El Lawfare utiliza el poder Judicial y los medios concentrados como arma militar, para provocar repudio popular contra un oponente político.

CONVOCATORIA A UNA AMNISTÍA Y JUICIO JUSTO PARA LXS PRESXS POLITICXS. PODES SUMARTE.

Se trata de que se los juzgue en el marco de lo prescripto por la Constitución y de los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario y no sobre la base de una “doctrina” que avergüenza a la democracia argentina.

NAC&POP

28/01/2021

AMNISTÍA Y JUICIO JUSTO PARA LXS PRESXS POLITICXS

El lawfare no es, como lo presentan los medios de comunicación
oligopólicos, un invento del kirchnerismo para reclamar por sus dirigentes presos.

Una abundante literatura analítica trata la cuestión con intensidad en las dos
últimas décadas.

Se trata de la utilización del poder Judicial como arma militar, del uso abusivo de procedimientos judiciales con apariencia de legalidad con el
fin de provocar repudio popular contra un oponente político.

Claramente para que esto sea posible requiere también de la intervención activa de los medios de comunicación en la sistemática campaña de desprestigio de los perseguidos.

En Argentina hay presos políticos.

Entre nosotros el lawfare se desarrolló de muchas maneras, pero hubo una que se destacó por su efectividad: la llamada “doctrina Irurzun” en referencia al juez federal de ese apellido.

El principio procesal que esa “doctrina” consagró es que los funcionarios de los gobiernos anteriores al que se constituyó en diciembre de 2015 que fueran procesados no debían ser excarcelados, aunque legalmente les correspondiera, porque mantenían un “poder residual” derivados de sus cargos públicos anteriores que podían utilizar para dificultar las investigaciones.

El nuevo “sistema procesal” que se constituyó de facto violó frontalmente los principios de inocencia, de defensa en juicio y del debido proceso, todos de rango constitucional.

Se aplicaba prisión sin condena a formales inocentes, lo que no permitía a los acusados ejercer en plenitud su defensa.

De ese modo el proceso quedaba absolutamente viciado, desde la perspectiva del estado de derecho.

Con la misma “doctrina” se desarrolló la práctica de procesar a ciudadanos
que pudieran haber tenido una relación de cualquier naturaleza con el ex
funcionario procesado y se lo conminaba a involucrarlo a cambio de no aplicarle el nuevo “sistema”, es decir, se compraba su colaboración con la persecución con su propia libertad.

La combinación de encarcelamiento y extorsión –o, en casos, cuantiosos sobornos- de potenciales “testigos” fue y es múltiple en estos procesamientos.

Todas estas operaciones de guerra judicial contaron con el empuje, aplauso y alimento constante de los grandes medios de comunicación.

La degradación del estado de derecho argentino, por este lawfare
practicado desde las más altas esferas judiciales plantea con urgencia la
necesidad de que nuestro Congreso tome en sus manos la sanción de una ley de amnistía, tal como está habilitada por nuestra Constitución en su artículo 75, inciso 20.

Tal amnistía no equivaldría a la prescripción de la acción penal ni de las penas que se hubieran dictado en los casos finalizados.

Es decir, no se trata de anular ninguna causa, ni de dictar absoluciones automáticas.

Se trata de que se los juzgue en el marco de lo prescripto por la Constitución y de los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario y no sobre la base de una “doctrina” que avergüenza a la democracia argentina.

Enero del 2021

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