Un análisis de cómo la pandemia del Covid-19 afectó las metas iniciales del Frente de Todos y una reflexión crítica sobre la naturaleza del actual gobierno.

SIN AUTORIDAD NO HAY GOBERNABILIDAD

Por Ricardo Aronskind *

Ricardo Aronskind* (FOTO)  sostiene que con otra actitud política se podrá recomponer la autoridad pública, otorgar credibilidad a las decisiones del Estado, y garantizar la gobernabilidad imprescindible para promover el crecimiento y mejorar la muy regresiva distribución del ingreso que hoy existe en nuestro país.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

02/02/2021

Durante 2020 el escenario que había imaginado el Frente de Todos antes de las elecciones cambió drásticamente.

En lo inmediato el FdT enfrentaba alguna metas prioritarias: hacer frente a la crítica situación social, reactivar la economía para volver a crecer luego de dos años muy malos y evitar el default provocado por la política económica macrista -tanto con los acreedores privados como con el FMI-.

El estallido de la pandemia del COVID 19 empeoró todos los problemas internos.

El gobierno frente al nuevo cuadro procuró poner un piso a la caída de la economía vía ayudas a millones de personas y empresas, evitó las quiebras masivas y el hambre, y logró reestructurar la gran deuda con los acreedores privados.

Logró efectivamente que el daño no fuera mayúsculo y pudo resguardar a los sectores más castigados del hambre.

Hasta empezó a impulsar una difícil reactivación en condiciones muy complejas.

Sin embargo, la realidad económica no se agotó allí.

El gobierno de Alberto Fernández se encontró con los problemas que no había logrado resolver el kirchnerismo (inflación que deteriora los ingresos populares, mercados altamente concentrados, faltante de dólares en relación a las necesidades del país, estado carente de mecanismos efectivos de regulación económica y de recaudación impositiva), agudizados por el macrismo, que gobernó en función de los intereses privados de las diversas fracciones económicas locales y extranjeras que dominan el país.

Todos esos problemas están hoy pendientes de resolución, y apenas han sido disimulados por la abrumadora pandemia.

El gobierno no mostró tener, durante su primer año, una clara orientación práctica en el sentido de ir desmontando todas las restricciones que pueden afectar negativamente su accionar.

Su programa de gobierno explícito parece haber sido concebido para un contexto de normalidad económica y política del que lamentablemente carecemos.

Reafirmó su voluntad de revertir la grave desigualdad social, pero pareció carecer de una hoja de ruta para enfrentar los desafíos concretos.

Más bien osciló entre diversas ideas, tratando de mostrarse siempre flexible y “no dogmático”, como ocurrió en el caso de la quiebra fraudulenta del grupo Vicentin, donde no pudo resolver ni encauzar el problema en un sentido socialmente útil, ante la hostilidad manifestada por diversos factores de poder contrarios a cualquier forma de intervención del estado en la economía.

Procedió correctamente, por ejemplo, a prohibir los desalojos de los inquilinos en dificultades, pero éstos se continuaron produciendo.

Congeló precios, que continuaron moviéndose más allá de las disposiciones gubernamentales, desgastando la palabra oficial.

Suspendió los despidos, pero algunos grupos económicos los concretaron igual.

Es decir, serias dificultades para hacer cumplir la Ley, por más legítima que sea.

La Provincia de Buenos Aires sufrió durante 2020 una rebelión policial con ribetes opositores.

En el momento cúlmine, parte de esa fuerza rodeó amenazante la Quinta Presidencial y la Residencia del Gobernador.

La reacción oficial fue buena en cuanto a la forma de resolver las demandas razonables de esa fuerza, reasignando partidas presupuestarias injustificadamente otorgadas a la CABA, pero fue muy débil en cuanto a castigar la inaceptable situación de coerción armada al gobernador y al Presidente de la Nación.

El mensaje que recibió la sociedad fue de debilidad oficial frente a un evidente cuadro de anomia institucional.

