Lo reveló Gustavo Gentili (FOTO), ex titular de Occovi, en una entrevista exclusiva con Diario Pulse.

CAUSA PEAJES | MACRI MÁS COMPLICADO: “AUSOL BLANQUEÓ PLATA”

Por Mariano Zucchi

Pese a las serias irregularidades documentadas con la que operaba la firma y el rechazo del ex Procurador del Tesoro, el gobierno saliente le pagó 500 millones de dólares a la concesionaria, de la cual el ex Presidente era accionista. El entramado de un millonario negocio que benefició a SOCMA.

 

Por Mariano Zucchi

Diario Pulse

12 de diciembre de 2019

 

Gustavo Gentili (FOTO), ex Director del extinto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi), declaró ante la Justicia en la causa de las autopistas que tiene al presidente saliente Mauricio Macri en la mira por fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Tras su testimonial en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, el ingeniero explicó en una entrevista exclusiva con Diario Pulse las maniobras para direccionar el millonario negocio de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo SOCMA.

Todo quedó documentado en dos informes reservados que llevan su firma cuando era titular del extinto Occovi y que prueban las serias irregularidades en las que operaba Autopistas del Sol S.A., cuyo accionista era Sideco, principal firma de Sociedades Macri. Puntualizan maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento. Ambos fueron ignorados por la gestión de Javier Iguacel cuando estuvo al frente de Vialidad Nacional.

Uno de los informes sobre el estado de situación de la concesionaria del Acceso Norte es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 5 de noviembre de ese mismo año. Hasta dicha fecha, la empresa presidencial llevaba acumuladas 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales.

En los expedientes, el organismo que encabezaba Gentili le solicitaba a Vialidad Nacional que no pague el resarcimiento económico por 500 millones de dólares que la firma exigía aduciendo supuestos incumplimientos por parte del Estado. “Ausol tiene un capital social de 88 mil millones de pesos y un patrimonio de 124 mil millones de pesos; en el transcurso de los veinte años de contrato no ha realizado aportes de capital –por el contrario- se manejó importando servicios financieros a un alto costo, que pagó el usuario contribuyente con su tarifa y ahora reclama $6.637.000.000 (los casi 500 millones de dólares) y, además, más ingresos y anular las obras para el saldo de plazo de la concesión. Reclama el equivalente al 7442% de su capital o 5252% de su patrimonio neto”, explica el documento.

“Si el concedente quisiera prorratear estas condiciones en el tiempo, Ausol S.A. se aviene a una prolongación del plazo de 15 años más de concesión, llegando entonces hasta 2035”. Y agrega: “Se destaca lo absurdo del reclamo que la cantidad solicitada supera el patrimonio neto de 71 empresas de las 85 que cotizan en la Bolsa de Comercio. Entre ellas y a modo de ejemplo, Edenor, Edesur, Banco Hipotecario, Metrovías, Molinos Río de la Plata, Transportadora Gas del Norte, (…) por citar algunos”.

En diálogo con Diario Pulse, Gentili brindó un dato de alto voltaje para la causa: la firma Ausol S.A adhirió a la ley de blanqueo para pagar la deuda que había dictaminado la AFIP. “Ausol blanqueó plata”, reveló. “Y si se adhiere al blanqueo es porque los incumplimientos fueron con el Estado”. El ingeniero tomó conocimiento de esta situación tras realizar una denuncia contra los responsables de la empresa en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado por evasión agravada y posible comisión de delitos de acción pública, basado en los lapidarios informes. “Asimismo, al momento de informar los ajustes conformados, el contribuyente solicitó ante la AFIP la aplicación de los beneficios contenidos en la ley 27.260”, sostiene el fallo, en referencia al “sinceramiento fiscal”.

Los Macri ya tienen antecedentes en la materia. Gianfranco, que integra los directorios de varias empresas familiares, blanqueó 35,5 millones de dólares. Otros cuatro directivos históricos de SOCMA también ingresaron al blanqueo de capitales, totalizando unos $750 millones gracias a la medida que implementó Cambiemos. El escándalo salió a la luz en una investigación que reveló el periodista Horacio Verbitsky en Página 12.

