No es casualidad que cuando el proyecto estatizador y monopolizador de Mosconi estuviera a punto de ser votado en el senado, se produjera el golpe de estado que derrocó a Yrigoyen.

TIMORATA BURGUESIA

En el caso puntual de Vicentín (que no hizo nada diferente a lo que las demás cerealeras vienen haciendo desde hace casi 30 años) tenemos un sistema de puertos privatizados e imposibles de controlar (por lo mismo que Mosconi observaba hace 90 años con el petróleo), una hidrovía privatizada, en la que navegan libremente buques de todas las banderas (menos la nuestra, ya que Elma fue liquidada por el compañero Santos Casale hace una punta de años)

 

 

Uno de los grandes problemas del país es la naturaleza timorata de la supuesta burguesía industrial, que en nuestro caso nunca fue audaz y aventurera como la europea (que maravilló hasta a su más serio crítico, que fue Marx) sino siempre dependiente del sector terrateniente, lugar que siempre quiso compartir.

Esta deficiencia obligó a Perón a una política obrerista y estatista, que seguramente no estaba en sus intenciones iniciales.

No me parece casual ni las dudas de Perón ni el sordo debate en la Constituyente del 49 acerca del artículo 40, que si por un lado prohibía la participación de capitales internacionales en empresas estratégicas, por el otro distinguía muy claramente (y gracias a la intervención directa en su redacción de Raúl Scalabrini, Jorge Del Río y José Luis Torres) la nacionalización de la estatización.

Porque “nacionalizada” había sido la CHADE, pero sólo para cagar a sus accionistas españoles en favor de los belgas.

Todo esto le complicó la vida a Perón, que no pudo nombrar ministro al español Figuerola (a quien Scalabrini sindicaba de lobbista de la Cade o Chade) sino que no pudo contar con capitales extranjeros para la exploración petrolera o para la finalización de Somisa.

Para Perón, el artículo 40 supuso un incordio.

Y lo que a veces nos pasa a los peronistas es que solemos ser más principistas que Perón.

Hoy nos encontramos con una situación mucho más jodida.

A la tradicional defección industrial de nuestra burguesía y a la debilidad del Estado, le sumamos la apoliticidad del Ejército, cuya última ideología en casi 70 años fue la de la Seguridad Nacional (de Estados Unidos) le sumamos una superestructura jurídica impuesta por la aberrante reforma constitucional del 94, que “federalizó” los recursos naturales, lo que en nuestro país significa poner en manos de las grandes empresas, y privatizó resortes indispensables del Estado, para el caso, los puertos y la hidrovía.

El general Moscón, que no era ningún pavote, propuso la estatización y monopolización del petróleo a raíz de lo que ocurría en Salta, una provincia de economía muy primaria, gobernada por conservadores, que carecía del menos poder para negociar con la Standard Oil, que manejaba la explotación petrolera local.

No es casualidad que cuando el proyecto estatizador y monopolizador de Mosconi estuviera a punto de ser votado en el senado, se produjera el golpe de estado que derrocó a Yrigoyen.

Hoy, gracias a la Constitución del 94, que lo único que hace es sancionar como máxima ley lo iniciado e intentado (algunos sectores del Ejército y la burocracia estatal se lo impidieron) por Martínez de Hoz en el 76.

En el caso puntual de Vicentín (que no hizo nada diferente a lo que las demás cerealeras vienen haciendo desde hace casi 30 años) tenemos un sistema de puertos privatizados e imposibles de controlar (por lo mismo que moscón observaba hace 90 años con el petróleo), una hidrovía privatizada, en la que navegan libremente buques de todas las banderas (menos la nuestra, ya que Elma fue liquidada por el compañero Santos Casale hace una punta de años)

Además de la subfacturación, triangulación, evasión y fuga de divisas, el grueso del negocio, que es, como ha sido siempre el del flete y los seguros, nos es ajeno (Elma, la Caja de Ahorro y el Instituto de Reaseguros fueron vampirizados por la dictadura militar y aniquilados por “nuestro” gobierno del 89 al 99.

A este problema se suman la monopolización informativa, la complicdad de los medios de comunicación con determinados intereses económicos y financieros, la ausencia de leyes antimonopólicas o de decisión de combatirlas o de institutos capaces de combatir las posiciones dominantes.

Las armas que hoy tiene el Estado son pocas, y eso lo vemos en el caso de Vicentín.

Qué alguien haga cacerolazos o bocinazos en defensa de Vicentín es como si los hiciera en favor del dentista Barreda o de la banda del gordo Valor, pero así son las cosas.

Contra eso hay que pelear, contra una campaña mediática de presión sobre los legisladores para que la ley de expropiación no sea aprobada, en medio del estruendoso silencio de los que serían beneficiados por la expropiación: productores y acreedores de toda clase.

Vamos muy pronto a un confrontación que, en tren de referencias históricas uno podría comparar con la de 1930, pero para ir más cerca, bien podemos asocial a la discusión acerca de la 125.

Espero que las actuales autoridades lo hayan hecho mejor, que hayan involucrado en el problema y en la solución a algunos de los afectados y no confíen en poder ganar la pelea a los gritos y confiando en la repercusión de que nuestra razón será bien trasmitida por el sistema de medios de comunicación, porque ahí se pierde seguro.

Espero que se haya conversado y acordado todo con las cooperativas y los bancos acreedores de Vicentín, con los trabajadores y los distintos productores, y que éstos empiecen a hacer presión, de una buena vez por todas, sobre los legisladores de TODOS los partidos.

Si no, estaremos en problemas muy serios, pues creer que en nuestro país podría producirse un milagroso cambio en las categorías culturales sería estar absolutamente del tomate.