Se hace imprescindible que el movimiento obrero organizado elabore un programa propio, consensuado, compartido.

PROGRAMA PARA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO

El mundo actual presenta desafíos cada vez más exigentes para la clase trabajadora. A los mecanismos de transferencias de ingresos, cada vez más sofisticados, impulsados por el sector empresario para con los trabajadores y trabajadoras y el impacto del avance tecnológico, se suman los efectos regresivos de la pandemia.

 

PROGRAMA PARA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO

 

Contenido

 

  1. Trazar caminos de unidad del movimiento obrero 4
  2. Macroeconomía para la estabilidad e independencia 6
  3. Mercado Interno inclusivo 13
  4. La cuestión financiera 21
  5. Producción y empleo como motores de la economía 27
  6. Política exterior soberana 43
  7. Infraestructura para la competitividad 45
  8. Desarrollo humano para la equidad 55
  9. Desarrollo social para la inclusión 62
  10. Medio Ambiente y Recursos Naturales 71
  11. Institucionalidad para el fortalecimiento democrático 76

Seguridad                                                                                                                                               80

Reforma del Sistema Penitenciario                                                                                                   82

  1. Derechos humanos para una sociedad la solidaridad 91
  2. Equidad de Género 92

Bibliografía                                                                                                                                                      96

 

1.         Trazar caminos de unidad del movimiento obrero

1.1  Hacia la construcción de una mirada común

El mundo actual presenta desafíos cada vez más exigentes para la clase trabajadora. A los mecanismos de transferencias de ingresos, cada vez más sofisticados, impulsados por el sector empresario para con los trabajadores y trabajadoras y el impacto del avance tecnológico, se suman los efectos regresivos de la pandemia. Adicionalmente, el modelo del neocapitalismo financiero, que relega la producción y somete al sistema financiero al negocio especulativo, y las propuestas neoliberales que proponen recurrentes ajustes han demostrado no tener respuesta para atender la problemática de los trabajadores y trabajadoras, antes y durante la pandemia, afectando negativamente no sólo el empleo, sino también, incrementando la pobreza, con hambre y la miseria. Esto impone una nueva agenda sobre diversos tópicos.

La agenda liberal hacia los trabajadores y trabajadoras, que vuelve a repetirse en pandemia, es conocida: reducir costos laborales, es decir, caída de ingresos de las y los trabajadores, flexibilización para contratar y despedir, flexibilización laboral para reducir los derechos de las y los trabajadores, tercerizaciones para abaratar los costos laborales y eximir de responsabilidad a los empleadores, reducción de contribuciones patronales, desfinanciando el sistema de Seguridad Social.

Como alternativa es imprescindible lograr consensos sobre un Estado activo, ordenador y regulador de una sociedad para que en ella sus habitantes puedan mejorar su calidad de vida, tener empleo, salarios y condiciones de trabajo dignas, y con políticas sociales para la inclusión. Concebimos un Estado presente en la orientación, regulación y planificación de la actividad económica, con medidas públicas concretas para promover y motorizar la inversión pública social y en infraestructura, la producción y el empleo, y con una clara orientación en busca de revertir la injusta distribución de recursos e ingresos de nuestra población. Vemos necesario la integración del sujeto que produce, es decir al empresario nacional pyme, urbano o rural y a las cooperativas de trabajadores, al esquema de toma de decisiones y política públicas que involucre a estos sectores.

A la par, es imprescindible establecer las bases de un modelo económico que genere empleo, que mejore los derechos de las y los trabajadores y que financie un Sistema de Seguridad Social de cobertura universal, con un esquema tributario que se sustente en la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Este modelo, además, deberá promover la producción a través de un sistema financiero que la impulse.

El sindicalismo tiene una tarea central no sólo en la representación de los trabajadores sino también en el aporte de un horizonte político y económico para sus representados. A esta altura del partido, está claro que no son suficiente las reivindicaciones sectoriales y que es necesario que el movimiento obrero defina un rumbo claro que implique defender al conjunto de los trabajadores y a la vez, determinar un modelo económico, político y social que los tenga en el centro de la escena. No será posible que haya gremios que crezcan con políticas económicas en contra de la clase trabajadora, como tampoco es posible imaginar un país con políticas liberales que contenga al conjunto de la clase trabajadora.

Por eso se hace imprescindible que el movimiento obrero organizado elabore un programa propio, consensuado, compartido. Es necesario para no quedar como evaluador de políticas del Gobierno, o peor aún, detrás de la agenda empresaria.

Este programa debe expresar qué es lo que piensa el movimiento obrero sobre cada ítem de funcionamiento de la economía, del empleo y la seguridad social, la previsión social, el empleo, la vivienda, la educación, y que establezca bases claras de discusión. Para que la unidad no sea discursiva sino efectiva, del movimiento obrero deberá ceñirse a este programa.

Argentina necesita construir una cultura del encuentro, del diálogo y de la tolerancia, pero con el objetivo de construir una Argentina para todas y todos, no para unos pocos.

1.2  Lineamientos de un modelo económico sustentables

La estructura de la economía argentina es el punto de partida realista del cual debe partir cualquier propuesta de acuerdos sobre posicionamiento y políticas públicas integrales. Este breve diagnóstico busca fundamentar los pilares sobre los cuales proponemos consolidar la construcción concertada de un modelo económico sustentable que tenga como horizonte el desarrollo de una economía independiente, una sociedad que logre la justicia social, y un país que pueda desarrollar un modelo político autónomo y soberano en la región.

La economía argentina tiene particularidades propias, que la diferencian de otras economías regionales, y que deben ser claramente entendidas para construir el futuro. En primer lugar, el producto interno bruto argentino se compone en el 63%-70% de consumo de los hogares. Esto se debe a un volumen de población elevado, con rasgos históricos de menor desigualdad que algunos países vecinos, y por lo tanto de mayores sectores de la población integrados al consumo. Esta característica de la economía ha sido seriamente golpeada en los últimos años, generando incrementos en la desigualdad de ingresos en la población.

Por lo tanto, habida cuenta de la estructura de la economía nacional, un motor del modelo económico sustentable debe ser indefectiblemente el consumo interno, y ello vía el ingreso de mayores capas de la población al consumo. El mecanismo evidente es el paulatino aumento de los ingresos de las capas sociales que hoy en día no tienen capacidad de consumo.

La segunda característica sobresaliente de la economía nacional son las recurrentes crisis del sector externo. Estas crisis, en procesos nacionales y populares, se relacionan con la denominada restricción externa, como resultado de la demanda creciente de dólares vinculados a procesos de industrialización en un país sin un sistema industrial profundamente desarrollado. En este sentido, existen consensos en los economistas nacionales, que la causa de estas crisis es el déficit de dólares al cual se choca un ciclo económico virtuoso llegando a una desaceleración y crisis por la ausencia de la divisa. A la par, los gobiernos de corte liberal han querido sortear la restricción del sector externo invariablemente mediante procesos de desregulación cambiaria, endeudamiento creciente y altas tasas de interés en dólares reales positivas. Esto ha generado crisis aún más profundas, que derivaron en devaluaciones violentas, inflación, y pérdida de poder adquisitivo.

Por lo tanto, el modelo económico para ser sustentable, no sólo debe posicionarse lejos de promover de los formatos de desregulación que hemos vivido en nuestro país, sino que, además, debe ser capaz de generar un excedente de dólares que financien el crecimiento, más allá de un primer ciclo de crecimiento virtuoso. La solución deberá considerar potenciar las exportaciones y administrar la cuenta de capitales para limitar la fuga de capitales y promover su reinversión en la economía nacional. En este marco, se deben afrontar problemas estructurales, como la elevada dolarización de la economía y la ausencia de instrumentos de ahorro nacional, o un sistema financiero con poca inclinación o incentivos para proveer créditos a la producción.

Adicionalmente, se debe entender que se presenta una contradicción recurrente en la estructura económica nacional entre la lógica de los sectores exportadores necesarios para el financiamiento de la economía vía las divisas que generan y el mercado interno como motor esencial de la economía. En efecto, los primeros han buscado generar competitividad a través de la reducción del costo que le generan los salarios, ya sea vía la reducción de salarios nominales o vía devaluaciones. Esta manera de generar competitividad para este sector, se choca con el objetivo de expansión del mercado interno que depende de los excedentes salariales de mayores capas de la población para dinamizar el mercado interno, y generar incentivos para la producción, innovación y venta de bienes y servicios en este mercado.

Finalmente, debe cambiar la lógica del sistema financiero actual. La banca de inversión o especulativa debe dejar de ser el principal negocio de las entidades financieras, porque, en primer lugar, representan inversiones de altísimo riesgo que pueden provocar quebrantos que hagan poner en crisis al propio sistema. Por ello resulta estratégico encarar una Reforma Financiera, a través de una Ley de Servicios Financieros, que implique reemplazar la ley actual, heredada de la Dictadura y pensada para los bancos, con una norma referida a toda la actividad financiera, concebida en su carácter de servicio público a partir de las necesidades nacionales. En ese objetivo deberá considerarse, como decimos más adelante, que el poder estatal viene sufriendo una profunda degradación ante un mercado financiero mundial, globalizado y sin límites, en un proceso acelerado por la introducción de las nuevas tecnologías, aún más durante la pandemia, que permiten un flujo constante e incontrolado de capitales en un mundo hiperconectado, online, en tiempo real siempre abierto, permitiendo la fuga de recursos financieros para una economía sustentable.

2.         Macroeconomía para la estabilidad e independencia

2.1  Cortar las cadenas: la política de desendeudamiento externo

Las argentinas y argentinos conocemos bien los problemas derivados del endeudamiento externo: inestabilidad económica, crisis cambiarias, el sometimiento a planes de austeridad por parte de acreedores limitando el accionar del Estado, entre otros. La solución del problema del endeudamiento externo debe ser tomada como base para la consolidación de un proyecto de desarrollo autónomo. Ningún proyecto puede prosperar bajo la amenaza permanente de la cesación de pagos y la inestabilidad económica. En este sentido, se valora que la situación de violenta inestabilidad financiera, generada por el sobreendeudamiento, se haya abordado a través de acuerdos amplios con los acreedores, en los que se contemple la necesidad de garantizar un proceso de crecimiento inclusivo como único recurso para poder afrontar los compromisos externos e internos. Frente a este escenario, se debe hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno, el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad y la generación de un excedente genuino de divisas a partir del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, innovadoras y exportadoras.

El reciente acuerdo con los acreedores por casi US$ 70.000 millones permite despejar vencimientos, descomprimir la demanda de dólares y liberar ingentes recursos fiscales. Nuestro país logró imponer su “curva aplanada” de vencimientos y con ello comprar tiempo en los próximos 5 años. Pero con este acuerdo no se termina la discusión de la deuda. Requiere de recuperar una senda de crecimiento que genere el excedente fiscal y de divisas para el repago de la deuda en las condiciones actuales.

El exitoso acuerdo con los acreedores y las restricciones derivadas de la brutal reducción de reservas de los últimos cuatro años obligan a implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa renegociada por el Gobierno. Esto implica alinear en tal dirección a las diferentes facetas de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera). Es muy importante entender que el desafío no es solamente económico, sino también institucional. El proceso histórico de la economía argentina muestra la recurrencia en el rol como mecanismo de transferencia de ingresos y dependencia que ha tenido el endeudamiento. Por eso se deben implementar mecanismos institucionales que impidan que una gestión irresponsable desde lo financiero condicione el futuro de argentinos y argentinas, sin que ello impida una adecuada flexibilidad para hacer frente a las coyunturas. Los límites en términos de montos nominales fijados por las sucesivas leyes de presupuesto no son suficientes toda vez que el endeudamiento se da en plazos que condicionan a períodos de gobierno sucesivos (a modo de ejemplo extremo, el festejado bono a 100 años implicó un cronograma de vencimientos que involucraba potencialmente 25 períodos presidenciales).

1.      Corto plazo

  1. Implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa renegociada por el Gobierno
  2. Promover el desendeudamiento externo y la consolidación de un desarrollo nacional autónomo

2.      Mediano plazo

  1. Elaboración de mecanismos institucionales que limiten la discrecionalidad del ejecutivo en materia de endeudamiento, con el cuidado suficiente y necesario para no afectar la flexibilidad necesaria frente a las distintas

2.2  Organismos Multilaterales de Crédito: las divisas deben ser para la producción

La relación con los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM, BID, entre otros) siempre está atravesada por aspectos de diplomacia internacional, en un escenario multipolar cada vez más complejo. Más allá del punto de partida, nuestro país debe focalizar su relación con dichos organismos en la obtención de divisas que sean utilizadas exclusivamente en proyectos productivos o de infraestructura que permitan apuntalar y sostener un proceso de Desarrollo Nacional inclusivo, evitando condicionamientos a la independencia económica. Lo dramático de la coyuntura no debería ser un obstáculo para el planeamiento estratégico ni la preservación de la soberanía en las decisiones económicas. Los organismos existentes son utilizados cómo instrumentos de presión por aquellos países que tienen un peso relativo desproporcionado en su conducción. Será fundamental el trabajo coordinado con nuestros países vecinos en el diseño de organismos y mecanismos regionales, que tengan en cuenta las particularidades sudamericanas, recogiendo las mejores experiencias de otras partes del mundo.

Con el Fondo Monetario Internacional, atento al elevado nivel de endeudamiento vigente, se debe encarar una renegociación sobre las bases de la capacidad real de repago de la Argentina, sin perder

de vista la responsabilidad que le corresponde al organismo al haber desembolsado préstamos por más de 44 mil millones de dólares que no sirvieron para otra cosa que para garantizar la fuga de capitales1 y proteger la ganancia especulativa en los mercados financieros, transfiriendo esa carga a la totalidad de los argentinos y argentinas. El organismo ha sido corresponsable de la debacle económica, luego de ofrecerse como garante de la salida de los acreedores privados en 2018 y 2019, impulsando a la vez reformas estructurales en contra de las y los trabajadores, incumpliendo sus propios estatutos y con el objetivo de favorecer a un gobierno en particular para que ganara las elecciones ¿Fue suficiente su ayuda en la actual negociación para hacer “borrón y cuenta nueva”? El FMI debe comprender que la única manera de posibilitar el repago es con crecimiento económico y por fuera de los condicionamientos típicos que imponen en su condición de acreedores privilegiados2. Las políticas de austeridad no son eficaces al momento de generar las divisas necesarias para hacer frente a los vencimientos pendientes. Si además tenemos en cuenta el costo social que conlleva la retracción del Estado, esto resulta moralmente inaceptable.

Mientras que el objetivo principal del FMI es un apoyo al presupuesto para corregir desbalances en la cuenta de capitales, los demás organismos multilaterales de crédito tienen objetivos más amplios y ligados a proyectos específicos. De tal manera que, la Argentina debería aspirar a no necesitar el apoyo del FMI en la medida que establezca una macroeconomía estable. Por el contrario, los demás organismos multilaterales de crédito pueden ser una fuente de divisas permanentes que permitan la expansión de la capacidad productiva y exportadora de la Argentina, si son abordados adecuadamente. Asimismo, más allá del Banco Mundial, el Banco Latinoamericano de Desarrollo (ex Corporación Andina de Fomento) el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fonplata con quienes Argentina tiene una relación estable, existen otros multilaterales nacientes como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por ejemplo, con quienes Argentina debería entablar o ampliar su relación.

1.      Corto plazo

  1. Renegociación de la deuda con el FMI, sobre la base de la capacidad de pago real de la Argentina, ajena a los condicionamientos típicos que sólo contribuyen a la profundización de los problemas de fondo.
  2. Establecimiento de relaciones con otros organismos multilaterales de crédito de manera a aumentar el monto de financiamiento al cual puede acceder Argentina.
  3. Focalización del crédito internacional de los organismos multilaterales de crédito hacia proyectos de expansión de las exportaciones, del desarrollo industrial y de infraestructura bajo un marco que permita un adecuado repago; en definitiva, proyectos que generadores de
  4. Es necesario contar con instrumentos de evaluación de proyectos de financiamiento externo que incluyan las capacidades de pago en el entorno macroeconómico para que el

 

endeudamiento por estos mecanismos no implique mayores condicionalidades que impidan un proyecto de Desarrollo Nacional.

1.      Mediano plazo

  1. Construir la Nueva Arquitectura Financiera, con un Banco de Desarrollo Sudamericano y un Fondo del Sur, que ayude a socorrer a los países sudamericanos con problemas de la balanza de pagos, en miras a substituir al

2.3  Administración del tipo de cambio

Todo proceso de Desarrollo Nacional que promueva el tránsito hacia una economía más industrial y auto centrada, debe tener como uno de los pilares de política, la administración del tipo de cambio para evitar el mal uso de las divisas o la fuga hacia actividades o bienes suntuarios.

A partir de 2011, Argentina implementó una serie de controles cambiarios que llegaron a incluir la prohibición de adquisición de moneda extranjera para fines no productivos. En diciembre de 2015, tras el cambio de gobierno, se eliminaron todas las regulaciones cambiarias hasta niveles previos a la crisis de 2001-20023.

El gobierno de la alianza Cambiemos inició un giro de 180° en el rumbo de la política económica, así como también en la propia naturaleza del Estado. Frente a este escenario, resultaron de crucial importancia aquellas modificaciones operadas en el marco regulatorio que contempla el sector financiero, promoviendo la desregulación y eliminación del control cambiario, entre las que se destacan, la quita de topes a la compra de divisas, la extensión a diez años del plazo para liquidar divisas por exportaciones, la exclusión de tasas de interés de referencia y requisitos mínimos de cartera para bancos privados por parte del BCRA, la ausencia de regulaciones en los plazos y en las declaraciones de operaciones en la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera, el financiamiento de la mayor salida de divisas fue posible mediante el incremento del endeudamiento externo.

Es importante destacar que, en términos macroeconómicos, las consecuencias de la fuga de capitales son considerables dentro del desarrollo económico del país, la más difundida tiene que ver con el agravamiento de la restricción externa4. La perpetuación de la fuga de capitales afecta el desarrollo de la economía, ya que una porción relevante de la oferta de divisas aportada por las exportaciones debe financiar esta demanda de dólares, que se resta de los excedentes disponibles destinados a importaciones de capital e insumos para la industria. En este sentido, la bidireccionalidad causal de la fuga y el endeudamiento externo, ha cobrado un papel crucial tanto en Argentina, como en otros países en vías de desarrollo. De esta manera, la creciente fuga de capitales emerge proporcionando una severa restricción a la formación de capital, y consecuentemente, de desarrollo económico. La sumatoria de estas medidas provocó una grave crisis que afectó a la economía del país y que se tradujo en menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y un deterioro en la distribución del ingreso.

3 La fuga de capitales entre 2015 y 2019 superó los US$ 86.000 millones y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período, según un informe realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a pedido del Poder Ejecutivo Nacional. “El incremento de la formación de activos en el exterior de los residentes fue el resultado de un profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri” 4 Basualdo, E., Barrera, M., Bona, L., González, M., Manzanelli, P., & Wainer, A. (2017). Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri. Buenos Aires: Siglo XXI.

Otras etapas de la historia argentina y experiencias de otros países en desarrollo demuestran que este circuito de fuga de capitales –basado en endeudamiento– es un circuito de acumulación financiera de corto plazo, que expone a la economía nacional a una mayor vulnerabilidad externa. Durante las etapas de ingreso de fondos, cuando el endeudamiento externo está disponible, la economía se expande y la percepción del riesgo doméstico disminuye. Sin embargo, en cuanto la situación local o internacional se modifica de manera adversa está latente el riesgo de una crisis financiera, cambiaria y de deuda.

Resulta imprescindible discutir líneas de acción, acompañadas de un análisis compatible con el proceso histórico argentino, que ponga en discusión las herramientas de política económica necesarias, para gestionar la fuga de capitales como componente ineludible de la “restricción externa” y de la problemática del desarrollo. Está demostrado que con devaluaciones cambiarias que conllevan una redistribución regresiva de los ingresos reales de la mayor parte de la población no se evitará la escasez de divisas y se ahondará la crisis estructural social y económica del país.

1.      Corto plazo

  1. Regular nuevamente los flujos de capital y financieros especulativos para evitar su fuga Promover una reforma monetaria que evite la especulación y oriente los recursos a la producción.
  2. En el tránsito hacia un desarrollo nacional autónomo e industrial, impedir el mal uso de las divisas o la fuga hacia actividades o bienes
  3. Promover el ahorro en moneda nacional en busca de la inhibición paulatina del sistema bimonetario que tanto daño genera a las cuentas públicas y a su población en general.
  4. Dar impulso a exportaciones con mayor valor agregado y apoyar la sustitución de importaciones, planteando el ingreso obligatorio de divisas de las ventas al exterior, el control estricto de subfacturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones, movimientos especulativos y fugas de
  5. Terminar con que nuestras exportaciones tanto granarías como mineras, se hagan a simple DDJJ del exportador, sin ningún tipo de

2.       Mediano plazo

  1. Repatriación de los capitales en el extranjero. Prohibición para ocupar cargos públicos a los ciudadanos que tengan empresas en paraísos fiscales y obligación de traer sus capitales al país si los tuviese en el exterior. Revisión e investigación del blanqueo de capitales
  2. Impulsar leyes que impliquen mayor injerencia del Estado sobre los ingresos (juntas) y egresos (control de importaciones) de divisas producto del comercio internacional y afianzar los mecanismos de control sobre el sistema financiero a través de todas las instituciones regulatorias de flujos de capital (BCRA, CNV, UIF, SSN).
  3. En particular, impulsar la Junta Nacional de Granos, orientada a administrar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, y garantizar la provisión interna, independientemente de lo que suceda en el mercado

 

  1. Avanzar en la Reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras. Impulsar una nueva ley que retome el espíritu de la Ley 222, que oriente las inversiones hacia el desarrollo industrial y productivo5.

2.4  Comercio Exterior

Argentina desde hace varias décadas enfrenta problemas para crecer y generar oportunidades de desarrollo. Podría pensarse que una causa que llevó al país a esta situación, es haberle dado la espalda al comercio exterior pensándolo como un generador de crecimiento y oportunidades.

El comercio internacional es un instrumento que bien pensado y aprovechado, tienen un impacto positivo directo sobre el bienestar social e individual.

Las fuentes de trabajo conforman las bases para el ejercicio de las garantías individuales y sociales, nuestra Constitución Nacion6al establece un conjunto de derechos económicos, sociales que constituyen prerrogativas y pretensiones que los trabajadores individuales o colectivamente pueden esgrimir frente a la actividad social y jurídica del Estado, es decir poder exigirle a éste determinadas prestaciones positivas.

El país se encuentra bajo una red que impide que emprendedores, PyMEs y otras empresas y organismos aprovechen las oportunidades derivadas del comercio. Resulta imperioso avanzar en reformas estructurales para recuperar la competitividad y dar marco para aprovechar las ventajas y oportunidades del comercio, para potenciar el desarrollo productivo.

1.      Corto plazo

  1. Potenciar las exportaciones para abrir mercados: impulsar la adopción a nuevas ideas y formas de producir y La exposición a los productos, servicios, mercados ayuda al desarrollo, dando lugar a ganancias de escala en la producción como condición necesaria para crecer y generar empleo.
  2. Exportar servicios: el comercio de servicios representa una importante oportunidad para En el mundo el comercio de servicios ha experimentado una evolución más dinámica que el comercio de bienes. Argentina tiene una capacidad exportadora latente con particularidades en cada sector que es necesario contemplar para avanzar en un desarrollo exportador integral.
  3. Potenciar el rol de promoción del Estado: la apertura de nuevos mercados es trascendente para mejorar las exportaciones.
  4. Potenciar el rol del Estado como facilitador de la gestión exportadora: facilitar los mecanismos exportadores para empresas de menor porte que no cuentan con departamentos de comercio

2.      Mediano plazo

 

  • Ley 14.222: “capitales procedentes del extranjero que se incorporen al país para invertirse en la industria y en la minería, instalando plantas nuevas o asociándose con las ya existentes, para su expansión o perfeccionamiento técnico gozarán de los beneficios que acuerda la presente ley. “Las inversiones deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional teniendo en cuenta que la actividad a la que se destine la inversión contribuya a la realización del desarrollo económico previsto en los planes del gobierno”.

 

  1. Reforma Impositiva para el sector PyMEs: avanzar en la reducción para el sector de gran parte de los impuestos, tasas y contribuciones que pesan sobre las empresas
  2. Comercio Electrónico: adopción de medios electrónicos para la modernización de los contratos internacionales, así como también disposiciones referidas a la validez de la firma electrónica, reconociendo la importancia de la defensa del consumidor en las transacciones electrónicas.

2.5  Hacia la progresividad impositiva

Si las consideraciones de equidad son un elemento central en la determinación de la calidad del sistema tributario, los datos para América Latina demuestran que las desigualdades se han ido acentuando, dado que ni siquiera han logrado mantener la distribución del ingreso que emerge de la acción del mercado. Estos son los resultados de sistemas tributarios fuertemente cargados de imposición indirecta, como también de beneficios y exoneraciones destinados a favorecer mayoritariamente a los sectores de ingresos más elevados. La política fiscal es un instrumento fundamental para el cumplimiento de los compromisos de los Estados en materia de derechos humanos. El cobro de tributos tiene un doble objetivo en ese sentido. Por un lado, asegura los recursos para implementar políticas que garanticen el acceso a los derechos de todos. Por otra parte, promueve una mayor redistribución de la riqueza y, con ello, permite construir sociedades más igualitarias con el fin de cumplir con el principio de igualdad reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Partiendo de una estructura actual impositiva altamente regresiva, donde una mayor proporción de la recaudación proviene de los impuestos indirectos, podemos inferir la necesidad de dotar al sistema tributario de una mayor progresividad. El sistema tributario puede ganar en progresividad, ampliando la base imponible sobre los sectores de altos ingresos de modo de poder reducir o eliminar determinadas alícuotas de impuestos regresivos al consumo. La misma sería posible introduciendo cambios que reduzca, por ejemplo, la incidencia del IVA.

El sistema tributario debe ganar en progresividad, incrementando los gravámenes sobre los sectores de altos ingresos y ampliar la masa tributaria de modo de poder reemplazar las alícuotas de impuestos regresivos y estableciendo un mecanismo automático para modificar la base del impuesto a las ganancias en función de la evolución de los precios internos exceptuando de su pago a los ingresos que tengan carácter alimentario y a los salarios establecidos por los convenios colectivos de trabajo, incrementando los tributos a la actividad rentística, financiera y minera. Es importante destacar que la cuestión tributaria aparece íntimamente ligada al tema de los derechos humanos. Esto es así, porque las políticas fiscales tienen efectos decisivos sobre la igualdad, la justicia y la solidaridad. De tal forma, la política fiscal es un instrumento privilegiado para combatir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, como lo han demostrado las investigaciones recientes de Thomas Picketty, la acumulación de patrimonio ha sido más rápida que el crecimiento del PIB en los últimos años. La acumulación excesiva y herencia de la misma genera una desigualdad creciente, falta de incentivos para producir e innovar que terminan en la estagnación económica. De tal manera, que no sólo la progresividad es esencial, pero también gravar los patrimonios que generan actitudes rentísticas.

A partir del análisis procedente es factible observar que es necesario definir líneas de acción a efectos de promover una reforma tributaria:

1.      Corto plazo

  1. Ley de devolución de IVA segmentada por nivel de Junto con ello, una fuerte política de comunicación para garantizar el éxito de la medida
  2. Reemplazo del Impuesto a las Ganancias por un impuesto a los altos ingresos
  3. Creación del impuesto a la Herencia y a las donaciones
  4. Apoyo a la sanción del aporte extraordinario y solidario, ante la emergencia por el COVID-19

2.      Mediano plazo

  1. Segmentación de impuestos por tamaño de empresa, beneficiando a las Pymes, sin afectar el pago de contribuciones a la Seguridad
  2. Reforma Impositiva, con impuestos progresivos y que tengan en cuenta la necesaria segmentación de manera tal que las cargas tributarias sean mayores para sectores y personas con mayor capacidad contributiva, única forma de lograr la redistribución del ingreso y un país más justo e igualitario. En particular se debe buscar el aumento de los impuestos al patrimonio y reducir los impuestos que graven el consumo

 

3.        Mercado Interno inclusivo

3.1  Acceso universal a los bienes y servicios y políticas de precios

El fenómeno de la exclusión social se define en términos de una participación inadecuada o dispar de ciertos grupos en la vida social. Si bien es un concepto asociado a la pobreza, se diferencia en la medida que pone énfasis en la asignación desigual de los ingresos. Con relación a la definición de pobreza, ésta se reconoce como un fenómeno multidimensional y diverso, que implica la denegación de oportunidades y opciones fundamentales relacionadas con la privación de tres elementos esenciales: la supervivencia, los conocimientos y el nivel adecuado de vida, dado por un aprovisionamiento económico general. En contrapartida a los logros internacionales en términos de desarrollo, la pobreza también se ha profundizado, aumentando la brecha entre aquellos que acceden a los bienes y servicios sociales y quienes se ven excluidos de estos beneficios.

Esa aparente contradicción entre el progreso y el empobrecimiento avanzando simultáneamente, puede explicarse por una distribución inequitativa en perjuicio de los grupos más vulnerables de la sociedad, aquellos sectores privados de cualquier mecanismo de protección social. En este sentido, el proceso de exclusión no solo abarca la insuficiencia de recursos, sino que señala la desigualdad en su distribución, lo que agrega a la pobreza el problema de la polarización social.

Entendemos que es esencial la recomposición del poder de compra de salarios y jubilaciones y la determinación de un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a la canasta familiar, de manera a ir generando mayor inclusión social y consumo. Esta necesaria inclusión, reactivará el mercado interno como motor de desarrollo de la economía nacional.

A fin de que la recomposición de los ingresos reales sea sostenible, la inflación, que ha sido un flagelo histórico para la economía argentina, debe ser abordado de manera concomitante. El enfoque para su abordaje debe ser multicausal y estructural, y tomar en cuenta las lecciones históricas.

La economía argentina está plagada de mercados con fuerte carácter oligopólico en todos los sectores; incluso en aquellos, como el alimenticio, que se prestan a la mayor posibilidad de existencia de la competencia mercantil. La concentración de la producción de bienes de consumo masivo en nuestro país es una cuestión de importancia central que debe ser abordada en profundidad. La existencia de empresas con posiciones dominantes en sectores de consumo esencial no sólo se constituye como un importante condicionante para la determinación de los precios en las góndolas, sino para el conjunto de la cadena de producción y comercialización. Las grandes firmas detentan posiciones dominantes en los últimos eslabones de la cadena, pero también aguas atrás, gracias a políticas económicas que a lo largo de la historia han posibilitado fusiones, adquisiciones, integraciones horizontales y verticales, que han reducido la cantidad de actores en el mercado y han creado cuasi monopolios u oligopolios con capacidad de cartelización y fijación de precios. En consecuencia, se producen diversos efectos negativos: condiciona las opciones de compra de consumidores; obliga a los compradores a aceptar los precios impuestos por las grandes firmas, degradando su poder adquisitivo mediante la captación de rentas extraordinarias. Además, perjudica a pequeñas empresas mediante la imposición de condiciones abusivas por su fuerza de mercado. En esos contextos, no son las relaciones precio-calidad las que posibilitan mayores ventas, sino el poder de mercado de las principales firmas y la particular forma de determinación de precios en los mercados oligopólicos u monopólicos.

Durante el período 2015-2019 la política de precios de Cambiemos estuvo fundamentada en el marco teórico que predomina en la corriente económica ortodoxa: el control monetario vía altas tasas de interés permite desactivar a la emisión como factor explicativo de la inflación, y por ende tender hacia la reducción del nivel de precios de la economía. Esta mirada unilineal de un fenómeno complejo – que en Argentina se ha demostrado estructural-, ha omitido, entre otras cosas, los impactos que la estructura oligopólica de muchos sectores de la economía, la variación del tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y combustibles, la pugna distributiva durante los ciclos de crecimiento económico y los precios de los commodities exportables, han ejercido sobre la inflación en un contexto de desregulación de las mencionadas variables. En lo que respecta en materia inflacionaria, es posible observar que, durante diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la inflación acumulada registraba un valor de 302%, mientras que, durante el período comprendido entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, según el índice de precios al consumidor de Bein (2011) /CABA (2012 en adelante), la inflación acumulada ascendía a 174%. Esto demuestra que el abordaje unilineal, de corte ortodoxo, del fenómeno inflacionario ha sido un fracaso.

Considerando la inflación como un fenómeno multicausal, la concentración no es su causa unívoca, pero sí puede ser un factor adicional muy determinante. No solo incide directamente en la formación del precio final que pagan las y los consumidores, sino que opera de manera indirecta sobre otros factores, como los márgenes de rentabilidad de los distintos eslabones de las cadenas productivas.

