No existe la misma armonía de intereses entre las clases sociales en la Argentina que en Inglaterra

EL ESTADO DEBE INTERVENIR EN LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA*

Por Fernanda Vallejos*

Implica la obligación del Estado de intervenir en las relaciones económicas para armonizar intereses y proteger, en última instancia, el crecimiento, la producción y el trabajo. «Las empresas que exportan tienen que darse cuenta, tienen que entender que por muy buenos que sean los precios internacionales, tienen que tener un precio interno acorde al bolsillo de los argentinos.» (Néstor Kirchner. FOTO)

Por Fernanda Vallejos

La Nación

3/02/2021

La inflación de 2020 se ubicó en 36,1%, casi 18 puntos por debajo del 53,8% del 2019 que sepultó empíricamente la hipótesis monetarista de la emisión: 2019 conjugó la política de «emisión 0» con la inflación más elevada en tres décadas.

No obstante, el registro de 2020 sigue siendo alto, y acelerándose en el último trimestre.

Esta persistencia de la suba generalizada de precios es, sin dudas, un problema macroeconómico que exige ser abordado.

Con mucha más urgencia aún, cuando la evolución de los precios muestra su cara más despiadada: el rubro alimentos y bebidas, el más sensible para la canasta de consumo popular, arrojó un incremento de 42,1%, 6 puntos por encima del nivel general, una dinámica regresiva que se había impuesto durante los 4 años del gobierno de Macri.

De acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, licenciado Daniel Arroyo, en base a relevamientos que lleva adelante su cartera, la inflación para los más pobres se ubicó en el entorno del 50%, unos 14 puntos más que el nivel general.

La problemática inflacionaria de la Argentina ha sido largamente estudiada en la literatura económica por grandes maestros de nuestra disciplina, junto con la cuestión distributiva y los impactos de la política cambiaria.

Se trata de lecciones que conviene tener presentes.

En este sentido, una definición de primer orden es la de que la inflación es un fenómeno de costos, fuertemente impactada por la evolución de los precios fundamentales de la economía (aquellos que influyen sobre todos los demás precios): tipo de cambio, tarifas y salarios.

En este sentido, el congelamiento de tarifas dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria -aunque matizado por el aumento de los combustibles-, y la contención de las demandas salariales facilitada por el escenario de pandemia (hasta noviembre, según datos del Indec, los salarios habían crecido en torno al 30%, no habiendo podido recuperar las pérdidas acumuladas durante los 4 años anteriores), operaron en el sentido de morigerar la inflación.

En sentido opuesto actuó la evolución del tipo de cambio, que saltó desde $59,81 por dólar a principios de enero, hasta $84,15 por dólar al cierre de diciembre, en un contexto de fuertes presiones cambiarias por parte de los sectores que, con rentas y patrimonios dolarizados, aspiran a mejorar su posición relativa forzando una devaluación, a pesar de que ésta pulverizaría los salarios en pesos.

Entonces, ¿qué ocurre con el precio de los alimentos? Como bien explicó el colega Fabián Amico, «la suba del precio internacional de las materias primas es equivalente al efecto de una devaluación del tipo de cambio en el precio de los alimentos».

En efecto, el precio internacional de las commodities agropecuarias tuvo un incremento en torno al 60% en dólares en los últimos meses de 2020, disparando el precio de los alimentos que consumimos en el mercado interno, un fenómeno que llamamos «inflación importada».

El precio en pesos que perciben los exportadores está condicionado por el precio en moneda extranjera de los productos exportados -que depende de condiciones fijadas en el exterior- y por el tipo de cambio -en el que influyen el resultado del comercio exterior y la política económica y cambiaria-.

Como los productos agropecuarios exportados son de la misma naturaleza que los que se destinan a satisfacer la demanda interna de alimentos y a abastecer a la industria que los procesa, el precio interno de los alimentos está condicionado por los precios de exportación (en pesos), o sea por el tipo de cambio y por el precio internacional de las commodities .

Como sostuvo Pablo Gerchunoff, el conflicto distributivo en nuestro país «. se traducía en un conflicto más virulento por una maldición argentina: la superposición, probablemente única en el mundo, entre la canasta de consumo popular y la canasta de exportaciones».

Es por esta circunstancia que se requiere de la intervención decidida del Estado y, particularmente, de políticas que, sin afectar las cantidades exportadas, desacoplen el precio internacional de los productos primarios de exportación de los precios domésticos de los alimentos .

El consenso de la academia, en este sentido, no admite dudas.

Al menos entre quienes honestamente aspiran a no sacrificar el bienestar del conjunto de la sociedad ni el crecimiento de la economía en el altar de la rentabilidad del sector agroexportador.

Va de suyo que, tal como ocurre frente a una devaluación, el alza en el precio internacional de los productos agropecuarios, debido al impacto en el precio interno de los alimentos, provoca una caída de los salarios reales.

Naturalmente, los trabajadores exigirán recuperar, con aumentos salariales, el poder de compra perdido.

Si bien la Argentina ya no es aquel país con bajo desempleo de décadas pasadas, conserva un para nada desdeñable grado de sindicalización que les permite a los trabajadores reclamar lo que les corresponde, desde posiciones significativamente más fuertes que las que presentan países como Chile, Perú o Brasil, por citar ejemplos conocidos.

En síntesis, al impulso de la inflación importada le sigue la agudización de la puja distributiva que alimenta la dinámica inflacionaria y que, salvando honrosas excepciones, por lo general mantiene a los salarios reales en niveles inferiores a los previos al alza de precios internacionales.

Por otra parte, la contracción del ingreso real de la mayoría que percibe ingresos en pesos, conduce a una caída de la demanda de bienes industriales no esenciales, ya que una mayor proporción del ingreso real debe destinarse al gasto en alimentos.

Ello, en un contexto de elevada concentración en pocas empresas de la mayor parte de la producción, deriva en una reducción de la cantidad producida, afectando, a la postre, al empleo.

Del otro lado, el mayor ingreso real del sector agropecuario no compensa la contracción de la demanda de la mayoría de la población, debido a la alta participación de segmentos de altos ingresos en el sector agropecuario, que orientan el gasto al consumo de bienes suntuarios, muchas veces importados, y a la fuga de divisas.

El corolario es la caída de la demanda efectiva, de la producción, de la inversión y del empleo.

Se comprende que los sectores agroexportadores, en defensa de la mayor rentabilidad que les reporta el alza del precio de las commodities, rechacen la intervención del Estado mediante instrumentos como las retenciones que desacoplan precios internacionales y domésticos reduciendo el precio que reciben los exportadores.

Este conflicto de intereses entre sectores económicos y sociales fue expresado por el economista inglés John R. Hicks cuando, en una conferencia en 1962 sobre «Inflación y desarrollo» en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sintetizó: «En el caso de Inglaterra un aumento de los precios de importación (que es el principal peligro para los salarios reales) afecta a toda la economía: debilita el balance de pagos; a pesar de que debemos pedirles a nuestros trabajadores sacrificios, estos son sacrificios que deben realizar, más o menos, todas las clases sociales.

Más o menos, los intereses de las distintas clases sociales son concurrentes.

Pero, en el caso de la Argentina, un aumento de los precios de exportación es desfavorable para los salarios reales y estimula, en consecuencia, la inflación de costos…

No existe la misma armonía de intereses entre las clases sociales (en la Argentina que en Inglaterra)».

Sin embargo, fuera de estos intereses sectoriales, debería comprenderse que la intervención del Estado responde a un imperativo moral elemental para cualquier sociedad: garantizar el acceso a los alimentos a todos los miembros de la comunidad, un derecho humano básico consagrado en nuestra Constitución.

También, a una exigencia de racionalidad económica: evitar una mayor inflación, el derrumbe de los ingresos reales y del consumo popular, clave para una economía como la Argentina, donde el consumo interno, y no las exportaciones, es el principal motor del crecimiento económico, la inversión y el empleo.

Esto no implica, como a veces se lo pretende hacer ver, restar importancia al rol de las exportaciones -única fuente genuina de divisas de nuestra economía- vitales para un país acechado, en sus aspiraciones de desarrollo, por la restricción externa.

Mucho menos para quienes rechazamos las políticas de endeudamiento externo como las implementadas durante el anterior gobierno y que hoy someten a nuestro país a sentarse, nuevamente, en una mesa de negociaciones con un organismo como el FMI, que no sólo es responsable de haber endeudado al país en un monto y condiciones imposibles de cumplir por la Argentina, mientras permitía la fuga de cada dólar prestado con el propósito político de favorecer la fallida reelección del expresidente Macri, sino que, con sus recetas probadamente fracasadas, ha sido partícipe necesario de las más severas crisis de la historia reciente de nuestra Nación.

Pero sí implica la obligación del Estado de intervenir en las relaciones económicas para armonizar intereses y proteger, en última instancia, el crecimiento, la producción y el trabajo.

Cualquier observador objetivo, despojado de prejuicios, debería poder reconocer que resulta absolutamente válido que un sector deba reducir en alguna proporción el crecimiento de sus ganancias en pos de que el conjunto de la comunidad nacional pueda comer y, también, de asegurar un sendero de crecimiento sostenible junto con la estabilidad de nuestra moneda, lo que aparejaría beneficios como la paulatina recuperación de su función de reserva de valor, y reduciría recurrentes dolores de cabeza como los derivados de que los argentinos mantengan un stock de activos en dólares en el exterior superior a la deuda externa del país.

El doctor Aldo Ferrer, refrescaba en un trabajo suyo de 1963, que «Como decía Lawson (.) ‘el principal obstáculo a una moneda estable en países como la Argentina es que las clases que se benefician con la depreciación del pe so (para el caso que estamos analizando, su equivalente: el alza del precio de las commodities agropecuarias) son mucho más influyentes que las clases que se perjudican con ella'».

Es responsabilidad del Estado, entonces, equilibrar el peso de las influencias.

Algo que entendió muy bien Néstor Kirchner cuando, el 12 de octubre de 2007, definió: «. este proyecto ya no es más una contradicción industria o campo, exportación o consumo.

Las empresas que exportan tienen que darse cuenta, tienen que entender que por muy buenos que sean los precios internacionales, tienen que tener un precio interno acorde al bolsillo de los argentinos.

Después que les vaya muy bien internacionalmente, que tengan rentabilidad interna, pero tiene que haber un principio de solidaridad, nadie se salva solo.»

La ciencia económica puede hacer un aporte importante.

Pero, al final día, que mañana sea mejor que ayer, depende de la política.

FV/

 

NAC&POP: Fernanda Vallejos es  economista. Fué elegida Diputada Nacional Frente de Todos. /MG/N&P/
NOTA: *El título original de este artículo es «El Estado debe intervenir en la puja distributiva» MG/N&P