Empresas, jueces, macristas y medios. El mensaje deletéreo y la intoxicación.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS. REFLEXIONES SOBRE EL ANDAMIAJE QUE SOSTIENE LA MENTIRA

Por Gabriel Fernández

La liberación de los detenidos políticos debe constituirse en bandera común del espacio nacional popular. Para eso es preciso entender qué tipo de decisión prefieren los damnificados, pues no es lo mismo salir de la cárcel admitiendo de hecho los cargos que lograrlo a partir de la constatación de inocencia.

 

 

 

Por Gabriel Fernández *

Radio Gráfica

18 noviembre, 2020

 

La coalición de grandes empresas, medios concentrados, Poder Judicial y gobierno macrista dejó profundos desajustes, hondas injusticias, complejos dramas para resolver. Uno de ellos, ligado a los temas económicos directos, es el de los presos políticos. Volvemos aquí a la cuestión, a sabiendas de hallarnos ante una realidad que necesita ser transformada en un breve período de tiempo.

Podemos llamarlos presos políticos; también detenidos de modo arbitrario. Lo cierto es que están privados de la libertad hace rato debido a sus acciones militantes. Entre las bases sociales algunos, desde la función pública otros. Así, mientras consideramos que la primera denominación es la adecuada, nos permitimos involucrar la segunda en el debate pues incluye un rasgo argumental que resulta interesante.

La liberación de los detenidos políticos debe constituirse en bandera común del espacio nacional popular. Para eso es preciso entender qué tipo de decisión prefieren los damnificados, pues no es lo mismo salir de la cárcel admitiendo de hecho los cargos que lograrlo a partir de la constatación de inocencia. Este es el eje que nos lleva a considerar la necesidad de exigir a la Corte Suprema de Justicia la revisión de sus procesos y la libertad en espera de juicios justos.

Esa es la matriz que ha llevado a los defensores a rechazar la perspectiva de un indulto presidencial. El indulto parte de evaluar acertada la decisión judicial y ofrecer un perdón magnánimo a quienes no han podido refutar su culpabilidad. Una eventual amnistía podría ser interpretada de modo semejante. Los militantes políticos apresados anhelan transparentar sus comportamientos ante la sociedad y disponer de su vida libremente mientras se sustancian las causas.

El pedido, planteado en reiteradas ocasiones, es razonable. Sólo la extraordinaria imaginación del juez Martín Irurzun, Sala II de la Cámara Federal, pudo promover la detención de personas por las dudas. Sin objeción del máximo tribunal, el magistrado estimó que debido a sus contactos políticos, los involucrados podían intentar escapar o influir en el trámite judicial. El dislate logró concretarse con el amparo de los monopolios comunicacionales que prejuzgaron públicamente a los militantes.

Todas las causas se han derrumbado ya. Algunas porque quedó claro que las acusaciones refieren a tareas políticas en el seno de la comunidad; otras, porque las pruebas esgrimidas no pasan de recortes periodísticos y testigos comprados por funcionarios de la gestión macrista para mentir un libreto específico. Pero la insistencia mediática en machacar sobre la “violencia” y la “corrupción” según el caso, operó como amparo conceptual para los apresamientos y la continuidad de los mismos.

De allí que la doctora Graciana Peñafort señalara “Lo que no entiendo es por qué están puteando a Alberto Fernández, que es el Presidente de la Nación. Justo el único que no puede intervenir en este tema. ¿No les gusta lo que dice de las detenciones arbitrarias? A mí tampoco me gusta, pero ¿qué va a decir? Si dice que son presos políticos ¿debería indultarlos? Porque ordenar su liberación NO puede. Ordenar la revisión de los procesos arbitrarios tampoco. Yo no sé qué piensan todos los presos políticos. Si sé lo que piensa Amado, porque soy su abogada. Amado quiere un juicio justo donde pueda demostrar su inocencia. Si mañana voy a verlo a donde está detenido y le digo que están pensando en indultarlo Amado me daría un boleo en el orto. El quiere un juicio justo. Y mientras se hace ese juicio, estar en libertad”.

Se escribe voleo, pero está bien. Sin embargo, el Poder Judicial –no su totalidad, sí los grandes responsables en la toma de decisiones- comprende que una revisión que implique analizar el comportamiento de los jueces involucrados en campañas sin fundamento jurídico, llevaría a varios de sus miembros a padecer dificultades ostensibles para proseguir sus carreras. El término Lawfare complica las cosas, tanto como su primo Fake news y como el lenguaje inclusivo, que perjudica la difusión fluida de los derechos que se pretende sostener.

En realidad se está hablando de la intromisión de grandes empresas en el esquema judicial para emplear los procedimientos legales, de apariencia formal, con el objetivo de provocar el desprestigio de un referente social popular. Un testigo falso involucra, un juez detiene, una cámara filma y todo el sistema de medios argumenta (a veces el orden de los factores se altera y la denuncia mana de alguna “honda y valiente” investigación periodística). En algunos casos matiza con potencial, en otros atempera a través de comillas, y en tantos asevera sin más la certeza de la imputación. Los desmentidos y las falencias en los procedimientos rara vez son publicados y cuando aparecen, quedan recluidos en zonas tenues del volumen informativo.