Ante la pandemia el gobierno adoptó inicialmente una posición clara de cuidado de la población, de protección para que la gente no tuviera que salir a trabajar, y de evitar daños irreparables en el tejido económico.

Pero fue progresivamente cediendo a una presión de inspiración individualista de poco control y de concesión a las presiones empresarias para relajar todo.

No sostuvo su discurso inicial de privilegiar la vida, de que las empresas ganaran menos, sino que lo fue disolviendo gradualmente, sin caer nunca en el negacionismo abierto de la oposición.

La palabra oficial sufrió varias desmentidas por parte de la vida real.

Afortunadamente, hacia fin de año logró concretarse la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una reivindicación histórica que ahora deberá ser implementada en forma adecuada en todo el país.

Ya hay señales de rebelión conservadora –incluso en el propio poder judicial- para impedir su aplicación.

En lo político-económico el gobierno pareció guiado por correctos criterios favorables a la producción y la reparación social, pero tratando al mismo tiempo de respetar el objetivo político de la no confrontación con intereses poderosos.

La predisposición constante al diálogo y la flexibilidad del oficialismo, sin embargo, no fueron valoradas por la oposición más dura, que manifiesta sistemáticamente una actitud intransigente y desestabilizadora, tanto en la arena partidaria-institucional como en la comunicacional.

En el terreno mediático esto se expresó en una constante denigración del gobierno y de sus figuras principales, en la abierta tergiversación de los hechos políticos y de una interpretación siempre retorcida sobre las decisiones gubernamentales. El importante logro del arreglo con los acreedores privados fue completamente menospreciado y disimulado por los medios.

Por el contrario, la reacción de “los mercados” locales –es decir, los grandes intereses concentrados-, se expresó en un clarísimo intento de desestabilización cambiaria, a partir de la acción concertada de operadores en diversos mercados marginales que incrementaron la demanda, conjuntamente con la retracción de la oferta de dólares por parte de las empresas exportadoras, más la militante participación de la gran prensa que desató una andanada de rumores para inquietar al público y embarcarlo en la corrida cambiaria.

Con mucha dificultad el gobierno logró contener transitoriamente la situación, cuando ya estaba afectando la provisión de bienes al mercado, debido a razones especulativas.

Debemos señalar que esa transitoria tregua cambiaria se logró sin haber desmantelado los mecanismos económicos que permiten a sectores muy concentrados poder realizar chantajes cambiarios al gobierno de turno.

Parece insólito, pero el gobierno nacional se ve obligado a luchar defensivamente contra sectores influyentes del sector privado para tratar de estabilizar la economía y evitar una situación potencial de caos social.

Esas corporaciones concentradas locales son mucho más severas en sus reclamos de ajuste de los ingresos populares y del gasto público que el propio Fondo Monetario Internacional y tratan de consolidar un cuadro de situación social altamente regresivo.

Es decir, lo que ha logrado el gobierno hasta el momento, más que formular un sendero positivo de expansión y mejora generalizada, es evitar que se haga más daño al tejido productivo y social del país.

La actitud opositora privada no le da respiro ni le facilita ninguna política pública.

Por otra parte, las grandes mayorías por el momento no logran tener una presencia significativa en la escena pública.

La inacción de los sectores populares se explica en parte por las restricciones de movimiento y concentración que impone la pandemia, y a la natural espera de quienes apoyaron al F de T de las medidas de un gobierno que se considera amigo.

Los diversos espacios políticos populares parecen desactivados, a la espera de novedades positivas que emanen de la acción estatal.

Esto no ha sido interpretado así por la derecha económica y política, que parece suponer que el gobierno no representa a nadie, o que se representatividad se ha ido evaporando.

Las vacilaciones gubernamentales sólo agregan mayor audacia al campo opositor, que en algunos casos apuntan a poner en tela de juicio la autoridad gubernamental, o la capacidad de las instituciones democráticas para hacer cumplir las leyes.

