestra coexistencia como Nación, eso es, el sistema Republicano”.

VI.- Por último, toda vez que el 19 de diciembre de 2019 se reclamó la causa conexa 21.666/1996/TO3 (Registro Interno N° 4907) a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no recibiendo otra respuesta más que no era posible por lo avanzado del trámite (providencia del 2 de marzo de 2020) y que es necesario contar con ambas causas para proseguir con el juzgamiento de este hecho, reclámese nuevamente la causa de mención mediante oficio con el objeto de no incurrir en nuevas demoras que impiden el debate oral y público que el caso y la sociedad se merecen.

Sobre la cuestión en tratamiento, el juez Goerner dijo;

Adhiero en lo sustancial al voto del Juez preopinante.

 

Sobre la cuestión en tratamiento, la jueza Maiza dijo;

Adhiero en un todo al voto del colega que encabeza la encuesta.

 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal;

 

RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR A LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION en la presente causa N° 21.666/1996 (Registro Interno N° 5984).

II.- LIBRAR OFICIO a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la devolución de la causa conexa 21.666/1996/TO3 (Registro Interno N° 4907) en los términos del capítulo VI.

Notifíquese al Sr. Fiscal General y al Sr. Defensor particular mediante cedula electrónica y firme que quede la presente, comuníquese a quien corresponda.

 

  1. GUSTAVO GOERNER JUEZ

JUAN M. RAMOS PADILLA

JUEZ MA. CECILIA MAIZA JUEZA

Ante mí:

ALFONSO MARTEL SECRETARIO AD HOC

En    se cumplió. Conste.-

ALFONSO MARTEL SECRETARIO AD HOC

 

Digitally signed by MARIA CECILIA MAIZA

Date: 2021.05.17 14:48:47 ART

 

Digitally signed by JUAN MARIA RAMOS PADILLA

Date: 2021.05.17 15:00:31 ART

Digitally signed by RODOLFO GUSTAVO GOERNER

Date: 2021.05.17 15:04:52 ART

Digitally signed by ALFONSO MARTEL

Date: 2021.05.17 15:06:25 ART

 

 

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL

CCC 21666/1996/TO4/142