Se busca hoy Urbanizar las Villas a partir de la creación del RENABAP, que es el Registro Nacional que reúne información sobre Villas y Asentamientos en la Argentina

URBANIZAR NO ES EL PROBLEMA

Por Alessandra Minnicelli

Y veo que el cuello que produce mayores dificultades es pretender configurar como Administración Pública a organizaciones no burocráticas que en este marco sirven de soporte a la decisión de los poderes públicos distintos de las administraciones territoriales (Municipios), justamente porque el riesgo que se corre es que se diluya la razón de ser del Estado.

 

Por Alessandra Minnicelli

Identidad Colectiva

Junio 28, 2020

 

Se busca hoy Urbanizar las Villas a partir de la creación del RENABAP, que es el Registro Nacional que reúne información sobre Villas y Asentamientos en la Argentina para certificar esa situación y actuar en la provisión de servicios públicos básicos.

Y veo que el cuello que produce mayores dificultades es pretender configurar como Administración Pública a organizaciones no burocráticas que en este marco sirven de soporte a la decisión de los poderes públicos distintos de las administraciones territoriales (Municipios), justamente porque el riesgo que se corre es que se diluya la razón de ser del Estado.

Deben diferenciarse las instituciones que desarrollan una actividad instrumental, que no constituye propiamente la función específica de aquellas necesarias para cumplir con el mandato que les ha sido atribuida por la Constitución.

Se pueden adoptar distintos institutos, distinto tipo de acuerdos en ejercicio de funciones públicas, incluso se puede extender la misma calificación en función de su naturaleza básica, lo que no se puede es priorizar una acción de urbanización de una villa o asentamientos, sin previamente evaluar porque se creó, como nació o cuál fue su origen, porque entonces se está negando la razón de ser del Estado y se está neutralizando a la administración pública en su función y atribución.

Digo esto porque me parece necesario tener claro que urbanizar una villa no resuelve el problema ni de la desigualdad económica ni de las carencias que padecen las personas que habitan esos territorios que se definen como villas o asentamientos populares.

Si no se agregan matices y aclaraciones, esta visión solo pone a las personas que habitan esos lugares como sujetos relativos de derecho frente a los poderes públicos y las administraciones, pero en modo alguno son destinatario de normas específicas que contemplen su situación personal , laboral , familiar , o merituen el tipo de organización que han adoptado , o su relación con otras personas, o su situación como peticionante o como justiciables ante los Tribunales y peor aún da una falsa imagen de lo que la Administración realmente es y cuál es su rol frente a la atención de las causas que provocaron la marginación de esas personas al punto de llevarlas a habitar barrios de emergencia o vulnerables, carentes de todo servicio público básico.

Las raíces históricas del derecho administrativo se sustancian en la protección del interés público y las manifestaciones sobresalientes del mismo son ante todo el poder reglamentario mediante el cual la Administración interpreta y completa las leyes; el poder de autotutela, en sus dos vertientes de autotutela declarativa (presunción de validez de los actos administrativos) y autotutela ejecutiva, o privilegio de decisión ejecutoria que otorga una protección directa e inmediata a su  actuaciones.

La actividad administrativa se desarrolla sobre una serie de principios connaturales al régimen jurídico-administrativo y que sólo ese régimen y los procedimientos que comporta es capaz de garantizar, esos principios rigen, de forma inexcusable, la actividad de la Administración de cualquier tipo que sea, pero toda ella, se somete a los fines que la justifican, es decir, a los intereses generales. Es así, pues, como el Derecho administrativo se convierte en únicos e imprescindibles garantes de los derechos e intereses legítimos de los particulares y de los intereses generales.

Hay que desmitificar la creencia en la eficacia de la Administración cuando actúa regulando la intervención pública en sectores de la actividad humana como el urbanismo, el medio ambiente, sin priorizar que se dirigen a personas humanas (ciudadanos) con problemas concretos y carencias específicas que trascienden la de organizar determinados servicios públicos.

La solución a los problemas de la vida cotidiana, se logran creando el Derecho cuando el derecho falta ,así han ido naciendo a lo largo del siglo XIX las reglas fundamentales cuyo conjunto ha terminado constituyendo el derecho administrativo que reúnen algunos principios cuyo origen es puramente moral  que asigna como objeto de la acción de ésta a la prosecución del bien común, del interés general a partir del cual se va generando una demanda de administración eficiente de amplias proporciones para encarar las consecuencias sociales de las crisis en los sectores más afectados, claramente falta de trabajo y de oportunidades y la asignación de recursos escasos.

La pregunta real no es si se han seguido los circuitos formales del proceso político y los procedimientos administrativos, sino ¿QUIEN RECIBE QUE? como consecuencia de la dura lucha política que acompaña todo el proceso.

Como destaca con precisión Merilee Grindle, la observación de la dinámica real de los programas permite así detectar cómo “líderes políticos sagaces” tratan de “consolidar apoyos políticos y conciliar intereses divergentes”, y sectores de la burocracia “pueden utilizarlos para fortalecer sus propias posiciones o para obtener apoyo político en favor de determinados partidos o individuos “, y los beneficiarios, los pobres, procuran ver si encuentran medios de presionar a la burocracia.

El problema prioritario a resolver es la pobreza y la exclusión no la urbanización de villas y asentamientos populares, pues el urbanismo debe ser una consecuencia de las políticas económicas y sociales que resuelvan esa situación.