La alta concentración posibilita la consolidación de grandes grupos económicos con fuerza de mercado y capacidad de presión sobre condiciones del mercado y las políticas económicas6. La influencia de cada una de las firmas no está circunscripta a un sector o rubro, sino que se extiende a varias categorías. Las principales empresas del mercado de consumo masivo tienen alta participación en diversos sectores, incrementando la concentración total y la posibilidad de colusiones entre sí, dada la participación cruzada que se registra. Es factible observar que el 74% de total de productos se concentra en ventas de 20 empresas: Unilever tiene posición dominante en 6 rubros, algunos de ellos

  • La gestión de Macri registró récords inflacionarios en 2016, 2018 y 2019 respecto de

 

con concentración muy alta como caldos, desodorantes, jabones, desodorantes; otros con concentración alta como lavavajillas, shampoo y crema de enjuague. Por su parte, Molinos Rio de la Plata domina los rubros fideos, de concentración muy alta; y arroz y aceites, de concentración alta. La firma BRF lidera los rubros de salchichas (con alta concentración) y fiambres y hamburguesas (de concentración media). A partir del análisis precedente es posible afirmar que la concentración implica una mayor discrecionalidad en la fijación de los precios por parte de esas empresas. En los mercados concentrados los precios no se fijan de manera competitiva, sino que son discrecionales.

1.      Corto plazo

  1. Regular las importaciones, en particular de bienes de consumo y vehículos terminados de manera tal de reducir el gran déficit comercial que atraviesa nuestra economía).
  2. Políticas de estímulo hacia sectores con valor agregado que puedan orientar su producción hacia la exportación.
  3. Mantener los acuerdos de precios –Precios Cuidados7 y Precios Máximos8. Estos programas son fundamentales en la contención de los precios de los alimentos y principales bienes de consumo masivo, incluyen productos de primeras y segundas marcas promoviendo el objetivo principal de oficiar precios de referencia en las distintas alternativas de consumo, teniendo efecto por lo tanto sobre el resto de los precios de los productos de la competencia.
  4. Recuperar el concepto de precio de referencia. La idea de precios de referencia significa la inclusión en el mismo de los principales productos de cada segmento de consumo – según volumen de ventas-, lo que permite que sus valores sean referencia para los precios del resto de los productos, menos representativos de su
  5. Se adoptará un programa de precios de referencia de productos y servicios básicos energía/combustibles en todas sus formas, transporte y servicios
  6. Implementación Precios Cuidados sectorial (primera infancia, consumos femeninos, precios cuidados estacionales, consumo saludable, personas mayores, turismo y gastronomía), Federal (para Pymes locales y productos regionales) y en cadena de valor (mayoristas, construcción, Insumos básicos de la industria: Plástico / acero / caucho / cemento / vidrio / tetrapak)
  7. Desarrollo de mercados barriales en todo el país.
  8. Regulación de productos de comercio electrónico, de la cadena de la carne (regularización y blanqueo de operaciones), con la creación de áreas de fiscalización conjunta entre AFIP-SENASA-COMERCIO.
  9. Impulso de semáforo de Calidad Nutricional, etiqueta de consumo saludable/trazabilidad producto orgánico y de empleo registrado
  • Precios Cuidados es un programa que desde sus inicios ha intervenido desde distintas aristas: como programa anti- inflacionario, como política de defensa de la competencia para evitar apropiación de rentas extraordinaria y al mismo tiempo se aplica como política de defensa del consumidor
  • La decisión del Gobierno Nacional de retrotraer los precios de productos esenciales al 6 de marzo y fijar una lista de

referencia con valores máximos, tiene por objetivo garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios frente al impacto de la pandemia del COVID-19.

  1. Implementación de la ley de góndolas.

2.      Mediano Plazo

  1. Es preciso convocar a acuerdo social con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo y mejorar el mismo, rol del avance tecnológico en el empleo, políticas de producción, y derechos laborales vinculados a empleos de
  2. Implementar una política monetaria y fiscal consistente con el proceso previamente definido, donde se evite la inestabilidad del tipo de cambio, donde se busque el equilibrio fiscal sustentado en el crecimiento y buenas reglas de gestión intertemporal (ahorrar en tiempos de crecimiento, gastar más en períodos de desaceleración y crisis).
  3. Se perfeccionará un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio incorporando según corresponda a las organizaciones sindicales y a representantes de la CGT. Reforzar el control de precios mayoristas establecidos del Mercado Central9, y creación de Mercados Municipales, en los que se comercien los bienes de consumo al mismo precio que en el primero.
  4. Promover la legislación antimonopólica y antioligopólica para evitar el encarecimiento artificial de productos de la canasta familiar. A diferencia de otros espacios económicos desarrollistas, se basa en la confianza en la capacidad creativa popular: Se alentará la formación de cooperativas de productores para competir con los oligopolios que producen los bienes que encarecen artificialmente los bienes finales como plásticos, hojalata, envases de cartón, vidrio, así como para ofrecerse como alternativa a la red de supermercados que actúa en forma pro alcista en relación a los precios. En este fragmento se visualiza el aprendizaje de las experiencias de construcción colectiva suscitadas en los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente
  5. Promover el desarrollo de Pymes y cooperativas de productores que permitan mayor competencia en la producción de bienes, particularmente en insumos intermedios.

3.2  Economía Social y Gestión Local

La contracción sistemática del trabajo asalariado privado registrado que hoy ocupa apenas un cuarto de la población económicamente activa, la consolidación de un amplio sector de trabajadoras y trabajadores sumergidos en distintas formas de precariedad y la emergencia de un creciente sector de trabajadoras y trabajadores independientes pobres a los que denominamos “economía social”. La

 

  • “Compromiso social de abastecimiento” una de las mayores preocupaciones del gobierno es la de controlar que no se produzcan abusos de precios que perjudiquen así a los consumidores en este contexto de vulnerabilidad social. Para eso, reguló una Ley de Abastecimiento y presentó una aplicación móvil para que los compradores puedan verificar y denunciar a todos aquellos locales que no tengan los precios retrotraídos al 6 de marzo, según lo dispuso la resolución 100/2020 de la Secretaria de Comercio. Sin embargo, la especulación no es ajena al sector y algunos operadores aprovecharon el contexto para sacar ganancias mayores a las habituales, haciendo caso omiso a la solicitud de “solidaridad social” pretendida por el presidente de la Nación. En este sentido, se deberán efectuar sanciones por sobreprecios que se realicen sobre la inconducta concreta de estos operadores, evitando cerrar a las entidades que hoy garantizan el normal abastecimiento, a efectos de no dejarse llevar por la clásica «oferta y demanda» que rige al sector.

economía social imprime nuevos desafíos a la sociedad actual. Se vuelve fundamental, entonces, no solo que trabajadoras y trabajadores adquieran conocimiento de sus derechos y de las formas de defenderlos, sino que puedan construir y demandar otros que en el nuevo contexto económico, laboral y social se hacen necesario instaurar, tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio- comunitarios, socio-laborales, con el fin de promover la inclusión social. Sin la intervención del Estado y de las organizaciones, la economía popular se acopla a la economía capitalista formal de manera flexibilizada y sin garantías ni derechos para sus trabajadores. La dimensión de transformación más sistémica, general o estructural se hace necesaria e impredecible, a continuación, se desarrollan los siguientes objetivos comprendiendo que la economía solidaria construye poder popular para transformar el Estado, para conquistar el territorio.

Consideramos que el “ecosistema” de la economía social, es precisamente un “espacio abierto”. Con ello queremos decir, que es un espacio en expansión, y que el Estado debe promover su “densificación” y fortalecimiento a partir de líneas de financiamiento y recursos específicos a través de las transferencias financiera a proyectos, pero también con el necesario apoyo de líneas de transferencia de asistencia técnica, tecnología y otros servicios para su funcionamiento como el jurídicos y contable. El desarrollo de redes o ecosistemas de empresas de economía social potencia las posibilidades de desarrollo local de las comunidades y la creación de nuevos empleos. En ese sentido constituye un espacio en “construcción” a partir de las interrelaciones entre los sujetos (movimientos sociales, cooperativas, emprendedores urbanos, pequeños productores rurales, organizaciones de la sociedad civil, etc.) y el Estado Nacional a partir de la generación de herramientas para ampliar sus posibilidades, en articulación con los gobiernos provinciales y locales que apoyen la integración y el desarrollo local y regional. Asimismo, en materia de generación de puestos de trabajo, los EESS pueden jugar un rol clave, especialmente en servicios y otros sectores trabajo intensivos. Las empresas de la economía social pueden abrir la posibilidad de formalizar el trabajo de sectores poblacionales que tradicionalmente se encuentran por fuera del circuito formal de trabajo.

Resulta evidente que la economía social constituye un ecosistema de carácter complejo, en el sentido que coexisten una multiplicidad de interacciones entre distintos organismos e instituciones. Son redes de producción, distribución y consumo donde interactúan movimientos sociales, organismos públicos, trabajadores en forma individual, y otras organizaciones de la sociedad civil; como así también interactúan con otros actores de la economía formal y distintas instancias de gobierno.

La incorporación de estructuras productivas, ya sea de cooperativas agropecuarias o productores asociados en el enfoque de los círculos de producción y consumo posibilitarán cumplir los compromisos derivados de los acuerdos programáticos a partir de la concertación entre productores, consumidores y el Estado. De esta manera, se incrementa el ingreso real de amplios sectores sociales, organizados en la concertación local para enfrentar las prácticas de comercialización oligopólicas que acrecienta los precios en forma abusiva por la posición dominante de las corporaciones en la producción junto a las prácticas concentradas de intermediación de las grandes cadenas. Se requiere de un ejercicio permanente de Planificación Concertada del Estado Local para establecer un mecanismo horizontal que estimule los acuerdos entre productores, consumidores y estado municipal, de modo de establecer vínculos que armonicen en tiempos programados oferta y demanda respectiva. Este mecanismo requiere un proceso de planificación muy bien organizado de modo tal que los productores sepan con antelación cuánto tienen que producir (invertir), los consumidores tengan certezas de qué es lo que van a recibir (economía doméstica) y entre ambos, con el Estado

Local (la responsabilidad de garantizar el proceso) con el necesario apoyo en la financiación solidaria, la fase técnica, capacitación permanente y una comunicación sostenida que permitan darle sustentabilidad a los acuerdos programáticos.

1.      Corto plazo

  1. Profundizar el debate sobre los alcances del sector, lo que en definitiva permitirá consolidar los procesos de construcción social. Además, se deben realizar esfuerzos tendientes a garantiza a la creación de una plataforma que incluya a toda la familia de la economía solidaria y la sistematización de la información que permita mostrar todo su potencial.
  2. Facilitar mediante la conectividad y la inclusión en medios bancarios, el acceso de los usuarios de la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar, el Salario Social Complementario, con el fin de otorgar recursos para aumentar el consumo popular estimulando la inversión para crear fuentes de trabajo y la producción local
  3. Rescatar la dimensión que la economía nunca debió perder: el carácter de un proceso tendiente a garantizar un nivel de creciente bienestar a toda la población. El concepto de solidaria constituye precisamente una ratificación de que lo que la economía debe
  4. Impulsar el Fomento y Regulación de las Microfinanzas, en el marco de una Ley de Servicios

2.      Mediano plazo

  1. Promover el desarrollo de la economía social, garantizando el acceso al crédito para maquinarias y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los efectos de promover el mercado interno. Masificar nuevas herramientas de Finanzas Solidarias, (superar la experiencia de los microcréditos) para la pequeña producción rural y urbana; así como la capacitación y asistencia técnica continua para incorporar la innovación tecnológica en la producción y el desarrollo
  2. Impulsar un programa de formación y trabajo para mujeres víctimas de violencia de género, mediante convenios con universidades y organizaciones de la economía
  3. Generar un plan de articulación científico-tecnológico aplicado para la economía social y popular, por medio de la articulación de diferentes dispositivos tecnológicos del Estado y el financiamiento de investigaciones aplicadas y en territorio sobre temáticas de la economía popular.
  4. Generar obras públicas comunitarias que incluyan, en forma rápida y efectiva, a trabajadoras y trabajadores desocupados. Estarán destinadas a la construcción y reparación de viviendas; calles, rutas y avenidas; cordones y cunetas; plazas y otros espacios públicos; escuelas y unidades
  5. PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE LAS O LOS TRABAJADORES que integre bajo la subsidiariedad del Estado Nacional y el fomento de la articulación pública privada:

 

  1. Creación de un BANCO DE LA ECONOMIA DE LAS y LOS TRABAJADORES en concepción de finanzas solidarias y disponga de múltiples herramientas de apoyo y asistencia financiera
  2. Creación del INSTITUTO DE LA ECONOMIA DE LAS Y LOS TRABAJADORES centrado en la formación, registración que elabore y sistematice estadísticas serias sobre el sector y que permita nutrir de información valiosa para el diseño de las políticas destinadas al sector.
  • Creación de una OBRA SOCIAL Y SEGURO DE TRABAJO.
  1. Creación de Empresas Sociales Mixtas para la producción y comercialización de los principales rubros de la economía de los

3.3  Soberanía social y alimentaria

Es posible asegurar el plato de comida para cada argentina y argentino y generar las divisas necesarias para el desarrollo de una Argentina de Pie. Integrar la producción y el trabajo como los pilares de una economía que primero elimine el hambre y segundo la pobreza, promoviendo la producción agroalimentaria extra-pampeana logrando un saldo exportable en las zonas de mayor producción.

Una de las variables en las que impacta con más fuerza sobre la disminución de los ingresos en los sectores vulnerables, es en el consumo de alimentos. Los programas alimentarios como la tarjeta ALIMENTAR entre otros alcanzan al 36% de los hogares (frente al 19% en abril); el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por no tener dinero disminuyó levemente del 28 al 26%. No obstante, la concurrencia a comedores populares aumentó (pasó del 8% al 10%) y mejoró notablemente el acceso: en abril el 8% de las personas que concurrieron a un comedor reportaron problemas para acceder o retirar viandas; en julio este porcentaje se redujo al 1%.

Somos un país productor de alimentos, pero en verdad el grueso de las exportaciones sigue siendo de insumos para la producción alimentaria mundial. Comprendemos que en la situación actual agravada por la emergencia que genera la pandemia COVID 19 debemos buscar la manera de reconstruir nuestras Economías Regionales y Planificar un Sistema Federal de Producción de Alimentos Saludables basado en la generación de trabajo y producción de valor agregado en origen. En esta línea es fundamental, asegurar el plato de comida para cada argentina y argentino y generar las divisas necesarias para el desarrollo de una Argentina de Pie. Integrar la producción y el trabajo como los pilares de una economía que primero elimine el hambre y segundo la pobreza, promoviendo la producción agroalimentaria extra-pampeana logrando un saldo exportable en las zonas de mayor producción

Es necesario poner en marcha urgentes mecanismos de vinculación directa entre producción y consumo de actores sociales, individuales y colectivos, inspirados en los principios de la Economía Popular, Social y Solidaria. Políticas Alimentarias que posibiliten la entrega regular de alimentos provenientes de las zonas productivas con las Comercializadoras instaladas en las ciudades (organizadas en forma solidaria) minimizando la intermediación abusiva, para mejorar las condiciones alimentarias de nuestra población y democratizar las condiciones del mercado en favor de productores y consumidores. Este enfoque de construcción colectiva obliga a efectuar y actualizar de modo permanente el acompañamiento estatal al complejo proceso de fortalecer la inversión de los productores en la generación de valor agregado local, la incorporación de tecnologías adecuadas y

avanzar la producción de manufacturas saludables, en acompañar con financiamiento solidario los procesos productivos para asociar en forma permanente a mayor cantidad de productores, cooperativas y de la agricultura familiar interesadas en ingresar al acuerdo colectivo que posibilite ganar en escala, volumen y calidad de la producción local. Es la manera de garantizar una oferta creciente de alimentos frescos, sanos y saludables que abarate los costos de la canasta familiar y mejore las condiciones nutricionales del consumo popular.

En esta disputa del modelo económico y social promovemos Políticas Públicas que desarrollen acuerdos territoriales entre productores de alimentos saludables y consumidores responsables para captar la renta local que genera el consumo popular, que los mismos actores se organicen en reducir el impacto de la intermediación abusiva de las grandes corporaciones. Se trata de resignificar políticamente el rol del estado, interpelar el protagonismo de los actores de la producción y el comercio local, fortalecer las organizaciones de la economía popular, social y solidaria (mercados solidarios, almacenes populares y circuitos comerciales de cercanía) y promover nuevas pautas culturales de consumo local, responsable y solidario. Es hora de construir un nuevo contrato social. Debemos implementar ya un Sistema Federal de Producción Solidaria y Consumo Responsable de alimentos saludables que vinculen cooperativas y asociaciones de la agricultura familiar asentados en provincias proveedoras de alimentos frescos( frutas , verduras y hortalizas); incorporados a ferias y mercados populares, (existentes y por crear), ubicados en conglomerados urbanos demandantes de tales productos y facilitar con medios electrónicos y bancarios el acceso de los usuarios de la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar, el Salario Social Complementario, con el fin de otorgar recursos para aumentar el consumo popular estimulando la inversión para crear fuentes de trabajo y la producción local. Hay que poner en marcha urgentes mecanismos de vinculación directa entre producción y consumo de actores sociales, individuales y colectivos, inspirados en los principios de la Economía Popular, Social y Solidaria.

Se trata de resignificar políticamente el rol del estado, interpelar el protagonismo de los actores de la producción y el comercio local, fortalecer las organizaciones de la economía popular, social y solidaria (mercados solidarios, almacenes populares y circuitos comerciales de cercanía) y promover nuevas pautas culturales de consumo local, responsable y solidario. Es hora de construir un nuevo contrato social. Esta estrategia de vincular producción local y consumo responsable es muy valiosa y vale la pena si se la asume como Política Pública Federal, planificada y sostenida en el tiempo, a lo largo y ancho del territorio nacional.

1.      Corto plazo

  1. Poner en marcha urgentes mecanismos de vinculación directa entre producción y consumo de actores sociales, individuales y colectivos, inspirados en los principios de la Economía Popular, Social y
  2. Garantizar un “precio justo” para los productores de los alimentos y el abastecimiento a valores monetarios accesibles a los sectores
  3. Reforzar el envío de recursos alimentarios a los municipios y las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando y conocen con certeza las necesidades particulares que presenta cada territorio, para que puedan promover proyectos de desarrollo local que se vinculan con trabajo e inclusión

2.      Mediano plazo

  1. Impulsar Políticas Alimentarias que posibiliten la entrega regular de alimentos provenientes de las zonas productivas con las Comercializadoras instaladas en las ciudades (organizadas en forma solidaria) minimizando la intermediación abusiva, para mejorar las condiciones alimentarias de nuestra población y democratizar las condiciones del mercado en favor de productores y
  2. Implementar programas que garanticen estándares de calidad productiva, incorporación de tecnologías adecuadas en los actores locales y generar condiciones comerciales para facilitar el acceso de los sectores populares, ya sea operando en forma de comercio electrónico como en ferias, cooperativas de consumo, almacenes y mercados solidarios en las áreas de consumo
  3. Elaborar planes de financiamiento del consumo de alimentos para comedores y para el abastecimiento de comercios de
  4. Fortalecer a los productores de la economía social y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos frescos que consumimos. Se trata no sólo de financiar la producción, sino también las redes de comercialización. Es importante acordar la compra por parte del Estado de alimentos sanos, frescos y de producción social a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular.
  5. Reforzar las estrategias con Programas alternativos de comunicación social para concientizar en la organización del consumo responsable, el compre solidario y compre local, plantear nuevas pautas culturales orientadas al “buen vivir” de la comunidad, con el enfoque centrado en los jóvenes en la construcción protagónica del Nuevo Contrato

Estos criterios normativos, instrumentales y de mucha capacidad operativa son muy necesarios si se pretende articular los esfuerzos de la producción local, el consumo organizado y conformar un Estado Regulador en lo relativo al suministro de alimentos frescos al consumo popular para poner en marcha operaciones concertadas y solidarias, orientadas en perspectiva de la Soberanía Alimentaria.

 

4.    La cuestión financiera

“El que maneja el crédito y lo orienta, maneja a la economía del país con mucha más eficacia que el gobierno, con todos sus instrumentos (…)”

“El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite.

“El que maneja el crédito maneja más el comercio de exportación e importación que el que compra o el que vende. El que maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras; el que maneja el crédito establece qué es lo que se ha de producir y qué es lo que no; determina lo que puede y lo que no puede llegar a mercado con facilidades de venta y maneja por consecuencia el consumo”.

“El que maneja el crédito decide qué se produce en el país y qué no se produce, como lo produce, cómo lo vende y cómo lo acapara; dónde lo exporta y en qué condiciones…”

“Los Bancos crean dinero a través del crédito, porque los depósitos convertidos en crédito se multiplican varias veces (…)”

“Así, crear moneda es una función del Estado, que éste debe vigilar cuidadosamente para adecuarlo a las necesidades del mercado, sin que falte porque entonces caemos en la tiranía del dinero…”

Estas definiciones de hace 60 años e indudable precisión pertenecen a Arturo Jauretche, destacado representantes del interés nacional y social de las y los argentinos.

Tienen notable actualidad cuando el acceso a los servicios financieros resulta imprescindible para las empresas y las familias, para todas y todos, siendo necesario, estratégico, que las entidades financieras vuelvan a su rol fundamental de intermediación para canalizar el crédito, a la par que facilitan, sin exclusiones, el acceso a los diversos medios e instrumentos de pago, para que la economía funcione.

Es por ello que necesita quedar en claro que el sistema financiero, los servicios financieros, constituyen un servicio público.

La función de canalizar el crédito se fue degradando a partir de 1976, y la recuperación posterior al quebranto financiero de 2001 nunca fue integral. En buena parte de los años recientes, sobre todo en el período 2015-2019, los bancos se dedicaban a “meter un enter” y comprar leliqs, es decir, encajes remunerados por el BCRA, en detrimento de función crediticia. En cuanto al acceso de los diversos medios e instrumentos de pago nuestro país, es conocido el bajo e inestable nivel de bancarización de nuestra población, a pesar del incremento en la relación forzado por la pandemia.

Las estadísticas de 2016-2019 muestran que las ingentes rentas de la mayoría de los bancos se vincularon a las utilidades generadas por Leliqs, y no por la tarea de intermediación.

Un eje central a abordar pues, es el de la Ley de Entidades Financieras sancionada durante la Dictadura cívico militar que sigue anacrónicamente vigente. La reestructuración del sistema financiero llevada adelante por la reforma financiera de 197710 fue un componente central de la profunda transformación de la economía argentina emprendida por la última dictadura cívico militar.

Esa reforma financiera supuso un cambio radical en las condiciones de acumulación de capital y favoreció la creación de un mercado de capitales de corto plazo y alta liquidez que operó, de hecho, como factor de inestabilidad del sistema económico en su conjunto. Fue clave en la consolidación del predominio de las finanzas especulativas sobre la producción y fue el andamiaje legislativo que dio lugar a la desaparición del modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

Hoy, cuarenta y tres años después, dicha normativa continúa, en lo sustancial, vigente y constituye un obstáculo que debe modificarse si se desea plasmar un verdadero proceso de desarrollo económico.

Por lo mismo resulta estratégico encarar una necesaria REFORMA FINANCIERA a través de una Ley de Servicios Financieros, que implique reemplazar la ley actual, pensada para los bancos, con una norma referida a toda la actividad financiera, concebida en su carácter de servicio público a partir de las necesidades nacionales

No resulta una consideración menor identificar las razones de la necesidad de derogar la Ley de 1977, no sólo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la Escuela de Chicago, y que

  • La reforma financiera de 1977 tuvo un papel central en el nuevo modelo económico; y la instrumentación legal del nuevo sistema se hizo mediante la sanción de un conjunto de normas legales: ley 495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos; ley 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras; ley 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria, y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571 que modificaban la carta orgánica del BCRA

luego se consolidaron en el Consenso de Washington. La Ley de Entidades Financieras fue uno de los instrumentos que permitieron la implantación del modelo de valorización financiera del capital, destructiva de la valorización productiva y generó grandes costos sociales y económicos, que se revivieron con inusitada crudeza en el período 2016-2020.

Vale mencionar que, ratificar a la actividad financiera como un servicio público, es un primer paso para ir diseñando un sistema financiero que sea funcional a un modelo de crecimiento con equidad. Para ello se deberían contemplar regulaciones esenciales, como por ejemplo establecer un listado taxativo de operaciones para todos los segmentos de la actividad financiera, bancaria y no bancaria, a fin de permitir una armoniosa e integral articulación que permita una utilización racional de los recursos financieros tanto públicos como privados.

Y de esa forma abandonar el criterio de la actual ley de admitir toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida. Esta cuestión debe, de una vez por todas, quedar explícita en la legislación, puesto que como avisaba Arturo Jauretche “…si crear moneda es una función del Estado, que éste debe vigilar cuidadosamente para adecuarlo a las necesidades del mercado, no es explicable que se pretenda que crear crédito, que es crear mucha más moneda, es actividad privada.” Si hay un sector privado en la actividad financiera, lo es por concesión del Estado y autorización para funcionar del Banco Central.

En idéntico sentido, basándonos en la experiencia de décadas, se deberán acotar las facultades del Banco Central para reformular la legislación que se adopte a través de sus resoluciones, que conforman una maraña que debilita la necesaria regulación del sistema tanto por las razones arriba expuestas y por la nueva realidad financiera que se desarrolla a partir de la constante evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En la actual realidad de acelerada y desordenada innovación tecnológica no dudamos en afirmar que está en juego la propia soberanía y seguridad de la sociedad nacional y de los usuarios. Sin duda deben considerarse los riesgos del proceso de sustitución de niveles de supervisión humanos por los sistemas de inteligencia artificial manipulables por sus propietarios o por quienes pueden acceder a ellos ilegalmente abriendo la puerta a riesgos de dimensión colosal, al cybercrimen que ya se considera mucho más rentable que el narcotráfico. De ninguna manera pueden desconocerse los riesgos de los problemas de seguridad informática, del control de datos personalísimos, el conocimiento de lo que hace el usuario con sus tarjetas de débito o crédito, la telefonía digital, cómo y a qué hora compra, la constitución de grandes bases de datos con fines comerciales por las entidades, ni –tampoco- la posibilidad de un colapso parcial o generalizado de un sistema susceptible de sufrir apagones o hackeos. Este complejo problema no puede confiarse a la supuesta seguridad de las máquinas de inteligencia artificial (machine learner).

De allí que la gestión humana del mismo, en todos los procesos necesarios para su operatoria, es imprescindible tanto para garantizar un adecuado asesoramiento, asequible y profesional a los usuarios, como el debido control por oposición, pues se administra el patrimonio de terceros, y porque hay que optimizar niveles de seguridad del sistema.

Es más, el poder estatal viene sufriendo una profunda degradación ante un mercado financiero mundial, globalizado y sin límites acelerado por la introducción de las nuevas tecnologías, aún más durante la pandemia, que permiten un flujo constante e incontrolado de capitales en un mundo

hiperconectado, online, en tiempo real siempre abierto, permitiendo la fuga de recursos financieros imprescindibles para una economía sustentable.

Por ello las únicas operaciones y tipos de entidad admitidos deben ser las reguladas por la ley. No debieran poder operar en el territorio nacional las entidades que tengan sus casas matrices o dependencias en los denominados paraísos fiscales. Y todas las operaciones que se realicen en nuestro sistema financiero deben ser realizadas por operadores y trabajadores con domicilio real en nuestro país, regulando la interconexión con el resto del mundo.

Deberán asimismo considerarse en las regulaciones que los modelos de gestión de las empresas financieras orientados hacia la “maximización”, cueste lo que cueste, de la rentabilidad a corto plazo ha ocasionado graves perjuicios a la sociedad, la economía, los trabajadores, el Estado, y al propio sistema financiero en el ámbito local y mundial. No cabe duda que deben establecerse normas más precisas para la sana administración de las mismas que no debe estar vinculadas con los sistemas de remuneración variable de sus máximas autoridades, como lo ha demostrado palmariamente la crisis financiera mundial de 2008. Asimismo, necesitan ser revisadas los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.

Por su parte, la sustitución de la actual ley de entidades financieras por una ley de servicios financieros debe considerar también esquemas de banca de desarrollo e hipotecaria, y la regulación las tasas de interés y el volumen de préstamos que la banca privada debe orientar al desarrollo productivo, forjando como horizonte la nacionalización de la actividad.

En síntesis, el proyecto de Ley de Servicios Financieros necesita instalar iniciativas claras y precisas para avanzar en la conformación de un sistema financiero que posea fuertes vínculos con el desarrollo productivo y social, con particular acento en el respaldo a Pymes, mini pymes y emprendimientos cooperativos, asegurando siempre un seguimiento de la correcta aplicación de los créditos que se otorguen.

En un modelo de desarrollo con inclusión social, se incrementarán las posibilidades de avanzar en los cambios sobre el sistema financiero. Por lo que proponemos

1.      Corto plazo

  1. A fin de garantizar una adecuada orientación y supervisión de la actividad y los flujos financieros en la emergencia necesita constituirse por Decreto del Poder Ejecutivo una Comisión Nacional Coordinadora de la Actividad Financiera, presidida por el Banco Central de la República Argentina, que:
    1. En relación a la orientación del crédito estará integrada por representantes de la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Economía, el Consejo Federal de Inversiones y el INAES;
    2. En relación a la supervisión de las entidades financieras y cambiarias, esa misma comisión sumará a las citadas instituciones a la AFIP, la UIF, la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (PROCELAC); el Ministerio de Seguridad y la Unidad de Investigaciones
  • Asimismo, se promoverá que esta Comisión esté comprendida en las disposiciones de la ley de Servicios Financieros que sustituya a la actual Ley de Entidades.
  1. Habida cuenta la debilidad del mercado de capitales, las dificultades de las micro, pequeñas, medianas empresas -incluso las cooperativas -para acceder al crédito y el nivel de ingresos de la mayoría de las familias, se debe disponer-con urgencia-la coordinación de las entidades financieras públicas articulando esquemas de banca de desarrollo e
  2. Con el fin de aumentar la liquidez para promover el crédito los beneficiarios del IFE, los trabajadores que perciben remuneraciones por debajo del promedio, a las micro, pequeñas y medianas empresas – incluso las cooperativas- se propone trasformar progresivamente el actual stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado y estatal
  3. Con el fin de garantizar y acrecentar reservas internacionales:
    1. Anular la facultad que le otorga su Carta Orgánica al Banco Central, para vender las divisas que compra al Tesoro de la Nación a los bancos, pues así financia la fuga de capitales.
    2. Derogar el Decreto 893/17, restableciendo el Decreto 2581/1964 a fin de evitar el distorsionamiento del mercado de
  4. Establecer la obligación para cada banco de destinar un porcentaje significativo de su cartera a préstamos:
    1. a las micro, pequeñas y medianas –incluso cooperativas-.
    2. para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas
  • para financiar a
  1. En tanto se sanciona una Ley de Servicios Financieros se encargará al Banco Central establecer:
    1. una serie de «servicios esenciales» que las entidades deberán ofrecer, dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de
    2. Impulsar medidas de Inclusión y Recuperación del Consumo, orientada a la bancarización y utilización de los medios de pago electrónico por parte de todas las personas y comercios, que incluya el acceso a una Cuenta Gratuita Universal, que regule su funcionamiento, y que establezca devoluciones segmentadas del Impuesto al Valor Agregado según los ingresos de distintos segmentos de la sociedad. Se partirá del proceso de bancarización generado para asistir a las familias durante la pandemia, a la par que se regulará la bancarización de los pagos de todos los servicios públicos a través de esa

cuenta. Esto, adicionalmente, permitirá apalancar líneas de microcréditos a los titulares de esas cuentas tras verificar un período mínimo de cumplimiento en el pago de los servicios señalados.

  • Fortalecer su capacidad para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda. En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo, de ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida el BCRA buscará fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.
  1. Una regulación clara y precisa de la denominada Innovación Financiera basada en los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, de las plataformas que gestionan operaciones financieras en todas sus modalidades, de la banca digital, de las denominadas Deberá considerarse el riesgo que trae aparejado el proceso de sustitución de decisiones, niveles de supervisión y control por oposición humanos por sistemas de inteligencia artificial.