Dos digresiones. 1 El Poder Judicial no es una “corporación” y el periodismo tampoco. Esa interpretación es una inocentada que infiere solidaridad profesional. Turbia, pero solidaridad al fin. En realidad las empresas manejan ambos espacios, sólo que hay unos pocos jueces, fiscales y periodistas que no admiten ese control. Pagan el precio, y se plantan. A esas especies les importa un pito lo que le pasa al de al lado. Se nuclean, en ciertos casos, como autodefensa (protesta contra el “avasallamiento” de la Justicia, denuncia de “persecución” a periodistas) al  visualizar que el negocio se complica y que ellos pueden terminar complicados. 2 El rechazo a un indulto o a una amnistía parte de un sentimiento rebelde frente la injusticia y de la necesidad de portar buen nombre ante la sociedad. En realidad, podría ser una baraja a jugar, pues a nadie importa más que al protagonista. Los Ellos seguirán diciendo que es corrupto o violento. Y “descubrirán” que el jefe de Estado es equiparable.

Por estos días, aunque las cosas ya están claras, los grandes medios siguen haciendo referencia a la “corrupción”, “la ruta del dinero k”, y en sus pantallas se insiste en postular a Cristina Fernández de Kirchner como “la jefa de la banda”. Representantes sociales genuinos como Milagro Sala o Luis D ´Elía son catalogados como “violentos” y se dice al público que están detenidos por “actos vandálicos” y “agresiones”. La verdad no importa.

La pregunta surge con naturalidad. ¿Porqué no importa? Básicamente porque la decisión de las corporaciones aquí y en todo el planeta radica en castigar, escarmentar (y emitir un mensaje sólido hacia el futuro)  a todo aquél que ponga en marcha un proyecto productivo con inclusión y participación social, en detrimento de la renta y los negocios esenciales de esas empresas. Por eso las tropelías descriptas en nuestros pagos han registrado equivalencias en Libia, en Irak, en Venezuela, en los Estados Unidos, en Bolivia, en Nicaragua, y en tantos otros lugares.

El contenido deletéreo es nítido: todo proceso popular debe ser imputado de corrupto y autoritario. A ningún empresario, juez, periodista involucrado en la disposición y transmisión de semejante dislate preocupa la veracidad de la acusación y, mucho menos, configurarse en defensor de los verdaderos corruptos y autoritarios. Se invierte la carga de la prueba y los ladrones llegan corriendo y gritando “al ladrón”, como sucede en los accesos a las entidades bancarias. No necesitan aceptación plena; les basta con que el público vacile y se divida.

Aunque el asunto así se ve claro, tiene tramos complicados para la intelección de los damnificados indirectos. Hemos señalado que la intoxicación llega hasta las fuerzas relacionadas con los imputados visibles. En esa región entra a jugar el militante nolopodésnegar, de fácil arrastre para los medios concentrados y de sencillo acorralamiento por parte de la opinión pública bien pensante. Ese personaje fue nuestro adversario inaugural, ni bien empezó la campaña “anticorrupción” durante el último tramo del gobierno kirchnerista y con energía inusitada en el primer andar de la debacle nacional macrista.

Hoy, algunos han rediseñado sus redes con imágenes de CFK, de Juan Perón y de alguno de los apresados. Hay quienes lloran por la libertad de Amado. Y dicen haber confiado siempre en Julio De Vido. Bien, tarde pero tarde, todo aporta al desmembramiento de la mentira. Pero en aquél entonces no se privaron de enviar mensajes del tipo “dejá de defender chorros”, “no podés negar lo que están mostrando”, “yo no los voté para esto”, “cómo podés justificar al kirchnerismo” e inclusive “hay que aceptar que los peronistas siempre fueron así”. Sin pretender que se hagan cargo de aquellos tropiezos, no está mal –en prevención de futuras campañas- recordar que cayeron en la trampa.

En esta amable conversación es pertinente incluir otro punto. La oleada honestista derivó, durante la última fase de la administración liderada por Cristina, en el establecimiento de complicadísimos e inútiles mecanismos de control para los funcionarios estatales. Complejos registros sobre bienes, propiedades y recursos, inundaron de papeles y trámites web las oficinas de personal del Estado. Como queda comprobado ahora, los únicos que llenaron esos formularios de veras fueron los miembros de los gobiernos nacional populares, mientras los grandes fugadores liberales que utilizaron recursos nacionales y endeudamientos para su enriquecimiento personal se limpiaron las corbatas con los mismos.

La ilusión de los geniales diseñadores de las herramientas de control en un gobierno peronista puede sintetizarse así: “con esto no nos van a poder acusar de corruptos, está claro que cumplimos con todos los requisitos”.

El resultado del esfuerzo vano no fue otro que Jorge Lanata en la pantalla de Canal 13 mintiendo sobre La Morsa y sus crímenes, una foto en Clarín de los billetes de Floyd Mayweather en el baúl de su auto con el epígrafe que señalaba su pertenencia al mítico López, los gritos propios de un adicto lanzados desde La Cornisa (“¡Juicio y castigo a Cristina Kirchner y todos los procesados de la corrupción k! “), y los simpáticos saltos de Pablo Vilouta cuando lo despertaba el tall back y empezaba a gritar “¡corruptos, son todos corruptos!” sin orientación. En línea, los imbéciles de las radios AM de la mañana (“se robaron todo ¡se robaron todo!”) y quienes les insuflaban letra desde los sesudos análisis de los medios gráficos de la SIP.

Esa gentuza generó el clima para que nuestros compañeros estén presos. Aquellos jueces dispusieron su detención sin motivos. Ese gobierno se encubrió denunciando. Esas empresas nos quieren escarmentar.

Por todo esto y por bastante más, es preciso exigir, ahora, la libertad de los presos políticos.

Y recordar que de nada sirve hacerle caras lindas al poder.

 

  • Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal