El servicio de justicia continúa siendo un campo de batalla ante cada violación constitucional de los derechos de las personas.

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA ARGENTINA

Por Alessandra Minnicelli * (FOTO)

Durante el Régimen Macrista se llamo de forma extendida y arbitraria a los nuevos estigmatizados, (los presxs politicxs) «corruptos», y se montó un lawfare , más amplio y más abarcativo (sin militares, sin iglesia) pero con los cuatro (4) poderes del estado, todos funcionando a pleno: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el mediático,  con soporte desde afuera y espionaje ilegal montado especialmente.

Por Alessandra Minnicelli.

 Identidad Colectiva  

 16/08/2020

En noviembre del 2018 me toco representar a los familiares de presxs politicxs en la Ex ESMA en una jornada de Derechos Humanos y empecé diciendo que antes de 1983, no se hablaba con firmeza de Derechos Humanos en la Argentina porque no se había vivido en plenitud su significado.

En ese momento y desde 1976, la sociedad genuflexa, daba la espalda a una realidad que luego conocimos y que significo la desaparición y muerte de muchos hijos e hijas y la apropiación de muchos nietos y nietas.

Ese lugar (la ex ESMA) es testimonio de ese momento histórico de nuestro país.

La patria “sangraba” y el lawfare del momento era tachar a los opositores de terroristas, tachar al que pensaba distinto de subversivo.

De ese lawfare, participaron los militares, los civiles – conservadores y capitalistas de hoy – y buena parte de la iglesia y también la sociedad genuflexa, una sociedad con mucha pereza para pensar, para discernir, para darse cuenta de lo cierto por sobre el espejismo que lograron instalar.

Vino la rebelión de las madres, vino el nunca más, se buscó tapar la infamia, y se buscó tapar el lawfare solo unos años más tarde y solo unos años recuperamos el Estado de Derecho, recuperamos la palabra Patria, recuperamos la justicia por tantas vidas acalladas, borramos la palabra terrorista o subversivo para el que piensa distinto.

Vinieron luego años de reconocimiento y ejercicio de derechos, vinieron años de bienestar y de tranquilidad.

Vino un tiempo de políticas y acciones de reafirmación del patrimonio, de la soberanía nacional, la consolidación y el crecimiento de la industria, del mercado interno de consumo, la recuperación de derechos, el quiebre de las asimetrías regionales y de las desigualdades entre las personas con políticas públicas activas, en conclusión, vino un tiempo de mejora de la calidad y condiciones de vida de todos los argentinos.

Nos olvidamos de aquel “lawfare”, aun cuando los medios de comunicación monopólicos asechaban y atacaban con mentiras y con fake news (noticias falsas) muchos no les creímos, no creímos en su capacidad de daño y destrucción, no creímos en la construcción silenciosa (desde adentro y desde afuera del país) de los nuevos estigmatizados: “los presxs politicxs”.

Durante el Régimen Macrista 2015-2019 no se los llama terroristas, se los llamo de forma extendida y arbitraria corruptos , y bajo ese “ rotulo” ( en la cárcel se los llamo iric sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad ), se montó un lawfare , más amplio y más abarcativo (sin militares, sin iglesia) pero con los cuatro (4) poderes del estado , si cuatro , el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el mediático todos funcionando a pleno, con soporte desde afuera y espionaje ilegal montado especialmente.

Cuatro poderes en complacencia y en sintonía, al servicio de destruir y exterminar el Modelo Social Nacional, buscando invisibilizar a muchos de sus protagonistas con encarcelamiento y persecución (desde todas las formas posibles).

La actitud de lucha ese día en la ex ESMA en noviembre del 2018 no era solo de las madres recordando y reivindicando los derechos de sus hijos e hijas desaparecidos, era una lucha de esposas, y esposos , compañeras y compañeros, hijxs, nietxs y bisnietxs de los presos y presas políticos, de los perseguidos , de hombres y mujeres que “depositados en cárceles miserables” , cárceles de máxima seguridad y estigmatizados, humillados ante la sociedad, con mentiras, con infamia, con el cuento de la corrupción que judicialmente no puede acreditar ni un solo delito económico y al contrario cuando profundiza encuentra como responsable al poder económico que gobernó nuestro país por cuatro años.

Hoy los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia están queriendo encontrar su rumbo, y estamos queriendo dejar atrás ese tiempo que vivimos donde la realidad era la mentira que inventaban para hipnotizarnos mientras la construcción del enemigo y del odio se profundizaba en nuestro país.

No hubo desde la recuperación de la democracia en adelante ningún mecanismo jurídico diseñado con eficacia para prevenir la violación de los derechos humanos, la declamación hecha en la reforma constitucional de 1994 en cuanto a la incorporación a nuestra Constitución Nacional de los tratados internacionales sobre DDHH sin duda no fue suficiente.

Los presos políticos, los perseguidos,  los sin trabajo y los que cerraron sus fábricas y sus emprendimientos y sus comercios , y los que no pueden estudiar y los que no pueden enseñar, los miles de chicos que no comen ni disfrutan de su infancia y nuestros mayores y tantos igual que los desaparecidos de ayer, nos enfrentamos con un poder permanente en nuestro país.

Ese es el poder de un régimen económico al servicio de intereses minoritarios un régimen que necesita crear un falso moralismo que esconde una profunda hipocresía, un régimen que necesita una sociedad genuflexa que opte por cerrar los ojos y convertirse en su cómplice y rehén.

Todo hace parte del debate; las arbitrariedades que han y siguen arrastrando las instituciones y destruyendo su credibilidad social, el servicio de justicia que continúa siendo un campo de batalla ante cada violación constitucional de derechos en cada expediente con causas armadas que no es revisado y hacen parte de las múltiples formas de violencia institucional sobre las que se debe actuar para producir mejoras y reformas con sentido democrático.

Un debate aún con final abierto.

AM/

NOTA DE LA NAC&POP: Alessandra Minnicelli es Abogada y Procuradora, recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires –Argentina -en diciembre de 1985.-Es nacida en la Ciudad de Río Gallegos –Provincia de Santa Cruz- donde desempeñó la mayor parte de su actividad profesional, tanto en la actividad profesional independiente como en la función pública. Se ha desempeñado desde junio de 2003 como Sindica General Adjunta de la Sindicatura General de la Nación – Organo Rector del Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional de la Republica Argentina , es docente del Centro Universitario de Estudios de la Universidad Austral en el modulo Control Societario del Premaster sobre Profundización en la Problemática de la Empresa y es integrante del Consejo Asesor del Centro de Responsabilidad Social Empresaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires . En tareas de gestión cumplió funciones como Asesora Letrada en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz entre los años 1986-1990; donde también fue Directora General de Asuntos Legales entre los años 1991-1994; fue Asesora de Presidencia de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz entre los años 1990-1991; Desde 1991 hasta el 2003 fue Coordinadora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras Públicas en Santa Cruz . En tareas de control entre los años 1996 y 1999, fue Sindica Suplente por las acciones del titularidad del Estado en YPF S.A. y desde 1994 hasta su incorporación a la SIGEN, fué Sindica Titular del Area Legalidad en la Comisión Fiscalizadora de Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz.- Es autora del Libro Institucional de SIGEN .” Cuentas Claras – Instrumentos para una administración Eficiente de los Recursos Financieros Estatales” cuyo objetivo es brindar una guía para los gestores provinciales y municipales que ejecutan procesos administrativos habituales de gestión y procesos especiales de solicitud y aplicación de recursos federales. MG/N&P