2.      Mediano plazo

  1. El Sistema de Garantía de los Depósitos debe ser estatal. Las entidades privadas locales y las consideradas extranjeras realizarán un aporte obligatorio mensual a ese sistema en base al promedio de los saldos diarios de depósitos. Los bancos públicos nacionales respaldados por el Estado Nacional, y los Bancos públicos provinciales o municipales con garantía otorgada por los Estados Provinciales no contribuirán al seguro de los depósitos. Esto incluye al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En razón de esta garantía estarán garantizados los depósitos en pesos realizados bajo la forma de cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo u otras modalidades que determine el Banco Central de la República Argentina. La garantía cubrirá hasta el equivalente de 100 salarios mínimos por persona y depósito en cada entidad. Los pagos se harán en moneda nacional y el Banco Central regulará la tasa de interés correspondiente y orientará el destino los créditos apalancados sobre ese
  2. Confirmando el carácter de servicio público de la actividad financiera orientándola al respaldo de la producción y de las familias promover una Ley de Servicios Financieros que determine también esquemas de Banca de Desarrollo, Hipotecaria y el rol del Banco Central como agente financiero del Gobierno Nacional y supervisor de toda la actividad financiera bancaria o no bancaria, de regular las tasas de interés y determinar el volumen de los préstamos que la banca privada debe orientar al desarrollo productivo. Esta ley debe garantizar la regulación de toda la actividad financiera, bancaria y no

 

  1. Poner en valor la finalidad de BCRA establecido en su Carta Orgánica de promover “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Profundizar las herramientas de gestión del sector financiero del BCRA. Brindar herramientas para que el BCRA pueda intervenir en el
  2. Profundizar las herramientas regulatorias y su transparencia para el desarrollo del mercado de capitales local que permita el desarrollo productivo y el destino de los recursos del ahorro a esta Recuperar rol regulador del mercado con modificaciones en las entidades regulatorias.
  3. Impulsar una ley que establezca obligaciones y derechos de los trabajadores del sector, que teniendo presente la Ley 12637, de estabilidad y carrera bancaria, derogada por la Dictadura Militar, respalde el ejercicio de la obligación profesional de los trabajadores bancarios en cuanto a una administración fiel del patrimonio de terceros, ofrecer información fidedigna y asesoramiento transparente a los usuarios, realizar adecuadas evaluaciones de riesgo y coadyuvar al buen funcionamiento del servicio público

 

5.         Producción y empleo como motores de la economía

5.1  Trabajo y empleo

En la Argentina, como en la mayoría de los países, la pandemia del coronavirus produjo graves consecuencias en la dinámica de la actividad económica, con repercusiones directas en el empleo y los ingresos laborales. No obstante, en nuestro país, en los meses de mayo y junio, se advierten señales de una incipiente estabilización del trabajo asalariado registrado en empresas privadas.

Este fenómeno responde a la rápida reacción del sistema productivo que incrementó las contrataciones de personal como resultado de la flexibilización de las medidas de aislamiento y la restricción a la producción. Hasta el momento y con la información disponible, se observa que la contracción del empleo asalariado privado en la Argentina desde la irrupción de la pandemia es bastante menor al verificado en otros países del mundo. Este comportamiento del empleo, se vincula con el conjunto de políticas implementadas por el gobierno, que tuvieron un rol central en mitigar los efectos de la crisis sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores registrados.

El sostenimiento del empleo asalariado registrado verificado en los meses de mayo y junio, se relaciona con las características del modelo de relaciones laborales argentino y con el conjunto de políticas implementadas en los últimos meses para enfrentar la crisis causada por la pandemia. Desde la perspectiva de los flujos laborales, las acciones desplegadas se orientaron a preservar el nivel de empleo apelando a la contención de las desvinculaciones de personal. La estrategia consistió en restringir la capacidad de las empresas de realizar despidos a cambio de un sensible recorte del costo laboral para los sectores en crisis, con escasa o moderada afectación en el salario de bolsillo de las y los trabajadores, teniendo en cuenta el contexto adverso. De este modo, se preservaron puestos de trabajo, evitando desvinculaciones que se producirían en un contexto de caída abrupta del nivel de actividad y apuntalando la sustentabilidad económica de las empresas. El resultado de la estrategia adoptada para amortiguar la crisis incidió en la drástica contracción de las desvinculaciones de personal hasta alcanzar un nivel mínimo histórico. Este fenómeno dio lugar a que el empleo registrado moderara la caída durante el período en el que se aplicaron las medidas de aislamiento más

restrictivas y las contrataciones se encontraban virtualmente paralizadas, y, luego, a la estabilización del número de asalariados formales cuando se empezó a liberar parte de los condicionamientos preventivos establecidos por el aislamiento social y se incrementaron moderadamente las incorporaciones de personal.

En términos de empleo, vinculados al sector financiero, se presentan desafíos como la inversión en capacitación de los trabajadores para afrontar los desafíos del avance tecnológico y de las nuevas formas de trabajo e inversión en los organismos de control, la inversión en la seguridad social, para quien este en la edad de su retiro pueda hacerlo dignamente y posibilite que se incorporen a la vida laboral, muchos jóvenes, la inversión en las empresas que generen empleo decente, a lo que se puede agregar, un proceso muy fuerte de reglamentación del Home office (la ley actual es un buen avance) para evitar el fraude laboral, la despersonalización, las enfermedades profesionales que ocasiona, el pago de conectividad, electricidad y gastos para que esos trabajadores puedan desarrollar esa modalidad de empleo, la revalorizar la atención humana en las casas bancarias, permitiendo que si existen beneficios impositivos para las empresas solo sean aplicables para aquellas que priorizan la atención humana en su relación con los clientes y la determinar la calidad de Servicio Público del sistema financiero, para que el mismo este a la altura de las necesidades de los estados y la población y no como un mero negocio casi usurario en algunos casos, que no prioriza el crecimiento productivo de la economía.

Finalmente es estratégico considerar que la masiva incorporación de nuevas tecnologías ha impuesto e impone cambios en la organización del trabajo en todas las actividades con impacto en los niveles de empleo. Ello exige adecuar las condiciones laborales y hace necesaria, habida cuenta de que la incorporación de tecnología debe también beneficiar a los trabajadores que la hicieron posible, una reducción de la jornada laboral, que además coadyuvará a la mejor distribución del empleo.

1.      Corto plazo

  1. Paritarias libres con cláusula gatillo y un piso en inflación del período.
  2. Continuidad de decreto de emergencia social y laboral y restricción de despidos públicos y
  3. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación abonada por el Estado para todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N°

14.250 y sus modificaciones, para empresas de hasta CIEN (100) trabajadoras y trabajadores.

  1. ATP: continuidad para empresas de hasta 100 trabajadores afectadas por la crisis
  2. Sistema integral de prestaciones por desempleo: las y los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo.
  3. Reducción de la jornada laboral.

2.      Mediano plazo

  1. Salario Mínimo Vital y Móvil igual o mayor a la Canasta Discusión en Consejo del Salario de derechos laborales por fuera de la cuestión salarial.
  2. Salud laboral: establecer la creación de Comités Mixtos cuando el número de trabajadores supere los 450 de jornada completa y/o el diagnóstico de las condiciones de trabajo así lo requieran. Actualmente hay conformados más de 90 CM. El impacto de esta política en salud y seguridad en el trabajo es altamente positivo, producto colectivo de los actores involucrados: gremios y Esto no hubiera sido posible sin el compromiso político serio, el empeño, el trabajo mancomunado y solidario.
  3. Invertir la lógica del aumento de la productividad a través de política monetaria o flexibilización laboral. Creación de un sistema de productividad por certificación de competencias y formación.
  4. Diseñar herramientas a efectos de proteger la negociación colectiva de la modalidad no registrada de empleo en plataformas y creación de regímenes de protección especiales en articulación con la
  5. Derogación del Impuesto al
  6. Igualdad salarial y condiciones laborales de hombres y mujeres. Diseñar, proponer y coordinar políticas que promuevan la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el trabajo y en el empleo. Adecuación de la LCT con perspectiva de género, licencias parentales, tareas de cuidado,
  7. Fomentar y propiciar la corresponsabilidad de las tareas de cuidado y del hogar para trabajadores y trabajadoras. Contribuir a la valoración y jerarquización del trabajo no
  8. Transversalizar la perspectiva de género que promuevan la equidad de género en programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
  9. Efectivización de los trabajadores/as contratados del sector público.
  10. Generar espacios de consenso y dialogo social entre los actores del mundo del trabajo para el diseño y aplicación de estrategias que construyan y consoliden políticas de equidad e genero e igualdad de oportunidades. Fortalecer la inserción, permanencia y ascenso de las mujeres en el mercado de trabajo es una herramienta imprescindible para lograr estos
  11. Impulsar cupo femenino en Directorios de empresas: La segregación por sexo en las funciones directivas, o paredes de cristal, también obstaculiza el ascenso de las mujeres a puestos de máxima responsabilidad. Actualmente en la mayoría de las empresas, las mujeres se encuentran en compartimentos específicos de la esfera gerencial, en áreas como recursos humanos, relaciones públicas y comunicación, finanzas y administración, mientras que en otras predominan los hombres: operaciones y ventas, investigación y desarrollo de productos, y gerencia Por lo tanto, el avance de la mujer a la cima no sólo se ve dificultado por los techos de cristal, sino también por las paredes de cristal. La prevalencia de estereotipos perimidos y de la cultura empresarial de predominio masculino ha preservado intacto el techo de cristal. Además, el fenómeno de las paredes de cristal dificulta a las mujeres reunir experiencias diversas y generales que las situarían en posición de candidatas a ocupar cargos gerenciales superiores

 

  1. Adecuar el régimen de licencias parentales en busca de la corresponsabilidad de las tareas de cuidado: Las licencias por maternidad, paternidad y familiares son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de las familias y de los niños a ser cuidados. Contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y las oportunidades a las que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida. El acceso al derecho al cuidado no es universal hoy en día en Argentina, sino que se encuentra estratificado y
  2. Aplicación real de “Ley de Cupo Sindical Femenino” (ley 674): En 2002 se sancionó la ley 25.674 conocida como “Ley de Cupo Sindical Femenino” que establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30 por ciento cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. Sin embargo, a dieciocho años de haberse convertido en ley, esta normativa está lejos de cumplirse o en muchos casos, al igual que ocurre con otros cupos que intentan revertir las desigualdades imperantes, estas legislaciones se convierten en un techo. Casi dos décadas después de su sanción, el cupo se vuelve insuficiente cómo forma de incorporación de una política feminista que rompa con la hegemonía masculina.
  3. Poner en marcha un sistema de información que permita disponer de datos actualizados y realizar diagnósticos sobre la situación de mujeres y varones en el mercado
  4. Promover acuerdos de precios y salarios en el marco que dinamicen el mercado interno y el poder adquisitivo de los trabajadores/as.

5.2  Hecho en Argentina: impulso a la industria nacional

El modelo económico macrista, de acuerdo a su sesgo financiero y primarizador, ubicó a la industria en el lote de los más sectores perjudicados. A lo largo del ciclo se perdieron más de 140.000 fuentes de empleo, un retroceso de 11,6% de la oferta laboral, si se compara con el año 2015. Este presenta una dimensión preocupante, en tanto se trata de empleos calificados, con salarios superiores a los de la media en hasta un 30% promedio, y que sin duda representan un retroceso en cuanto a procesos de agregado de valor.

Por otra parte, el uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero registró caídas inéditas, si se considera el periodo posterior a la convertibilidad. En 2019 el promedio de capacidad ociosa oscilaba el 40% para la industria en su conjunto, y ubicaba por encima de ese promedio (picos mayores al 60%) a la industria automotriz, textil y calzado, industria plástica y edición e impresión.

La caída a acumulada para la industria durante los 4 años de gobierno de Macri fue de 12,2%, top a nivel mundial para el período considerado, según lo publicado por los datos que reflejan las estadísticas que dependen de la ONU. Las exportaciones del sector también sufrieron un fuerte retroceso, por lo cual podemos afirmar que programa de la coalición de gobierno saliente no solo destruyó empleo y valor, sino que profundizó los déficits históricos de nuestra estructura económica.

 

La tedencia negativa que arrastró el consumo durante el período, implicó una merma en la evolución de ventas de las empresas que abastecen el mercado interno, y redujo sus márgenes de rentabilidad. Ese cuadro frenó la inversión privada y por tanto la creación de empleo.

Debemos adicionar a ello una política monetaria hostil con respecto a los capitales productivos, en dónde las tasas de interés fuertemente positivas, restringieron cualquier posibilidad de apalancamiento para el desarrollo de sus actividades. El coctel se completa con el incremento ajuste en el precio de tarifas, que impactó de lleno en la estructura de costos de las empresas industriales, con efecto en el incremento de precios y los resultados de los capitales.

La industria manufacturera en nuestra economía concentra casi el 20% del empleo formal y 32% de las exportaciones (sin contar manufacturas de origen agropecuario). Por lo cual se recuperación y fortalecimiento son indispensables para diagramar un sendero de desarrollo y crecimiento con inclusión social.

Existe un creciente número de empresas argentinas que han hecho de la innovación y del conocimiento el eje principal de sus negocios. A partir de un adecuado esquema de asociatividad con centros públicos, el sector privado podría potenciar aún más su desarrollo. Existe un amplio margen para que muchos sectores industriales transformen sus productos y procesos para competir en gamas más altas de bienes y servicios, incursionando en segmentos de mercados donde los costos pierden peso frente al protagonismo de otros atributos como el diseño, la calidad y la capacidad de atender necesidades específicas. De esta forma, por medio de la inversión, la actividad productiva se convierte en un factor dinámico con capacidad para sustituir importaciones, crear empleo y contribuir a forjar un proceso de desarrollo económico con inclusión social. La inversión pública no solo tiene efecto multiplicador sobre la demanda agregada y acelerador sobre la inversión privada. También impacta sobre la productividad, la creación de nuevos mercados y la competitividad internacional11.

Frente al actual escenario, se debe hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno, el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad y la generación de un excedente genuino de divisas a partir del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, innovadoras y exportadoras. Las políticas de desarrollo productivo deberán priorizar aquellos proyectos que generen un incremento de las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina. Entendemos como genuina a una sustitución de importaciones cuando el resultado neto de la sustitución implica un ahorro efectivo de divisas y la efectiva implementación de nuevas prácticas productivas y tecnológicas. Desde diferentes instrumentos financieros se deberá promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos que avancen en tal dirección. Se destaca la importancia de reconstruir la cadena de valor de todas las ramas priorizando aquellas que nos permitan sustituir importaciones, así como la promoción de la pequeña y mediana empresa, del sector cooperativo y la economía popular.

Existe, entonces, la necesidad de desarrollar políticas públicas específicas para atender este sector, posibilitando el crecimiento de los emprendimientos existentes y el desarrollo de nuevos, mejorando a la vez la productividad de los mismos, favoreciendo su integración a la producción y el consumo.

1.      Corto plazo

 

  • Azpiazu, , & Schorr, M. (2010). Hecho en Argentina: industria y economía, 1976-2007. Siglo XXI Editora Iberoamericana.

 

  1. Impulsar un esquema de financiamiento productivo a tasas subsidiadas orientado a las pymes y también bajo la forma de microcrédito para asistir a pequeñas unidades
  2. Atender las problemáticas inmediatas de las PyMes: endeudamiento, ruptura de cadena de pagos, dificultades para exportar,
  3. Suspensión de todas las importaciones de productos que puedan ser fabricados en el país y alentar procesos de sustitución de
  4. Implementar rápidamente una administración del comercio En el corto plazo regular las importaciones, en particular de bienes de consumo y vehículos terminados de manera tal de mejorar el saldo de la Balanza Comercial de nuestra economía.
  5. Desarrollar e impulsar un plan nacional de obras públicas orientado a fortalecer la demanda al generar una gran cantidad de puestos de trabajo en todo el territorio nacional, resolviendo problemas estructurales tales como la vivienda, la logística y la cuestión energética.
  6. Fortalecer la cooperación e intercambio entre organizaciones sin fines de lucro que componen la economía popular y solidaria, entre las organizaciones del campo sindical (federaciones y sindicatos, obras sociales y mutuales sindicales), las organizaciones históricas de la economía social (cooperativas y mutuales de consumo, salud, vivienda, crédito, servicios, etc.) y las organizaciones populares. El impulso al sector de la economía popular solidaria permitirá resolver de manera autónoma concretas necesidades

2.      Mediano plazo

  1. Políticas de estímulo hacia sectores con valor agregado que puedan orientar su producción hacia la exportación.
  2. Intervención estatal en la producción de bienes intermedios. Políticas de regulación orientadas a facilitar la producción local para sustituir insumos
  3. Federalizar la producción: avanzar en favorecer la industrialización de la materia prima, fundamentalmente la de origen agropecuario y minero, en el territorio en que se produce la misma, por empresas de capital y mano de obra nacional y cooperativas de trabajo. Diseñar el sistema educativo formal a fin de posibilitar éste objetivo
  4. Por la creación de Bancos regionales públicos orientados a las necesidades de financiamiento hacia la producción de cada Re provincialización de la banca.
  5. Por una Red Federal de la economía social, mediante empresas testigo estatal/cooperativas para desmonopolizar, aumentar la oferta, alcanzar el pleno empleo y apalancar las economías regionales terminando con la exclusión.
  6. Sancionar leyes que garanticen la reactivación de las economías regionales y garantizar el cumplimiento de leyes vigentes, direccionando la radicación de empresas en el interior del país tanto en el norte como en el sur, que signifiquen

mayor empleo, no despidos, ni aplicación de políticas antisindicales como sucedió en la década de los ochenta.

  1. Defensa, reactivación y pleno funcionamiento de las industrias estratégicas estatales como Fabricaciones Militares (como por ejemplo Altos Hornos Zapla), astilleros Río Santiago, FADEA, entre otras. Implementación y efectivo financiamiento de la ley de marina mercante e industria naval.

5.3  Por un desarrollo agroindustrial soberano

En la República Argentina la producción de alimentos está orientada hacia la maximización del agro negocio. Sus principales características son la concentración de la tierra y demás recursos (como el agua), expansión no planificada de las fronteras agropecuarias en desmedro de pequeños y medianos productores, desmontes de bosques nativos, monocultivos, utilización de insumos no nacionales12 (como semillas GM, fertilizantes, maquinaria, etc), uso y abuso de agroquímicos y demás productos que conforman el paquete tecnológico que acompaña a los cultivos genéticamente modificados (GM) sin el adecuado control de las autoridades sanitarias y políticas.

Se trata de un modelo que, librado a las reglas del mercado, afecta en forma directa y negativa cuestiones centrales que hacen al crecimiento y desarrollo económico, social y cultural del país.

En efecto, el agronegocio como modelo de producción, explosiona las posibilidades de crecimiento de las economías regionales, dificulta el acceso y tenencia de la tierra de medianos y pequeños productores, el arraigo territorial y las expectativas de realización personal en ámbitos rurales, razón por la cual nuestros jóvenes se ven tentados de emigrar a las ciudades en busca de oportunidades y nuestros campos paulatinamente se van despoblando sin la posibilidad de una renovación generacional.

Como ya se dijo, en muchos casos desconoce la importancia de la variable ecológica y ambiental en todo modelo productivo y de desarrollo nacional.

En la actualidad se torna necesario e impostergable avanzar en la utilización eficiente y racional de nuestros recursos naturales y energía, atento el carácter de no renovable de los primeros y la escases y altísimos costos que hoy implica la producción de energía, cuestión que se agrava ante el incremento constante de su demanda y la desinversión sostenida que ha padecido el sector en los últimos años.

Lo enunciado sólo es posible si tenemos la capacidad de replantearnos los principios concentradores de la tierra y el capital, sobre los cuales se desarrolló el escenario del sector agropecuario y agroindustrial en nuestro país a lo largo de toda su historia -salvo excepciones de períodos muy cortos- para luego generar nuevas Políticas Públicas de Estado con el objetivo centrado en diversificar la producción agropecuaria, impulsar la agricultura familiar, la agroecología, y revalorizar los procesos

  • Los avances en ciencia y tecnología, en especial en biotecnología, TIC y nanotecnología, en particular aquellos desarrollados en Argentina, abren nuevas oportunidades para transformar la actividad agropecuaria del país. La innovación y el conocimiento permiten superar falsos dilemas generando las condiciones para desarrollar esquemas productivos más diversificados y sustentables, alentar la oferta de servicios especializados y densificar la red de proveedores. Así, ampliar el conocimiento permitirá mejorar las estrategias de inserción en los mercados, aumentar el agregado de valor de su producción y mejorar su condición frente a las grandes empresas Por este sendero, Argentina seguirá fortaleciendo su liderazgo como productor de alimentos y de otros productos derivados de la agricultura con más valor en origen y una mayor cantidad de puestos de trabajo.

productivos ancestrales que muchos pueblos originarios aún conservan como custodios de un importante legado cultural a las generaciones futuras.

No puede desconocerse la preeminencia de la cual gozan en la actualidad las grandes empresas del sector agroindustrial, que redunda en una monopólica posición dominante en la producción y abastecimiento de materias primas y alimentos en nuestro mercado interno, como así también en la formación y manipulación de precios de los mismos.

La especificidad de la agroindustria con respecto a otros sectores industriales consiste en gran medida en el carácter biológico de la materia prima. Ello refiere a su condición estacional, la amplitud de variables climáticas que afectan la producción, y al carácter perecedero de la gran mayoría de sus productos. Estos aspectos plantean exigencias especiales tanto en lo que respecta a la organización de las actividades agroindustriales como a la base agrícola que produce los insumos. El impulso de toda la economía hacia la diversificación implica necesariamente buscar el mismo efecto en el sector agropecuario y agroindustrial, mediante lo que se conoce como tecnificación del agro, o la industrialización de la ruralidad. De esta forma, podemos recurrir a un número creciente de nuevas y variadas tecnologías que permiten incrementar el valor agregado en origen de la producción primaria, generar empleo genuino en comunidades rurales del interior del país y aumentar la productividad superando los límites de la agricultura tradicional.

Todo ello es posible fuera del modelo del agronegocio, pero nada de ello es probable sin una fuerte presencia del Estado (en todos sus estamentos) mediante políticas públicas destinadas a apoyar la producción, el empleo y el acceso al crédito con tales fines.

En función de la coyuntura económica y productiva del sector, es utópico pensar en un escenario que no los incluya. No es menos cierto su gran aporte en la generación de divisas (en su gran mayoría son comodities).

El desafío es obtener un sistema que logre la coexistencia de ambos modelos: aquel que logra divisas, con aquel que genera alimentos de calidad para la mesa de las y los argentinos, emplea mano de obra local y garantiza el crecimiento y desarrollo de las poblaciones rurales, no sólo desde el aspecto económico, sino también social y cultural.

Claro está, para lograr dicho cometido debe ponerse la atención en el modelo de agronegocio que, por características intrínsecas, es el modelo predador. (Verbigracia: limitar y penar severamente la tala de bosques nativos, los incendios intencionales, la expansión de las fronteras agropecuarias bajo cualquier modalidad cuando ello vaya en contra de pequeños y medianos productores, pueblos originarios, parques nacionales, reservas, etc.).

Sólo con condiciones reguladas en pos de un beneficio que exceda el particular, puede pensarse en una complementación armónica de estos modelos de producción agropecuaria que satisfaga nuestros mercados (interno y externo).

Asimismo, es necesario romper con la falsa dicotomía campo o industria que a lo largo de la historia se fue generando y los colocó como opuestos irreconciliables para gran parte de la sociedad. Lo mejor sería campo más industria. Hay que industrializar la ruralidad, tecnificar el agro. Ello incluye, además del acceso a maquinarias e insumos modernos y de calidad, brindar en ámbitos rurales ciertos “beneficios” que se obtienen en las ciudades, por ejemplo: buena conectividad a internet y servicios. Nuestros campos lentamente se van convirtiendo en “geriátricos” por la migración de jóvenes a las ciudades, que luego ya no regresan.

Una falencia histórica de la ruralidad es el empleo no registrado, o registrado en forma precaria o parcial (suele trabajar toda la familia) Tiene estrecha relación con la baja escolaridad de las y los niños y los altos grados de analfabetismo. De mínima deben implementarse planes de control con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Rurales, entre otras reparticiones públicas nacionales y provinciales (algo similar se realizó hasta 2015). Esto está directamente relacionado con lo dicho anteriormente en relación a dotar a los ámbitos rurales de servicios de conectividad, que hoy parecen una potestad exclusiva de los ámbitos urbanos (la pandemia dejó más expuesta que nunca esta realidad y si bien el gobierno tomó medidas en el asunto, deben profundizarse).

En relación a la situación del pequeño productor, este debe recuperar centralidad en el sector. Por un lado, a través de financiamiento que apuntalen su desarrollo tecnológico y le permitan mayor competitividad. Por otro, con políticas estatales que los beneficien, recuperando incluso algunas que han sido desmanteladas luego de 2015. A modo enunciativo, algunas de ellas: Monotributo Social Agropecuario, Ley de Agricultura Familiar (cuya reglamentación no llegó a dictarse), RENAF Y RENOAF.

Por supuesto, una demanda muy urgente e impostergable, como lo es una nueva ley de semillas en la República Argentina.

Se propone una política agroindustrial que reconozca la relevancia del sector para el país, pero que permita y fomente el acceso y desarrollo de nuevos actores; y nuevas y distintas actividades, las cuales deben, necesariamente realizarse de manera sostenible (ambiental, económica, social y cultural).

Uno de los ejes de la política agroindustrial, debería versar sobre el concepto de Soberanía Alimentaria vinculado al derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas, garantizando el derecho a la alimentación y a la producción de alimentos.

Se propone un modelo agroindustrial que incluya definitivamente a todos los actores del sector, no solo a los monopolios internacionales. Sentar sólidas bases de un nuevo modelo de producción agroindustrial que se apoye en los pequeños, medianos y grandes productores, en productores de la agricultura familiar, pymes y cooperativas agropecuarias (estos últimos, especialmente relevantes en las economías regionales) y también en los consumidores, siempre relegados.

Teniendo en cuenta la descripción anterior, para avanzar en una estrategia de desarrollo agroindustrial soberano, se sugiere:

1.      Corto plazo

  1. Resulta imperioso reducir los impactos ambientales generados por determinados procesos de producción agroindustrial, gasíferos y de minería, entre otros; velar por el cuidado del ecosistema en el que dichos procesos se llevan a cabo y a su vez, generar condiciones de desarrollo económico y social en las comunidades La creación de nuevos puestos de trabajo genuino, que garanticen condiciones laborales e ingresos dignos a los trabajadores del sector.
  2. Reforzar el rol del Estado, en particular, su presencia y competencia como regulador y ordenador de la actividad agropecuaria nacional y la comercialización de

 

  1. Recuperar programas desmantelados como el Monotributo Social Agropecuario, Ley de Agricultura Familiar (cuya reglamentación no llegó a dictarse), RENAF Y RENOAF, entre
  2. Posibilitar el acceso a Fondos Rotatorios para invertir en maquinaria o insumos, apoyo a organizaciones y/o cooperativas a regularizar su situación para poder ser sujetos de créditos (en colaboración con Banco Nación y demás banca pública), planes de titularización de tierras rurales para evitar desalojos,
  3. Fomentar el desarrollo de tecnologías nacionales (en particular provenientes del Sistema Nacional de Innovación y Tecnología, como INTA, CONICET) que permitan reemplazar insumos importados, industrializar la ruralidad y elevar las condiciones de vida de sus comunidades en el aspecto económico, social y

2.      Mediano plazo

  1. Establecer regulaciones adecuadas con fuerte peso del Estado como contralor (en cuya formulación tengan voz distintos actores con interés en la temática) para, por ejemplo, regular las aplicaciones de agroquímicos.
  2. Desarrollar políticas de ordenamiento territorial que regulen que tipo de actividades pueden realizarse en determinados
  3. Fomentar, con políticas públicas, regulaciones y prácticas, la agroecología.
  4. Abordar la problemática derivada del acceso y tenencia de la
  5. Fomentar el desarrollo de las economías
  6. Producción sustentable con el medio ambiente: Se hace necesario el uso eficiente y racional de los recursos naturales y la energía, por la escases de los mismos y los impactos ambientales generados por algunos procesos industriales, cuidando que no dañen el entorno y que permitan generar empleos con justas remuneraciones y buenas condiciones
  7. Sancionar una nueva ley de semillas para la República
  8. Establecer nuevos canales de comercialización de alimentos, garantizando abastecimiento y precios razonables en relación a costos de producción (no a intermediarios de la cadena, precios internacionales, etc.).

5.4  Energía

En Argentina, la eficiencia energética se ha mantenido, históricamente, como una deuda del sistema, observándose acciones aisladas en el sector privado y distintos planes y programas implementados a nivel gubernamental que no tuvieron continuidad. Sin embargo, el cambio del contexto energético nacional, evidenciado en los últimos años (cambios en los precios de la energía para los distintos sectores) y el posicionamiento ambiental del país estarían marcando un entorno propicio para diseñar e implementar acciones de eficiencia. Las mejoras sistémicas generadas a partir de la eficiencia energética impactan directamente en reducción de costos, incrementos de productividad, seguridad energética y reducción de gases contaminantes. Es por eso que el desarrollo de la eficiencia energética debe incorporarse como elemento inherente al desarrollo económico del país.

El nuevo paradigma del mercado de la electricidad, impulsada por los avances tecnológicos, crea desafíos de política. La generación distribuida de electricidad en combinación con las tecnologías de la información y de almacenamiento permiten una nueva forma de operación. El papel de las redes centralizadas tendería a reducirse en favor de mini-redes y otras soluciones fuera de la red. Se observa que la evolución del mercado es dinámica. La energía es un recurso estratégico para el desarrollo socio-productivo de un país. Argentina puede aprovechar las ventajas de la amplia matriz de fuentes renovables y no renovables, así como de los avances tecnológicos que permitan un consumo cada vez más eficiente. La rica tradición nacional en este campo, con ejemplos como los ex Laboratorios de Investigaciones de Activos Tecnológicos de YPF y la Comisión Nacional de Energía Atómica, constituyen una base de apoyo e inspiración para impulsar nuevos avances.

Por su parte, los aspectos particulares de la producción energética, ponen en valor la discusión acerca de la balanza energética, puesto de otro modo, la producción, el transporte y el consumo de energía en los encadenamientos de valor, ya que, al generar los mencionados encadenamientos de valor, consecuentemente el balance energético construye dos matrices, en un primer lugar la matriz eléctrica y luego la matriz energética. La matriz energética está construida a partir de los hidrocarburos y fundamentalmente del gas. Actualmente el principal objetivo en la agenda es el de potenciar fuertemente las energías renovables y en este marco, se ha estacado fundamentalmente el rol de la energía eólica que implicó inversiones de capital a gran escala, sector que ha sido favorecido por las políticas y garantías que le han otorgado los diversos marcos regulatorios en materia de precios y tarifas, de este modo, se logró alcanzar los estándares estipulados por la Ley.

La industria a lo largo de la historia en materia energética, se ha sostenido sobre la explotación de recursos fósiles -como lo son el biogás y la biomasa- priorizando estrategias de costos, los modelos de negocios y una industria instalada con larga trayectoria. Actualmente, en Argentina los debates por transiciones a usos de energía más sostenibles y formas de consumo que utilicen menos recursos, son objetivo del Estado y los organismos internacionales. El sector de las energías renovables13 se desarrolla con rapidez, por lo que las políticas y medidas de apoyo deben actualizarse permanentemente y basarse en información reciente. La planificación adecuada es necesaria para el desarrollo oportuno de las infraestructuras de red, la inversión en infraestructura y tecnologías inteligentes de almacenamiento y el desarrollo de marcos regulatorios. La creación de un entorno favorable a la inversión implica la reducción de riesgos, el diseño de productos financieros innovadores, adaptándose el apoyo del gobierno a las cambiantes condiciones del mercado y la transformación de los modelos de negocio de servicios públicos. Actualmente pueden obtenerse rendimientos promedio de entre el 6% y el 10% para la mayoría de los proyectos de energía renovable en los mercados desarrollados. Las políticas que promueven las energías renovables pueden abordar simultáneamente los objetivos económicos, sociales y medioambientales. Por lo que, si bien puede resultar motivación suficiente para trabajar en este sentido la necesidad urgente de un cambio de actitud para mitigar el cambio climático, la evaluación de políticas que promuevan las energías renovables puede realizarse con un enfoque amplio e integral. Tal enfoque permitirá evaluar la

  • En comparación con la generación de energía fósil, las tecnologías de energía renovable tienen una alta incidencia de costos de capital iniciales por sobre los costos de operación, haciendo la viabilidad de tales proyectos particularmente sensibles al costo del

contribución de las energías renovables a objetivos estratégicos de un país o región, económicos y sociales14.