Tampoco ayudan a fortalecer al campo popular las posiciones de la cúpula de la CGT –teórica representante de los intereses de los asalariados-, que suscribió a mitad de año un documento emanado de la Asociación Empresaria Argentina, entidad ultra conservadora y partidaria de mayor inequidad social y precariedad laboral.

Es difícil encontrar en todo el espectro político posiciones más antipopulares, y la dirigencia cegetista las ha refrendado, en clara confrontación, por derecha, con la orientación general del gobierno.

Las lecciones sobre el Estado que ya nos dejó la pandemia:

2020 fue marcado por la expansión global del COVID-19. La desgracia de la pandemia fue una gran ocasión para ver cómo funcionan las sociedades en relación a un fenómeno externo.

Especialmente si son capaces de auto organizarse, aprender, y de tomar las medidas más adecuadas para minimizar el impacto humano de la crisis sanitaria.

Con la pandemia vemos que los estados mejor preparados para enfrentarla tienen:

1) capacidad de planificación y gestión, utilizando diversos recursos tecnológicos.

2) capacidad de recopilación de información y de elaboración racional para aprender de la misma,

3) capacidad de movilización organizada y efectiva de recursos humanos adecuados. Pero sobre todo,

4) poseen autoridad ante la sociedad para tomar las medidas que hagan falta desde el punto de vista colectivo, sin tener que prestar demasiada atención a corrientes ideológicas delirantes o a la cháchara individualista que antepone los caprichos personales a las necesidades de protección de toda la sociedad.

Los estados que mejor gestionaron la pandemia tienen poder de coerción y suficiente validación social para aplicar las mejores medidas para evitar el desastre. Y poseen autoridad política sobre la inmensa mayoría de la población, lo que hace más sencillo tratar con los casos que se salen de la norma.

El fracaso de los Estados Unidos (¡ya superaron los 400.000 muertos!) en gestionar la pandemia, no es precisamente debido a las grandes capacidades de planificación, gestión, recopilación de información, etc. que tiene ese país, sino debido al boicot realizado desde el propio poder ejecutivo (Trump) al despliegue de las medidas de protección, atropellando a los propios científicos norteamericanos, y potenciando un individualismo egoísta muy difundido en aquella sociedad. Una pésima interpretación de la idea de “libertad” combinada con muy preocupantes ideas oscurantistas difundidas desde la cúpula del Estado.

En nuestro caso, las debilidades se manifestaron en un boicot generalizado de los principales medios de comunicación a la información veraz y a las medidas de cuidado tomadas por el gobierno.

Este boicot se efectuó –y efectúa- en estrecha coordinación con un discurso opositor irresponsable que aludía a supuestas “libertades” y “derechos conculcados”.

A estos hechos premeditados y alevosos, se suman las preexistentes debilidades de las instituciones estatales -como la poca capacidad y pericia de la policía y otros cuerpos para hacer cumplir las disposiciones, combinada con la anomia en los comportamientos individuales y la falta de conciencia colectiva que debería ser el principal soporte de las medidas de cuidado generalizadas.

La derecha local, al igual que la norteamericana, apeló a un uso absurdo del concepto de “libertad” para promover el agravamiento del estallido pandémico.

En pocos lugares del mundo se ha observado la brutal falta de cohesión nacional que se puso de manifiesto en Argentina.

Aquí presenciamos el uso escandaloso de las mentiras y rumores más disparatados por parte del bloque opositor para debilitar los cuidados públicos, y el boicot al propio proceso de vacunación promovido por fuertes intereses locales asociados seguramente a intereses geopolíticos y económicos norteamericanos.

El gobierno, no supo sostener con firmeza y convicción el buen rumbo que había determinado en un comienzo.

Ni supo dar cuenta públicamente, comunicando y explicando con claridad, las dificultades humanas y limitaciones económicas que presenta un hecho epidemiológico de este tipo.

