Debemos señalar que existen dos tipos de prevaricatos

DENUNCIA PENAL A LA CAMARA DE CABA SALA IV FALLO CLASES PRESENCIALES

Dr. Juan Facundo Rodolfo Ferro

La calificación legal que corresponde endilgar prima facie a los hechos que a continuación se detallarán es la prevista en la construcción típica del art. 269, PREVARICATO, art. 205, VIOLACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS y art. 207 del Código Penal.

 

 

 

FORMULA DENUNCIA PENAL

 

Señor Juez:

  1. JUAN FACUNDO RODOLFO FERRO, DNI 29.200.009, T°109 F°840,

CPACF, CUIT N°20-29200009-0, abogado, constituyendo domicilio procesal en Av. Callao N°420, Piso 6, Of. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el domicilio electrónico en CUIT N°20-29200009-0, casilla de correo electrónico: facundoferro@yahoo.com.ar, cel. 156-630-0166, a VS me presento y digo:

 

I.          OBJETO

Que vengo por medio del presente a impetrar formal DENUNCIA PENAL por delito de acción pública (art. 71 CP) contra:

·        MACCHIAVELLI AGRELO MARÍA DE LAS NIEVES, jueza de la Cámara de Apelaciones en los CATyRC de la CABA, Sala IV.

  • PERUGINI LAURA AEJANDRA, jueza de la Cámara de Apelaciones en los CATyRC de la CABA, Sala

·        LÓPEZ ALFONSÍN MARCELO, juez de la Cámara de Apelaciones en los CATyRC de la CABA, Sala IV.

La calificación legal que corresponde endilgar prima facie a los hechos que a continuación se detallarán es la prevista en la construcción típica del art. 269, Prevaricato, art. 205, Violación de Medidas contra Epidemias y art. 207 del Código Penal.

 

II.           HECHOS

Como es de conocimiento público, en el marco de la pandemia mundial por COVID-19, el pasado 14 de abril el Presidente de la Nación emitió un mensaje en el cual anunció diversas medidas de restricción. Entre ellas, se limitó la asistencia presencial a las escuelas, decisión que fue plasmada en el DNU del PEN N°241/2021, cuya fecha de publicación en el BORA fue el 16/04/2021.

En ese contexto, la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas inició una acción de amparo y solicitó una media cautelar por la cual se ordene la suspensión del artículo 2° del DNU del PEN N°241/2021 y cualquier otra medida dictada en consecuencia y se ordene al Estado Nacional que se abstenga, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, a poner en ejecución ese Decreto.

La acción de amparo fue iniciada “…contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación e Innovación (…) contra el decreto DECNU-2021-241- APNPTE, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 15 de abril de 2021, y todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias dictadas o que se dicten en su consecuencia”.

En resumen, la situación es la siguiente: un particular demandó al GCBA para que este a su vez demande al Estado Nacional en defensa de lo que ellos entienden es la autonomía de la CABA en materia de educación.

Por otro lado, el pasado viernes 16/04/2021 el GCBA demandó al Estado Nacional ante la CSJN a los fines de que en el ámbito de su jurisdicción se habiliten las clases presenciales, ello en virtud de la competencia originaria que la CSJN tiene por la CN y los fallos de la propia CSJN que avalan ello.

Ello motivó el fallo “FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE INCIDENTE DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA – QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA” (Número: INC 108441/2021-1, CUIJ: INC J-01- 00108768-8/2021-1, Actuación Nro: 616158/2021) de la CÁMARA DE APELACIONES

en lo CATyRC de la CABA, Sala IV de fecha 18/04/2021 a las 20:02 h.

Que allí la referida Sala resolvió, en lo que aquí interesa: 1. Hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación. 2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, conforme lo expuesto en los puntos 3, 4 y 5 y las facultades dispuestas en el art. 184 CCAyT, disponer la suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21 y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud n° 1/21 3. Ordenar al GCBA que cumpla con lo dispuesto en el considerando octavo. (…)”.

Que dicha resolución fue firmada por los 3 integrantes de la Sala IV, a saber: MACCHIAVELLI AGRELO MARÍA DE LAS NIEVES, PERUGINI LAURA AEJANDRA, LÓPEZ ALFONSÍN MARCELO.