DENUNCIA. La acción penal ante el juzgado de Arroyo Salgado contra los responsables de la empresa Autopistas del Sol S.A por la conducta de evasión agravada.

La génesis del conflicto con Ausol arranca en 2001 tras la pesificación y el posterior congelamiento de las tarifas en 2003. Llamativamente el Grupo Abertis -controlante española de Ausol- presentó recién el 17 de diciembre de 2015 una demanda ante el Ciadi contra la Argentina por mil ciento treinta y cinco millones de dolares (US$ 1.135.000.000).

Para que se entienda: la empresa socia de la familia Macri esperó 14 años para dar inicio al millonario reclamo ante un tribunal internacional. Y lo hizo exactamente siete días después del arribo de Macri en la Casa Rosada.

Esta maniobra fue advertida por Carlos Balbín, procurador del Tesoro durante la gestión Cambiemos, quien defendió los intereses del Estado ante el organismo con sede en Washington. En ese marco, planteó que no correspondía pagar la deuda que demandaba Abertis porque no se habían agotado aún todas las instancias administrativas en nuestro país para hacer un reclamo ante un Tribunal internacional. Por este motivo presenta el 3 de febrero de 2017 una solicitud de bifurcación del procedimiento.

“Argentina señaló que le sorprendió que la demandante afirmara en su demanda, que recurrir a las cortes argentinas resultaría en una situación de ineficiencia e inequidad que le generaría gastos adicionales, pues la demandante dejó transcurrir catorce años entre las medidas que alega la perjudicaron y el inicio del proceso arbitral, lo cual no es un plazo razonable y, además produce la extinción del reclamo por aplicación de las reglas de prescripción extintiva y liberatoria bajo el derecho internacional”, afirmó el Estado argentino en uno de los papers presentados ante el Tribunal.

Tal como adelantó Diario Pulse, Balbín reiteró en su declaración por escrito a Canicoba Corral que “sorprende semejante afirmación cuando ha sido la demandante quien dejó transcurrir 14 años entre la adopción de las primeras medidas que cuestiona en el 2001 y el sometimiento de la presente al arbitraje internacional”. Para que no queden dudas, sostiene que esto hace caer “irremediablemente” el argumento de la demandante.

El 27 de marzo de 2017 el Ciadi declara por mayoría (con la abstención del señor Debevoise) la solicitud de bifurcación planteada por Balbin. Es decir, hizo lugar a separar la fase jurisdiccional de la fase de fondo.

Al mes siguiente Macri lo removió del cargo y lo reemplazó por Bernardo Saravia Frías, abogado de la familia Macri e integrante de la “mesa judicial” del Presidente, cuyo máximo referente fue Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Durante los dos primeros años del mandato de Cambiemos, el entonces jefe de Estado concedió fuertes aumentos en los peajes. Sólo en 2017, el incremento trepó al 120%. Fue una suba que Macri se auto-concedió ya que el holding de la «famiglia», Sideco Americana S.A, controlaba el 7% de las acciones en Ausol S.A. Rápidamente el valor de las acciones se duplicó. Clink caja.

Tras dos años de tarifazos en los peajes, Sideco decidió vender sus acciones a la empresa Natal Inversiones S.A., una firma dedicada al rubro agropecuario sin experiencia ni conocimientos en temas viales. Poco importó al Gobierno: fue un negocio redondo para el entonces Presidente.

La concesión de Ausol S.A debía haberse caído ante los numerosos incumplimientos de la firma. Lejos de esto, las autoridades macristas desoyeron los dos documentos del Occovi, desestimaron los argumentos de Balbín en el Ciadi al igual que el blanqueo y le reconocieron a la empresa 500 millones de dólares que reclamaba, además de extender la concesión del Acceso Norte para Autopistas del Sol hasta 2030. Todo por decreto y sin llamar a una nueva licitación, como lo establece la ley.