De este modo, los principios hacen referencia a los principales compromisos asumidos por la República Argentina en términos de asequibilidad y acceso a la energía, así como a los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y a la búsqueda de sistemas energéticos más limpios, más flexibles y más transparentes. Diversas leyes dan cuenta de la ratificación de los compromisos que ha asumido nuestro país en materia de cambio climático, los cuales contribuyen a su vez con los distintos objetivos establecidos en diferentes foros, convenciones, protocolos y a los acuerdos alcanzados en el marco del Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas de G20 (ETWG, por sus siglas en inglés).

Asimismo, estos compromisos establecen las líneas directrices que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar escenarios energéticos a futuro. Asimismo, en el marco de los acuerdos y compromisos internacionales asumidos por el país se llevó adelante un proceso de diálogo con participación de la sociedad civil con el objeto de construir una visión compartida de la transición energética argentina al año 2050. También se deben considerar las condiciones naturales con las que cuenta el país. En este sentido, Argentina cuenta con un potencial enorme en términos de energías renovables no convencionales. La región patagónica y el sur de la Provincia de Buenos Aires son propicias para la instalación de parques eólicos dada la calidad de sus vientos, mientras que el NOA presenta el mayor potencial para la instalación de parques fotovoltaicos debido a la calidad de las radiaciones. En la búsqueda de la transformación de la matriz energética argentina, se debe tener en cuenta la explotación de hidrocarburos como un complemento y no como competencia de las energías renovables dado que la transformación del sector energético lleva tiempo y recursos. La falta de hidrocarburos para abastecer la industria y el consumo de los hogares por genera en Argentina impactos macroeconómicos de magnitud que hacen peligrar un proceso de transición justo y ordenado.

El sector hidrocarburífero, además de ser clave en términos estratégicos, tiene enorme implicancia en términos impositivos, fiscales y de balanza comercial, además de la gran cantidad de empleo genera. En este sentido, la explotación hidrocarburífera debería ser potenciada para evitar la salida de divisas por importaciones y, eventualmente, generar saldos exportables y consolidar un sector exportador alternativo al agropecuario. Debe tenerse en cuenta que, en 2014, debido a la declinación de la producción de gas convencional, Argentina presentó un saldo negativo en la balanza comercial de gas de casi 5.800 millones de dólares que agravó el problema de la restricción externa. En términos fiscales generó un incremento de las erogaciones por parte del Estado Nacional para subsidiar el gas importado de Bolivia y el GNL (gas natural licuado). La explotación de Vaca Muerta, hoy posible gracias a la expropiación de YPF, a los planes de incentivo a la inversión y a la enorme disponibilidad de recursos15 permitió ir revirtiendo esta situación.

  • Pendón, M. M., Williams, E. A., Cibeira, N., Couselo, R., Crespi, G., & Tittonel, M. (2017, May). Energía renovable en Argentina: cambio de paradigma y oportunidades para su desarrollo. In IV Jornadas de Investigación, Transferencia y Extensión de la Facultad de Ingeniería (La Plata, 2017).
  • Argentina se encuentra en el segundo lugar entre los países con mayores recursos técnicamente recuperables de gas No

Convencional después de China, y en cuarto lugar entre los países con mayores recursos de petróleo No Convencional después de Rusia Estados Unidos y China según EIA (Energy Information Administration)

Así, mientras se va avanzando en la reestructuración de la matriz energética, tarea que llevará varios años, la explotación de Vaca Muerta deberá ser parte indispensable de una política energética integral a futuro.

1.      Corto plazo

  1. Energías Renovables: Definir las nuevas condiciones contractuales para los proyectos de energías renovables que quedaron en suspenso luego de la crisis financiera de 2018 y continuar con las licitaciones para lograr el objetivo definido en la ley 27.121 de 2015 en la que se estableció una meta de llegar al 20% de la generación de energía eléctrica en base a fuentes
  2. Producción de gas: Incrementar los volúmenes de gas de los yacimientos No Convencionales resulta imperioso para el abastecimiento del mercado interno y evitar salida de divisas por Actualmente el 40% del gas consumido en Argentina proviene de los yacimientos No Convencionales (principalmente de Vaca Muerta) y seguirá en aumento porque los yacimientos Convencionales están en agotamiento. El sostenimiento de los planes de estímulo (como el Plan Gas 4) resulta clave para sostener la actividad en Vaca Muerta.
  3. Exportación de crudo: potenciar la exportación de crudo para la generación de divisas resulta clave en el corto plazo porque la infraestructura ya está disponible (oleoductos y terminales de exportación). La exportación del crudo Escalante (el petróleo que se extrae del Golfo San Jorge) aparece como una oportunidad por ser muy demandado debido a su bajo contenido de azufre.
  4. Subsidios energéticos: Se deberá encarar un esquema de subsidios focalizados a los sectores de bajos recursos y no en forma generalizada para hacer más eficiente la erogación fiscal. Esta tarea requerirá un entrecruzamiento minucioso de bases de datos de distintos organismos del Estado. La segmentación geográfica resultó no ser un mecanismo eficaz para diferenciar quienes requieren subsidios y quiénes
  5. Potenciar el desarrollo sustentable de la actividad del sector minero en general e incrementar su participación en el Producto Bruto Interno. Promover inversiones en la exploración y explotación del litio (Argentina posee una de las mayores reservas de litio del mundo junto con Chile y Bolivia). El litio se utiliza como uno de los insumos principales para la fabricación de baterías con potencial de demanda creciente por la revolución del transporte eléctrico. YPF debería ser un actor principal en la explotación de estos yacimientos.
  6. Avanzar con los proyectos hidroeléctricos en marcha para sostener la participación de este tipo de energía en los próximos años. Las fuentes de mayor crecimiento deberán ser las renovables por el bajo impacto ambiental (eólica, solar, biomasa).
  7. Mejorar la eficiencia en la segmentación de los usuarios, actualmente existen grandes usuarios consumidores de energía eléctrica, térmica y de gas que podrían responder al mercado de una manera más En paralelo, existe una segmentación que no es efectiva en lo que respecta a usuarios residenciales y comerciales, será necesario focalizar en este sector, a efectos de mejorar las tarifas.
  8. Desde el punto de vista de diversificación de la matriz, en el marco de las energías renovables, a efectos de introducir modificaciones en la matriz energética será necesario promover inversiones para las tecnologías asociadas a las pequeñas empresas de energía hidráulica locales.

2.      Mediano plazo

  1. Exportación de Gas: La exportación de gas aparece como una oportunidad a mediano plazo porque, a pesar de que el recurso está disponible en Vaca Muerta, se requieren ciertas obras de infraestructura como gasoductos y plantas La posibilidad de exportar gas de Vaca Muerta a Chile (por gasoducto existente) y a Brasil (se requiere la construcción de un gasoducto) son oportunidades que le país debería impulsar. Por otro lado, la exportación de gas natural licuado (GNL) aparece como una oportunidad dado que los valles de consumo en Argentina coinciden con los picos de consumo en el hemisferio norte.
  2. Obras de infraestructura en Vaca Muerta: Avanzar con las obras de infraestructura para explotar al máximo el potencial del La ampliación de gasoductos y el proyecto del tren a Vaca Muerta son proyectos indispensables para seguir bajando los costos y hacer viable la salida exportadora de hidrocarburos.
  3. Avanzar con la electrificación de la matriz energética: Asociado a esto, seguir impulsando, mediante distintas políticas implementadas desde el Estado, la incorporación de potencia de generación en base a energías renovables (eólica y solar) para lograr reducir la emisión de gases de efecto
  4. Implementar normativas tendientes a la eficiencia energética y que con la participación del INTI se desarrollen estándares de calidad para edificios, automóviles, viviendas y la infraestructura del aparato estatal. Mediante estas políticas se deberá bajar la relación entre el consumo energético y el crecimiento del PBI del país.
  5. Avanzar con planes para la incorporación de energía distribuida para bajar la necesidad de subsidios por parte del Estado y mejorar la eficiencia del sistema (se requiere menor infraestructura de transporte).
  6. Terminar la IV Central Nuclear y definir un plan de incorporación de potencia a largo plazo con transferencia tecnológica por parte de los países que otorgan el
  7. Avanzar con el desarrollo de la producción de hidrógeno verde (generación de hidrógeno a partir de fuentes renovables). Esto es clave porque no todos los procesos se pueden electrificar fácilmente (como el transporte aéreo y procesos industriales que requieren gran generación de calor). Ahí es donde aparece el hidrógeno como alternativa a los combustibles de origen fósil. La Patagonia aparece como una región apta para este tipo de desarrollos por el potencial de la energía eólica.
  8. Diseñar un plan estratégico que genere sinergias entre las nuevas usinas atómicas a desarrollar en Atucha (dos nuevas a largo plazo) y otra nueva en Rio Tercero, sumando las nuevas obras hidroeléctricas en curso y en pleno aprovechamiento de la energía eólica y
  9. Desarmar mecanismos que profundizan los problemas del cambio climático: en primer lugar, el uso indiscriminado de combustible fósil para cambiarlo hacia una matriz energética basada en tecnologías de energías renovables como el biodiesel, biogás, eólica, mareomotriz, biomasa y geotérmica.

5.5  Minería al cuidado de nuestros recursos

La actualidad económica Argentina, pone en el tapete las industrias exportadoras a la Minería. Poco se sabe de los avances que este sector viene realizando en pos de alcanzar un grado de sostenibilidad tal, que se convierta en y sea visualizada como, una actividad extractiva responsable. Hoy en día las variables económicas y sociales se deben incorporar imperiosamente a este sector que se caracteriza por el largo plazo, por el capital intensivo, por el alto riesgo, por el largo período de espera de rentabilidad y de retorno del capital y el alto efecto multiplicador.

La minería responsable supone un cambio cultural inspirado en la ética. Quienes operan en el sector deben tener incorporado en sus conductas el empleo de las mejores prácticas y la aplicación de los estándares más altos y principios a nivel global. La Argentina es pionera en América Latina en implementar un programa que justamente promueve los valores que hemos señalado. El Código Minero tiene incorporado como novedad dentro de la legislación de recursos naturales, la Ley 24585 del año 1995, que es una ley específica para la minería, enmarcada en una política federal establece que las verdaderas autoridades de aplicación son las provincias. Consecuentemente, toda la legislación ambiental existente y conexa con la minera, es también de aplicación diversa en las diferentes jurisdicciones.

Por otra parte, el impacto ambiental de la actividad minera tal como se la practicó en la historia reciente hace necesario un relevamiento exhaustivo de los efectos acumulativos sobre poblaciones y recursos naturales. La ley 24585 estipula entre sus muchas disposiciones, la presentación del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo e ineludible para el comienzo de las actividades de exploración y explotación de las minas. Estos estudios son una herramienta fundamental en la construcción de variables económicas, ya que comprende todo el espectro desde la búsqueda del mineral hasta el cierre y post cierre de la mina. En esta clave, Argentina abre un escenario de modernización y regularización del sector.

Desde el año 2016 la cámara que agrupa a las empresas mineras (CAEM) ha implementado “Hacia una Minería Sustentable”, una iniciativa clave en convenio con la cámara minera de Canadá, siendo la adhesión a tal programa, una condición de membresía. El sector ingresa de esta manera en una nueva etapa, en donde promueve nuevos compromisos en la actividad. Conforma un conjunto de herramientas e indicadores que sirve para propulsar el desempeño y garantizar que los principales riesgos de la minería se administren de forma responsable. Su objetivo principal consiste en permitir que compañías mineras cumplan con las necesidades de la sociedad en cuanto a minerales, metales y productos relacionados con la energía de la manera más responsable en términos sociales, económicos y ambientales. Actualmente, el sector tomó la iniciativa de la industria extractiva expresando sinergia entre diversos organismos que componen el sector, como lo es la Secretaria de Energía, Secretaria de Minería, AFIP y Jefatura de gabinete en conjunto con CAEM, YPF y organizaciones de la sociedad civil gobernanza y monitoreo de indicadores de sustentabilidad de lo que es las actividades extractivas y el desarrollo sostenible posible

Es posible abordar la particularidad del sector desde dos bloques analíticos: el comercio exterior y la generación de empleo directo e indirecto. Por un lado, Argentina exporta carbonato de litio y cloruro de litio, dos productos primarios, sin ningún valor agregado. Por industrialización se entiende transformar materias primas en productos de mayor valor agregado. En la región, Argentina, junto con Bolivia y Chile, concentran casi el 85% de las reservas mundiales. De este modo, emerge la necesidad de aprovechar este recurso natural, pero a partir de un proceso productivo que le aporte valor agregado. Desde este enfoque se pretende desarrollar una industria que incorpore tecnología y conocimiento, genere numerosas fuentes de empleo y cumpla con una necesidad básica: el acceso a la energía. En este sentido, es importante destacar que actualmente el sector minero impulsa el 78% de las exportaciones provinciales, promueve el desarrollo local y genera más de 20.000 puestos de trabajo directo, si contamos otras actividades mineras que contempla el Código Minero el número se incrementa y se trata de 40.000 puestos de trabajo.

La continuidad del desarrollo para que este trascienda la vida de la mina, acompañado por la trasparencia en los actos de las empresas y el respeto de las instituciones locales, así como el dialogo temprano, son las vías para que la confianza y la participación adecuada en los beneficios del progreso minero, hagan que la minería sea una oportunidad de progreso integral, superando la situación de confrontación que ha marcado buena parte de los recientes desarrollos mineros. El desarrollo sostenible, constituye de esta forma no solo el camino de la equidad sino también el de la viabilidad del proceso minero. Es fundamental destacar la iniciativa de mirar a la minería a largo plazo y su articulación contemplando la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Una mirada trasversal que está atravesada por la discusión de la licencia social.

Uno de los desafíos tiene que ver con aumentar las exportaciones, el desarrollo federal, estructurar planes de desarrollo a largo plazo sobre el alcance de la minería centralizado en dos elementos fundamentales, desarrollar una minería en Argentina que sea sustentable y responsable. Estamos convencidos que se puede hacer y requiere planificación estratégica y compromiso del sector empresarial, sindical y del sistema científico tecnológico nacional.

1.      Corto plazo

  1. Impulsar la minería, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, financiamiento, participación social, estimulo del desarrollo de los territorios, reducción del impacto ambiental y social de las actividades mineras, con la finalidad de incrementar el producto interno bruto, convirtiéndose en una fuente importante de recursos para el cambio de la matriz productiva de forma que permita enfrentar los desafíos que el país tendrá en los años
  2. Diseñar un esquema de trabajo sistemático que promueva la generación de cadenas de valor mineras focalizando de forma bidireccional específica el caso que comprende a la megamineria y a la minería del litio, ambos sectores presentan grandes posibilidades de expandir la cadena de valor. Es necesario generar valor agregado y valor agregado de
  3. Promover el desarrollo de la actividad minera en oportunidades de desarrollo integral de las personas y las comunidades fortaleciendo la asistencia espontánea a productores y pequeñas y medianas Empresas (PyMEs) En este sentido,

 

potenciar la Cadena de Valor Minera acompañada por el desarrollo Estratégico del Capital Físico, generará una fuente inagotable de empleo.

2.      Mediano plazo

  1. Impulsar la transparencia en el accionar de las empresas mineras acompañada por la responsabilidad de los
  2. Articular la gobernanza en compromisos internacionales, regionales, provinciales y locales, fortaleciendo la agenda internacional.
  3. Contribuir a la preservación ambiental, ejerciendo la supervisión establecida por la Ley Nº 24.585 y garantizando el uso sustentable y sostenible de los recursos Reformulación de las políticas extractivitas en el campo y la minería para reemplazarla por otras no contaminantes e inclusivas a favor de los pequeños productores.

 

6.    Política exterior soberana

En los últimos años estamos asistiendo al fin del orden unipolar en el sistema internacional y a la paulatina emergencia de un sistema multipolar con un mayor número de actores clave, conducente a una creciente tensión, porque las modificaciones en las hegemonías y en las relaciones de fuerzas no se dan sin conflictos y tensiones. La revolución tecnológica está transformando de manera irreversible nuestras sociedades, con un fuerte impacto en el modelo productivo, en el mundo del trabajo, en lo social y cultural, a la vez que modifica la forma en que se construye, se acumula, se ejerce y se difunde el poder, afectando las relaciones entre los Estados. Este nuevo escenario en conformación nos desafía a pensar una política exterior distinta que nos permita relacionarnos con todos los países del mundo bajo la premisa de una clara defensa de la soberanía, el interés nacional, la integración regional y el multilateralismo.

Se deberá retomar una política de respeto del derecho internacional, así como promover la democratización del Sistema de Naciones Unidas e impulsar una agenda del desarrollo sustentable, entendiendo que democracia, desarrollo y derechos humanos conforman un trinomio indisoluble que forma parte de las políticas fundamentales de las naciones más justas. La Argentina tiene que volver a ser un miembro activo en los foros multilaterales para alcanzar consensos y soluciones sobre temas como el tratamiento del fenómeno migratorio, la trata de personas, la igualdad de género, la defensa del uso pacífico de la energía nuclear, el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado y los efectos del calentamiento global. Esta indisolubilidad de lo que el “afuera” permite y el “adentro” piensa, prioriza, crea, administra, gobierna legítimamente, se convierten en una fórmula de cálculo permanente para determinar las posibilidades de acción de los estados en un ámbito descentralizado como es el orden internacional16.

Hoy nuestra región atraviesa un proceso de “desintegración regional” que favorece a los grupos económicos más concentrados y debilita la democracia y el Estado de Derecho. La pérdida de centralidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) y su debilitamiento político e institucional, la virtual parálisis de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el intento de

  • Colacrai, (2019). Perspectivas Teóricas, Relaciones Internacionales y Política Exterior en Argentina. Devenir y situación actual. Estudios internacionales (Santiago), 51(194), 113-130.

 

destrucción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) contribuyen a una creciente intrascendencia de la región a nivel global que agudiza la dependencia y la pérdida de autonomía. La integración regional y la relación estratégica con nuestros vecinos, en especial con Brasil, es una de las claves para alcanzar un desarrollo sustentable. Debemos multiplicar nuestros esfuerzos para que el debate por la integración, la defensa de la producción nacional, las economías regionales, la promoción de las exportaciones y el incremento de su valor agregado sea una tarea que se coordine entre las distintas fuerzas sociales, económicas y políticas que aspiramos a construir un país más justo e inclusivo.

Resulta imperioso recuperar una voz propia y soberana en nuestras decisiones internacionales para construir una política exterior al servicio de un modelo de desarrollo que contemple el bienestar de las mayorías. Una política que tenga como ejes fundamentales la defensa y promoción del trabajo argentino, la apertura de nuevos mercados, la integración regional, relaciones bilaterales equilibradas y la promoción de acuerdos en materia de cooperación científica y tecnológica. Una política que recupere el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos y la soberanía e integridad de las naciones.

En este sentido, la búsqueda de mayor participación por parte de Argentina en el BRICS, resulta una estrategia a perseguir a fin de coadyuvar al establecimiento de un mundo multipolar y, a la vez, confirmar las relaciones comerciales con este bloque. Los países del BRICS representan en la actualidad un bloque que converge entre las economías avanzadas y emergentes, comenzó a reunirse como lo hacen el resto de los bloques formalmente constituidos, para debatir las grandes cuestiones que aquejan a la economía de estos tiempos. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son los actores importantes de los mercados emergentes en la economía global y sus perfiles de innovación son importantes para el crecimiento económico de los países individuales y del bloque, pese a las reticencias de quienes consideran insuperable la evidente heterogeneidad cultural, social e incluso política del grupo. En miras a motivar una mayor transparencia de acciones que promueven estos organismos, es fundamental que se confiera un carácter formal a la constitución del mismo, que a su vez contemple posibilidades de adhesión de otras economías que mantienen fuertes relaciones comerciales estratégicas con los países que son parte actual de este bloque. La idea de BRICS Plus, o miembros adicionales para unirse a la organización es una muestra de que la misma no debe ser estática. Argentina es uno de los socios comerciales y económicos más antiguos que tiene Rusia; China constituye el segundo destino de las exportaciones argentinas, y a su vez, ocupa el segundo puesto como proveedor de bienes intermedios y de capital, entre otros. India es un mercado en crecimiento y con un gran potencial para Argentina. Las exportaciones argentinas a Sudáfrica se concentran especialmente en productos agropecuarios. La mayor parte de las ventas externas de Argentina y Sudáfrica se relacionan con sus recursos naturales y manufacturas.

1.      Corto plazo

  1. Respeto y cumplimiento de la Constitución Nacional que establece igualdad de derechos a todos los que habiten el suelo argentino y contra toda forma de xenofobia y discriminación.
  2. Promover una posición internacional soberana e integracionista: ratificando y profundizando la inserción internacional, promoviendo el protagonismo del país en el impulso del multilateralismo y la resolución pacífica y justa de los conflictos
  3. Reconstrucción de las instituciones soberanas sudamericanas, como el UNASUR, CELAC y Mercosur
  1. Denuncia ante organismos internacionales por las falsas denuncias y estigmatización de líderes políticos y sociales en la Patria Grande
  2. Rechazo a los tratados de libre comercio y muy especialmente al tratado del Mercosur con la Unión Europea que pone en serio riesgo el empleo y la producción nacional. Rechazo de TISA, TPP y TIPP.

2.      Mediano plazo

  1. Ingreso formal al bloque de los

 

7.         Infraestructura para la competitividad

7.1  Tierra y hábitat

El ordenamiento territorial debe ser considerado una función pública, legitimando que el Estado tenga la obligación de asumir un rol activo ante los actores de mayor poder económico a fin de garantizar los derechos de la comunidad y, en especial, de los sectores populares. Vale mencionar que, los organismos internacionales de derechos humanos han comenzado a alertar hacia los últimos años, sobre los efectos negativos que conlleva la falta de regulación del mercado inmobiliario y de los agentes financieros que intervienen en él. Es fundamental sumar la atención a los modos capilares en los que el Estado durante los últimos cuatro años de Cambiemos, en su inercia burocrática y priorizando el negocio económico, ha actuado de manera funcional a las iniciativas del mercado, en desmedro de toda consideración por los derechos humanos.

La gestión de Cambiemos redujo año a año el presupuesto destinado a solucionar esta problemática. Casi cuatro de cada 10 niños habitan en ambientes precarios y tres de cada 10 no tiene un servicio sanitario en condiciones17. Más del 10 por ciento de los hogares presentan situaciones irregulares de permanencia. Asimismo, es factible observar las consecuencias directas del desfinanciamiento a las políticas públicas en materia de vivienda en el actual déficit habitacional de 3,8 millones de viviendas.

Actualmente, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) se censaron 4.600 barrios populares en los que viven 5 millones de personas sin servicios básicos ni condiciones adecuadas de vida. La falta de regulación de los mercados inmobiliarios en un contexto de inflación y creciente desempleo durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, ha producido nuevos fenómenos que aportan gravedad a esta situación, como la inquilinización de la ciudad, la concentración de la propiedad de inmuebles y una fuerte polaridad entre quienes poseen viviendas ociosas dedicadas a la especulación financiera y quienes duermen en la calle (mil niños solo para la Ciudad de Buenos Aires en julio 2019). La producción de datos permite detectar la creciente inversión en inmuebles con fines especulativos, que terminan elevando el precio e imposibilitando que la mayoría de los habitantes accedan a una vivienda, ya sea por la vía de la compra o el arrendamiento. Regular la ociosidad de los

  • Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de 2019: “El presupuesto para los programas de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se redujo en términos reales un 47 por ciento entre 2018 y 2019.”

 

inmuebles debe ser parte de una política integral de hábitat que proteja los derechos de los habitantes.

La grave emergencia habitacional actual es el resultado de la combinación del impacto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19, las políticas implementadas en los últimos años que agravaron la pobreza, el desempleo, la desigualdad y el crónico déficit de las condiciones de vida en los barrios populares. La falta de acceso a la tierra, a la vivienda y a los equipamientos urbanos básicos, las condiciones inadecuadas de las viviendas, la reducida y desigual cobertura en la provisión de servicios públicos (y especialmente de agua potable), la degradación de los espacios colectivos y la pérdida de empleos e ingresos familiares, evidencian un conjunto de problemas estructurales que afectan a las y los pobladores de los barrios populares y asentamientos de todo el país aunque su expresión más cruda se visibilice en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La dimensión y gravedad de la crisis actual configuran una situación particular que solo puede ser enfrentada con medidas urgentes y excepcionales al tiempo que debe promoverse una profunda revisión de las causas sistémicas que están en su origen. En especial, de aquéllas normas e intervenciones que, por acción u omisión, configuran formas de producción y reproducción del hábitat que tienen una dinámica especulativa que viola sistemáticamente el derecho humano a una vivienda digna y el cuidado de lo común. De tal forma, se hace necesario avanzar con medidas alejadas de cualquier atisbo de austeridad y de restricción del gasto público porque lo que está en juego es la vida de las personas.

El reto que asumió el gobierno de Alberto Fernández al crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es el de generar políticas públicas integrales que apunten a mejorar las vidas de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles una vivienda. Las necesidades más urgentes de gran parte de la población requieren de medidas estructurales como la regulación del régimen de tenencia de la tierra y del precio del suelo y el control del sistema financiero e inmobiliario.

Garantizando el derecho a la vivienda propia y a la materialización de las capacidades de cada persona. Se promueve un programa de reformas inclusivas

1.      Corto plazo

  1. Es necesario avanzar hacia un proyecto de impuestos progresivos a las viviendas y terrenos urbanos ociosos que no son volcadas al alquiler de manera tal de garantizar una baja en el precio de los alquileres y de la compra de propiedades.
  2. Se deberá implementar un plan de construcción solidaria de viviendas populares y urbanización integral de villas y asentamientos que genere trabajo genuino a los desocupados, dando prioridad de trabajo a los vecinos de los barrios a urbanizar y con salarios equivalentes a los correspondientes a los convenios colectivos de trabajo. Restablecer el programa federal de emergencia habitacional.
  3. A la par, implementación de un fuerte programa vinculado al mejoramiento del hábitat: regularización dominial, acceso a servicios públicos, garantía de acceso a servicios sociales barriales (escuelas, clubes).
  4. Potenciar la producción de materiales de construcción con criterio regional.
  5. Creación de un Banco de tierras para su uso
  6. Impulsar la urgente creación y puesta en funcionamiento de centros de atención y resolución de conflictos relacionados tanto a la vivienda y la tierra como los previstos en el título IV de la nueva ley de alquileres. Esto demanda la necesaria articulación federal tanto con los poderes ejecutivos como legislativos provinciales. Para ello, en simultáneo, deben destinarse medios técnicos, de difusión y capacitación a todas las áreas del Estado con intervención en la materia, a fin de acercar a la ciudadanía un efectivo acceso a la tutela de sus derechos, especialmente durante esta El poder público, en sus tres niveles, nacional, provincial y local, debe hacerse presente, en su rol de garante, mediando en estos conflictos.
  7. Establecer acciones en coordinación con las provincias y municipios para las personas en situación de calle: disponer de habitaciones en hoteles y otros inmuebles adecuados y ampliar la capacidad y mejora de las instalaciones para el albergue Además, es necesario adoptar medidas específicas de cuidado y prevención para aquellas personas que no se acercan a los establecimientos y permanecen viviendo a la intemperie.

2.      Mediano plazo

  1. Desarrollar un conjunto de acciones para atender las necesidades inmediatas de urbanización básica y de mejora de viviendas de asentamientos y barrios populares, el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios de cuidados y producir suelo equipado para lograr la ampliación de la oferta de lotes aptos en conjunto con las diferentes
  2. Priorizar el acceso al agua potable, el tendido de red cloacal, electricidad y gas en la obra pública en los niveles municipal, provincial y nacional. Legislar que el acceso a la electricidad, gas y agua potable sean derechos humanos fundamentales.
  3. Promover la radicación de familias en la Argentina en las regiones de baja densidad poblacional mediante una política de desgravamiento impositivo industrial y facilidades de acceso a la tierra.
  4. Arraigo rural con movilidad social ascendente: la conectividad nos da la posibilidad de desarrollar federalmente cada localidad del país, no solo desde el punto de vista productivista sino desde la integridad social organizada, en términos de salud, educación, capacitación, violencia de género, cultura, esparcimiento, entre

7.2  Logística y transporte

El sector del transporte en Argentina es envidiable en comparación a cualquier otro en América Latina y de muchos países del mundo. Tiene la octava red ferroviaria mundial en extensión, uno de los primeros trenes subterráneos mundiales, una red vial interurbana cuyo 90% está pavimentado, una red de puertos importantes y servicios de transporte urbanos en capital y las ciudades que no sufrió el flagelo desregulatorio de los años 80 como sucedió en la mayoría de los países latino americanos.

Por ello y por el rol esencial que juega el transporte como integrador territorial, como punta de lanza al quiebre de desigualdades territoriales, como costo principal en los costos logísticos empresariales, es que debe ser un activo a defender y desarrollar.

El sector padece de un esquema regulatorio contradictorio, parte de los subsectores están descentralizados a los municipios y provincias, y algunos se mantienen en la órbita nacional. Ello, además, acompañado de regulaciones de corte liberal instaladas en los años 90 y extendidas con el gobierno macrista, y otras con un intento de volver a mayor regulación. Este rompecabezas impide entender el rol que se le quiere dar al sector del transporte interurbano, en particular el ferroviario, marítimo y aéreo, y pone en jaque la idea de derecho a la movilidad en el sector urbano de pasajeros.

Algunas consideraciones sub-sectoriales Marítimo/portuario

El sector portuario está regido por la ley 24093 de 1992, que en esencia estipula que la actividad portuaria no es ni un acto de gobierno ni corresponde ser insertada en el derecho público o la actividad administrativa, sino que es propia y esencialmente una actividad productiva. A su vez, en esta ley se descentraliza la actividad de habilitación y gestión portuaria a las Provincias.

Lo que esta ley produjo es una proliferación de puertos privados para sacar la producción cerealera en el litoral, facilitando parte de la cadena logística a los grandes exportadores los cuales son todos dueños de terminales portuarias. Estos puertos son casi de mono actividad y en muchos casos sacan producción de pocas empresas.

A su vez, esta lógica ha creado un litoral de más de 100 km en Santa Fe, que, por su dispersión, debe ser proveído por transporte por camión, dejando al ferrocarril en desventaja. La dispersión genera, por lo tanto, una ineficiencia del transporte interno notable. Haciendo obsoleto un activo, el ferrocarril, que puede transportar mayores cantidades a menor costo y externalidades.

Los modelos de privatización y desregulación de la actividad portuaria, en otros países, no han seguido este modelo. Más bien las concesiones han sido de actividades o terminales dentro de los recintos portuarios.

El transporte marítimo está dominado por 6 empresas mundiales que, cuando lo necesitan, se cartelizan, y cuando no el costo por TEU transportado tiene que ver con la cantidad de carga que levantan en un puerto determinado. Así, el costo del TEU de Argentina a EEUU debe rondar los 3000 US$, cuando ese costo debe rondar los 1500 US$ desde China. Más allá de pensar en generar una flota nacional, la única manera de reducir los costos de transporte marítimo es concentrando y no dispersando la carga.

Ferroviario

El sector ferroviario, adoptó en 2005 el marco regulatorio liberal europeo, de separación vertical: separación de la inversión y gestión de los activos físicos, de la operación. Este marco surgió a comienzos de los 80 en el Reino Unido de Margaret Thatcher, luego se impuso en el resto de Europa, vía la Unión Europea, a veces a regañadientes de los gobiernos, sin que haya tenido un éxito significativo.

La entrada de empresas operadoras a competir con la empresa monopólica, se ha llamado Open Access. Es algo que está bajo estudio en Argentina. Los inconvenientes son los siguientes: primero hay pocas experiencias exitosas en el mundo, y la mayoría son de pasajeros. El transporte de carga tiene otras características muy distintas. La reforma está pensada para que participen empresas de transporte que con un know-how especializado mejorarían la eficiencia de la operación. En Argentina, sin embargo, las empresas que quieren participar son empresas dadoras de carga, en otras palabras,

las exportadoras de cereales que así completarían su cadena de valor prácticamente al producir, acopiar, transportar y tener los puertos para sacar la carga.

Los inconvenientes son múltiples: se reforzaría la posición dominante de las cerealeras que tendrían un instrumento para generar competencia desleal con los demás productores, estas empresas tendrían poco incentivo para mejorar la infraestructura ferroviaria ya que pueden obtener mayores ganancias por tonelada comercializada en el transporte marítimo o en otra parte de la cadena. Habría muy poca posibilidad desde el Estado de hacerles cumplir con las exigencias de estándares de la infraestructura y servicios. No es el modelo ideal para mantener o desarrollar la infraestructura ferroviaria.