Acertó en encarar un amplio abanico de opciones de compra de vacunas, dada la insuficiente capacidad local para arribar a un producto local.

De más está decir que nuestro país, con políticas públicas adecuadas, sostenidas en el tiempo, estaría en perfectas condiciones de alcanzar un grado significativo de soberanía científica y sanitaria que no la haga depender de situaciones inmanejables en otras latitudes.

Políticamente se perdió la oportunidad para plantear un buen debate sobre los efectos dramáticos del individualismo irresponsable y sobre la dañosidad social del oscurantismo y desinformación mediática.

Hubiera sido una instancia de maduración política, que no se supo aprovechar.

Aparentemente no hay ningún actor político que entienda la relevancia pedagógica de ese debate, o que esté dispuesto a encarar ese desafío.

Desde el principio de la pandemia hemos sostenido que al neoliberalismo global no sólo no le importa una gran cantidad de muertos, sino que considera como positivo económicamente que el COVID pueda dejar en el camino a una gran cantidad de gente mayor –que ya “no produce ni consume”- y a sectores vulnerables que sobrecargan los sistema de seguridad social a los que esta ideología desprecia y pretende descartar.

Frenar las economías para salvar gente es para el neoliberalismo un doble mal, y ha tratado de boicotear los cuidados públicos en todas partes.

El neoliberalismo local tiene exactamente la misma lógica, y tanto en el discurso como en la práctica, intentó potenciar la pandemia minimizando los riesgos, instando a no cuidarse, presentando la desaprensión como una epopeya de libertad.

Lamentablemente no se encontró con un claro y potente discurso de lo público, de la responsabilidad, y de las prioridades que debe tener una sociedad que se respete a sí misma.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron para definir el gabinete

La naturaleza del actual gobierno:

La experiencia kirchnerista puede ser analizada como un antecedente significativo de lo que puede esperarse del gobierno del Frente de Todos.

Recordemos que el kirchnerismo, luego de una primera etapa comandada por Néstor Kirchner muy exitosa, se encontró con una brutal oposición a partir del 2008, destructiva y desestabilizadora.

La etapa que comandó NK fue básicamente keynesiana en lo económico, en el sentido que se basó en una fuerte expansión del gasto público y la demanda privada, que a su vez impulsó más la recuperación del empleo y los ingresos de las mayorías.

No implicó ninguna confrontación estructural con los poderes fácticos, que habían quedado transitoriamente descolocados por el fracaso descomunal de la “convertibilidad”.

Hasta allí, prácticamente todo el peronismo acompañó al gobierno K, porque todos los sectores económicos mejoraron su situación.

Pero cuando el núcleo sojero se lanzó contra el gobierno de Cristina Fernández a comienzos de 2008, encabezando un sorprendentemente amplio abanico social, una parte del peronismo empezó a retirarse de la confrontación, a la que no estaba dispuesto.

En ese abandono de la experiencia kirchnerista participaron desde sectores importantes del sindicalismo peronista, del tradicional peronismo territorial articulado en las viejas estructuras del PJ, hasta figuras políticas reconocidas como Alberto Fernández o Felipe Solá.

Lo que mostró la crisis de 2008 fue que había una parte del peronismo que sólo está dispuesta a apoyar una reactivación en la cual “todos ganan”, pero no otro tipo de situación conflictiva en la que esté involucrado el poder económico.

Entendemos que en el conflicto que se abrió en forma permanente desde 2008 entre el establishment y el kirchnerismo, no sólo hay un componente de disputa distributiva (AFJP, YPF, controles cambiarios y de precios), sino que lo que parece inadmisible para la elite corporativa local es que un gobierno –en la etapa democrática abierta en 1983- adquiera una fuerte autonomía política e intelectual, tanto en la política doméstica como en la internacional.

Cristina Kirchner logró a pesar de todo sostenerse en el gobierno y obtener la reelección por amplio margen, pero ya se había producido el desgajamiento de una parte del peronismo, que comenzó a jugar claramente con la derecha política (macrismo) y económica.