Por otro lado, es menester destacar que una de las juezas que suscribió el fallo, Sra. Macchiavelli, resulta ser la hermana de Eduardo Macchiavelli, quien resulta ser Secretario de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires y Secretario General del PRO Nacional, encontrándose en el presente en juego las atribuciones del GCBA, cuyo Jefe de Gobierno es de la misma fuerza política. A fin de resguardar la imparcialidad, correspondía que se excuse de intervenir, cosa que no hizo. Por tal motivo, resulta manifiesta la vulneración de la garantía de imparcialidad de los jueces, lo que lleva a pensar que más que una decisión judicial, es una decisión política revestida de las formalidades judiciales.

III.           DERECHO

Expuesto de modo sucinto los hechos que dan sustento a la presente denuncia penal, corresponde adentrarnos a la calificación legal.

Por todo lo expuesto, la calificación legal que corresponde endilgar prima facie a los hechos que a continuación se detallarán es la prevista en la construcción típica del art. 269, PREVARICATO, art. 205, VIOLACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS y art. 207 del Código Penal.

 

  1. PREVARICATO

i.     Bien Jurídico Protegido

Como enseñan Creus y Buompadre, el delito de prevaricato atenta contra la administración de justicia, por medio de la actuación infiel de los que integran los órganos jurisdiccionales(Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, “Derecho Penal”, Parte especial, Tomo 2, Astrea, 7° ed. Actualizada y ampliada, 1° reimpresión, Bs. As., pág. 347).

ii.     Falta de Legitimación Activa

Como se mencionó en el acápite “Hechos”, un particular demandó al GCBA para que este a su vez demande al Estado Nacional en defensa de lo que ellos entienden es la autonomía de la CABA en materia de educación.

A su vez, el GCBA demandó al Estado Nacional ante la CSJN a los fines de que en el ámbito de su jurisdicción se habiliten las clases presenciales, ello en virtud de la competencia originaria que la CSJN tiene por la CN y los fallos de la propia CSJN que avalan ello.

Resulta a todas luces evidente que la acción intentada por el particular debió, en primer término, ser rechazada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC de la CABA por resultar manifiestamente improcedente, toda vez que no tiene legitimación activa para demandar al GCBA para que este demande al Estado Nacional para que se habiliten las clases presenciales en la jurisdicción de CABA. Ello es así, ya que la potestad recae exclusivamente sobre el GCBA, que es a quien (en teoría) se le estaría vulnerando la autonomía consagrada en la CN. De allí la demanda presentada el pasado día viernes 16/04/2021 por el GCBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del DNU PEN N°241/2020, y de todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias dictadas o que se dicten en consecuencia.

En tal caso, lo que el particular debió haber realizado es demandar al Estado Nacional directamente, solicitando la inconstitucionalidad del DNU 241/2021, pero en modo alguno demandar al GCBA para que este a su vez demande al Estado Nacional. Esta situación de evidente error técnico y desconocimiento del derecho, debió haber sido advertido por la Sala IV, lo que no sucedió, toda vez que dio curso al proceso y dictó la resolución habilitando las clases presenciales.

iii.     Cuestión Abstracta

Por otra parte, la pretensión vinculada con que el Gobierno de la Ciudad defienda la autonomía local frente al dictado del decreto aludido se ha tornado abstracta en razón de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el GCBA contra el Estado Nacional ante la CSJN, la cual fue de conocimiento público, por la cual también debió haber sido rechazada la acción intentada por el particular (Fallos: 313:1081; 320:1875; 334:1187, entre muchos otros).

En este punto es importante destacar que la resolución de la Sala IV de fecha 18/04/2020 fue firmada a las 20:02 h, día y horario en el cual el GCBA ya había interpuesto ante la CSJN la acción declarativa de inconstitucionalidad, la que fue presentada el pasado viernes 16/04/2021, lo cual, a su vez, ya era de dominio público. En síntesis, lo que la Sala IV hizo fue basarse en HECHOS FALSOS para dictar su resolución por medio de la cual habilita las clases en el ámbito de la CABA, toda vez que la cuestión a ese día y horario ya había devenido abstracta y, como bien sabemos, la justicia sólo puede fallar en casos concretos.

Por todo ello, los magistrados no podían desconocer tal circunstancia, lo que no hace más que demostrar el dolo directo de ellos en cometer el delito de prevaricato.

iv.     Incompetencia del Tribunal para resolver

A ello se suma que el Tribunal es manifiestamente incompetente para entender en ese caso, lo que debería haber motivado su declaración de incompetencia, toda vez que es materia federal. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado de forma reiterada que, a fin de establecer la competencia, debe atenderse principalmente a la exposición de los hechos que se realiza en la demanda y después, sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos: 328:73, entre muchos otros).

El actor cuestionaba la validez del DNU PEN N°241/2021 en lo referente a la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde el 19/04/2021 al 30/04/2021. En consecuencia, solicitaba la que se habilite la prespecialidad durante dicho período, por entender que ello vulnera la autonomía de la CABA. Ese planteo es estrictamente federal. La justicia federal tiene su razón de ser en la resolución de las contiendas en que se encuentre en juego de modo directo un interés o propósito federal, que deberá ser objetivo, legítimo, real, concreto y con suficiente entidad (Haro, Ricardo, La competencia federal, segunda edición, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 103). Por otra parte, corresponde señalar que la competencia federal por la materia es improrrogable (Fallos: 319:1397; 324:2078, entre muchos otros).

Por otra parte, la controversia planteada enfrentaría al Estado Nacional y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia que determina la competencia originaria, en razón de las personas, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como se desprende de la demanda ya iniciada ante sus estrados (Cfr. CSJ 2084/2017 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, provincia de s/ ejecución fiscal”). En efecto, en el escrito de inicio presentado ante el máximo tribunal federal, el propio Estado local ha invocado “el carácter federal de las cuestiones involucradas” y su derecho a litigar ante los estrados de la Corte Suprema en instancia originaria.

En este contexto, los jueces de la Sala IV dictaron un fallo contrariando todas las normas jurídicas que obran en la materia, realizando una intromisión a todas luces ilegal.

v.     La Acción Típica

En este sentido debemos señalar que existen dos tipos de prevaricatos “una mediante el dictado de resoluciones contrarias a la ley invocada (prevaricato de derecho), otra fundando la resolución en hechos o resoluciones falsas (prevaricato de hecho)” (13.295/14 – “F., B. y otro s/sobreseimiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA I – 29/10/2014).

Es claro que la presente se trata de un PREVARICATO DE DERECHO, donde se ha dictado una sentencia contraria a las leyes que rigen la competencia, y que conforme la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demostrado en su accionar, ya que ha iniciado la acción directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que, como ya se dijo, tiene competencia originaria.

Por otra parte, al existir una FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA de parte de los actores, los hechos tratados devienen en hechos falsos, por lo que también existe un PREVARICATO DE HECHO.

A ello se suma lo dicho anteriormente en relación a que la cuestión, al momento en que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones CATyRC de la CABA dictó su fallo, había devenido ABSTRACTA, sumando otro PREVARICATO DE HECHO.

Es decir, la Sala IV se basó en hechos falsos para dictar la resolución por medio de la cual habilita el dictado de clases en el ámbito de la CABA. Todo el fallo que aquí se cuestiona se basó en hechos falsos. En tal sentido, mencionan Creus y Buompadre que “el hecho es falso cuando el juez sabe que no existió o que no existe, o existió pero no tal como él lo presenta en la fundamentación” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, op. cit., pág. 349).

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC de la CABA sabía que invocaba hechos falsos al momento de dictar su resolución. Así y todo, los 3 jueces decidieron seguir adelante con su maniobrar delictiva, sin importarles las consecuencias de su accionar, demostrando un desprecio por el ordenamiento jurídico, la institucionalidad, la República y, como luego se verá, por la salud de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

En suma resulta que la totalidad de la sentencia emitida es nula, y el prevaricato de los jueces firmantes es más que evidente.

vi.     Consumación

El delito se consuma con el dictado de la resolución, es decir, con la firma de la misma en el presente caso, lo que así sucedió, razón por lo cual el día de hoy lunes 19/04/2021, en el ámbito de la CABA hubieron clases presenciales.

vii.     Culpabilidad

El presente delito es doloso, lo que requiere que los sujetos activos conozcan la contradicción entre lo invocado y lo decidido. Desde el punto de vista de la voluntad, se concreta en querer decidir en función de esa contradicción. Requiere dolo directo. Vale aquí lo dicho más arriba.

B.     VIOLACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS

Por todo lo expuesto hasta aquí, la conducta asumida por los magistrados de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC de la CABA concurre en forma ideal con la figura típica prevista en el art. 205 CP, esto es Violación de Medidas contra Epidemias.

i.     Bien Jurídico Protegido

El bien jurídico protegido es la salud pública, lo que no es otra cosa que la salud de que goza el público en general, es decir, de modo indeterminado. Es decir, lo que se protege es el estado sanitario de la población (Cfr. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, op. cit.., pág. 76).

ii.     Acción Típica

La conducta típica es la de violar, lo que no es otra cosa que desobedecer lo mandado, en el presente, lo dispuesto por el PEN en su DNU N°241/2021. La acción puede perpetrarse tanto ejecutando un acto prohibido como no realizando el acto mandado por la autoridad (Cfr. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, op. cit., pág. 96 y siguientes).

El presente delito es un tipo penal en blanco, que necesita completarse con una norma extrapenal, el DNU referido.

iii.     Objeto de la Violación

Al decir de Soler, el objeto de la violación es la medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En el presente, con el dictado de su resolución contraviniendo todas disposiciones normativas que rigen la materia, además del delito Prevaricato, los jueces de la Sala IV cometen el delito que aquí se explica, toda vez que han violado lo dispuesto por el PEN en su DNU N°241/2021, generando un peligro para toda la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este punto, es importante mencionar que este tipo penal es de los denominados de peligro abstracto, es decir, no se requiere la comprobación real de que bienes jurídicos indeterminados hayan estado expuesto a un peligro concreto, sólo basta con la mera violación de las disposiciones de la autoridad competente.

No obstante, el peligro en este caso concreto es real y efectivo, toda vez que el virus del COVID-19 se está propagando a un ritmo acelerado, lo que se puede ver de los datos estadísticos que todos los días brindan las autoridades sanitarias nacionales y de la CABA.

Los magistrados, sabiendo todo ello, deciden apartarse de las normativas vigentes, vulneran el sistema jurídico argentino y exponen a toda la población estudiantil de la CABA al COVID-19, así como también a todo el entorno de ellos, ya que como vienen enseñando las autoridades sanitarias, los niños resultan ser transmisores del virus.

iv.     Consumación

Al decir de Creus y Buompadre, “el delito se consuma con la realización del acto prohibido o con la omisión del mandado; es un delito de peligro abstracto, que no exige resultado alguno, ni siquiera que se haya corrido efectivamente el peligro de la introducción o propagación de la epidemia, y menos todavía que haya afectado ella a alguna persona” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, op. cit., pág. 97 y 98).

v.     Culpabilidad

El presente tipo penal requiere dolo, el cual está dado por el conocimiento de la existencia del mandato y su obligatoriedad y la voluntad de incumplirlo, que puede asumir la forma del dolo eventual.

Los magistrados de la Sala IV que firmaron la resolución contrariando el derecho vigente, en sus mismos fundamentos exponen que conocen la normativa de la autoridad competente en relación a las medidas de restricción adoptadas para enfrentar la pandemia por COVID-19, lo que demuestra el dolo directo.

IV.           PRUEBA

Documental: acompaño a la presente la prueba documental que se enuncia a continuación

  1. Resolución Judicial de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC de la CABA de fecha 18/04/2021 en donde hace lugar a la medida cautelar
  2. Acción Declarativa de Inconstitucionalidad con solicitud de Medida Cautelar y presentación de Caso Federal interpuesta por el GCBA contra el Estado Nacional ante la CSJN en fecha 16/04/2021.

V.           PETITORIO

Por todo lo expuesto solicito a VS que:

  1. Se tenga por interpuesta formal
  2. Se tenga por presentada la prueba documental acompañada.
  3. Se arbitren los medios necesarios para la sustanciación de la presente

Proveer de conformidad que, SERÁ JUSTICIA