En cuanto al ferrocarril de pasajeros, los mejores ejemplos son europeos, pero a diferencia de la Argentina, son países muy densos lo que hace que el transporte interurbano sea bastante rentable; el desarrollo de los trenes rápidos es testigo de ello. El desafío mayor en Argentina, en cuanto al transporte ferroviario de pasajeros, es el metropolitano, fundamentalmente en GBA, pero en algunas otras ciudades. En el GBA, con poca inversión se puede mejorar significativamente las frecuencias y calidad de viaje.

Vial

La reforma de Macri de vialidad, sigue la receta liberal que estipula que hay que obviar el sistema de licitaciones públicas porque es lento y que hay que aislar la institución de la tutela del Estado para que funcione mejor. A parte de Nueva Zelanda, (3 millones de habitantes), esto no ha dado resultados en ningún lado.

El fracaso de los PPP, por la situación financiera del país, ha sido una suerte. Los PPP viales han tenido dificultades en el mundo, en Chile el informe sobre los PPP viales indica que se les cedieron demasiadas ventajas a los privados y los PPP le salieron muy caros al estado.

En definitiva, no hay nada que indique que el modelo basado en vialidad nacionales, y provinciales, con contratos de obra pública o contratos de rehabilitación y mantenimiento no funcionaria, sin dejar de lado alguna concesión puntual muy estudiada y controlada.

Aéreo

La política de desregulación del sector aerocomercial ha sido un fracaso: la apertura indiscriminada de los cielos ha generado, en un término de poco más de dos años, destrucción de empleos, ineficiencias de infraestructura y caída en la conectividad en un país que debe garantizar la conectividad nacional para el desarrollo de sus economías regionales: Argentina es el 8vo país del mundo en extensión territorial.

Se trata de una actividad capital intensiva, que requiere de un alto nivel de inversión y tiene un bajo margen de ganancia. Las aerolíneas de bandera, estatales o no, son las que están sobreviviendo en un mercado volátil, con ayuda estatal.

Las grandes compañías transnacionales aprovechan las ventajas competitivas que les provee un aeropuerto “hub”. Sin embargo, debido a su posición geográfica, Argentina no es un país de tránsito, sino de destino final.

Nuestro país ha dado un paso importante al determinar la re-regionalización del Aeroparque Jorge Newbery (que entrará en vigencia una vez finalizadas las obras de prolongación y ensanchamiento de

pista que se están llevando a cabo actualmente), lo cual permitirá volver a conectar los vuelos domésticos con los países limítrofes y con Perú en un mismo aeropuerto.

Por el lado doméstico, Aerolíneas Argentinas ha hecho grandes avances desde 2011 en federalizar la conectividad, desarrollando rutas entre provincias sin pasar por Buenos Aires. Esto ha dado lugar, además, a que algunas provincias desarrollen vuelos internacionales de forma directa (Córdoba, Misiones, Salta, etc.).

La actividad aerocomercial -y el turismo en general- ha sido la actividad más golpeada por la pandemia, junto a la industria de los eventos y espectáculos. Muchas líneas aéreas han quebrado, o bien han debido ser rescatadas por sus Estados para evitar su quiebra. La destrucción de puestos de trabajo en la industria a nivel global ha registrado niveles sin precedentes. Algunas estimaciones indican que la demanda podría demorar hasta 3 o 4 años en recuperarse a niveles pre-pandemia. El desafío a futuro deberá estar centrando en la reactivación de la actividad aerocomercial que permita contribuir a la dinamización de las economías regionales y de los ingresos por turismo, sosteniendo el nivel de empleo.

Urbano y pasajero interurbano

El gobierno de Macri desreguló el transporte de pasajeros interurbano, esta reforma ha sido realizada en varios países. Nuevamente el primer país fue el Reino Unido en los 80. El resultado fue que la competencia creada en los recorridos que se desregulan (pueden entrar a competir las empresas que quieran) inicialmente baja la tarifa, y luego queda una sola empresa en pie, la que ganó la competencia, y ésta procede a subir la tarifa, que ya no está regulada.

Este fenómeno está muy documentado, y sucedió también en el transporte urbano de pasajeros.

El sistema de transporte urbano de pasajeros de la Argentina ha sido desvirtuado por la imposición del Metrobus capitalino a distintas ciudades. El Metrobus, ha sido una obra de vía exclusiva sobredimensionada que le sacó el foco a lo que realmente hay que hacer en capital. Ello es que la capital es el centro del AMBA, y debe ser planificado a esa escala. El gran crecimiento de los viajes en los últimos años se da en el Conurbano, los viajes intra-capital no se han modificado, y tampoco los viajes Conurbano-capital. Esto implica que se puede extender el subterráneo sin riesgos porque la población es estable, esta expansión trasladaría demanda del colectivo al subte, generando una importante reducción de externalidades negativas (emisiones, ruido, accidentes, congestión). A su vez tanto el ferrocarril como el subte son la red estructurante del GBA, por ello deben planificarse en conjunto, con pocas inversiones se puede mejorar los servicios en los corredores ferroviarios, se pueden hacer estacionamientos de disuasión en el conurbano para que las personas que entren a capital lo hagan en ferrocarril y/o subte, colectivo.

Se debe mejorar la red de colectivos en el conurbano esencialmente. La red puede ser ayuda con vías exclusivas, pero no sobredimensionadas como las del Metrobus, esto lleva sobre todo subsidios.

Se debe ir migrando parte de las competencias de formulación de política y planificación de la capital y de la Provincia, a la Agencia Metropolitana de Transporte.

Marco legal

Las reformas liberales a las que ha sido objeto el sector: separación vertical (ferrocarril), liberalización (puertos), desregulación (micros interurbanos, puertos, aéreo), concesión (puertos, ferrocarril,

subterráneo), descentralización (puertos, transporte urbano), a la par de intentos de mejorar regulaciones y mantener subsidios entran crecientemente en contradicción.

Si el transporte es considerado estratégico económicamente y un instrumento de integración territorial a nivel nacional y un derecho a nivel urbano, el marco legal debe ser claro al respecto. Por ejemplo, en países donde las reformas liberales en el sector de transporte fueron extremas como en Chile y en Colombia, los subsidios estuvieron prohibidos por ley. Sólo el desastre actual del transporte en Bogotá y la casi caída del gobierno de Bachelet por el proyecto de Transantiago los obligó a reinstaurar subsidios al transporte público urbano.

Es necesario unificar el marco para todo el sector de transporte, que indique que el mismo es estratégico, que es un instrumento de integración territorial, y que existe un derecho a la movilidad urbana a la cual el estado debe velar. Dentro de este marco, se debe manejar el rol del sector privado.

1.      Corto plazo

  1. Mejora del ferrocarril metropolitano de pasajeros del AMBA. Con el objetivo de la electrificación del conjunto de las líneas metropolitanas y de la mejora significativa de sus frecuencias
  2. Elaboración de un plan de desarrollo consensuado del ferrocarril de cargas nacional. Incluyendo una revisión del marco legal existente y teniendo como objetivo, a sinergia con el plan maestro portuario. Abandono de la política de separación vertical y búsqueda de esquemas de operación con integración vertical, a partir de una empresa hegemónica de control estatal, pero con capitales privados.
  1. Revisión del marco legal del transporte aerocomercial para asegurar requisitos y condiciones de sostenibilidad para la entrada de nuevos actores, si los hubiera, protegiendo y fomentando el rol de Aerolíneas Argentinas como empresa de
  2. Revisar y analizar la decisión de eliminación del piso de la banda tarifaria para el mercado doméstico, que fue implementada en
  3. Elaboración de un plan maestro portuario nacional. Incluyendo la revisión del marco legal, y teniendo como objetivo primordial la complementariedad entre los puertos nacionales y la aglomeración de carga.
  4. Reinstalación de Dirección Nacional de Vialidad como entidad planificadora y gestora de la red vial Preparación de un plan de mejora vial y de mantenimiento.
  5. Regulación del transporte inter-urbano de pasajeros por
  6. Revisión del marco legal del aerotransporte comercial, y teniendo como objetivo el desarrollo de Aerolíneas Argentinas como empresa hegemónica del
  7. Financiamiento de la Agencia Metropolitana de Transporte del AMBA, y preparación de un plan maestro y de inversiones de infraestructura de transportes del
  8. Ejecución de un plan de mejora de infraestructura vial vecinal por medio de microempresas, cooperativas y

2.      Mediano plazo

 

  1. Aprobación de una ley marco de ordenamiento del Esta ley debe establecer el carácter de servicio público y de derecho a la movilidad de los servicios de transporte urbano, y establecer la sinergia entre las redes de ferrocarril, carretera y puertos. Asimismo, definir la complementariedad de los servicios de transporte de carga por camión, ferrocarril y vía marítima. Su objetivo debe ser el transporte eficiente de carga, a fin de reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de la economía nacional.
  2. Aprobación de marcos legales para el sector marítimo/portuario, ferroviario y aéreo basados en la complementariedad y no la El objetivo siendo la integración territorial y la aglomeración de carga para mejorar la eficiencia y competitividad de la economía.
  1. Fomentar la inversión en infraestructura aeroportuaria en las provincias y la inversión en modernización de los sistemas (ej. sistemas de navegación para Aerolíneas Argentinas) para permitir el desarrollo de una red doméstica más robusta, con más vuelos que conecten provincias sin pasar por Buenos Aires y provincias con destinos internacionales, principalmente con países de la región acorde a las actividades económicas y las relaciones comerciales.
  2. Desarrollo de la actividad de carga por vía aérea: si bien la competitividad frente al transporte marítimo es baja por una cuestión de costos, existe potencial para el crecimiento del mercado de la carga aérea de mercancías específicas (perecederos, medicamentos, )
  3. Retomar el plan de inversión de Aerolíneas Argentinas en flota de largo recorrido que fue interrumpido en 2017. Las rutas internacionales de largo recorrido operadas con equipos modernos, eficientes y acordes a un plan comercial definido no solo son rentables (caso demostrado con el cambio de equipo de A340 a A330 que revirtió los resultados de la ruta a Roma), sino que alimentan la red doméstica generando ingreso de divisas por turismo y viajes de negocios. Desde su estatización, Aerolíneas Argentinas ha logrado reducir su déficit y acercarse al equilibrio en los años en que se sostuvo de forma constante el nivel de inversión en flota de largo recorrido que permitía incrementar la oferta, generar más ingresos y licuar costos fijos; mientras que su déficit se ha incrementado cada vez que se ha intentado sanear sus finanzas vía la reducción de costos, principalmente recortando rutas internacionales y desinvirtiendo en flota de largo recorrido.
  4. Desarrollo de una empresa de ferrocarril de cargas nacional estatal con participación privada, siguiendo el modelo de Aerolíneas Argentinas e YPF.
  5. Establecimiento y desarrollo de grandes puertos nacionales bajo el modelo “landlord”, a partir de puertos provinciales existentes, siguiendo el Plan Maestro Portuario Nacional.

7.3  Ciencia, Tecnología e Innovación

Las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos han llevado al sistema de Ciencia y Tecnología a una situación de ahogo financiero, han degradado su institucionalidad y han generado inaceptables

incumplimientos de leyes y reglas. El gobierno liderado por Mauricio Macri asumió en 2015 con un sistema en marcha y proyectado hacia el futuro y finalizó su mandato dejando como resultado incertidumbre, conflictos y obstáculos a tal punto de poner en cuestionamiento el sentido y la viabilidad de hacer ciencia y tecnología en Argentina. La contrapartida de todo este proceso fue el resurgimiento de la fuga de cerebros, en especial, de los/as investigadores e investigadoras más calificados/as y los/as jóvenes. Es de crucial importancia destacar, que una baja inversión en ciencia y tecnología especialmente en países en vías de desarrollo restringe el desarrollo al no poder suplir las necesidades propias del contexto y el capital humano capacitado para dar estas soluciones donde este último prefiere migrar a economías con mayores posibilidades para realizar su quehacer científico produciendo un déficit en conocimiento, falta de soluciones acertadas a los retos del país y un impacto marginal en el desarrollo científico y tecnológico.

El conocimiento es un factor fundamental de los procesos que llevan a la creación de riqueza para los países y a la mejora de la calidad de vida de las sociedades. Es por ello que resulta imprescindible contar con políticas públicas que potencien las actividades de ciencia, tecnología e innovación y las orienten hacia la consecución de objetivos nacionales de desarrollo social y productivo. Los resultados de la ciencia y la tecnología son fundamentales para la diversificación de la economía y la generación de nuevos productos y servicios a través de un mayor valor agregado en las actividades, lo cual es fundamental en países productores de materia primas o commodities para el fortalecimiento de la economía y el empleo donde cambios estructurales en los aparatos productivos generan prosperidad, mayores ingresos, capacidad exportadora, mejores empleos y aumento en la calidad de vida de la sociedad.

Un aspecto clave a este fin es la existencia de mecanismos y procedimientos rutinarios de seguimiento y evaluación de políticas que permitan hacer un seguimiento sistemático de los cursos de acción adoptados, ponderar su impacto, generalizar los que sirven y ajustar o reorientar los que no, es decir, dar una respuesta institucional adecuada a problemas cambiantes y multidimensionales como los que plantean hoy en día las intervenciones en CTI. El énfasis está puesto, por ende, en la formulación de una arquitectura institucional y de procedimientos que hagan del seguimiento y evaluación no un instrumento de mero registro sino un vehículo para el aprendizaje y retroalimentación del proceso de diseño e implementación de las políticas de promoción de la CTI. Más específicamente, en el contexto actual, un sistema de seguimiento y evaluación dinámico, en contraposición a uno meramente de control, tiene un creciente valor estratégico que está fundamentalmente interesado en la generación de nuevas acciones a partir de la ponderación de lo realizado. Consecuentemente, las decisiones a tomar son con frecuencia puntos de inflexión o apuntan a la construcción de opciones novedosas a través de la iniciación de nuevos programas o de la revisión profunda de los objetivos asignados y criterios de asignación, de las formas de organización, los volúmenes de financiamiento, etc.

Todos estos elementos demuestran que es fundamental que el país analice sus inversiones en ciencia y tecnología determinando realmente hacia donde quiere apuntar en esta materia con una política y objetivos claros que estén alineados a los requerimientos del sector productivo y la sociedad donde se evidencia la importancia de estas inversiones como pilar de desarrollo y equidad donde Argentina pueda mejorar sus indicadores en esta materia y día a día se valore el quehacer científico por su aporte a la prosperidad del país.

1.      Corto plazo

  1. Revitalización del sistema de Ciencia y Tecnología. Será necesario relanzar las iniciativas que quedaron truncas y pensar nuevas políticas públicas para darle un nuevo horizonte a las actividades de investigación y desarrollo. Nos proponemos recuperar el rumbo perdido y superar límites estructurales que ya estaban presentes en 2015. Recrear un marco de referencia que construirá su legitimidad a partir de un diálogo amplio que involucre a cualquier otro actor del espacio político, social, empresarial y gremial que comparta estos Sobre estas bases podrá construirse un nuevo acuerdo social sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que edifique una sólida política de Estado.
  2. A partir de este nuevo acuerdo social, la acción de gobierno podrá volver a jerarquizar institucionalmente al área de ciencia y tecnología dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, haciendo foco en la resolución de la crisis actual a través de la recomposición salarial de los/as investigadores/as y la ampliación de los recursos que reciben las instituciones de ciencia y tecnología a fin de garantizar su funcionamiento y solventar sus desarrollos y proyectos. A su vez, se trabajará en nuevos criterios de asignación presupuestaria a fin de incrementar la inversión en ciencia y tecnología y brindar certidumbre sobre la evolución de los recursos en las próximas décadas.

2.      Mediano plazo

  1. Recuperar la planificación como eje principal para construir iniciativas que vayan más allá de un período de gobierno. Se recrearán las oportunidades para que los jóvenes investigadores e investigadoras desarrollen su carrera dentro de los organismos de ciencia y tecnología. Se recuperarán las iniciativas dirigidas a fomentar las elecciones científicas desde los primeros años de escolarización y a fortalecer la educación técnica y profesional, estrechando su vínculo con el mundo del
  2. Reconfigurar el sistema de promoción de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tanto para las iniciativas públicas como las privadas y se asegurará la normalización de la vida institucional en todos los órganos colegiados que guían a las instituciones de ciencia y tecnología.
  3. Impulsar una nueva etapa en la producción pública de medicamentos y en otros proyectos en el ámbito de la energía nuclear y de los servicios satelitales a fin de fortalecer nuestra soberanía y avanzar hacia un país que no solo incorpora tecnología de avanzada, sino que también la produce.

Este conjunto de nuevas iniciativas permitirá que la agenda de Ciencia y Tecnología se estructure a partir de un destacado protagonismo de temáticas emergentes, impulsadas por distintos colectivos y movimientos sociales, como, por ejemplo, la perspectiva de género, el cuidado del hábitat y del ambiente, el compromiso con la federalización y los derechos humanos y el resguardo de la democracia y la intimidad en un contexto de digitalización de registros.

 

8.         Desarrollo humano para la equidad

8.1  Salud para todas y todos

Los efectos del proceso de descentralización en los servicios públicos de salud, y las políticas de autogestión en la administración hospitalaria, sobre los principios que caracterizan el derecho a la salud como derecho humano, en particular el acceso universal al goce de las prestaciones; en un país marcado por profundas desigualdades regionales, durante los últimos cuatro años tendió a incrementar las diferencias, eliminando el piso mínimo de cobertura que pretendía compensarlas. El gobierno de la Alianza Cambiemos registró una disminución real del presupuesto sanitario, que sufrió una retracción del 21% de su representación en el presupuesto total. Ello se asocia a la su ejecución presupuestaria en distintas áreas y programas con repercusiones como la disminución de la entrega de varios medicamentos, vacunas y otros insumos a los centros de salud y hospitales públicos del país. Prueba de la concepción de la salud pública que defendió ese Gobierno toma lugar en la disminución de la jerarquía del Ministerio de Salud, convirtiéndolo en una Secretaría. Asimismo, la situación económica y social también impacta negativamente en la salud de la población produciendo el deterioro de la situación nutricional como consecuencia del aumento de la subalimentación y la inseguridad alimentaria que ya afectan a casi 4 millones de personas según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A esto se agrega el desmedido aumento en los precios de los medicamentos. En ese contexto, se autorizaron 19 aumentos a las empresas de medicina prepaga desde el año 2016, generando un aumento en el precio de los medicamentos acumuló un 270% en promedio, es decir, más de 65% por arriba de la inflación. Mercado y Salud van a contramano de la historia, cuando el Mercado entra por la puerta, la Humanidad sale por la ventana.

La atención ofrecida por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha sido cada vez más deficiente, con la disminución de los servicios disponibles en su cartilla y de los medicamentos con cobertura al 100%. Esto, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, llevó a muchas personas a interrumpir sus tratamientos. Las Obras Sociales han sido contundentemente desfinanciadas, lo que también genera la disminución de la calidad de las prestaciones ofrecidas y el aumento del gasto directo de las familias en salud por los copagos que tienen que realizar. En este sentido, merece especial análisis la regulación de las obras sociales, como instituciones propias de la actividad sindical en pos del resguardo de la salud como calidad de vida, y la posibilidad de fácil acceso, en tanto derecho inalienable e inajenable, protegido por legislaciones universales, supranacionales y locales. Las obras sociales son instituciones baluartes en aras del resguardo del derecho a la salud de la población trabajadora, la cual es por naturaleza pasible de mayores riesgos de accidentes y/o de patologías físicas y psicológicas. Al sistema solidario de obras sociales le fue impuesto durante los años 90 del siglo pasado, mediante la legislación vigente, una estructura de segura de salud cuya misión principal es el financiamiento de la atención médica y de los medicamentos. Es, salvo contadísimas excepciones, ineficiente e inviable en el mediano plazo.

La pandemia de COVID-19 está poniendo sobre el tapete diversas cuestiones que el poder real y cierta idea de “sálvese quien pueda” (montada sobre un extremo individualismo) logran solapar en “situaciones normales”. Entre ellas la importancia de contar con un Estado sólido y consistente que coordine y regule todas las aristas necesarias de la vida en sociedad que son necesarias para lograr un cierto estándar de bienestar.

Actualmente, el sistema de salud argentino, de acuerdo a su financiación y organización institucional, se caracteriza por la segmentación en tres subsistemas: el público, de la seguridad social y el privado. El Gasto Total en Salud, cuando irrumpió la pandemia, representaba el 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), 2,7% correspondía al Gasto Público; el 3,9%, al Gasto de la Seguridad Social -incluyendo PAMI, y el restante 2,8% al Gasto Privado. Respecto al financiamiento, es factible comprender que el 91% de la inversión en salud proviene de los sectores solidarios, Obras sociales sindicales en un 43% de la población, Obras sociales provinciales en un 17% de la población y 17% PAMI de la población, estos últimos tres aportes se tratan de salarios diferidos en activos y pasivos, además del aporte de Tesoro Nacional de salud pública.

En el sector público encontramos los planes nacionales y programas estatales a nivel central. La descentralización le otorga a cada una de las 24 jurisdicciones la competencia para determinar el funcionamiento de la organización de su salud. A su vez los más de 2000 municipios cuentan con organización su propia: 1554 establecimientos de salud con internación y financiamiento público (SIISA) y alrededor de 8000 centros de atención primaria de la salud. En el subsector de la seguridad social tenemos más de 300 obras sociales nacionales que cubren alrededor de 14 millones de afiliados (5% de ellas concentran el 54% de los afiliados y el 95% restante cubre al 46% de los afiliados). Este subsector se conforma también por las 24 obras sociales provinciales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). El sector público interviene como regulador de las prestaciones en el caso de las obras sociales nacionales y como ejecutor de las mismas en el caso de las obras sociales provinciales y el INSSJP-PAMI.

Para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el sistema de salud argentino aumentó en más del 40% la disponibilidad de unidades de terapia intensiva lo cual implicó sumar camas, recurso humano capacitado y equipamiento para brindar atención a los pacientes críticos. Vale mencionar que, durante este período permitió al Ministerio de Obras Públicas la construcción de 12 hospitales modulares en distintas jurisdicciones, al de Desarrollo Productivo reformular y fomentar la elaboración local de equipos de protección personal y respiradores; y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al CONICET y a la comunidad científica del país la elaboración de kits de diagnóstico y serológicos y el estudio del uso de suero equino como potencial tratamiento de COVID-19 para la disminución de la propagación del virus en el organismo.

Si algo dejará la Pandemia son conceptos muy claros a futuro: en primer lugar, que ha sido recuperado el Estado como ordenador social y de políticas públicas fuertes, en la ampliación de derechos, frente a un Mercado brutal e inhumano que intentó desde el neoliberalismo, de usarlo a sus fines financieros. Este desafío es parte de la batalla cultural ya que la cultura sanitaria en nuestro país es de fuerte raigambre solidaria por lo cual fortalecer los sistemas solidarios y desagregarlos de los sistemas de lucro es parte del dilema a resolver. En ese camino proponemos evaluar la posibilidad de la administración tripartita de la obra social por actividad, presidida por la organización sindical con ámbito de actuación en la misma.

De igual forma, se debe reconocer la importancia de focalizar en la calidad, la seguridad y la satisfacción de las y los/as usuarios/as de los tres sistemas: el sector público, las obras sociales y las prepagas. Es importante que toda la ciudadanía pueda tener un equipo de salud familiar que garantice la continuidad de la atención, así como optimizar su calidad y la seguridad de pacientes y trabajadores/as en establecimientos públicos de salud, y ampliar la participación de todos/as ellos/as en las políticas de salud.

Por último, en el eje equidad deben asumirse dos prioridades: la planificación de las y los profesionales y trabajadores para que pueda adecuarse a las necesidades regionales y la equidad en el financiamiento y la inversión. En todo el mundo las investigaciones permiten comprobar la capacidad distributiva de la inversión pública en Salud, por lo que es impredecible otorgar prioridad a los programas orientados a las mujeres y la población más vulnerable: son quienes mayores consecuencias negativas tienen cada vez que se enferman, porque la pobreza enferma y la enfermedad empobrece. Ya sea su trabajo físico o intelectual, la salud es el principal capital que tienen las personas. Por eso haremos que la salud sea un componente esencial de la superación de la pobreza y uno de los pilares del bienestar de todos y todas.

1.      Corto plazo

  1. Reforzar y revalorizar el sistema de salud de atención primaria con participación activa de la comunidad dentro de cada contexto
  2. Impulsar la producción Pública de Medicamentos como empresa testigo de precios, compras del Estado de los medicamentos de alto precio y baja incidencia biotecnológicos que tienen precios imposibles al sistema.
  3. Asegurar la gratuidad de la salud pública en todo el territorio nacional. Inmediata revisión y actualización del Asistencia a pacientes con enfermedades terminales, garantizando la gratuidad del servicio paliativo para los mismos. Rechazar el monopolio privado de cadenas farmacéuticas.
  4. Precios accesibles y cuidados de los alimentos de consumo exclusivo de pacientes con enfermedades crónicas (ej. sin gluten, sin sal, ). Control de calidad de los alimentos.

2.      Mediano plazo

  1. Asistencia a la salud universal integrando y coordinando los tres subsistemas existentes – público, solidario, privado – desarrollando farmacopea argentina, con especial participación de las universidades públicas con la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación.
  2. Desarrollo de políticas públicas y programas que promuevan el acceso universal al sistema de salud, partiendo del diagnóstico participativo local, fortaleciendo la capacidad nacional de recursos humanos.
  3. Garantizar el acceso a los remedios y medicamentos en los sectores populares y especialmente la gratuidad en jubilados, adultos mayores, niños, niñas y Recuperación del programa Remediar y de todos aquellos programas que contribuían a una salud social integral. Que se cumpla el criterio de prescripción por nombre genérico.
  4. Asignar presupuesto efectivo para el estudio y prevención de nuevas patologías, legislando al
  5. Propiciar una Ley de medicamentos que garantice la producción nacional y que preserve los recursos naturales necesarios para el desarrollo de una farmacopea
  6. Mejorar en el programa médico comunitario en relación al salario y cobertura social para el personal que cumple funciones y son contratados y precarizados. Garantizar la capacitación gratuita anual del personal que presta servicio según su especialidad. Avanzar con la promoción de una carrera sanitaria única.
  7. Asignar presupuestos para campañas de educación sexual integral, lucha contra el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, campañas epidemiológicas como uno de los ejes de la salud pública.
  8. Garantizar en los hospitales públicos, solidarios y privados agentes especializados en lenguaje de señas y bilingües en las regiones donde habitan pueblos indígenas.
  9. Derogar las ART y la SRT instrumentos de control de costos antes que de salud de los trabajadores
  10. Diseñar Plan Nacional de salud con todos los sectores
  11. Por centros gratuitos de rehabilitación de víctimas de consumos problemáticos en todo el territorio nacional que garantice la contención, recuperación y re inserción laboral y social de las víctimas. Que se promueva obligatoriamente campañas preventivas en todos los niveles de la educación pública y asignar presupuesto a las ya existentes, con la colaboración voluntaria de gremios, clubes, organizaciones sociales, vecinales, etc. Promover asimismo campañas de prevención de adicciones también en los ámbitos laborales. Limitar el fomento mediante la propaganda de productos que deriven en consumos problemáticos. Evitar la estigmatización y criminalización como, por ejemplo, en el caso del decreto riojano conocido como “840” que penaliza inconstitucionalmente con prisión y multas exorbitantes por grados de alcoholemia menores a los fijados por las leyes nacionales, lo cual trae graves perjuicios laborales.
  12. Derogación del DNU 698/17 que deja sin efecto las CONADIS. Aplicación efectiva de la ley 901 Ley de Discapacidad.

Financiamiento de las Obras Sociales

La principal fuente de recaudación de las obras sociales son los aportes realizados por los empleadores (5%) y por los trabajadores registrados (3%).

De la suma recaudada, alrededor del 80%, se destina a la Obra Social para la prestación del servicio y el saldo restante va direccionado al fondo solidario de retribución (FSR).

El FSR tiene como objetivo principal el reintegro de dinero a las Obras Sociales por tratamientos complejos y costos, subsidiando a las mismas para cumplir con el Programa Médico Obligatorio.

Dentro del FSR se pueden encontrar las siguientes categorías:

  • Sistema Único de Reintegro (SUR): fue creado por la resolución Nº 1200/2012 Superintendencia de Servicio de Salud con el objeto de apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja complejidad, pero con alto impacto económico y las de tratamiento prolongado. Es dable destacar que dicho reintegro no se hace efectivo de forma
  • Subsidio de mitigación asimétrica (SUMA): tiene por objeto complementar la financiación de las Obras
  • Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO): conforme las modificaciones emanadas del Decreto Nº 921/2016, Consiste en la transferencia de recursos a las Obras Sociales, tomando como parámetros la edad, sexo de sus afiliados y el ingreso promedio por grupo
  • Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE): está destinado a complementar la financiación de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud en relación a los afiliados incluidos en el Régimen de Trabajo
  • Subsidio para mayores de 65 años (SUMA 65): destinado a complementar la financiación de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud en relación a los afiliados a partir de los 65 años de
  • Rezago: es un fondo compuesto por aquellas sumas de dinero que recauda la AFIP, pero, al desconocer el destinatario de dicha imputación, se distribuye entre las Obras Sociales conforme la cantidad de afiliados que posea.
  • Integración: fondos que destina la Superintendencia de Servicios de Salud para pagar exclusivamente a los prestadores de discapacidad que fueron aprobados mediante presentación de

Durante la gestión del Gobierno de la Alianza Cambiemos, las prepagas sufrieron una baja considerable de sus afiliados, producto de la imposibilidad económica de hacer frente a los reiterados incrementos.

Los beneficiarios, en su mayoría bajo el régimen de monotributo, se volcaron al sistema de salud público, dado que las obras sociales evitan afiliarlos producto que la relación entre los ingresos que representan y los costos de prestaciones traen aparejados que la Obra Social termine asumiendo los costos. A través del siguiente ejemplo se expone la situación narrada: mientras que, en la actualidad, quien se encuentra enmarcado en el sistema de monotributo, aporta $1.041,22 a la Obra Social, el gasto promedio aproximado por beneficiario de la Obra Social asciende a $1.800,00.

Para alcanzar una política de inclusión al sistema de salud deberían tomarse las siguientes medidas:

  • Incentivar la aceptación de Monotributistas a la Obra Social, financiando el déficit para poder mantener una prestación medica de buena calidad al igual que el resto de los
  • Agilizar la percepción los aportes del SUR, con la finalidad de evitar la desvalorización del financiamiento por el lapso del tiempo transcurrido entre el pago de la prestación y su
  • Proyectar la regulación de los valores de las prestaciones incorporadas en el PMO, con el objeto de equiparar los costos para todas las Obras Sociales y

8.2  Educación

El presupuesto que el gobierno nacional destina a la educación disminuyó un 35 por ciento durante la administración de Mauricio Macri. Este recorte no fue homogéneo, sino que estuvo acentuado en

aquellos programas destinados a ampliar las posibilidades de la franja de estudiantes con menores recursos. En términos generales, entre 2016 y 2019 la gestión de Cambiemos ajustó más en los niveles no universitarios que en los universitarios y desatendió especialmente las políticas socioeducativas destinadas a enfrentar la desigualdad. La Argentina tiene un amplio sistema de educación pública. Alrededor del 85 por ciento del gasto educativo es realizado por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Al 15 por ciento restante lo aportan, principalmente, las familias, señalan las universidades en su estudio. Los fondos públicos invertidos son aportados de modo desigual por los tres niveles del Estado: 20 por ciento por la Nación, 78 por ciento por las provincias y 2 por ciento por los municipios. Si bien el grueso de los fondos públicos que sostienen a la educación en Argentina son invertidos por los Estados provinciales, el gasto que aporta la Nación es determinante para disminuir las desigualdades entre los distritos y fortalecer sus capacidades educativas. Un presupuesto refleja, básicamente, las prioridades de las políticas públicas de un gobierno. En este sentido, la evolución del presupuesto educativo en los últimos cuatro años muestra una retirada del Estado: la educación pasó de representar el 7,8 por ciento presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1 por ciento 2020.

La reducción de los fondos se produjo mediante dos procesos. El primero fue la decisión política de ajustar el gasto público; el segundo, la reducción del Producto Bruto Interno. Ambos procesos achicaron la torta de recursos de la que surge la porción que se asigna para educación. Una de las principales características de la gestión de Cambiemos fue el abandono de las políticas educativas en los niveles no universitarios. Especialmente de las medidas que buscaban atender las desigualdades, generando oportunidades de formación para los estudiantes de los sectores sociales con menor capacidad económica. Esta decisión se ve nítidamente en el descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas”, que desde la asunción de Macri ha sido constante. Si se toma como año base el 2016, el presupuesto real asignado a este programa para el 2020 es sólo el 6 por ciento de lo que era al inicio de la gestión. Vale mencionar que el poder adquisitivo del salario docente cayó 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Esta caída se registró en cada una de las 24 jurisdicciones, con la excepción de San Luis. Cayó con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente pagaron salarios más altos.

Entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales. A su vez, la inversión provincial cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó entre 2016 y 2017, y se estima que retrocedió en 2018 por la caída real del salario docente, que representa el 90% del presupuesto educativo provincial. El poder adquisitivo del salario docente descendió 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Agregado a esto, la Ley de Educación Nacional (2006) estipula que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Esta meta solo logró cumplirse en 2015: no fue alcanzada antes ni se sostuvo después de esa fecha. En 2016 el gasto educativo consolidado (que suma la inversión nacional y provincial) fue del 5,80% y en 2017, de 5,65% del PBI.

Hoy más de la mitad de nuestros chicos y chicas menores de 17 años se encuentra bajo la línea de pobreza y el 63,4% tiene incumplido al menos un derecho fundamental, entre ellos, la educación. Las políticas educativas de los próximos años no pueden sostenerse con indiferencia de esta situación de injusticia, que compromete el futuro de generaciones enteras y sólo permite avizorar un país crecientemente fragmentado. Reconstruir una educación pública que impulse el crecimiento y la igualdad constituye para nosotros una premisa ética y política. Porque no hay crecimiento sin igualdad y no hay igualdad sin educación pública de calidad. Las políticas sociales y educativas, a partir del año 2003, se proponen, desde un discurso fundado en el derecho ciudadano, construir modelos más integrales de intervención. Resulta significativo el cambio de rumbo en algunas de las políticas que

podemos reconocer como de “nuevo signo” basadas en un rol más activo del Estado en la garantía del derecho a la educación, en la promoción de la unidad del sistema educativo nacional y en el diseño de políticas inclusivas y más igualitarias fundadas en principios universales.

Educar en tiempos de pandemia: el gobierno incrementa la inversión educativa

A mediados de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2021. Inicia así la discusión legislativa, una etapa fundamental del proceso presupuestario durante la cual se debatirán las prioridades de gasto público para el próximo año. El análisis del proyecto presupuestario es clave, especialmente en este año tan excepcional, para identificar cuáles serán las prioridades de las políticas educativas nacionales.

Un primer acercamiento al proyecto presupuestario del 2021 refleja un fuerte incremento para el sector educativo. La inversión en educación ascendería a $344.652 millones de pesos constantes de 2020, lo cual significa un incremento aproximado del 29% respecto del crédito presupuestario actual. La participación de la educación representaría el 4,8% del presupuesto total a cargo del Estado nacional. De los recursos previstos, se estima que más de la mitad se destinen a la educación superior universitaria.

En cuanto a la educación obligatoria (nivel inicial, primario y secundario en todas sus modalidades) es muy alentador ver un incremento de casi 80% en relación al año anterior (paso de $72.469 a $128.846 millones de pesos constantes del 2020 al 2021). La participación de los fondos salariales es del 27% mientras que los programas educativos nacionales representarían el 73%. Es cierto que el presupuesto es un plan de gestión, el gran desafío se presenta en cómo llevarlo a cabo a través de acciones educativas.

Las acciones orientadas a la incorporación de TICs en el sistema educativo, la provisión de recursos digitales y libros y textos escolares resultan fundamentales y más aún en este contexto. El presupuesto ascendería $13.593 millones de pesos constantes, duplicando la inversión respecto del año 2020 ($5.756 millones de pesos).

En el marco de un sistema educativo federal, es preciso sostener ámbitos amplios de discusión sobre el diseño y la implementación de políticas educativas que respondan a las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina y aseguren el derecho individual y social a la educación

En relación con las políticas universitarias, se ha registrado en estos últimos años un retroceso inaceptable del principio de la educación superior como un derecho social, un bien público y una responsabilidad del Estado, que se ha expresado en el desfinanciamiento de la actividad universitaria, el deterioro salarial de sus trabajadores/as docentes y no docentes, la inexistencia de políticas de expansión, la paralización del desarrollo de la infraestructura, intentos permanentes de avances sobre la autonomía y en el desprestigio de la producción científica y académica que tiene lugar en dichas instituciones.

La educación configura el futuro posible, pero también el futuro deseable. Una educación de calidad para todos y todas será la que nos permita construir una Argentina más justa y más igualitaria. Definir nuevas reglas que la protejan y favorezcan una lógica redistributiva solo puede lograrse con acuerdos de largo plazo y mediante una definición clara de las obligaciones del gobierno nacional y de las provincias. Un financiamiento suficiente, equitativo, eficaz y eficiente es una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación.

 

1.      Corto plazo

  1. Fortalecer la relevancia de los contenidos y las experiencias de formación que provee la escuela en relación con el ejercicio crítico de la ciudadanía, la introducción en el mundo del trabajo, la inclusión digital, habitar en común un mundo crecientemente diverso en el marco del respeto a los derechos humanos, las perspectivas de género, la pluralidad cultural; y, por supuesto, sostener políticas de formación, capacitación y jerarquización de la docencia, que recuperen el respeto por el saber de nuestros/as docentes y por sus derechos laborales.

2.      Mediano plazo

  1. Las políticas educativas deben, articularse intersectorialmente con el conjunto de las políticas públicas. La calidad de los aprendizajes y los efectos de la educación en la reducción de las brechas de desigualdad no pueden abstraerse de las condiciones sociales en que viven y crecen nuestros/as niños/as y jóvenes. Sabemos que cuando su derecho a la educación está vulnerado, también lo están otros derechos. Por lo tanto, las políticas educativas deben planificarse en articulación con políticas públicas orientadas a garantizar los derechos a la salud, la alimentación, el empleo, a un hábitat digno, a la protección
  2. Se deben impulsar políticas de terminalidad educativa que incorporen las miradas de los y las estudiantes, jóvenes, docentes y la comunidad para hacerlas efectivas y situadas en las singularidades de cada contexto.
  3. Desarrollo de políticas que articulen el mundo educativo con el laboral, garantizando derechos y el trabajo decente y
  4. Las condiciones de trabajo y salariales docentes impactan de manera directa en la calidad educativa y es responsabilidad del Estado Nacional reducir las disparidades salariales entre las distintas jurisdicciones del país, a través de la restitución de las paritarias nacionales La política educativa debe articularse con las maestras y maestros y sus organizaciones sindicales. Todo cambio educativo ingresa al aula de la mano de las maestras y maestros.

 

9.         Desarrollo social para la inclusión

9.1  Sistema de Seguridad Social

Las personas mayores, los jubilados y las jubiladas, deben tener prioridad en las políticas de Estado, más aún teniendo en cuenta el reciente pasado adverso, en el que las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos los ha tenido como víctimas predilectas.

La llegada del gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015 representó una estrepitosa pérdida de derechos para las personas mayores en especial en materia de salud y seguridad social. Mediante una serie de reformas legislativas se avanzó en el proceso de transición del sistema público solidario de reparto como se conocía hasta el 2015 hacia un sistema sustentado en un sistema meritocrático que discrimina y excluye a millones de argentinos/as, mientras prepara el terreno para la instauración definitiva del modelo de sistema previsional impuesto por los organismos internacionales.

La mal llamada “Ley de Reparación Histórica”18, además de esconder entre sus normas un blanqueo de capitales escandaloso, tuvo entre sus principales medidas la creación de la PUAM (Pensión Universal para el adulto mayor) que estableció un nuevo haber mínimo de hecho, equivalente al 80% de la jubilación mínima actual. Además, esta prestación no genera derecho a pensión cuando el titular fallece ni siquiera para los/as hijos/as con discapacidad, y eleva el acceso al beneficio para las mujeres, que pasa a ser de 60 a 65 años; habilitó la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, derogando la ley que fijaba la intangibilidad de sus recursos; le puso punto final a las moratorias previsionales, limitándolas primero y luego disponiendo su extinción; y, creó una nueva avalancha de acciones judiciales, ya que sólo adhirieron al Programa de Reparación Histórica 54.401 personas que tenían sentencia judicial, por lo que ahora hay más juicios que antes. Sólo en ANSES hay 89.196 sentencias en espera y más de 380.000 en la justicia.

El gobierno sí reformó los sistemas previsional e impositivo. Como las cargas impositivas fueron identificadas como un impedimento para la llegada de inversiones, las provincias suscribieron un “consenso fiscal” que restringió su margen para tomar decisiones tributarias. El Congreso las coparticipó de la recaudación del impuesto a las ganancias, retirándoselo al financiamiento de ANSES, es decir, del sistema previsional. En diciembre de 2017, el Congreso sancionó la Ley 27 426, que modificó la fórmula para el cálculo de actualización de jubilaciones y asignaciones familiares19. Esto implicó una quita de hasta un 15% en los primeros pagos y significó un cambio de concepción sobre cómo aumentan los montos de las asignaciones. La reforma estableció que se actualicen según los índices inflacionarios y el promedio de salarios de la economía formal, en vez de crecer a la par de la recaudación fiscal. La norma anterior implicaba una mejora progresiva de jubilaciones y asignaciones impulsada por el crecimiento económico, de modo tal que aumentaran por sobre la inflación cuando la economía creciera. La nueva ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, pese a una jornada masiva de protestas. Cabe recordar que la Ley de Reforma Previsional tuvo como resultado la pérdida del poder adquisitivo de los/as jubilados/as y pensionados/as, especialmente en las jubilaciones mínimas, donde la pérdida fue de más del 25%, y alrededor del 50% en los beneficiarios de la PUAM.

Ninguna sociedad puede progresar desechando a sus Mayores, no sólo porque allí reside nuestro acervo histórico -en cada persona mayor está la historia colectiva-, sino porque resulta inadmisible pensar en una sociedad que excluya a quien por edad ya no es “productivo” según los términos del neoliberalismo y lo deseche considerándolo un gasto para el Estado.

 

  • Las mujeres cargan con una doble jornada laboral. En promedio, trabajan menos horas en ocupaciones remuneradas, lo que hace que su ingreso sea menor. Esto responde a la histórica división sexual del trabajo: las mujeres destinan seis horas promedio por día a tareas de cuidado, no remuneradas. Gracias a los mecanismos de “moratoria previsional”, entre 2003 y 2016 unos dos millones de personas pudieron acceder a una jubilación, de las cuales el 80% fueron mujeres. En junio de 2016, el Congreso aprobó la Ley 27 260 de Reparación Histórica para Jubilados y Esta ley ómnibus, que incluyó capítulos de moratoria previsional y blanqueo de capitales –que fueron aprovechados por familiares, amigues y asociadas y asociados del presidente– buscó poner fin a los juicios previsionales y ordenó el pago a jubiladas y jubilados con sentencias judiciales a su favor. Creó, además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que reemplazó a la moratoria. La PUAM estableció un piso arbitrario de 65 años –incluso para mujeres– y representa un 80% del haber mínimo que reciben quienes sí pueden acceder a una jubilación. Por otro lado, a diferencia de la jubilación, no puede transmitirse a le cónyuge una vez fallecido la/el beneficiaria/o. Mientras la jubilación mínima supera en apenas un 5% la línea de pobreza, quienes reciben la PUAM están nueve puntos por debajo.
  • En la práctica esta nueva fórmula para la actualización de haberes significa, por un lado, la consolidación de la perdida en

el poder adquisitivo de las jubilaciones experimentada durante los años de la gestión de cambiemos y, por otro lado, sumado a otras medidas en torno al sistema previsional como la eliminación de la moratoria jubilatoria, la consolidación del quiebre de un sistema jubilatorio inclusivo, donde no todos los adultos mayores pueden aspirar a los mismos derechos

  1. Garantizar a los adultos mayores y a la población vulnerable el acceso a ingresos que permitan una vida digna, incluyéndolos socialmente.
  2. Garantizar la normativa constitucional de acceso universal a la salud pública y la plena ejecución del presupuesto de Salud con control de los sindicatos del área.
  3. Recuperación de las jubilaciones en términos Fórmula de movilidad que garantice este proceso.
  4. Oposición al proyecto de código de seguridad social que pretende eliminar el ANSES y privatizar el régimen previsional.
  5. Garantizar la intangibilidad del fondo de
  6. Implementación de moratoria jubilatoria en reemplazo de PUAM
  7. Defensa del PAMI como Obra Social de las y los
  8. Cobertura de medicamentos por ley para afiliados de
  9. Mantener la asignación universal por hijo y el sistema integral de cobertura para las mujeres
  10. Regularización inmediata de la deuda del Estado con las obras sociales sindicales y Recuperación sindical de las obras sociales estatales que fueron absorbidas por las provincias

9.2  Protección Social

El modelo establecido por el gobierno de la alianza Cambiemos se basó en la reprivatización de la matriz productiva, la primacía del sector financiero y el endeudamiento como mecanismo constante de financiamiento público. En los primeros meses de 2019, un 35,8% de la población estaba en condición de pobreza, el nivel más alto de los últimos diez años. La desigualdad en la distribución del ingreso es la mayor del trienio 2016-2019: el 10% de quienes tienen mayores ingresos gana 21 veces más que el 10% que menos recursos recibe; aquí hubo un crecimiento de más de tres puntos respecto del año anterior. El índice de Gini, indicador de la desigualdad de ingresos, también pasó de 0,417 (el punto más bajo del período del gobierno de Cambiemos en el cuarto trimestre de 2017) a 0,447 en el primer trimestre de 2019; se trató de la mayor suba interanual. A esta crisis social se llegó por un conjunto de decisiones económicas que, en vez de resolver los problemas estructurales del país, los profundizó. La inflación alta y la suba de las tarifas de los servicios minaron el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de las pensiones. El aumento del desempleo, el deterioro de las condiciones laborales y la contracción del consumo fueron las condiciones que posibilitaron la fuerte desmejora social y económica de los sectores medios y populares, su impacto disciplinador, y la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados del capital. La construcción de la población objetivo de esta nueva política operó sobre el supuesto de que quienes perciben el subsidio no tienen motivación ni voluntad propia para insertarse en el mercado de trabajo, estudiar y así mejorar sus condiciones de vida, por ello se requiere el reforzamiento del control sobre el cumplimiento de las condicionalidades. De ese modo, se desconocen las causas estructurales de los problemas sociales,

asociando la desocupación a un problema inscripto prioritariamente en la empleabilidad como condición individualizada20.

Los derechos sociales y económicos existen para alcanzar el mayor grado de igualdad posible en la sociedad. Pero para lograrlo, es necesario que se conviertan en un dispositivo eficaz para cuestionar el nudo central de la reproducción de la injusticia: la forma de apropiación y distribución de la riqueza. Este objetivo es decisivo en nuestro país, donde la puja distributiva es uno de los conflictos estructurales alrededor de los cuales se construye la democracia. La experiencia de los últimos años en la Argentina muestra cómo un sistema económico basado en la desigualdad social limita el propio sistema político democrático

Actualmente nuestra economía está pasando por una gran transformación estructural. Al desatarse la pandemia Covid 19, el actual Gobierno Nacional decidió implementar una temprana política federal del cuidado de las personas, de proteger la salud de trabajadoras y trabajadores por sobre las lógicas de la rentabilidad económica y financiera, evitando de esa manera una rápida y masiva cantidad de infectados. Para ello, el Gobierno de Alberto Fernández instrumentó una batería de acciones públicas que se complementan y van desde el aumento de la capacidad y equipamiento hospitalario, con acciones crecientes de testeos masivos y provisión de material sanitario; el salvataje de miles de asalariados a través del Programa ATP y créditos bancarios subsidiados para las empresas; el congelamiento de las tarifas públicas y de los precios de artículos de primera necesidad así como la referencia de Precios Cuidados; junto a un fuerte dispositivo a través del ANSES en la implementación del IFE y el aumento de los beneficios de la seguridad social, más la Tarjeta Alimentar, el Programa Potenciar Trabajo y la provisión de alimentos en los barrios populares con fondos descentralizados del Ministerio de Desarrollo Social.

Una vez superado el contexto de pandemia global, pueden aparecer diferentes líneas de acción, pero, en lo inmediato, es necesario que se produzcan reformas y transformaciones radicales en la dirección de un nuevo contrato fundado en la equidad, el desarrollo social y la sostenibilidad. Para imaginar y construir un sendero alternativo se deberían sentar las bases para una amplia y plural coalición de vulnerables que enarbolen, con una perspectiva de largo plazo, un modelo político, social, económico apuntado hacia el desarrollo, enfocado desde los sectores más vulnerables a efectos de promover una distribución de los recursos más justa e igualitaria. Promover el desarrollo de la economía social y solidaria en el contexto de una crisis a nivel global, requiere estrategias de carácter profundo y estructurales tanto en la conducción, como en la administración del Estado, en la democratización del mercado y el fortalecimiento de la organización social.

Existe, entonces, la necesidad de desarrollar políticas públicas específicas para atender este sector, posibilitando mejores condiciones sociales y el desarrollo de nuevas estrategias, mejorando a la vez la productividad, favoreciendo su integración a la producción y el consumo:

 

  • En relación con los programas dirigidos a impulsar el trabajo cooperativo, su clausura da cuenta de la alteración de las explicaciones sobre el desempleo y las consiguientes perspectivas de la integración social y económica de sus destinatarios. En este sentido, mostramos el ascenso de un fuerte cuestionamiento hacia el cooperativismo como alternativa laboral y el desconocimiento de las formas de solidaridad orientadas a la resolución de problemas comunitarios que esta forma de organización del trabajo pone en juego, la desarticulación de las cooperativas entraña la ruptura del anclaje colectivo de las intervenciones, así como el viraje hacia una explicación eminentemente individual de la situación de vulnerabilidad social, desempleo y pobreza. Como resultado de estas transformaciones, emerge un ideal de trabajo cuya legitimidad se entiende como resultado de una actividad que debe ganarse en el

Ingreso Universal

La actual catástrofe pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que le abra la posibilidad de una vida digna. A diferencia de las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se han venido implementando en la región latinoamericana y en nuestro país en las últimas décadas, el Ingreso Universal Ciudadano está desvinculado del empleo asalariado, no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la pobreza (como sucede con los planes sociales focalizados) ni el clientelismo, y pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos. Lejos de ser algo irrealizable, el Ingreso Universal hoy está en el centro de debate de la agenda global, así como lo está la propuesta de reducir la jornada de trabajo estableciendo un límite de, al menos, entre 30 y 36 horas semanales, sin disminución salarial. Entre otros beneficios, esto último no solo mejoraría la calidad de vida de los y las trabajadoras, sino que permitirían la creación de nuevos puestos de empleos para cubrir las horas reducidas. Pero, además, una apuesta al reparto de tareas, implicaría afrontar proactivamente la realidad de la automatización de los procesos de producción y el avance de la sociedad digital, sin tener que multiplicar por ello la desocupación y la precarización del empleo21.

La implementación del Ingreso Universal no solo pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía sino también la necesidad de contar con sistemas impositivos progresivos, como base para su factibilidad y buen funcionamiento. No hay que olvidar que nuestro país cuenta con un sistema fiscal regresivo, basado en los impuestos indirectos o al consumo (como el IVA) y un impuesto a las ganancias (incluyendo el impuesto al salario) que golpean sobre todo a los sectores medios y bajos. También es imprescindible una Reforma Tributaria Progresiva que reconfigure desde la base el actual sistema fiscal en todas las jurisdicciones, en un sentido equitativo, y que incluya desde el impuesto a la herencia erradicado por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar, además de nuevos impuestos verdes a las actividades contaminantes.

Políticas de Cuidado

Entendido como todos aquellos bienes, servicios, valores y afectos involucrados en la atención de la población con algún nivel de dependencia (niños, adultos mayores y personas con discapacidades), el cuidado ha ido cobrando una mayor relevancia en los últimos años en el contexto latinoamericano. Sin embargo, todavía no se ha avanzado en la instalación de instrumentos de política pública que brinden una satisfacción amplia a los requerimientos cada vez más crecientes de cuidado de las sociedades actuales y que contribuyan a una mayor corresponsabilidad entre Estado, mercado y familias en esta materia. En América Latina, y en particular en Argentina, el cuidado pasó a ocupar un lugar destacado durante la última década gracias a su posicionamiento en la agenda política regional y mediante la proliferación de investigaciones académicas22. El actual escenario, debe abrir paso a la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia también en las políticas públicas. Así, es necesaria la implantación de un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de

  • Ver: https://ingresociudadano.com.ar/archivos/579
  • Rozengardt, 2014, Estudio sobre el rol de los servicios no formales de cuidado y educación de la primera infancia como dispositivos de inclusión social. Tesis de Maestría en diseño y gestión de políticas y programas sociales. Buenos Aires, FLACSO

personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas23.

A fin de diseñar un esquema integral de protección social que incorpore la corresponsabilidad social de los cuidados, es recomendable actuar en cinco direcciones principales, que se sintetizan a continuación.

1.      Corto plazo

  1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de cuidado: El Convenio Nº 156 y la Recomendación Nº 165 de la OIT establecen que la provisión de los servicios de cuidado tiene que ser responsabilidad de los Estados, aunque estos puedan crear las condiciones para incentivar a que otras entidades los desarrollen, incluso las En ese sentido, los Estados deben ser proveedores activos de estos servicios, priorizando la inversión pública para ampliar la oferta de instituciones educativas básicas de jornada completa, la disponibilidad de servicios de cuidado para los más pequeños y para personas mayores o con discapacidades.
  2. Promover condiciones de trabajo decente entre los trabajadores del cuidado: El desplazamiento de los cuidados desde el ámbito privado de las familias a la esfera pública de las políticas debe servir para resolver el problema de la crisis de los cuidados sin menoscabar su calidad. Por el contrario, la desfamiliarización de los cuidados –en el sentido de abrir su locación hacia otros espacios– debe incluir entre sus objetivos la mejora de la calidad de los servicios prestados, para revertir la segmentación de la prestación y la desigualdad social. 93 El Estado desempeña un papel muy importante en la calidad del trabajo de este sector, no solo porque al proveer servicios es un gran empleador de trabajadores sino porque sus decisiones repercuten en las responsabilidades del ámbito privado y El Estado debe desempeñar un papel activo para identificar la demanda y el potencial de creación de empleo decente y reforzar la calidad de los empleos de los trabajadores del cuidado.

2.      Mediano plazo

  1. El desarrollo de servicios como fuente para la creación de empleo: Los sectores vinculados con las políticas de cuidado (incluida la atención de salud, los cuidados personales a largo plazo y los servicios sociales) tienen un gran potencial de crecimiento para generar nuevas oportunidades de empleo y promover al mismo tiempo el desarrollo de servicios Como se trata de un sector predominantemente femenino, las inversiones en servicios de cuidado también podrían fomentar un aumento de las oportunidades de trabajo para la mujer. En este sentido, atender los desafíos vinculados con las brechas en materia de cobertura que presentan algunas áreas de las políticas de cuidado, como las vinculadas con los servicios de cuidado para familias con niños y niños en edad preescolar, así como los futuros retos asociados con el proceso de envejecimiento de la población, brindan una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo (de manera directa) pero también contribuyen a remover ciertas barreras que influyen en la determinación de
  • Ravazi, & Staab, S. 2010. Mucho trabajo y poco salario. Perspectiva de los trabajadores del cuidado. Revista internacional del trabajo 129 (4), pp. 449-467.

 

Niñez

la participación laboral, particularmente entre las mujeres que aún registran tasas de participación relativamente bajas.

  1. Adecuar la legislación laboral a las necesidades de los cuidados familiares de los trabajadores: Es conveniente que se extienda la licencia por maternidad establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que en la actualidad tiene una extensión inferior (12 semanas) al límite mínimo de 14 semanas establecido por el Convenio Nº 183 de la OIT y de 18 semanas, según la Recomendación Nº 191 que acompaña a dicho A la vez, se debe revisar la legislación nacional y adecuarla al Convenio Nº

156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que la Argentina ratificó en 1988. En ese sentido, una deuda pendiente es la reglamentación y aplicación del art. 179 de la LCT, normativa que además deberá modificarse para que los trabajadores masculinos también puedan gozar del derecho de cuidado en el lugar de trabajo, y reglamentar la Ley N° 26.727 de trabajo agrario (2011) para prevenir el trabajo infantil. Se debe extender la duración de las licencias por paternidad y legislar sobre licencias remuneradas por motivos de responsabilidades familiares para que puedan ser tomadas indistintamente por el trabajador y la trabajadora.

  1. Fortalecer el diálogo social como mecanismo para construir políticas: Durante el proceso de diseño de las políticas de cuidado, los Estados deberían hacer partícipes a los actores sociales relevantes (familias, empresas y sociedad), mediante sus representantes: organizaciones sociales, de empleadores, de trabajadores y de mujeres, entre otras. Es importante que las organizaciones de empleadores adopten un rol proactivo, impulsando medidas concretas de corresponsabilidad de los

 

A partir del año 2016 el proceso de ampliación de derechos para niños, niñas y adolescentes tuvo un punto de inflexión y varios programas que se venían implementando en años anteriores, se dieron de baja. Entre ellos se pueden contabilizar el Programa Quinta, que entregaba elementos para recién nacidos a los hogares beneficiaros de la AUH y el Programa Conectar Igualdad que consistía en la entrega de una computadora personal con conectividad a todos los alumnos y docentes de escuelas medias y profesorados. En ambos casos, puede observarse una estrategia similar: el programa se suspende con alguna crítica sobre la implementación, aunque con la promesa de una futura mejora. En la práctica se procede a la suspensión o desfinanciamiento. Asimismo, se destaca la reducción en el calendario de vacunación y la merma en la compra de dosis, que dificulta la correcta provisión a los vacunatorios, luego de un proceso de franca ampliación que llevó a argentina a tener el plan de vacunación más completo del mundo.

En relación al presupuesto de los programas del Ministerio de Desarrollo Social destinados a niñez y adolescencia, entre 2015 y 2018, el Programa de Atención a la Madre y el Niño disminuyó en términos reales 80%, el Programa de Acciones para la promoción y protección integral de los derechos de niños niñas y adolescentes 12%, y el programa de Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes cayó 12%. A nivel agregado, los programas relacionados con niñez y adolescencia sufrieron entre 2015 y 2018 un recorte del 42% en términos absolutos, que se reduce al 22% se si considera el efecto inflacionario del período. El único programa que incrementó la ejecución (187%)

en términos reales entre 2015 y 2018 es el Programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia. A esto, se agrega el Programa de Apoyo al Plan de Nacional de Primera Infancia y Programa de Fortalecimiento de Espacios de Inclusión y Desarrollo para Organismos de la Sociedad Civil. Los Espacios de Primera Infancia, reciben a chicos de entre 45 días y 4 años durante la jornada, con el objetivo de estimularlos, darles la alimentación y atención de salud, y a diferencia de los jardines iniciales y maternales que pertenecientes a la órbita del Ministerio de Educación, pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social. Son gestionados por Organizaciones de la Sociedad Civil, Municipios o Provincias y el Ministerio le transfiere un monto por cada niño o niña. La capacitación de los trabajadores y trabajadoras también se realiza por medio de ONGs.

UNICEF Argentina presentó una nueva estimación de la pobreza infantil en el país y adelantó los resultados de la segunda encuesta nacional de impacto del COVID-19 en familias con niñas, niños y adolescentes. Las nuevas estimaciones del organismo alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. La segunda encuesta nacional genera datos actualizados sobre la ocupación de los jefes y jefas de hogar, el acceso a alimentos y la percepción de programas de transferencias sociales. Las nuevas proyecciones alertan que, en diciembre de este año, el porcentaje de niños y niñas pobres alcanzaría el 62,9%24. Asimismo, el 24 de junio el FMI presentó las nuevas proyecciones por países y, en consecuencia, la actualización muestra un incremento de casi 5 puntos respecto a los niveles de pobreza infantil estimados en mayo de 2020 (58,6%) al 62,9% actual.

La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural. Si se considera un indicador de pobreza estructural como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, en los barrios populares el 59% de la niñas y niños reside en viviendas con una carencia estructural. A partir del análisis procedente, es factible observar que es impredecible invertir en políticas de niñez

1.      Corto plazo

  1. Declarar la emergencia en niñez y adolescencia: generar un sistema integrado de primera infancia organizando una red de gestión que mejore las acciones estatales que, desde una concepción de los niños y niñas como sujetos de derecho y una perspectiva integral e intersectorial, articule y amplíe las políticas públicas sociales, culturales, de salud, educación, cuidado y
  2. Creación de Centros de Cuidado Infantil
  3. Incorporación de los principios y valores de la Economía de las y los trabajadoras/es en los sistemas de enseñanza.

2.      Mediano plazo

  1. Establecer un mecanismo de actualización automática por inflación de las partidas presupuestarias de niñez y

 

  • UNICEF basa sus cálculos en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PIB), provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Juventud

  1. Promover el Derecho Integral a la Primera Infancia, destinando una base del 1,5% del PBI a políticas destinadas a esta franja
  2. Promover el Programa Nacional de Acompañamiento, Promoción e Inclusión para la Niñez y Adolescencia: el objetivo es acercar el Estado a las casas y los barrios donde viven las niñas, niños y adolescentes, a partir de una red de tutores y tutoras y promotores y promotoras, que, entre otras funciones, busquen, acompañen y promuevan su inclusión educativa y al acceso a las distintas políticas públicas.

 

Para conceptualizar al sujeto joven es necesario trascender una mirada que se basa únicamente en la cuestión etaria para comprender que el dato biológico se encuentra cargado social y culturalmente. Es decir, es preciso comprender que sobre la moratoria vital se encuentra la social, condicionando estos diferentes modos de juventud en relación a las características de clase, el lugar que se habita, la generación a la que se pertenece, los comportamientos, las referencias identitarias, los lenguajes y las formas de sociabilidad. Entonces, lejos de ser una categoría de carácter universal, la juventud se construye en el mapa de las relaciones sociales. Estas relaciones están mediadas por una serie de representaciones sobre lo que cada grupo espera del otro y, a su vez, son producidas y productoras de sentido y significaciones diferentes, según el contexto. Entender que no hay juventud sino juventudes implica una interpretación en clave de una lucha política que afirma la heterogeneidad como forma de oposición al discurso homogeneizador que aún sigue haciéndose visible en muchas de las políticas de intervención destinadas a jóvenes y que articula uno de los significados más reproducidos en torno a las y los jóvenes, visibilizando la complejidad de sus vidas y sus relaciones. La categoría juventud, entonces, no es una categoría estática. Las y los jóvenes son actores protagonistas y sujetos de acción y decisión política en nuestro país. Por eso, trabajamos en la construcción de políticas públicas impulsadas desde el territorio con y desde las juventudes a partir de sus voces, intereses y propuestas, reconociendo la pluralidad de formas de participar en las que ellas se expresan en la vida cotidiana.

A través del fortalecimiento de políticas públicas destinadas a la juventud, el Estado busca generar las condiciones necesarias para que tengan recursos y alternativas que les permitan transformar sus realidades. Garantizar la inclusión y participación, no sólo fomenta la igualdad de oportunidades, sino que mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Se trata entonces, de romper con las configuraciones discursivas adultocéntricas que posicionan a los y las jóvenes en un lugar de subalternidad, ignorando su capacidad de agenciamiento cultural; poner en crisis las estigmatizaciones para problematizar acerca del rol de las y los jóvenes como sujetos portadores de saberes y conocimientos, como actores claves en el devenir político-social.

1.      Corto plazo

  1. Avanzar en proyectos integrales e integradores de salud, prevención y asistencia de las adicciones y consumos problemáticos.
  2. Crear un Foro Nacional de Juventudes que incluya a organizaciones de la sociedad civil juveniles y que trabajen con jóvenes para promover la participación y la voz juvenil en las políticas públicas que se implementen. Este Foro tendrá espacios de articulación con el Consejo Nacional Interministerial en Juventudes y el Consejo Federal de

 

2.      Mediano plazo

  1. Integrar a 1.500.000 de jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral, creando mecanismos que garanticen su pleno ejercicio de derechos y el ingreso al mundo del Impulsar una ley de derecho al primer empleo joven, con estrategias de promoción e impulsando la formación para el trabajo y estableciendo exenciones impositivas a las empresas que generen empleos formales para los y las jóvenes. Generar políticas de becas de terminalidad educativa, para la formación para el trabajo y la profesionalización; y créditos para emprendimientos productivos, culturales y de servicios, que generen trabajo para los y las jóvenes.
  2. Promover la Ley Nacional de Juventudes, postergada durante años, como herramienta necesaria para la articulación de políticas públicas, la garantía de derechos y el fortalecimiento de la participación
  3. Implementar políticas públicas para el sostenimiento simultáneo de las trayectorias educativas y laborales de las y los jóvenes articulando necesidades y derechos.
  4. Impulsar políticas públicas contra la discriminación y los estigmas que pesan sobre gran parte de nuestras juventudes, así como las situaciones de segregación y exclusión que condicionan sus vidas, visibilizando diferentes modos de ser joven y reconociendo derechos y
  5. ADICCIONES
    1. Casas de Atención y Acompañamiento Comunitarios
    2. Casas Comunitarias Convivenciales
  • Promotores y promotoras de Salud y Lucha contra las Adicciones
  1. Módulo para la reinserción y la continuidad terapéutica

 

10.     Medio Ambiente y Recursos Naturales

10.1  Desarrollo Sustentable

En los últimos tiempos hemos visto avances y retrocesos en diferentes sectores, tanto en materia ambiental como energética, lo que genera una gran incertidumbre al momento de pensar procesos clave para nuestros tiempos como son la transición energética, la conversión de una economía lineal en una circular y la lucha contra el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas y sus especies. Durante 2019, la crisis climática y ecológica se coló en el debate público y se hizo visible de forma más vívida debido, sobre todo, al accionar de la sociedad civil, de la comunidad científica y de organismos internacionales. Aunque ello sucedió en mayor medida en los países desarrollados, la cuestión ambiental comenzó a permear más sensiblemente en la agenda local.

El desarrollo de la producción y el empleo debe apoyarse en un marco de patrones sustentables que tengan como ejes principales el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la población. El ambiente es visto, por lo general, como un ámbito en el que surgen necesidades de resolución ex post de

problemas, la mayoría de los cuales son evitables25. El ambiente provee de insumos a la economía y es imprescindible para garantizar la producción sostenible de bienes y servicios en el tiempo. De ahí la importancia de la protección y el cuidado del mismo. Las decisiones de las generaciones actuales en la forma de producción y cuidado del ambiente influirán directamente en las posibilidades de producción de las generaciones futuras. El cambio climático es uno de los fenómenos más complejos de nuestro tiempo e impone grandes desafíos. Según lo demuestran las evidencias empíricas, sus impactos afectan principalmente a las poblaciones con menos recursos económicos, en especial a las mujeres, consideradas el grupo social en mayores condiciones de pobreza26.

La situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. La pérdida y degradación de los bienes o recursos naturales, sustento de la actividad económica, ha ido en aumento con las actuales políticas neoliberales. La degradación, erosión y pérdida de fertilidad de los suelos en la zona núcleo; el aumento de la desertificación en las zonas áridas y semiáridas; la pérdida de masa boscosa nativa fruto de deforestaciones ilegales; la expulsión de campesinos y de pueblos originarios de sus tierras ancestrales; la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua por agroquímicos y su falta de control; el peligro de extinción de especies nativas y pérdida de la biodiversidad; la baja tasa de renovación de los recursos ictícolas debido a un exceso de extracción, actividad petrolera y minera sin fiscalización y de reglamentaciones adecuadas a las características de estas explotaciones; entre otros, impactan en el potencial productivo del país y en su tejido social.

1.      Corto plazo

  1. Se deberán potenciar a través del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de nuestra soberanía alimentaria y de una vida saludable; mitigar las consecuencias del cambio climático, de las inundaciones y de los períodos de sequía a través de un ordenamiento territorial que permita un uso y manejo responsable del suelo, empoderando a la ciudadanía a través de buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos, el reciclaje de los mismos, en el ahorro de energía, en la prioridad del transporte público sobre el privado, en un consumo responsable, del “buen vivir” que hace eje en los valores sociales.
  2. Impulsar el empoderamiento de la ciudadanía a través de una participación activa en los valores ambientales, sociales y de género desde los Municipios y las Provincias, a través de una gestión comunitaria que garantizará el sustento necesario para llevar adelante las transformaciones que el país necesita en función de lograr una sociedad inclusiva y ambientalmente

2.      Mediano plazo

  1. Para revertir esta situación, se deberá promover un Pacto Federal Ambiental de Desarrollo entre la Nación, las Provincias, los Municipios y los actores económicos y Un gran consenso sobre el uso y manejo del suelo agrícola, ganadero y
  • En el modelo ortodoxo de la economía no se incluye al ambiente como factor relevante. A partir de la década del sesenta y con las crisis energéticas de los años setenta, los economistas comenzaron a cuestionarse sobre la validez del crecimiento sin límites logrado gracias a los flujos de capital. Las teorías tradicionales sostenían que la relación económica producción– consumo, no se ve afectada por el entorno natural; de agotarse los recursos de la naturaleza, sin duda éstos pueden ser reemplazados por el trabajo y el
  • Laiño, M. (2020). Hacia una planificación de las políticas climáticas con perspectiva de género. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico.

forestal a fin de implementar buenas prácticas productivas que garanticen su sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo. La producción sustentable de nuestros bienes naturales, bosques nativos e implantados, agricultura, fruticultura, vitivinicultura, ganadería y actividad ictícola deben generar empleo e impulsar valor agregado. La explotación petrolera, gasífera y minera requieren de reglamentaciones que minimicen sus impactos ambientales y una fuerte fiscalización por parte del Estado y la comunidad. El desafío nacional de consolidar un desarrollo sustentable es altamente motivador. Los argentinos estamos en condiciones de enfrentarlo con éxito. Los logros que se alcancen en el desarrollo de esta política beneficiarán a todos y permitirán cuidar el patrimonio ambiental de la Nación, generando un país más vigoroso y una mejor calidad de vida para las actuales y las futuras generaciones

  1. El gran desafío venidero, entonces, será pensar el ambiente desde una perspectiva integral, como un todo, incluyendo el desarrollo urbano y rural, la calidad de vida, la biodiversidad, los ecosistemas, sus servicios y la calidad ambiental, todo ello con una nueva sensibilidad ambiental y una revisión profunda de los modelos de desarrollo alternativos y del consenso desarrollista, siempre desde la Justicia Social y
  2. Promover la garantía de acceso universal al agua limpia; la transformación de la matriz energética para transitar un camino hacia energías limpias; la progresiva transformación del sistema de transporte para eliminar la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero; el desarrollo de un plan con el sector ganadero para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto
  3. Potenciar un sistema de soberanía alimentaria que apoye la agricultura sustentable, aumentando la salud de los suelos, y que garantice la comida saludable a todos los argentinos y argentinas.
  4. Ley de Humedales: La definición más aceptada internacionalmente de humedales, es la que brinda la Convención Internacional Ramsar (Irán, 1971), tratado intergubernamental cuya misión es la conservación de los Esta Convención define a los humedales como todas aquellas “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En Argentina tenemos 22 humedales distribuidos en diversas ecorregiones ocupando una superficie de 60 millones de hectáreas. Las principales amenazas que ponen en peligro a los humedales en nuestro país son la construcción de barrios cerrados, agronegocios y la minería de litio. Por ejemplo, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en el Delta del Paraná se han perdido alrededor de más de 90 mil hectáreas por la quema de pastizales. Por estas amenazas, es urgente que exista en nuestro país una ley que regule las actividades humanas en estos ecosistemas esenciales.
  5. Monitoreos de la evolución de la contaminación.
  6. Creación de normas jurídicas para la protección del ambiente, y la ejecución de leyes, lo que exige energía y recursos como cualquier otra actividad. Análisis del impacto ambiental de los nuevos
  7. Análisis de costo- beneficios de nuevos proyectos a largo
  8. Creación de impuestos para aquellos productores que contaminan, ya sea su aplicación por medio de métodos directos e
  9. Establecer criterios para evaluar las políticas
  10. Crear incentivos para mejoramiento, tales como subsidios, préstamos financieros con tasas de interés preferenciales.
  11. Se deberá establecer una política gubernamental estricta para el control de la contaminación, del agua y del aire y de la administración de desechos
  12. Desarrollo de una economía del

10.2  Desarrollo de los recursos hídricos y de reciclado con inclusión social

Los recursos hídricos deben responder a múltiples demandas: agua potable, higiene, producción de alimentos, energía y bienes industriales, y mantenimiento de los ecosistemas naturales. Sin embargo, los recursos hídricos son limitados y están inapropiadamente distribuidos lo que complica la gestión del agua y, sobre todo, las labores de los responsables de la toma de decisiones, que han de afrontar el desafío de gestionar y desarrollar de forma sostenible unos recursos sometidos a las presiones del crecimiento económico y el aumento de la población y a las amenazas del cambio climático. En la Argentina la oferta del recurso hídrico se puede expresar como un caudal medio anual de aproximadamente 26.000 m3 /s. Aunque esta cifra puede aparecer como cuantitativamente generosa, es necesario puntualizar que la distribución espacial es muy heterogénea. El 85% del agua superficial del país corresponde a los territorios argentinos de la cuenca del río de la Plata, con sus ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, entre sus cursos de agua principales, y con la mayor concentración de su población y actividad productiva. En el otro extremo se sitúan las provincias áridas y semiáridas, con cuencas de escasa pluviosidad y menos del 1% del total del agua superficial.27

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010 registra un total de 40.117.096 habitantes, por lo que la oferta media anual de agua superficial por habitante se puede expresar como un caudal de alrededor de 20.400 m3 /habitante/año, muy superior al umbral de estrés hídrico de

1.000 m3 /habitante/año. La distribución es muy desigual, con alrededor del 90% de la población viviendo en centros urbanos de más de 10.000 habitantes.28

La prevención es, en algunos casos, posible y mucho más eficiente que la atención de una emergencia causada por la ocurrencia de estos fenómenos, y más económica que la reconstrucción de los daños. Para poder disponer de un sistema eficiente de prevención, es necesario crear, tanto en el ámbito de gobierno, como en la población en general, la conciencia de la necesidad de planes de ordenamiento territorial y de sistemas de pronóstico climático y de predicción de extremos. Los sistemas de alerta

  • Pochat, 2005. Entidades de gestión del agua a nivel de cuencas: experiencia de Argentina, CEPAL, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Nº 96, Santiago de Chile.
  • Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 4 Cambio Climático, octubre

temprana incluyen tres elementos, a saber: conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades políticas y población; así como adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas. El proceso de evaluación de riesgos se basa en una revisión tanto de las características técnicas de amenazas, a saber: su ubicación, magnitud o intensidad, frecuencia y probabilidad; así como en el análisis de las dimensiones físicas, sociales, económicas y ambientales de la vulnerabilidad y exposición; con especial consideración a la capacidad de enfrentar los diferentes escenarios del riesgo. Las medidas no estructurales se refieren a políticas, concientización, desarrollo del conocimiento, compromiso público, y métodos o prácticas operativas, incluyendo mecanismos participativos y suministro de información, que puedan reducir el riesgo y consecuente impacto. Para la puesta en práctica de todas estas medidas, juegan un rol clave las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

Es imprescindible abordar múltiples problemáticas como el uso sustentable por parte de la industria y la agricultura; la calidad del agua para uso humano y los procesos de saneamiento; el tratamiento de los líquidos residuales domésticos, urbanos e industriales; la gestión de las diferentes cuencas hídricas; las acciones de prevención ante los eventos extremos como lluvias e inundaciones; y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, entre otras.

1.      Corto plazo

  1. Garantizar el cuidado y control sobre la explotación del recurso hídrico en cuencas y ríos. No a la privatización de ríos y lagos (como por ejemplo el Ibera). Facilitación estatal y libre acceso a las
  2. Impulsar el desarrollo de diversas alternativas de tratamiento y disposición final de residuos de plantas de tratamiento de agua y efluentes, analizando su eficiencia, en cuanto a tiempo de tratamiento y calidad final del residuo tratado, sus costos y su factibilidad de ejecución por parte de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento y la transformación de los residuos en productos de valor (biogás, fertilizantes, materiales de construcción, entre otros) atendiendo al mismo tiempo a la minimización del riesgo sanitario y ambiental.

2.      Mediano plazo

  1. Preservación del camino de sirga en función social evitando la privatización de las
  2. Implementar una flota nacional de dragado y un ente contralor
  3. Reactivar el proyecto de canalización del Río Bermejo para incorporar siete millones de hectáreas a las áreas cultivables, facilitar la navegación y el mantenimiento de los canales del Río Paraná. Reactivación de los puertos en la cuenca del Paraná. Facilitar el cruce por aguas argentinas desde Tierra del Fuego al Efectivo cumplimiento de la Ley 26.776.
  4. Promover metodologías integrales de aprovechamiento del RSU, scrap y orgánicos con participación ciudadana y de las cooperativas u organizaciones populares en la producción y los beneficios de dicha Creación de plantas de procesamiento

y reciclado de pilas y baterías” y “Promover plantas de reciclaje distribuidas estratégicamente en el territorio nacional.

  1. Promover la creación de comités de cuencas locales Que se rescindan los contratos de GISRU.
  2. Elaborar y mantener actualizado el plan nacional para la economía circular de residuos y promover la elaboración y actualización de planes estratégicos provinciales de
  3. Promover la actualización de la normativa en materia de gestión de
  4. Fomentar la reducción de la disposición final de residuos, mediante la prevención y la reutilización.
  5. Fomentar la implementación de programas para grandes generadores y para el manejo de las distintas fracciones de

 

11.     Institucionalidad para el fortalecimiento democrático

11.1  Federalismo solidario

El federalismo como forma de Estado, se asienta en la coexistencia de distintos órganos gubernamentales, en base al principio de la lealtad federal y del respeto de la unión y de la diversidad. Y por ello es tan trascendente la afirmación de las autonomías de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, como expresión indudable de la descentralización del poder.

El federalismo argentino es una combinación de dos fuerzas: una centrípeta y la otra centrífuga. La primera, que va de la periferia hacia el centro, supone la existencia de una unidad en el Estado nacional argentino, que es soberano; mientras que la segunda, del centro hacia la periferia, implica la descentralización que permite la existencia de una pluralidad de provincias, que son autónomas. Precisamente, el esquema federal pugna por establecer la unidad dentro de la variedad, funcionalizando los principios de autonomía y de participación. Puesto de otro modo, el federalismo argentino es un sistema de decisión complejo que se caracteriza por una descentralización tanto en términos político-administrativos como fiscales. Si bien existen normas que diseñan el reparto de competencias entre las diferentes instancias de gobierno al interior de la estructura estatal federal, las relaciones de esas instancias no son simples, ni mucho menos lineales, debido a que la matriz de decisión federal está atravesada por la interacción de distintos factores que surgen del propio “territorio” y que exceden el plano formal o jurídico.

Durante los últimos años, el fenómeno notable de concentración que alcanzara todos los órdenes de la vida social argentina en relación a su capital y que se repite en casi todas las provincias, ha sido similar al producido en otros países latinoamericanos, que desafortunadamente no han podido evitar este rasgo común a las sociedades subdesarrolladas, que presentan un inadecuado ordenamiento territorial, con marcadas asimetrías. El proceso de centralización del país en torno a su área metropolitana de Buenos Aires, donde en menos del 1% del territorio se asienta casi el 35% de la población, se complementa con la circunstancia de que casi el 80% de la producción argentina se origina en un radio que apenas excede los 500 kms. a partir de dicha área. Resulta claro que el federalismo como forma de Estado consagrada en la Constitución Nacional de 1853 y 1860, fue una decisión correcta para solucionar los graves problemas políticos, económicos y sociales de un país tan

extenso, que necesitaba de una efectiva descentralización del poder. Pero también pudo observarse que la dificultosa vigencia de la Constitución se hizo particularmente evidente en este aspecto, ya que en la realidad se fue imponiendo un proyecto unitarizante, de centralización del poder en el Gobierno llamado Federal, asentado en el puerto de Buenos Aires, que fue avanzando sobre el diseño constitucional y las autonomías provinciales, así como tampoco se respetaban las autonomías municipales. La reforma Constitucional de 1994, que tuvo como una de sus ideas fuerza la profundización de la descentralización del poder, pero sin la administración de los recursos, profundizó en buena parte la problemática material y las dificultades políticas para lograr la equidad.

Es importante discutir un proceso de descentralizar y desconcentrar el país, pero con criterios de desarrollo y equidad, con una enérgica voluntad política para cumplir el proyecto federal de la Constitución y mejorar nuestro ordenamiento territorial. Habrá que discutir nuevamente el futuro emplazamiento de la Capital, en base a criterios estratégicos e interdisciplinarios.

Estimamos que, aunque el mapa regional se encuentra casi diseñado con las regiones ya constituidas del gran Norte Argentino, Patagonia, Nuevo Cuyo y Centro, –faltando sólo la integración de la Provincia de Buenos Aires y de la ciudad Autónoma–, no se aprecia un avance de dicho proceso. Las graves situaciones institucionales, económicas y sociales atravesadas sumadas a la ausencia de una política arquitectónica seguramente han influido en ello. Sólo se ha advertido en los últimos años una cierta actividad destacable en la Región Centro. Necesitamos imperiosamente modificar la forma de embudo de nuestro ordenamiento territorial, mediante el fortalecimiento de nuestras regiones y provincias, desalentando los procesos de migración interna, que tanto nos han perjudicado, a la luz de los desequilibrios y desarmonías que se advierten en nuestra realidad

Por otra parte, la discusión acerca de un nuevo sistema de reparto de la renta federal es tan necesaria como compleja. En la actual coyuntura, el régimen de coparticipación ocasiona ineficiencia (un elevado índice de evasión), no hay control eficaz sobre el ingreso y el gasto, y se genera ambigüedad sobre la propiedad de los recursos tributarios. Está claro que la provincia de Buenos Aires debería recibir más coparticipación de lo que recibe, pero nunca a costa del país federal; es necesaria una reflexión seria y comprometida porque se pone en juego la vida de los argentinos. La equidad y la igualdad de oportunidades hace referencia a un objetivo que contemple a los argentinos en el territorio federal, no en estados autónomos que reciben lo que aportan.

Por todo esto es que tenemos la obligación de pensar un sistema que persiga el desarrollo con equidad territorial para construir un país con igualdad de oportunidades en una tierra que es desigual, y que naturalmente genera distintas oportunidades. El Estado a la cabeza de un sistema progresivo/equitativo de reparto de recursos debería cubrir esa diferencia entre la desigual distribución de oportunidades que brinda la geografía, como la fertilidad de la tierra, los recursos naturales, los accesos, o las comunicaciones; y la obligación ciudadana de la igualdad en la oportunidad de desarrollo por el sólo hecho de ser argentino.

1.      Corto plazo

  1. Reestablecer el Fondo Sojero.
    1. El Fondo Federal Solidario tomaba el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, que eran repartidos entre las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  1. Este Fondo fue constituido en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y derogado por Mauricio Macri, en agosto de
  1. Subsidio Específico al Transporte de
    1. Hacer hincapié en reducir la carga impositiva del gasoil para el transporte de cargas de productos primarios de las economías regionales.
  2. Subsidio al Transporte Urbano de
    1. Igualar el subsidio otorgado al transporte urbano de personas en las ciudades de más de 000 habitantes, hoy muy concentrado en el AMBA.
  3. Fomentar el uso de medios electrónicos de pago y financiamiento.
    1. La utilización de cheques y pagarés electrónicos favorece el acceso generalizado de estos instrumentos a toda la población.
  4. Priorizar subsidios y tratamiento impositivo diferencial para las Pymes de regiones más

2.      Mediano plazo

  1. Asegurar el acceso internet como servicio esencial en todo el
  2. Inversión en ferrocarriles, ya sean estos de pasajeros o de
  3. Incrementar los vuelos entre capitales provinciales sin hacer escala en Buenos
  4. Federalizar el plan vial, mayor inversión en la conexión de capitales
  5. Profundizar el modelo RENAMA – Descentralizar la producción de alimentos en los municipios y fomentar que la producción sea agroecológica, profundizando el potencial regenerativo de la agricultura a nivel ecológico y humano y generando Ej. Gualeguaychú, Tapalqué, Daireaux.
  6. Crear colonias agrícolas en todo el territorio, siguiendo el modelo de Tapalqué para desconcentrar la población del La propuesta de colonias agrícolas propone que dos hectáreas por familia nos permitirían proveer alimentos sanos y a precios justos para los pueblos y ciudades cercanas. Es la base de una política pública para el arraigo rural, la lucha contra el calentamiento global desde la agricultura campesina y de una política sería de soberanía alimentaria. Aprovechar la inercia que se había empezado a generar a nivel mundial de lo que se denomina la “nueva ruralidad”, movimientos de ciudadanos urbanos, que empiezan a dejar las ciudades y dedicarse a emprendimientos agroecológicos o de turismo ecológico y que están siendo intensificadas por la pandemia.
  7. Precios Cuidados de alcance local – para crear oportunidades de mercado a productores de baja y media escala, que se quedan afuera por logística o escala, pero pueden producir para el «mercado de proximidad».
  8. Descentralizar la distribución de alimentos, en mercados descentralizados La respuesta estratégica desde el Mercado Central podría ser constituir una federación de mercados concentradores con el MC como «órgano rector» y áreas de

operación definidas, de modo tal de reorganizar por completo la logística de distribución y reducir los costos de transporte y generar producción y empleo local.

  1. Reorganizar la producción espacialmente – En lugar de un conurbano con grandes distritos industriales enclavados entre las viviendas, «parques» industriales compartidos entre varios partidos con servicios de higiene ambiental, servidos por transportes «hacia afuera» y no «hacia el Centro», como nos es Sería más fácil la reactivación porque se desconcentra la población. Además, construirla movilizaría muchísimos recursos y significaría obra pública y privada por mucho tiempo, creando empleo de modo perdurable. Hay que revisar la logística de cargas (p.e.: reactivando ramales ferroviarios en lugar de usar transporte carretero).

3.      Largo plazo

  1. Federalizar el BCRA; adecuarlo en su denominación y concepción, al de un Estado Federal, citando como ejemplos las instituciones similares de Estados Unidos, Suiza y
  2. Se debe promover la participación provincial en la política financiera, cambiaria y monetaria, que incidirá en los aspectos económicos del federalismo argentino, tal como lo previó el
  3. Planificación federal para el desarrollo del país, con participación de los distintos niveles
  4. Promover las regiones para el desarrollo económico y social. Desalentar los procesos de migración interna y avanzar en proyectos estratégicos como los de los corredores bioceánicos.
  5. Fortalecer las autonomías provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios; descentralización del poder, distribución de las competencias y el respeto de las mismas. Deben respetarse los distintos aspectos de las autonomías: institucional, política, administrativa, financiera y económica, correspondientes a cada uno de los niveles estaduales y gubernamentales integrantes de la federación
  6. Modificar o derogar la mayoría de los tributos con asignación específica, que detraen fondos de la masa coparticipable, lesionando las autonomías provinciales y Lo propio debe ocurrir con los subsidios, en materia de servicios públicos de transporte y energía, que están destinados mayoritariamente al área metropolitana de Buenos Aires.
  7. Federalizar la distribución de la renta fiscal y de allí la propuesta de un Fondo para el Desarrollo Humano con sentido regional, provincial y
  8. Participación de las provincias en los organismos de control de los servicios públicos de competencia nacional.
  9. Obras de infraestructura, transporte y comunicaciones, como elementos también decisivos para un desarrollo nacional equilibrado.
  10. Desarrollar corredores bioceánicos, –al norte, al centro y al sur del país–, lo que significa consolidar los pasos cordilleranos que vinculen a Argentina y al Mercosur con Un mejor aprovechamiento de las hidrobias Paraná-Paraguay y Paraná-Tieté, que en particular servirán para la vinculación con Brasil.
  11. Traslado de poderes y/u organismos del gobierno federal al interior del país. Es muy importante acercar el gobierno y la administración a los ciudadanos, en un país de tan dilatadas dimensiones.
  12. Trasladar la Capital Federal; el asiento de las autoridades federales debe ser en una ciudad modesta, lo más alejada posible de los intereses corporativos, para que primen las virtudes republicanas, democráticas y federales y se pueda pensar en grande el destino de nuestra Nación.

11.2  Seguridad y Reforma del Sistema Penitenciario

Seguridad

El aumento del reclamo social ha venido acompañado de fuertes tensiones en los últimos tiempos: la protesta social sigue siendo duramente castigada, especialmente en muchos puntos de Latinoamérica y Argentina no ha sido ajena a esta realidad. Durante los últimos cuatro años de gobierno de la alianza Cambiemos, se han dado situaciones de represión y de criminalización del derecho a manifestarse, a través de operativos policiales intimidatorios, con uso de la fuerza desmedido, detenciones arbitrarias y acusaciones penales a las y los manifestantes. Muchas de las persecuciones penales iniciadas pocas de ellas avanzan, dando cuenta del uso intimidatorio de la herramienta penal como instrumento de silenciamiento e intimidación29. Este conjunto de políticas y de prácticas es parte de una visión del Estado y del vínculo que este debe establecer con las personas. La expansión del aparato de seguridad y de inteligencia, así como la lógica del secreto justificado en la seguridad nacional tienen consecuencias bien concretas: restringe derechos y propone un Estado menos democrático30.Con estas reglas, el sistema institucional opera con amplios márgenes de arbitrariedad de los que es muy difícil defenderse, y en función de los cuales se desarrollan prácticas formales e informales que corren el límite de la vigilancia y de la inteligencia estatal. Al mismo tiempo, refuerzan a los grupos de poder estatales y privados asociados a estos temas que se van autonomizando de los poderes democráticos y reclaman más funciones y más recursos

De este modo, en el ciclo político recientemente terminado se ha colocado a la seguridad pública como una dimensión independiente de las estrategias de inclusión y desarrollo social. Asimismo, se han desarticulado los mecanismos de control externo de las fuerzas, desprotegiendo a los ciudadanos y ciudadanas de reclamos frente a posibles abusos de agentes y a los propios y propias agentes de las fuerzas frente a abusos de sus superiores en instituciones fuertemente jerárquicas. En los últimos años, el Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un protagonismo desmedido con intervenciones que intentaron legitimar el uso irracional de la fuerza letal31.

 

  • Por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en 2017 el gobierno macrista superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar, concluida su gestión, al inédito promedio de una muerte a manos de su aparato represivo cada 19 horas.
  • CELS, A. (2019). Derechos Humanos en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

31

Una política de seguridad pública ciudadana, democrática y protectora de los derechos humanos se debe asentar en la reestructuración del Ministerio de Seguridad creando las áreas básicas abocadas a la gestión del conocimiento en seguridad, a la gestión policial de la seguridad y la gestión social de la seguridad. Es imprescindible llevar a cabo un proceso de modernización del sistema policial. Algunas cuestiones necesarias, en este sentido son diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos); desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial; revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a los estándares internacionales.

1.      Corto plazo

  1. Focalizar en la relación entre policía y población juvenil, que es un tema desde siempre conflictivo y se agudiza en esta coyuntura, se registran en muchas provincias maltrato en muchos casos apoyados por la población
  2. Incrementar formas de trabajo comunitario entre policías y distintas organizaciones locales de modo de mejorar o estrechar relaciones entre policía y
  3. De igual modo se debe constituir el Observatorio de Seguridad Pública en el ámbito federal abocado a producir conocimientos acerca de las violencias y las problemáticas delictivas (dimensión situacional), así como del desempeño de las instituciones políticas, policiales, judiciales y penitenciarias de la seguridad (dimensión institucional), con autarquía técnica y financiera en el ámbito del Ministerio de

2.      Mediano plazo

  1. Se evaluará la creación y puesta en funcionamiento de un Programa Federal Policial dedicado a promover y brindar protección laboral, de salud y educación al personal de las policías y fuerzas de seguridad federales, así como a promover la defensa de los derechos humanos, sociales y laborales de los y las policías, creando las condiciones para su sindicalización bajo condiciones acordes a su función.
  2. Se debe instituir el Programa Federal de Protección Integral de las Mujeres contra hechos de Violencia y Discriminación, orientado a sentar las bases legales, institucionales, culturales y sociales para prevenir y conjurar femicidios y toda otra forma de violencia contra las mujeres y el Programa Federal de Control del Narcotráfico, destinado a establecer una estrategia integral de control y conjuración del tráfico y comercialización de drogas prohibidas, así como de las violencias y de las economías criminales relacionadas a ello y de otros delitos
  3. Dado que las fuerzas de seguridad son hoy por hoy la principal presencia del estado en los territorios, planificar la integración de las fuerzas con agencias sociales del estado para favorecer un trabajo De este modo, por un lado, se evita que las

policías sean en la única o principal presencia estatal en los barrios y por otro, se trabaja en pos de la integración de distintas intervenciones del estado.

Reforma del Sistema Penitenciario

Hablar del sistema penitenciario argentino implica referirse a un universo muy amplio y complejo, por lo que las generalizaciones pueden resultar panoramas incompletos e inexactos. En la Argentina hay 308 unidades de detención. Las jurisdicciones que más cárceles tienen son el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires con 62 y el Servicio Penitenciario Federal con 32 unidades. Contabilizando la población penitenciaria en el sentido global, al 31 de diciembre de 2018 hacía 94.883 personas privadas de la libertad dentro del ámbito penitenciario, lo que lleva a una tasa de 213 cada 100.000 habitantes32. Es importante destacar que, en nuestro país se ha constatado en los últimos años una creciente cantidad de casos de personas privadas de libertad. Es importante destacar que, durante los últimos cuatro años se ha incrementado la tasa de prisionización en un 50%, cifra que revela la situación actual en la que se encuentren las personas privadas de su libertad alojadas en lugares no aptos a tal fin tal, como comisarías u otros destacamentos policiales, provocando condiciones inhumanas de pena.

El fenómeno de la sobrepoblación ha accionado como un común denominador indiscutido que caracteriza a las cárceles del país. La tendencia ascendente se repite inalterada desde 2007 a la fecha, superando con creces la tasa delictiva (la tasa delictiva es una tercera parte de la tasa de encarcelamiento), lo que indica que, contra la percepción de algunos sectores de la población que aún insisten con la cantinela de la puerta giratoria, año a año se encarcelan más personas, pese que la cantidad de delitos se mantiene relativamente estable. La capacidad del servicio penitenciario federal se incrementó entre 2013 y 2018 un 15%, muy por debajo de lo que se incrementó la demanda de plazas, y en el servicio penitenciario bonaerense prácticamente no se incrementó. Según la Comisión Provincial por la Memoria, la sobrepoblación es del 100 por ciento, con 46.000 presos/as y 21.000 plazas en el sistema de la Provincia de Buenos Aires (provincia que aloja más de la mitad de la población de personas privadas de su libertad en Argentina) y 4.200 detenidos/as en comisarías, con apenas 1020 plazas33.

Estos datos son contundentes y lo cierto es que en la actualidad lejos se encuentra la posibilidad de cumplir con el postulado previsto en el Art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto dispone que: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. El problema de la sobrepoblación, además, no puede desvincularse de otro factor que complejiza el análisis: los criterios utilizados para la determinación del cupo o capacidad de cada establecimiento. La falta de estándares legales precisos y de procedimientos públicos en la habilitación de establecimientos, o secciones dentro de ellos, para

  • En el caso de la Argentina, se toma para el cálculo la tasa de población estimada por el INDEC para 2018 que es de 494.502.
  • Como guía básica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sugerido que la capacidad de alojamiento de los establecimientos de privación de libertad debe formularse teniendo en cuenta criterios como: el espacio real disponible por persona alojada; la ventilación; la iluminación; el acceso a los servicios sanitarios; el número de horas que las personas privadas de libertad pasan encerradas en sus celdas o dormitorios; el número de horas que pasan al aire libre; y las posibilidades que tengan de hacer ejercicio físico y/o trabajar, entre otras Sin embargo, la capacidad real de alojamiento es la cantidad de espacio con que cuenta cada persona en la celda en la que se la mantiene encerrada. La medida de este espacio resulta de la división del área total del dormitorio o celda entre el número de sus ocupantes. En este sentido, como mínimo, cada persona debe contar con espacio suficiente para dormir acostada, para caminar libremente dentro de la celda o dormitorio y para acomodar sus efectos personales Cfr. CIDH, Informe sobre los derechos Humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, 2011, p. 177.

 

alojar personas trae aparejado que normalmente se hable de “cupo declarado” y “cupo real”, en referencia a la capacidad de las unidades penitenciarias. Resolver este problema es una exigencia ineludible en un Estado de derecho, como consecuencia necesaria de la obligación de brindar condiciones carcelarias dignas y evitar que el encierro se convierta en una pena inhumana o degradante. Pero además de inconstitucional, la sobrepoblación carcelaria es en Argentina, ilegal. Desde 1996 la ley 24.660 contiene una disposición legal terminante, sin mucho margen para la interpretación: “El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento34.

Es sabido que la ausencia de un diagrama serio de política criminal se erige en una de las principales causas más evidentes del exceso de personas alojadas en establecimientos carcelarios. Prácticamente la totalidad de las medidas adoptadas en los últimos veinte años evidencia que Argentina se ha inclinado por la utilización del derecho penal como principal método de solución de conflictos y, sobre la base de esto, el empleo de la prisión como pilar del sistema punitivo. Esta decisión no fue acompañada de medidas acordes que aporten herramientas para sustentar tal modelo.

Como se dijo, el exceso de personas privadas de la libertad por sobre la capacidad de alojamiento oficialmente prevista en cada establecimiento penitenciario no es algo fácil de cuantificar si se considera que, históricamente, sus capacidades reales no fueron creciendo como lo hicieron las declaradas. La falta de un límite legalmente fijado —cupo— habilita, ante el apremio de espacio, el incremento de las plazas disponibles de manera informal, agregando camas, a veces tipo cuchetas o directamente colchones. Sin embargo, es posible centrar el análisis del problema de la sobrepoblación en el incremento constante de la cantidad de personas privadas de la libertad. Desde el año 2011 el Servicio Penitenciario Federal operó con un promedio superior al 90%, encontrándose focos de sobrepoblación desde el año 2015 en algunos establecimientos. El año 2016 implicó un punto de inflexión en ese aspecto. En el mes de diciembre, ocurrió por última vez —hasta la aparición de la pandemia por COVID-19— que el número de alojados no superara las plazas disponibles, llegando al final de ese año a ocuparse el 98% de la “capacidad operativa” del sistema.

En síntesis: la superpoblación, la escasez de recursos esenciales y la vulneración sistemática de derechos, entre ellos el acceso a la salud, referencian escenarios cotidianos en el contexto carcelario que existían antes de la pandemia y que continuarán si no se toman las medidas necesarias. Las huelgas, contestadas mayoritariamente con más violencia institucional, son en respuesta a una desprotección y desidia estatal que no es novedad. De allí la importancia y la necesidad de pensar la cárcel, tanto en la particularidad de este contexto como en el sistema que sustenta su funcionamiento, tanto en su historicidad como en su acontecer actual; y promover políticas públicas que, elaboradas y reglamentadas escuchando las voces y reclamos de quienes se encuentran privados de la libertad, conlleven cambios estructurales que protejan la vida y los derechos humanos.

Propuestas:

1.      Corto plazo

  1. El Poder Ejecutivo nacional debe continuar adoptando las medidas necesarias para evitar los contagios y la propagación del virus dentro de las prisiones a través de la tarea coordinada entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Salud. Muchas de las medidas adoptadas hasta el momento son necesarias y muy
  • Artículo 59 de la ley 660

importantes y se impone su actualización, monitoreo, constante revisión, ampliación y perfeccionamiento a medida que avancen los niveles de contagio en el país.

2.      Mediano plazo

  1. Es indispensable incorporar a la reforma del Sistema Penitenciario Federal una perspectiva de género y un enfoque interseccional para evitar que las mujeres privadas de libertad queden, una vez más, invisibilizadas dentro de las políticas
  2. Diseñar políticas focalizadas en los barrios, así como también en las familias, ya que se trata del territorio en el que construyen las cuestiones de carácter identitarias arraigadas a la masculinidad y la tendencia al delito. Actualmente, el 70% de la tasa delictiva refiere a delitos relacionados con la pobreza estructural, es por este motivo que es necesario diseñar políticas públicas que se focalicen en los sectores
  3. Impulsar la conformación de las cooperativas de liberados, construyendo un nuevo sujeto político en el campo La articulación entre cooperativas, emprendimientos y organizaciones sociales y/o de la economía popular aparece como un elemento central que habilita la inclusión a través del trabajo, viabilizando estrategias para intervenir sobre las demandas que el Estado, a través de los organismos que se desempeñan en el acompañamiento de los/as ex detenidos/as, no logra cubrir.
  4. Establecer PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL -EL TRABAJO Y LAS CÁRCELES-. Si analizásemos la función de las cárceles a lo largo de la historia y desde sus comienzos podríamos observar que la pretensión de las condenas era precisamente la contraria a la reinserción. Esta circunstancia atenta contra toda iniciativa de reinserción social de personas privadas de su libertad y dificulta enormemente la tarea de quienes pretenden trabajar en pos de ella. Es en ese sentido, los programas sociales que apuntan a incluir, deben tomar relevancia y deben ser fomentados y promovidos por el

11.3  Defensa

Las Fuerzas Armadas se encontraron durante mucho tiempo en estado crítico. Su organización y volumen respondió a necesidades de un escenario estratégico anacrónico. Su equipamiento sigue siendo obsoleto, está desactualizado y su utilización es limitada. Los accidentes, fallas, problemas de adiestramiento y dificultades logísticas ha descripto durante años esa situación.

Argentina requiere una política de Defensa cooperativa y que garantice su autodefensa en los términos del art. 51 de la Carta de Naciones Unidas.

A partir de la reciente promulgación de la Ley 27.565 que permitió la creación del FONDEF, por primera vez la Argentina contará con un fondo de financiamiento específico para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas que, al mismo tiempo, potenciará el desarrollo de la industria nacional para la defensa.

Los recursos del FONDEF serán afectados exclusivamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

El FONDEF contará con más de 34.000 millones de pesos en el 2021, (esta cifra corresponde al 0,5 % de los ingresos corrientes del presupuesto de la APN) y se estima que impulsará la creación de al menos 20.000 nuevos puestos de trabajo. Este fondo, administrado por el Ministerio de Defensa, deberá ejecutarse en su totalidad año tras año y tendrá un doble control parlamentario.

El FONDEF prioriza el trabajo y la industria nacional, así como también el fomento y desarrollo de la industria para la defensa, que aspira a favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa. También aspira a ser un estímulo para incrementar las acciones de investigación y desarrollo en el sector público y privado.

En esa línea, el FONDEF, permitirá revitalizar la industria de la defensa, que es un sector estratégico, fuertemente multiplicador de la actividad económica, que generará puestos de trabajo y se fortalecerán cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas de todo el país.

La mencionada ley posee un espíritu superador de las iniciativas anteriores. Los recursos financieros serán afectados para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para la defensa, pero, a diferencia de ésta, la afectación explicita la intención de cumplir con los siguientes objetivos:

  1. Impulsar y fortalecer la industria de la defensa nacional
  2. Favorecer la sustitución de importaciones
  3. Fomentar el desarrollo de
  4. Incentivar la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la
  5. Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable por medio de un mayor escalamiento tecnológico.
  6. Incrementar las acciones de investigación y

En síntesis, no solo se está pensando en la obtención de medios para la defensa, sino que la recuperación de las capacidades del sector esté incluida dentro de un proyecto de reactivación de la industria y el trabajo nacional.

REGULARIZACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL MILITAR

A través del Decreto 780/2020, los nuevos montos de los haberes militares que significan la regularización salarial definitiva para el personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas, anunciada por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Alberto Fernández el pasado 22 de julio en el encuentro de Camaradería realizado en el Edificio Libertador.

La decisión de regularización salarial impulsada por el Gobierno Nacional responde a una demanda histórica y termina definitivamente con las inequidades y desigualdades que generaba la situación al interior de las Fuerzas Armadas. De esta manera, el personal retirado y pensionado tendrá en su haber un incremento promedio del 30% (tomando como referencia febrero de 2020). Esta decisión del Presidente de la Nación beneficia a 162 mil familias del personal militar retirado y en actividad.

OPERACIÓN GENERAL MANUEL BELGRANO

 

Desde que comenzó la pandemia se realizó una rápida reconversión y adaptación de capacidades; potenciamos nuestros recursos humanos y pusimos a disposición toda nuestra fuerza de trabajo, conocimientos y medios logísticos en función de las necesidades ante la emergencia por COVID-19.

A partir de entonces, las Fuerzas Armadas están realizando el despliegue más importante desde el regreso de la democracia: la OPERACIÓN “General Manuel Belgrano”.

El panorama geopolítico internacional en la actualidad ejerce presiones en Latinoamérica, Sudamérica es hoy en día una región donde de la competencia entre las potencias globales, como Estados Unidos, Rusia y China se ven claramente. Estas presiones generan incertidumbre y tensiones por la apropiación de recursos naturales y controles de áreas y vías de comunicación. La planificación defensiva del nuevo deberá ponderar estas novedades, asumiendo un rol activo y en concordancia también con la Política Exterior.

El Gobierno debe atender entonces el desarrollo de capacidades de vigilancia, comunicaciones, ciber- defensa y movilidad, para proyectar presencia y operar en zonas soberanas y de interés nacional. Se debe transitar hacia un modelo de Fuerzas Armadas compactas y ágiles, profesionalizadas, tecnológicamente actualizadas, y sustentable logística y presupuestariamente.

La revalorización del Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) debe favorecer un abordaje diplomático de controversias regionales, así como la articulación de iniciativas colectivas frente a actores y/o situaciones extra-regionales. La sinergia entre los sistemas científico, tecnológico y productivo de la Defensa y el sistema universitario y de institutos nacionales de I+D (CONAE, CONEA, Instituto Antártico, FADEA, CINAR, INVAP, CITEDEF, etc.) potenciará el desarrollo económico y social del país.

En consideración a lo expuesto, resultan las consiguientes propuestas:

1.      Corto plazo

  1. Una aplicación efectiva de los criterios de organización militar conjuntos y una actualización gradual acorde a las disponibilidades presupuestarias de las capacidades

2.      Mediano plazo

  1. Un plan realista de equipamiento que permita a las Fuerzas Armadas cumplir con su misión central, la defensa de la soberanía territorial de la Nación, y hacer frente a otras demandas de la sociedad: catástrofes, logística antártica,
  2. La adecuación del sistema educativo de la Defensa con el sistema educativo nacional, que aporte estándares de calidad superior a la carrera profesional de los hombres y las mujeres de las Fuerzas

11.4  Cultura y medios de comunicación: una propuesta inclusiva

Desde hace varias décadas, la agenda sobre la democratización de las comunicaciones y la cultura está fuertemente instalada a nivel global, latinoamericano y local. Los estándares internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión y derecho a la información han tenido numerosas manifestaciones políticas, académicas y jurídicas. Unido a estos procesos, es valiosa la producción que reconoce la necesidad de promover la diversidad y pluralidad cultural y la definición de la comunicación como un derecho humano.

Es factible interpretar el proceso general de vaciamiento durante los últimos años al que fue sometida la Televisión Pública Argentina, y todos los medios de comunicación de propiedad estatal, como parte de un proceso general de desdemocratización del espacio público al intentar (infructuosamente) el gobierno de Cambiemos invisibilizar a una serie de actores y problemáticas legítimas de nuestra sociedad. Los recortes en los medios públicos deterioraron de manera progresiva y constante el ejercicio del derecho a la información y afectan negativamente la construcción de una agenda pública democrática, diversa y plural, en la medida en que numerosos temas y actores sociales quedan excluidos, y, por lo tanto, invisibilizados. En conjunto, las políticas públicas de comunicación generaron una sensible pérdida en la diversidad de expresiones culturales que tienen la posibilidad de circular por los medios de comunicación. La centralización de la producción de información y contenido cultural en las grandes ciudades lleva a un proceso de información evidente. Mientras el sistema público perdió –presupuesto y audiencia–, los medios privados que ya tenían una posición dominante ganaron –mercado, valor de sus acciones, potenciales audiencias, negocios en expansión–. Este enfoque no fue una decisión aleatoria, ni transitoria ni improvisada. Por el contrario, respondió a una cosmovisión precisa: en este modelo el ecosistema audiovisual no es considerado un espacio para la deliberación democrática, para ejercer el derecho a informar, informarse, relacionarse con ideas y culturas, sino como una zona más del mercado en la que el Estado debe garantizar negocios privados y achicar lo común.

La nueva realidad del mercado audiovisual y las innovaciones tecnológicas pondrán en crisis muchos de los paradigmas existentes. Lo que no puede entrar en crisis es la certeza respecto a la información como derecho inescindible de la democracia. Y que los medios de comunicación, más allá de realizar una actividad de evidente contenido económico, deben subordinarse en su actividad al pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso la información de los ciudadanos.

La cultura, como bien inmaterial es un factor clave en el desarrollo de las comunidades, debe ser apoyado por el Estado.

Las políticas públicas, en su concepción tradicional, suponen su desarrollo a partir de problemáticas que surgen del cuerpo social, pero si evaluamos con ojo crítico los programas elaborados por el Estado en materia de cultura, vemos que este supuesto diálogo entre políticas culturales y necesidades sociales es muy reducido. En primer lugar, notamos una diferenciación numérica en cuanto a la cantidad de iniciativas desplegadas en la de Cambiemos. El gobierno nacional de la gestión Cambiemos ha signado su discurso público en la idea de “ajuste” y “ahorro”, los cuales afectaron distintas áreas de la vida social. La cultura y la educación fueron particularmente intervenidas en sus presupuestos, lo que implicó cierre de programas, la reconfiguración de la estructura administrativa, y, específicamente, una transformación en la orientación de las políticas culturales. En esta línea, la decisión de haber degradado el Ministerio de Cultura a la de una simple secretaría, ni siquiera de Estado, sino del Ministerio de Educación, es un error. Un paso equivocado y desafortunado. En el área de Cultura esto se observa en varios aspectos: el borramiento de la historicidad de los programas y planes culturales que venían de la gestión anterior, la creación de nuevos programas, la modificación de la jerarquía de las dependencias estatales (transformación de secretarías en programas, desaparición de áreas, etc.).

Actualmente el sector cultural, uno de los más golpeados por la emergencia sanitaria, es la razón de ser de que el gobierno trabaja día a día para sostenerlo. Hasta el momento, ya se ha asignado una inversión que supera los 1000 millones de pesos en medidas destinadas a atender la emergencia. La

tarea primordial durante la emergencia será entonces desarrollar políticas culturales para la (re)creación de la cultura en días de pandemia: la reconstrucción del tejido social y las relaciones bajo nuevas formas de organización de la vida, la convivencia pacífica y la tolerancia, la cultura del cuidado mutuo y el cuidado del medio ambiente, de la solidaridad. Lo que llamamos “industrias culturales” son también industrias del encuentro, del intercambio, de la experiencia, de lo colectivo, del disfrute, del cuerpo, de lo comunitario, de lo público. Palabras que entraron en crisis con la pandemia y que es indispensable reformular: para concebir nuevas formas de comercialización y consumo de los bienes culturales, pero principalmente para valorarlas como instancias de construcción de lo común, de humanidad.

Los artistas, a través de su trabajo, recrean la cultura, nos interpelan desde lo sensorial y lo intelectual, nos dan otras herramientas para pensar y resignificar la cultura en tiempos de pandemia. En un momento en que nuestro sistema de pensamiento está rebasado por la crisis, el arte nos ofrece otras formas de comprender lo que nos está pasando y de imaginar futuros

Es por ello que, el Programa para la unificación del Movimiento Obrero deberá promover el desarrollo de una serie de políticas que promuevan la diversidad y pluralidad del intercambio cultural y el fomento de la libertad de expresión y del acceso a la información en el marco de la profundización de los procesos democráticos, promoviendo la diversidad en los medios de Comunicación, con el fin de lograr el libre intercambio de la información y demás bienes culturales.

1.      Corto plazo

  1. Inmediato concurso de licencias de radiodifusión en todo el país con acceso a los registros públicos de los oferentes, garantizando la pluralidad de voces.
  2. Restitución y cumplimiento de programas, subsidios y de los fondos concursales como el FOMECA, FNA entre otros y los correspondientes a las provincias para darle carácter descentralizado y federal a las producciones artísticas-culturales. Sancionar a los medios de comunicación que tabulen o creen noticias falsas (fake news).
  3. Democratización de la cultura mediante: Promoción masiva de centros culturales y de estudio con protagonismo popular y con un papel activo en la educación y en los contenidos curriculares Promover la cultura del encuentro a nivel nacional y en todos los estamentos del Estado. Promoción y apoyo financiero a los clubes de barrio como instituciones básicas de la cultura, desarrollo de la niñez, la juventud y los adultos mayores. Restablecer las cátedras universitarias del pensamiento nacional y la creación de nuevas, extendiendo su contenido al nivel secundario. Promoción de la identidad nacional y sus simbologías.

2.      Mediano plazo

  1. Impulsar políticas de integración cultural y comunicacional a nivel federal y latinoamericano con el objetivo de profundizar la unidad nacional, como así también la unidad de la Argentina con los países de la Región.
  2. Defensa y promoción de las lenguas indígenas según lo establecido por la Constitución Nacional y los Tratados Promoción efectiva del lenguaje de señas.
  3. Reformular la ley 908 que regula el estatuto del periodista con participación activa de los sindicatos del sector para alcanzar un convenio colectivo nacional y terminar

con la atomización, precarización y flexibilización laboral. Que esa ley incorpore a su articulado la participación activa para poder desarrollar la profesión en sindicatos en organismos públicos. Defensa y puesta en vigencia de la ley 28.522. Reconocimiento de los artistas como trabajadores con sus consecuentes derechos laborales.

  1. Implementación y cumplimiento de la ley de música (ley 801). Reivindicar todas las formas de cultura popular. Rechazar la persecución de los artistas callejeros.
  2. Creación de un plan de acción para el desarrollo y la promoción del arte popular teniendo como principales ejes la cultura propia de cada lugar y la participación de artistas en la conformación de dicho
  3. Fomento de Medios Comunitarios (Radio, TV).
  4. Formación en diseño de imagen y sonido y en comunicación con perspectiva de género.
  5. Acceso a las Telecomunicaciones en Barrios
  6. Acceso a las Telecomunicaciones en zonas rurales e indígenas.

11.5  Democratización de la justicia

La calidad institucional exige el mejoramiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. El rumbo debe estar signado por un proceso participativo, sumado al protagonismo y consenso de sus mismos integrantes. La propia Justicia debe tomar en cuenta su deterioro social y las demandas específicas de este tiempo y tener la capacidad de garantizar la consecución de los elevados fines institucionales que la Constitución Nacional y las leyes le asignan. Para ello, resulta indispensable el fortalecimiento de su independencia, tanto de otros formales poderes del Estado como de reales intereses o grupos de presión. La consolidación de la democracia requiere como presupuesto que ningún magistrado o magistrada aparezca sometida a interferencias indebidas. Es necesario fortalecer la institucionalidad de cada área estatal y gobernar en base a los principios de publicidad, transparencia y responsabilidad pública efectiva.

Para garantizar el principio de independencia judicial, deben acatarse estrictamente los procesos transparentes y adecuados de selección y nombramiento de magistrados/as, porque esto también determinará al resto de los poderes del Estado a respetar la autonomía de las y los jueces en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento.

Al mismo tiempo, la participación ciudadana, a través del juicio por jurados, la transparencia en los procesos judiciales y la publicidad y difusión de los actos de gobierno, se imponen como condiciones necesarias para el mejoramiento de la justicia. La mejor y más activa implementación de las normas, junto a la reforma y actualización integral de las que aún están desfasadas para la Argentina de estos tiempos, se imponen como un eje principal de mejoramiento del sistema de administración de justicia.

El desenvolvimiento de este poder del Estado no puede dejar de atender la paridad de género, como la imperatividad de los compromisos internacionales asumida por el Estado argentino para la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

El gran desafío reside en recomponer el vínculo entre el pueblo y la justicia, y así, fortalecer las instituciones y el sistema republicano. Para ello, es fundamental comprometer a los actores del universo judicial en las transformaciones que se requieren, bajo el firme compromiso y plena vigencia

de los derechos humanos y la consagración de la verdad y la justicia, que concreticen la justicia social y el desarrollo humano, para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Ello implica la posibilidad de un Poder Judicial con capacidad transformadora, que se alce contra los intereses sectoriales que pugnan por mantener un status quo inequitativo que niega la vigencia de los derechos de todos y todas.

1.      Corto plazo

  1. ACCESO A LA JUSTICIA: Esta garantía judicial ya consagrada como tal en el art 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, engloba desafíos de Transparencia, Publicidad y Oralidad -. Dosificar el lenguaje técnico de las sentencias judiciales, la redacción en términos sencillos e inclusivos significaría acortar la brecha que existe entre administrado y poder El excesivo ritualismo en las formas no debe ser un obstáculo a la hora del reconocimiento de un derecho.
  2. TRANSPARENCIA: Revisión por parte de la Oficina Anticorrupción de DDJJ Patrimoniales de magistrados del Poder Judicial, Ministerio Publico (Fiscales y Defensores) y todo aquel personal dependiente de estos con categoría no inferior a secretario o Con la ley 26.857 son de carácter público, de libre accesibilidad y pueden ser consultadas por cualquier persona interesada en forma gratuita y actualizada a través de Internet en el sitio de la Oficina anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos art. 6. Al margen de ello, cabe remarcar que, con posterioridad a la sanción de esta ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en posteriores Acordadas que no resulta admisible que las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios pertenecientes al Poder Judicial de la Nación sean controladas por la Oficina Anticorrupción porque ello implica una violación de la independencia de los poderes del Estado. Por eso, declaró «inaplicable» el artículo 6 de la ley que colocó las declaraciones de bienes de los magistrados bajo la órbita y fiscalización del Poder Ejecutivo, resolviendo, además, que será el máximo tribunal nacional el que controle las declaraciones de bienes de los integrantes del Poder Judicial y habilite su difusión.
  3. PERSPECTIVA DE GENERO: Garantizar la participación de las mujeres en el sistema judicial como así también, intensificar los mecanismos y recursos para las mujeres víctimas de violencia. Fortalecer la instrucción en perspectiva de género en todos los funcionarios del Poder Judicial y adecuar los cupos que garanticen una distribución equitativa de género en los magistrados y funcionarios.

2.      Mediano plazo

  1. AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA JUDICIAL: Creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías de todas ramas del derecho para agilizar la respuesta a la fuerte demanda
  2. ELECCION POULAR DE MAGISTRADOS: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la Inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, referentes a la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura Esta ley introducía modificaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación, ampliando de 13 a 19 los miembros del Consejo,

disminuyendo la influencia de los estamentos de jueces y abogados, aumentando la presencia de académicos de distintas disciplinas. De esos 19, los 3 jueces, los 3 abogados y los 6 académicos se elegirían mediante el voto popular en elecciones nacionales y no entre ellos, como sucedía hasta ahora.

  1. FUERTE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA: Fomentando procedimientos agiles, teniendo como premisa que la dilatación en el tiempo no es
  2. SISTEMA DEMOCRATICO DE INGRESO: Evitar el enquistamiento en la llamada “familia judicial” de la oferta laboral, implementando un sistema democrático para el ingreso de cualquier persona de la sociedad al sistema Pluralidad y diversidad étnica, de género, cultural, social e ideológica en el ámbito judicial y en particular, en la integración de los Tribunales Superiores.
  3. TRANSPARENTAR DESIGNACIONES: Audiencia Pública previa para todos los postulantes a jueces, defensores y Cambio en la ponderación de los antecedentes para acceder a los cargos, valorando no solamente los antecedentes académicos, sino también, el desarrollo de actividades de interés social.
  4. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: Resulta imperioso que magistrados del Poder Judicial, y Ministerio Publico tributen impuesto a las ganancias (… La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Art Constitución Nacional).

 

12. Derechos humanos para una sociedad la solidaridad

El menoscabo de los Derechos Humanos se exterioriza en los retrasos y obstáculos que el Gobierno de la Alianza Cambiemos impuso al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, en el marco de un fuerte intento por reconfigurar el sentido común acerca del terrorismo de Estado. El desmantelamiento de las políticas públicas y programas estatales de derechos humanos, acompañado de despidos, disoluciones de áreas vitales de gestión y drásticos recortes económicos, así como la permanente violación a la Ley de Sitios, utilizando espacios que han sido declarados patrimonio de nuestra memoria y resguardo probatorio para los juicios de lesa humanidad para realizar negocios inmobiliarios, así como el vaciamiento de los Espacios para la Memoria, son inequívocos ejemplos de la profundidad del daño que se han provocado.

La política exterior de la Argentina en materia de derechos humanos es rica y compleja desde la vuelta a la democracia. Desde entonces, el Estado argentino ha tenido históricamente un rol clave y de liderazgo para hacer frente a situaciones de violación de los derechos humanos en la región y en el mundo, y apoyado en general el fortalecimiento de los órganos de protección internacional de los derechos humanos, a través de distintas acciones al tiempo que ha incorporado en su ordenamiento jurídico nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos. Es clave que Argentina se mantenga como un actor atento y activo en la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, así como que cumpla con sus responsabilidades y compromisos asumidos ante la comunidad internacional. El papel de Argentina en foros internacionales supone además un compromiso para fortalecer los mecanismos multilaterales de protección y promoción de los derechos humanos, así como responder a las crisis y violaciones de derechos humanos en el mundo. Las políticas

públicas en Derechos Humanos comprenden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales.

El respeto de las decisiones de la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos y la autonomía e independencia de sus órganos resulta de vital importancia para garantizar una debida protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino.

Es por ello que, resulta fundamental:

1.      Corto plazo

  1. Retomar el impulso desde el Poder Ejecutivo de las políticas públicas que garanticen el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por las cuales nuestro país ha sido ejemplo
  2. Que el Estado mantenga una política activa a la hora de impedir la difusión de discursos negacionistas o que relativicen el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar.
  3. De forma coincidente, resulta de vital importancia el cabal cumplimiento del deber de preservación de los Sitios de Memoria como así también el sostenimiento y desarrollo de los “Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”, lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura

2.      Mediano plazo

  1. Se deben desarrollar y fortalecer políticas de promoción y protección de los derechos de los colectivos de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y de aquellas minorías que hoy ven vulnerada su libertad y son perseguidas y
  2. Se debe promover la puesta en marcha de políticas públicas que respeten los derechos culturales y la tierra de las comunidades de pueblos originarios, así como impulsar la participación y el fortalecimiento cultural, lingüístico e identitario

 

13. Equidad de Género

La desigualdad de género atenta contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales comprometiendo sus autonomías económicas, física y de toma de decisiones. Las mujeres y las disidencias sexuales sufren diversas formas de violencia y discriminación a raíz de su género. Acceden a menos recursos económicos, enfrentan una mayor carga de trabajo no remunerado e inciden menos en las decisiones en la esfera privada y pública, entre otras inequidades. Estos fenómenos se encuentran interrelacionados. Así, asegurar la autonomía de las mujeres en todos sus planos es esencial hacia la igualdad entre los géneros. Las inequidades asociadas al género no pueden resolverse de manera aislada. La posibilidad del reconocimiento de la equidad de género como una dimensión fundamental de la equidad social se sustenta en gran medida en la visibilidad y legitimidad que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos veinte años, en el tipo y calidad del conocimiento que se ha producido y produce sobre las relaciones de género, así como en el debilitamiento de las resistencias que suscita este nuevo actor social cuyas demandas cuestionan la estructura de poder y la organización de la vida cotidiana.

La igualdad de género es un imperativo moral y político: requiere garantizar los derechos de las mujeres y construir las mismas oportunidades e incentivos para varones y mujeres. La autonomía femenina es también fundamental para el desarrollo sustentable e inclusivo. En primer lugar, habilita el aprovechamiento del bono demográfico que la Argentina experimenta actualmente. En segundo lugar, la economía se beneficiaría de una mejor y mayor participación de las mujeres en la esfera pública. La equidad de género es deseable en términos de equidad como en términos económicos.

En los últimos años se ha producido un retroceso en materia de derechos fundamentales que afectan especialmente a las mujeres y a las personas de identidad sexo-genérica diversa. La conquista de leyes como la 26.485 (2010), destinada a erradicar la violencia contra las mujeres y la denominada “Ley de Identidad de Género” 26.743 (2012), han menguado la eficacia de su cumplimiento por un conjunto de razones entre las que sobresale el brutal deterioro económico, la crisis que afecta a las unidades domésticas, la pérdida de empleo, el incremento de la violencia en todos los órdenes de la existencia, la discriminación en el mercado laboral y los procedimientos institucionales violentos.

Es necesario que el Estado tome las medidas para lograr una mayor participación de las mujeres en puestos de decisión, una distribución más justa de las tareas dentro del hogar, mejores trayectorias laborales femeninas y el efectivo goce de los derechos sexuales y reproductivos. Solo con una perspectiva integral e interrelacionada se podrá lograr el real empoderamiento de las mujeres.

Es por ello que, se plantean los siguientes ítems a manera de objetivos:

1.      Corto plazo

  1. Asegurar el cumplimiento de los marcos legales existentes destinados a igualar los derechos de las mujeres y de las personas de diversas identidades sexo-genéricas, cuyo ordenamiento se basa en las Convenciones Internacionales, en los tratados internacionales, en los pactos y acuerdos como los Principios de Yogyakarta relativos a identidad y
  2. Impulsar el acompañamiento de políticas con perspectiva generizada de modo que se asegure la equidad en todos los organismos públicos, cualquiera sea su índole, promoviendo la integración paritaria en todos los cargos, especialmente en los referidos a dirección, conducción y planificación estratégica.

2.      Mediano plazo

  1. Extinguir el flagelo de la violencia con un amplio despliegue de programas preventivos; ampliar la participación política de las mujeres; y, comprometer la participación en las labores de Promover el acompañamiento para la capacitación en la temática de género y violencia contra la mujer.
  2. Licencias Maternidad y Trabajo, Licencia por violencia: Profundizar el cumplimiento de las leyes laborales en materia de Licencia por maternidad y pago de salario. Promover integración a convenios que garanticen el derecho de licencia para la mujer en ocasiones de violencia de género.
  3. La gestión de la información en materia de violencias constituye un objetivo importante, poniendo en el centro de las prioridades el alcance y capacitación que otorgue a las y los trabajadores información seria
  4. Financiamiento de actividades estratégicas para asegurar el goce pleno de los derechos de ciudadanía a la población femenina y a las personas de diversas identidades sexo-genéricas.
  5. Abordar los lineamientos que propone el Plan Nacional De Acción Contra La Violencia Por Motivos De Género: una proporción significativa de las personas en situación de violencias por motivos de género no denuncia a sus agresores por un conjunto diverso de factores, entre ellos, la desconfianza en las instituciones públicas de asistencia y abordaje de estas violencias, el temor a las represalias por parte del agresor, la duda respecto de la efectividad de iniciar un proceso penal, la dependencia económica y/o emocional, entre
  6. Largo plazo- Proyecciones Legislativas
  7. Acompañar reformas legales con el objetivo de asegurar equidad de género en el mercado laboral, de medidas fiscales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, de modo que puedan erradicarse las ominosas brechas diferenciales
  8. Disminuir la brecha de género en el ámbito
  9. Mejorar la empleabilidad e inserción laboral
  10. Promover la concertación entre los actores del mundo del trabajo mediante el dialogo
  11. Concretar la equidad de género e igualdad de oportunidades en la realidad
  12. Transversalizar la perspectiva de género en el marco normativo
  13. Desarrollar un marco legal que facilite la igualdad de oportunidades y tratamiento de género en el mundo
  14. Incluir la temática de género en los Convenios Colectivos de
  15. Generar información sistemática de la realidad del mercado de trabajo argentino sobre la temática.
  16. Visibilizar la situación de las mujeres en el mundo

Por otra parte, se recomienda que el sector sindical lleve adelante las siguientes acciones:

  1. Incentivar la incorporación del cuidado en las agendas sindicales y en las cláusulas de negociación colectiva y robustecer las capacidades sindicales en esos
  2. Fomentar la representación de las mujeres en los sindicatos y en los espacios de negociación colectiva, enfatizando el cumplimiento efectivo de la ley de cupo en el ámbito sindical.
  3. Difundir información sobre los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares y ofrecer apoyo a los afiliados para que hagan uso de sus derechos de
  4. Desde la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres, se debe fortalecer las capacidades de incidencia para lograr la incorporación de estos temas en las agendas de los representantes legislativos. Asimismo, pueden brindar servicios al Estado para la generación de conocimiento sobre las necesidades reales de cuidado y los arreglos y condiciones actuales de su provisión, información que debería incluir:
  5. El relevamiento y análisis de las demandas actuales y potenciales de cuidado, considerando la evolución demográfica, los diferentes niveles de autonomía y dependencia de los adultos mayores y personas con discapacidades, las características de las personas que realizan las tareas de cuidado en el interior de los hogares y el impacto de esas tareas sobre los grupos familiares.
  6. El análisis del impacto de las transferencias monetarias en el apoyo al autocuidado y el cuidado de las personas
  7. Un relevamiento de la oferta pública y privada de servicios de cuidados, que considere las diferencias entre lo urbano, lo rural y entre los diferentes
  8. El relevamiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores del
  9. La incorporación de preguntas relativas a la organización del cuidado dentro de las encuestas de la fuerza de
  10. La elaboración de encuestas de uso del tiempo, que se implementen a nivel nacional y de manera periódica, para medir la participación de las mujeres y los hombres en los
  11. El desarrollo de un sistema de indicadores para monitorear y evaluar las políticas públicas.
  12. La estimación del costo de las iniciativas y un análisis de las reformas y los ajustes que se deberían realizar para incorporar la cobertura de cuidado en el sistema de seguridad

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