Massa sirvió en ese escenario para debilitar las posibilidades de continuidad de un kirchnerismo vigoroso, lo que terminó empujando a una respuesta defensiva del espacio de Cristina: la candidatura de Daniel Scioli.

Ya en esa candidatura estaba prefigurada una suerte de admisión: buena parte del peronismo no se bancaba seguir confrontando con el establishment y con poderes globales, como los representados por los fondos buitres, apoyados indirectamente por el gobierno norteamericano.

Una parte del peronismo –afuera y adentro de kirchnerismo- no quería ni pelear ni profundizar más, y Cristina accedió a promover un candidato a la medida de ese ánimo disminuido.

Cuatro años de constante ataque del macrismo, de los medios hegemónicos –hace ya 13 años que no cesan un día de denostar a CFK- y de un poder judicial politizado y conservador, no contribuyeron a fortalecer al kirchnerismo, que sin embargo supo sostener un extendido campo de lealtades bien ganadas por la gestión de los 12 años.

El macrismo protagonizó una gestión calamitosa, que carcomió su relato de modernidad y eficiencia.

Pero seguía sin resolverse el problema de la construcción de una mayoría electoral alternativa. CFK leyó el cuadro y apostó a reintegrar en un único espacio electoral a los pedazos desgajados en el período previo.

El cálculo fue bueno, salió bien, y Alberto Fernández demostró sus grandes dotes de operador y negociador político, rearmando el barco peronista.

Volvieron los sindicalistas conservadores, el justicialismo “de centro”, los caudillos provinciales, los intendentes políticamente neutros, los amigos de los poderes fácticos.

Eso favoreció que diversas franjas electorales despolitizadas, sin grandes ideas ni convicciones más allá que su situación individual, y que habían sido transitoriamente captadas por el marketing macrista, volvieran a apostar a que el peronismo sería menos inclemente que el gobierno de los CEOs.

En una semana de duras internas, Alberto Fernández pidió “no perder el tiempo en disputas que no existen” – OPI Santa Cruz

Diferencias entre 2021 y la gestión de NK:

Pero ahora volvemos al punto de partida: la coalición política Frente de Todos tiene una composición similar al primer kirchnerismo –aunque el cristinismo propiamente dicho tiene un peso importante-, donde efectivamente estaban todos, salvo algunos personajes vinculados al pasado y electoralmente acabados.

Y eso significa que como conjunto diverso prefiere no sostener confrontaciones con los poderes fácticos, sino protagonizar una alegre reactivación en la que “ganen todos”, como ocurrió entre 2003 y 2007.

La novedad de la situación es que la derecha no es la misma que en los primeros años K.

Se ha organizado y unificado tras un liderazgo sumamente reaccionario e ignorante, y ha protagonizado un gobierno calamitoso, a pesar de lo cual fue premiada con el 40% de los votos.

Es muy autoconsciente de su poder, ha aceitado su dominio y coordinación comunicacional, su presencia en puestos clave del poder judicial, y sus contactos permanentes con Estados Unidos, la Unión Europea y la derecha degradada de toda América Latina.

Y ha decidido construir una valla infranqueable a los deseos reformistas de este gobierno: no se acepta nada, ninguna medida, ningún diálogo, ningún acuerdo.

Todas las propuestas de políticas públicas que no les convengan abiertamente serán rechazadas, y cualquier cambio regulatorio –aunque sea menor- será denunciado como chavismo, dictadura y otras desmesuras.

Así rechazaron la intervención estatal en una empresa vaciada y denunciada internacionalmente, así rechazaron el modesto Aporte de las Grandes Fortunas, así condenaron un cupo a la exportación de maíz, de la carne o el aumento de retenciones.

También rechazan cualquier control de precios y cualquier medida de mínima contención de las exorbitantes ganancias empresarias en los sectores más concentrados.

