La desigualdad en el uso y disfrute de las TIC, no la resolvió el mercado desde la década del noventa.

PROPUESTA PARA QUE EL DNU DE INTERNET PARA TODOS NO SEA LETRA MUERTA

Por Cristian Jensen

Es la política pública más importante de los últimos años y disruptiva respecto al status quo del mapa de prestadores oligopólicos del sistema info comunicacional. El Estado Nacional debe establecer planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria. Los intereses económicos-políticos en juego son transcendentales para el poder de las corporaciones concentradas.

Por Cristian Jensen

Codehcom

Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación

10/09/2020

 

Unos días atrás el presidente Alberto Fernández aprobó una política pública para el efectivo ejercicio del Derecho Humano a la Comunicación.

Es la política pública más importante de los últimos años y disruptiva respecto al status quo del mapa de prestadores oligopólicos del sistema infocomunicacional.

En efecto, el 22 de agosto pasado se publicó en el Boletín Oficial el DNU 690, por el que se estableció que los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el servicio de telefonía móvil, en todas sus modalidades, constituyen servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

También determinó que la Autoridad de Aplicación establecerá, para los servicios TIC, la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.

Es de hacer notar que a consecuencia de la aplicación del artículo 7º del DNU 267/2015 firmado por Macri – por el que el servicio de radiodifusión por suscripción (TV por cable) dejó de ser un servicio de “comunicación audiovisual” regido por la Ley 26.522 para transformarse en un servicio de “telecomunicaciones” prestado por licenciatarios de telecomunicaciones–  la TV por cable queda también comprendida por el DNU 690 como un servicio público esencial en competencia.

Este Decreto recoge lo expresado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la relevancia de las TIC para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas.

En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró mediante la Resolución A/HRC/20/L13 del 29 de junio de 2012, que “la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas”, exhortando “…a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.”

Conocemos por análisis de la legislación comparada que en diferentes países el acceso a las redes convergentes de Internet es un Derecho Humano —Derecho Humano a la Comunicación y al Conocimiento— que requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables.

El encuadre de los servicios TIC y telefonía celular como un «servicio público esencial en competencia» conlleva el deber indelegable del Estado nacional de garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC, estableciendo no solo las pautas para el desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones en todo el territorio nacional sino también las condiciones de explotación de aquella, de modo tal que se garantice el ejercicio pleno de éste Derecho Humano.

Como consecuencia de la situación económico-social heredada en 2015 y la profundización de las desigualdades, pobreza y marginalidad a causa de la pandemia del Covid-19, por éste DNU, el Estado Nacional debe, además, establecer planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria.

La desigualdad en el uso y disfrute de las TIC, no la resolvió el mercado desde la década del noventa.

Ahora bien, los decretos de necesidad y urgencia deben ser aprobados, o rechazados, por el Congreso Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley 26122; en caso de ser aprobado es una ley de la Nación.

En tanto ley, sus disposiciones deben se especificadas con carácter operativo; es decir, la Autoridad de Aplicación debe elaborar el texto que reglamente los artículos que así lo requieran y el Poder Ejecutivo Nacional firmar el correspondiente Decreto Reglamentario.

Atención que el diablo está en los detalles… el DNU 690 establece importantes modificaciones para los prestadores, tal como las pautas del desarrollo de la infraestructura (de todos los servicios TIC), cobertura geográfica, mayor apertura competitiva de explotación, la prestación básica universal obligatoria y el mecanismo y formato para la aprobación de las tarifas.

La reglamentación del DNU es una norma de gran impacto económico-social en todo el territorio nacional, se puede reglamentar eficazmente respetando la letra y el espíritu del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández, o, las presiones sectoriales y la redacción a puertas cerradas puede transformar en letra muerta o la dilución del decreto.

Los intereses económicos-políticos en juego son transcendentales para el poder fáctico.

Es importante que el proceso de elaboración de esta norma sea a la luz pública con la participación de todas las partes interesadas. Es imprescindible que la sociedad civil, las cooperativas, las pymes, la academia y las organizaciones gremiales puedan participar en la construcción de la norma que reglamente el DNU.

A tal fin, hay que usar el Decreto Nº 1172/03, que en su artículo 3º, aprobó el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas. De sus considerandos, se desprende que « …la elaboración participativa de normas es un procedimiento que, a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración de normas administrativas…»

Enacom, en tanto autoridad de aplicación, tiene que dictar el acto administrativo por el que se inicie el procedimiento de elaboración participativa de normas, se dé a publicidad el proyecto de norma en el Boletín Oficial de la República Argentina y en su página web oficial.

CJ/

 

  • Cristian Jensen es integrante de la Comisión Asesora en Tecnologías de la Información y la Comunicación de Codehcom