El macrismo, como buen cultor del neoliberalismo del siglo XXI, es al mismo tiempo consigna en positivo y acción destructiva.

DNU 690: LOS DESAFÍOS DEL POS MACRISMO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

Por Gonzalo Carbajal

El DNU 690/2020 repone cuestiones que la Ley Argentina Digital había establecido y Macri había eliminado al asumir: las telecomunicaciones vuelven a ser servicios públicos en competencia. Para la telefonía móvil hay algo novedoso, la declara servicio público y así habilita al Estado a intervenir en las características del servicio y en la fijación de precios, entre otras cosas.

 

 

Por Gonzalo Carbajal*

Revista URBE

30/08/2020

 

El macrismo, como buen cultor del neoliberalismo del siglo XXI, es al mismo tiempo consigna en positivo y acción destructiva. En materia de comunicación el daño fue proverbial. Sus medidas fueron precisas y decididas, con consecuencias profundas y persistentes: un sector mucho más concentrado, menos herramientas regulatorias y un Estado devastado en su capacidad de acción. La declaración de servicio público para los servicios TIC que decretó el Presidente repara algunos de esos daños. Poner a la Argentina de pie en esta materia requerirá mucho más que la letra de un decreto. Abro hilo.

El DNU 690/2020 repone cuestiones que la Ley Argentina Digital había establecido y Macri había eliminado al asumir: las telecomunicaciones vuelven a ser servicios públicos en competencia. Para la telefonía móvil hay algo novedoso, la declara servicio público y así habilita al Estado a intervenir en las características del servicio y en la fijación de precios, entre otras cosas. Por ejemplo, con este Decreto congela sus precios hasta fin de año. Veamos el contexto en el que se dicta.

Hace mucho tiempo que la conectividad se ha convertido en algo esencial para nuestra vida, tanto que la ONU declaró al acceso a Internet como derecho humano y en 2014 la Ley Argentina Digital ya tenía como objetivo “garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones”, y sigue vigente. Es que la conexión a Internet permite acceder a otras cosas, como por ejemplo a la educación mientras no haya clases presenciales.

La educación también es un derecho humano y nuestro país se ha comprometido a garantizarla mediante una serie de tratados internacionales con rango constitucional; la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Días atrás Horacio Rodríguez Larreta explicó que habían detectado unos 6 mil chiques que no tenían acceso a Internet o dispositivos para conectarse, y planteó que para resolverlo iban a abrir las escuelas para que allí pudieran conectarse. Resulta evidente que no hubo políticas de acceso universal a la conectividad y a los dispositivos TIC en el distrito más rico de la Argentina.

En lugar de “iluminar” los barrios de menos acceso a la red con wifi gratuito a cargo del Estado (como ya hay en las plazas) y entregar dispositivos de acceso a Internet en esos hogares, Larreta prefirió arriesgar la salud de los mismos chiques y trabajadores de la educación. Si solo se trataba de 6 mil, inclusive si fueran alrededor de 10 mil como afirman los sindicatos, la inversión para resolver su conectividad sería menor en comparación con lo que destina el gobierno de Larreta a otros menesteres menos estratégicos, como un bowling en el ex Tiro Federal o los maceteros. Un parche en lugar de una respuesta sólida y permanente.

El Plan Sarmiento se puso en marcha en la ciudad allá por 2011. Se presentó como “el camino hacia la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje” o “el nuevo modelo de la sociedad digital”. Nueve años después no logró la “igualdad de oportunidades y posibilidades” que prometía. ¿Hace falta recordar que Buenos Aires tiene solo 200 km2 y una población que se mantiene relativamente estable a los largo de los años? “Buenos Aires iba a ser Silicon Valley pero en cinco meses no pudieron conectar a 6.500 pibes” reflexionó picante un sindicalista docente.

Para “favorecer la inclusión socio-educativa”, “promover la innovación pedagógica” y dar “respuesta a los cambios en la educación que demandan la cultura y la comunicación del siglo XXI” era que se había creado ese plan. Todas esas frases rimbombantes están tomadas de la propia presentación del Plan Sarmiento y ahora lo más osado que se le ocurre a Horacio Rodríguez Larreta es transformar las escuelas en cibers. Sus políticas atrasan una década (y somos generosos), son una caricatura del Conectar Igualdad que fue cancelado por Macri.

La pandemia, que obligó a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad teletrabajo y educación por Internet, dejó a la vista la desigualdad existente. La infraestructura de las redes (cableadas e inalámbricas) que dan Internet en esta ciudad están planificadas por las empresas para dar servicios a los barrios de mayor poder adquisitivo. En los barrios populares, donde hay menos clientes o dónde estos tienen mayores dificultades para pagar, se invierte poco y nada. El compromiso del gobierno nacional es también operar rápidamente sobre estas desigualdades. Lo que llamamos brecha digital, se expresa en una brecha educativa en estos tiempos: se deben educar todes, no solo quienes tienen compus e Internet. La negativa del ministerio de Educación a convalidar un protocolo que consolidaba esa brecha es una buena noticia.