Esta oposición ha formulado una estrategia de ofensiva permanente. La racionalidad y la sensatez de los argumentos han sido dejadas de lado, y ha detectado que el F de T es débil en varios de esos planos.

A diferencia del kirchnerismo puro, que con sus limitaciones había estructurado un discurso propio y tenía un liderazgo orgulloso de sí mismo, la actual coalición no tiene un discurso fuerte, vacila, y no quiere confrontar.

Lo vamos a decir con total claridad: para lograr lo básico, lo mínimo, que es la reactivación económica, en la cual coinciden todas las fracciones gubernamentales –que convengamos que es un horizonte muy limitado para un país con el enorme potencial de la Argentina-, el gobierno deberá confrontar.

No porque quiera confrontar, ni porque haya variado su filosofía o talante político. Tiene que asumir que tendrá que sostener ciertas confrontaciones porque si no está condenado al inmovilismo y a un creciente deterioro político y electoral.

Para garantizar una mínima recomposición de los castigados ingresos populares deberá evitar que los saltos de los precios internos devoren toda mejora en salarios, jubilaciones y otras transferencias a millones de argentinos.

Y en los precios internos se resume una estructura de poder en la cual se establecen las súper rentabilidades de sectores poderosos y concentrados.

En el período kirchnerista 2003-2007, la reactivación que ya se había iniciado en los últimos meses de la gestión de Duhalde, fue fuertemente impulsada por las medidas de NK.

Fue tan exitosa, que prácticamente garantizó el primer triunfo electoral de Cristina.

Recién en ese momento, cuando se vio que había surgido un liderazgo alternativo, independiente de los poderes fácticos y que estaba al comando del Estado nacional, ahí la derecha empezó con la confrontación destituyente.

En el caso de Alberto Fernández, no sólo no tuvo tiempo de reactivar a causa de la pandemia, sino que desde el minuto inicial de su gobierno arrancaron atacándolo en todos los frentes, incluyendo el intento fallido de golpe de mercado cambiario.

El boicot sigue, y es incesante, como lo señalábamos antes.

La derecha más extrema está tan exacerbada, que parece considerar un objetivo valioso el completo fracaso del gobierno. Incluso de sus más modestas ambiciones en materia de reactivación.

Puede comprenderse que frente a un bloque de poder muy importante lo sensato sea no buscar confrontaciones innecesarias.

Lo que aquí planteamos es que el bloque de poder dominante parece decidido a trabar, impedir o bloquear las acciones gubernamentales necesarias para mejorar la situación económica y social del país.

¿Qué es preferible hacer?

Si al mismo tiempo no se ejecutan acciones para ir revirtiendo la debilidad de las capacidades estatales, sus posibilidades de intervención y regulación, el cuadro defensivo se prolongará indefinidamente.

Eso se puede observar en lo que ocurre en el mercado cambiario –donde relativamente pocos agentes están en condiciones de desestabilizar la economía-, en los mercados en donde se forman precios fundamentales (el de alimentos, por ejemplo) –donde también un puñado de productores y distribuidores pueden generar inflación o desabastecimiento-, en las capacidades recaudatorias siempre menguadas –donde la evasión nunca tiene castigo-, en la capacidad de supervisión sobre el comercio exterior y lo que ocurre en los puertos –se va del país mucha más mercadería (cereales y oleaginosas, pesca, minería) de la declarada-, etc.

Entre los elementos que pueden explicar esta inacción en materia de fortalecimiento institucional y político del Estado, no cabe duda que hay ausencias programáticas claras en el F de T y un falta de debate interno –y con conclusiones precisas- sobre las limitaciones que debió enfrentar en su momento la gestión kirchnerista para poder asentar un modelo social y económico más igualitario.

Si lo que se busca es seducir a un electorado moderado, que es ideológicamente bastante conservador pero sensible a la situación económica, no parece inteligente sacrificar la economía aceptando el inmovilismo para que la derecha no los asuste, porque los va a asustar el bolsillo y siempre la derecha tendrá algún cuento chino para decirles, aprovechando que tiene un ascendiente ideológico cultural sobre ese sector.

Actitud:

En los inicios de la gestión de Alberto Fernández ocurrió un hecho revelador.

El gobierno comenzó a asistir alimentariamente a 11 millones de personas, para lo cual el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Daniel Arroyo, debió negociar compras masivas con diversos proveedores de productos alimenticios.

Ante el trascendido que el gobierno había accedido a pagar a éstas grandes firmas mayoristas precios superiores a los de mercado, el ministro explicó que la situación social era sumamente grave, apremiante, y que los proveedores privados que exigían precios desmesurados “se le plantaron”.

Es decir, amenazaron con no aprovisionar al Estado salvo que se aceptaran esos precios de saqueo.

He aquí un núcleo central que viene marcando a la gestión de Alberto Fernández.

No termina de asumir el papel vital que tiene el Estado Nacional para que la Argentina pueda revertir sus problemas y salir a flote.

El Estado Nacional, sus representantes, deben colocarse de otra forma frente a los intereses privados.

El estado nacional no es un actor más, no es un negociante más, no es una pata más de una mesa de negociación.

El Presidente no es un CEO más, ni es un mediador más, ni es un técnico que “promedia” o pondera intereses sectoriales, según la capacidad de cada cual de “apretar”.

Es el conductor responsable de la Nación Argentina.

Y debería quedar absolutamente claro, por lo menos para los funcionarios públicos, que la Nación es muchísimo más importante que cualquier interés sectorial que la componga.

Dado que la función vital del Estado Nacional es garantizar la viabilidad social, sanitaria y económica de la Argentina, no puede pararse como mendicante en ningún tema.

Ni puede someter a debate sus principales decisiones estratégicas.

El impresionante descalabro de Vicentin, producto de empresarios estafadores, pero también de “fuerzas vivas” y políticas telecomandadas por los estafadores, y por jueces teledirigidos por los estafadores, es una lección de lo que no debe hacerse, y de lo que puede esperarse de un estilo que acepta el diálogo sin una brújula propia, y sin ponderar la calidad de los actores y de los intereses en juego.

En el caso de lo ocurrido con las compras gubernamentales de alimentos para 11 millones de compatriotas, debería ser inconcebible la expresión “se plantaron”. Debería desatar toda la capacidad de acción del Estado en todos los niveles para que ese episodio bochornoso no vuelva a repetirse.

No se trataba de los honorarios de un decorador de la Casa Rosada, sino del acceso a la comida de millones de personas.

La extorsión al Estado no debería tener la más mínima cabida.

Y no debería quedar impune.

Tampoco en otros temas la extorsión debería ser la regla: “miren que si no voy a echar gente”, “miren que si no va a faltar mercadería”, “miren que si no, no voy a invertir o me voy a ir del país”.

Es inadmisible que el Estado Nacional sea llevado a las patadas por cualquier fracción privada y que no pueda sostener su propia agenda de políticas públicas.

Hace falta otra actitud del elenco gubernamental, y de la fuerza política que lo respalda, si se pretende gobernar con eficacia a la Argentina en 2021.

Con otra actitud política se podrá recomponer la autoridad pública, otorgar credibilidad a las decisiones del Estado, y garantizar la gobernabilidad imprescindible para promover el crecimiento y mejorar la espantosa distribución del ingreso que hoy existe en nuestro país.

RA/

 

NAC&POP: Ricardo Aronskind es Licenciado en Economía por la Universidad de Bue­nos Aires y Magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO. Investigador-docente en la U.N.General Sarmiento (IDH, Área de Política). Cursando el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Coordinador del Programa PISCO (Programa de Seguimiento de la Crisis del Orden Mundial) del Instituto de Desarrollo Humano de la UNGS, 2009-2011.Es autor de numerosos artículos y ensayos de investigación publicados en diferentes compilaciones y revistas de ciencias sociales. MG/N&P