Dicho decreto, ha generado debates y desinformación por parte de los medios, por lo que corresponde aclarar algunos conceptos.

SOBRE EL DNU DE ALBERTO PARA DISMINUIR DESIGUALDADES Y ALCANZAR LA JUSTICIA SOCIAL

Por Oscar Antonio Cuartango*

La decisión del Presidente, pone en el centro al usuario, a partir de un claro mandato: la necesidad de su tutela jurídica y económica como medio de garantizar otros derechos fundamentales y, en el fondo, su dignidad como persona humana, con el fin de disminuir desigualdades y alcanzar la Justicia Social en estos tiempos de crisis sanitaria y social que nos toca enfrentar.

 

 

Por Oscar Antonio Cuartango

 

El 22 de agosto pasado, fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, que declara como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a  la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, dejando sin efecto los aumentos previstos por las prestadoras del servicio, y congelando las tarifas de los mismos hasta el 31 de diciembre.

En dicho decreto se remarca que la gestión de Cambiemos, mediante el DNU 267/2015 firmado por Macri a poco de asumir, creó el ENACOM y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dando de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones. Esto generó que estos servicios quedaran librados a la oferta y la demanda, sin considerar el acceso a ellos como un derecho humano, lo que afectó a gran parte de la población, generando mayor desigualdad por la imposibilidad de muchos de acceder a dichos servicios debido a las tarifas exigidas.

En el anuncio de dicho decreto, el Presidente Alberto Fernández destacó que «la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen».

Dicho decreto, ha generado debates y desinformación por parte de los medios, por lo que corresponde aclarar algunos conceptos.

Genéricamente, un servicio esencial es una actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad, sin malgastar los recursos públicos.

En razón de que trata de satisfacer una necesidad pública, el servicio público debe estar dotado  de un régimen de derecho público que asegure la generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad del mismo, subordinando los intereses privados al interés público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio. A ello se dirige, por tanto, la orden de congelamiento de las tarifas hasta diciembre de 2020.

La generalidad significa que todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio,  por imperio de la cual todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones, de  conformidad a reglas y condiciones preestablecidas, con regularidad y continuidad.

En 1983, la Comisión de Expertos de la OIT definió a los servicios públicos como “los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Esta  definición fue adoptada poco tiempo después por el Comité de Libertad Sindical.

Sin embargo, lo que cabe entender por servicios esenciales depende en gran medida de las condiciones propias de cada país, por eso en aquella oportunidad el Comité realizó una enumeración simplemente enunciativa y no excluyente de otros.

Así, organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron en 2019 una declaración conjunta solicitando a los Estados miembros “Reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión”.

Pero además, la facilitación del acceso a las llamadas “Tecnologías de la información y Comunicación” denominadas por sus siglas “TIC” globalmente, constituyen un vehículo para el desarrollo económico y social de las personas, e incluso, educativo –lo que se advierte en estas épocas de vigencia del ASPO-.

Debido a ello, la decisión del Presidente, pone en el centro al usuario, a partir de un claro mandato: la necesidad de su tutela jurídica y económica como medio de garantizar otros derechos fundamentales y, en el fondo, su dignidad como persona humana, con el fin de disminuir desigualdades y alcanzar la Justicia Social en estos tiempos de crisis sanitaria y social que nos toca enfrentar.

 

Oscar Antonio Cuartango. Militante Peronista y Ex Ministro de Trabajo de la Pcia de Bs As