Concentración y más concentración

Las empresas de celulares son tres, se reparten casi en partes iguales el mercado. Los privados que dan telefonía fija, Internet y televisión paga son unos cuantos. Unas pocas empresas grandes con muchos clientes y con situaciones casi monopólicas que se llevan la mejor parte y también pymes y muchas cooperativas extendidas a lo largo del país. Pero si consideramos a las que además de eso dan telefonía celular nos queda una sola, es el conglomerado del Grupo Clarín que a través de Telecom tiene el 42% del mercado de telefonía fija, el 34% del celular a través de Personal, el 60% de las conexiones de Internet de banda ancha con Fibertel y el 40% de los hogares con televisión paga con Cablevisión-Flow.

Empresas que tienen modelos de negocio planificados para los más altos ingresos se han resistido sistemáticamente a implementar abonos sociales. Las escuchamos reclamar seguridad jurídica y quejarse del “intervencionismo estatal” cada vez que un gobierno mueve una ficha para resolver problemas ciudadanos. Pero las empresas que prestan esos servicios no se verán perjudicadas por esta medida, es necesario que crezcan, tengan cada año más empleados, puedan pagar salarios justos y acordes con los convenios colectivos y reinviertan sus ganancias en el país.

Hagamos un cálculo sencillo ¿qué porción de los ingresos familiares se destina a esos servicios? Pensemos lo que cuesta un abono de un plan de telefonía celular y multipliquémoslo por dos o por tres, ya que hay más de un celular por hogar. Ahora sumémosle el cable, que aunque veamos poca tele o tengamos la TDA disponible, es necesario para ver el fútbol (que se paga aparte) o porque necesitamos la banda ancha de Internet (te la venden en paquete). Agreguemos un abono a Netflix o Spotify. Pongamos también los costos de las transacciones electrónicas tipo mercado libre, el costo de las plataformas de delivery. Eso es lo mínimo que gasta por mes un hogar conectado. Quizá la pandemia nos acerque a la posibilidad de una canasta básica de conectividad e información para asegurar el acceso a todos los habitantes.

Así como alguna vez hubo que legislar sobre los talles para que las empresas de vestimenta contemplen en sus medidas a las necesidades de las mayorías, para los servicios TIC es necesario que la oferta de servicios del sector esté orientada a que la mayoría de las personas tenga posibilidad de acceder a ellos, y haya con planes con tarifa social para quienes lo necesiten. Para conseguirlo se requiere la intervención regulatoria del Estado, que se habilita al declararlos servicios públicos.

¿Qué otras herramientas debemos alinear para acercarnos al objetivo de poner las TIC al servicio del desarrollo humano y la libertad de expresión?

El gobierno cuenta con ARSAT (una empresa de tecnología satelital y conectividad mayorista) para favorecer la baja de costos a los prestadores de servicios TIC minoristas: empresas privadas o cooperativas. Lo hace a través de la inmensa red de fibra óptica desplegada en la última década y de los satélites ARSAT 1 y 2. La puesta en órbita de un tercer satélite de comunicaciones ampliará su capacidad de transportar imágenes y sonidos, de vincularnos entre nosotros y con el exterior.

Contamos con una gran red de estaciones digitales que transmiten la televisión digital abierta y gratuita (TDA) que 8 de cada 10 argentinos pueden recibir. La inversión que el pueblo argentino hizo en este sistema resistió los cuatro años de Macri en que se la dejó sin mantenimiento, hoy nos toca ampliar y completar su despliegue para sumar más estaciones y muchos más canales. Necesitamos que en todo el país los canales abiertos analógicos transmitan a su vez en digital.

La autoridad regulatoria (Enacom) cuenta con el fondo de servicio universal para complementar las inversiones privadas allí donde el mercado no resuelve con equidad e inclusión. Ahora puede además regular el precio de los servicios, exigir tarifas sociales y orientar las inversiones para asegurar conectividad a toda la población mediante un plan nacional.

Los servicios audiovisuales, ya sea que se reciban por aire, cable, satélite o mediante plataformas OTT como Netflix son uno de los soportes en que se transmite nuestra cultura. Hay una industria audiovisual, del entretenimiento, de la información, que necesita reactivarse y para ello es necesario que nos esforcemos en aumentar las posibilidades de que esos contenidos circulen por las pantallas y dispositivos, que sean vistos. La ciudad de Buenos Aires podría poner su canal al aire en la TDA, por ejemplo, para que todos sus habitantes tengan posibilidad de verlo, no solo los que pagan el cable.

El 28 de diciembre de 2015 Mauricio Macri mutiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078) mediante el DNU 267/15. En ese momento denunciamos el daño que sobrevendría porque habilitaba mayor concentración, reducía la capacidad del Estado para regular y establecía la preeminencia de los negocios sobre los servicios. Este decreto cambia rotundamente el sentido de las políticas y mucho nos alegramos quienes luchamos por una comunicación democrática. También nos obliga a multiplicar esfuerzos para asegurar el desarrollo de una sociedad más igualitaria.

En síntesis, casi sin hacer olas Alberto puso la pelota en el sector de la cancha donde hay que jugar, empezando por los que más lo necesitan, como se comprometió. Y allá vamos, como siempre lo hizo el peronismo, por una Argentina justa, libre y soberana.

 

*Vicepresidente de Radio y Televisión Argentina S.E.