Derechos humanos. La mayoría de las mujeres privadas de libertad (55%; 2.403) están procesadas, mientras que el 45% (1.987) están condenadas.

EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA PIDE QUE NO HAYA MÁS MUJERES CON HIJOS EN CÁRCELES

Por Mariana Iglesias

Josefina Ignacio (FOTO): «Las cárceles no son buenos sitios para vivir, menos para maternar y criar. Y mucho menos para transitar la infancia y crecer.» Así lo entiende el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina (CNPT).

 

Por Mariana Iglesias

Clarín 

01/05/2021

 

 

Aún hoy hay mujeres presas junto a sus hijos e hijas en centros penitenciarios.
Foto: Rolando Andrade Stracuzzi

Las cárceles no son buenos sitios para vivir, menos para maternar y criar. Y mucho menos para transitar la infancia y crecer. Así lo entiende el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina (CNPT), que recomendó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en situaciones de mujeres embarazadas o que sean madres y estén privadas de la libertad, debe prevalecer el interés superior de niños y niñas y el vínculo con sus madres fuera de los centros penitenciarios. 

«El CNPT Argentina considera que debe prevalecer el interés superior de las personas menores de edad sobre el interés social de mantener privada de libertad en un centro penitenciario a su madre, por lo que los Estados deberían priorizar la convivencia y el desarrollo del vínculo materno- filial fuera de los centros penitenciarios.

Cuando excepcionalmente resulte inviable, deben contar con soluciones que garanticen entornos sanos y de características similares a las que se encuentran fuera de los centros penitenciarios», recomendó.

El Comité Contra la Tortura también pidió que los Estados cuenten con regulaciones que permitan acceder de la privación de libertad en la modalidad domiciliaria y los instó a «seguir un modelo amplio que luego de la acreditación de circunstancias mínimas relativas al proceso o a la ejecución de la pena, garantice de manera expedita y rápida esta alternativa en lugar de la detención y que la decisión no sea facultativa para la autoridad de aplicación sino una imposición normativa«.

Además, recomendó que se garantice el derecho a ser oídas «a las personas menores de edad cuyos derechos puedan verse directa o indirectamente afectados». Y que se garantice «la autorización fundada para el abandono transitorio del domicilio para actividades cotidianas esenciales».

La intervención del Comité se dio en el marco del pedido de Opinión Consultiva sobre Enfoques Diferenciados en materia de Personas Privadas de la Libertad y de una audiencia pública solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este es el documento completo. 

El 3% de las mujeres presas

Según los datos del último Censo Penitenciario del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Penal, al 2019, 4413 mujeres se encontraban privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país.

Es el 4,4% de la población penitenciaria.

La mayoría de las mujeres privadas de libertad (55%; 2.403) están procesadas, mientras que el 45% (1.987) están condenadas. Del total, 134 mujeres estaban junto a sus hijos/as.

Es el 3% del total de 4.413 mujeres.

El 39% de las mujeres en centros penitenciaron con hijos estaban sin condena.

El CNPT hizo pedidos de información a todas las jurisdicciones del país sobre ingresos y egresos de personas privadas de su libertad durante 2019 y 2020, para analizar los efectos de la pandemia.

Sólo respondieron 7 jurisdicciones y sus datos están en proceso de análisis.

Sin embargo -aclaran desde el CNPT- no todas han brindado información que permita identificar a las mujeres con hijos/as: «Estos datos serán contemplados en el informe anual que presentará el CNPT a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo».

La distancia entre la ley y la práctica

En el documento que entregó la CNPT se citan numerosas leyes positivas de Argentina y tratados internacionales a los que adhirió el país, pero aclara: «El resultado de las visitas de inspección del CNPT Argentina permite corroborar las dificultades para asegurar el ejercicio de derechos de las personas privadas de su libertad que derivan de la distancia entre la legislación y la práctica. En Estados federales, aquellas dificultades prácticas se profundizan por la heterogénea regulación y organización».

En representación del CNPT ante la Corte IDH, la comisionada María Laura Leguizamón destacó que el Comité realiza “todas y cada una de las acciones que sean necesarias para la defensa irrestricta de los derechos de las personas privadas de la libertad en Argentina, con especial cuidado de los grupos vulnerables que requieran enfoques diferenciados”.

«Es necesario que el Tribunal inste a los Estados a seguir un modelo amplio para asegurar circunstancias mínimas relativas al proceso o a la ejecución de la pena, con medidas menos gravosas o mediante sistemas electrónicos.»

«También debería garantizarse sin demoras ni obstáculos el acceso a alternativas como la modalidad domiciliaria», pidió el coordinador del área de Litigio, Asuntos Legales y Acceso a la Información Pública del CNPT, Gonzalo Evangelista.

Y también que la Corte IDH solicite a los Estados garantizar no sólo el derecho a ser oídos de niñas y niños cuyos derechos puedan verse afectados, sino además la participación del organismo especializado que tenga por función su representación de manera independiente y el acceso rápido a autorizaciones para que la madre pueda realizar actividades cotidianas esenciales fuera del domicilio.

Identidad autopercibida

El documento también plantea la necesidad de protocolos que garanticen la identidad autopercibida: «En relación a la población trans y de géneros diversos, una de las principales cuestiones advertidas es la falta de criterios para la clasificación para su ubicación en los centros penitenciarios, prevaleciendo la tesis basada en la identidad de género registrada en su documentación, omitiendo la autopercepción y la expresión de género como factores fundamentales».

«En Argentina existen obstáculos normativos, estructurales y culturales que dificultan el respeto de la identidad autopercibida. 

Las buenas prácticas señalan que deberían consultarse a la persona trans y de género diverso sobre el lugar donde prefiere ser alojada y consensuar con ella previo a adoptar una decisión, por lo que encuentra conveniente recomendar a los Estados el desarrollo de protocolos de actuación que contemplen soluciones que garanticen la participación de la persona en la decisión, su consentimiento informado sobre el lugar de alojamiento y la protección contra cualquier clase de represalia o maltrato, acompañados de capacitación del personal penitenciario», concluye.