Así quedó plasmado en el denominado “Acuerdo Integral de Renegociación Contractual” del Acceso Norte suscripto por el ministerio de Transporte y Autopistas del Sol S.A. a través del decreto 607/2018 que lleva la firma de Gabriela Michetti, Marcos Peña y Guillermo Dietrich.

— ¿Qué fue lo que declaró en el juzgado de Canicoba Corral?

– En el juzgado ratifiqué el contenido de mis dos notas que eran del año 2015 en las cuales se sintetizaba toda una serie de informes de la intervención administrativa de Ausol y que daban cuenta de una delicada situación por la que estaba atravesando el contrato. En las mismas se ponían de manifiesto distintos acontecimientos que habían ido produciéndose a lo largo de los años, por ejemplo contrato de asistencia técnica, intereses por pago de deuda, esquemas de financiamiento, algunos incumplimientos contractuales. En fin, se hacía un balance de cómo había evolucionado el contrato económicamente.

— ¿Qué irregularidad se destaca?

– En realidad son varias pero fundamentalmente los contratos de asistencia técnica, donde el máximo tribunal de España declaró que son contratos nulos porque porque el servicio no se había prestado. Los contratos que ellos tenían en Argentina lo utilizaban como exportación de servicios en España y el máximo tribunal de ese país dijo que ese servicio no se prestó.

— O sea, mintieron

– Exactamente.

— ¿Por qué finalmente el gobierno de Macri le pagó 500 millones de dólares pese a las irregularidades que usted documentó?

Me gustaría saberlo. Yo creo que hicieron caso omiso de todas las cosas que se escribieron y utilizaron un sistema para determinar el monto que no correspondía. ¿Porqué no correspondía? Por que cargaron inversiones que, a mi criterio, no son inversiones sino que son gastos de mantenimiento, intereses u otros conceptos como hasta marketing que no tiene nada que ver.

— Sostiene que la empresa reclamaba el equivalente al 7442 % de su capital

-Exactamente. Conceptualmente usted elige una empresa por su capacidad técnica, por su capacidad económica. Y esa empresa es la que en definitiva contrata con el Estado. En este modelo de contrato, el Estado le permitió dar como garantía el flujo de fondos. Entonces da como garantía el flujo de fondos, ingresa la plata, con la plata hace la obra y repaga a medida que le va entrando el dinero. Pero no es que saca capital propio y lo aporta a la obra, sino que utiliza un esquema de financiamiento. En definitiva, la plata que entra para pagar la obra, los intereses y el beneficio de la concesionaria es la que aporta el usuario. Ese es el esquema de financiamiento.

— ¿A quién o a qué organismo fueron elevado los informes que llevan su firma?

– Cuando era director del Occovi los reportaba al administrador general de la dirección nacional de Vialidad Nacional, que en ese momento era el ingeniero (Nelson) Periotti. Nosotros dependíamos de Vialidad.

— ¿Cuál fue el el recorrido administrativo interno? ¿Quedó constancia que fue recepcionado en Vialidad?

– Si, el ingeniero Periotti enseguida dispuso que pase a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos a los efectos de tomar medidas. Dentro de esas medidas, la que se tomó fue una denuncia que se realizó en el juzgado de San Isidro y que cayó en la jueza (Sandra) Arroyo Salgado.

— Entonces como director del Occovi, presentó una acción penal contra los responsables de la empresa Autopistas del Sol S.A por la conducta de evasión agravada. ¿Qué pasó con esa denuncia?

-Finalmente le dieron el sobreseimiento a los directores porque la empresa se había acogido a la ley de sinceramiento fiscal. Es decir, Ausol blanqueó plata. Es una decisión que no se compadece con una renegociación de contrato. Por que este contrato es de objeto único, es decir Ausol la única relación contractual que tiene es con el Estado. Y si se adhiere al blanqueo es porque los incumplimientos fueron con el Estado.

— Blanquearon para evitar una causa penal y renegociar

– Nadie puede renegociar un contrato con una causa penal dando vuelta. Salvo que reconozca la culpabilidad, el Estado no le puede renegociar un contrato con una causa penal abierta.

— ¿Se tiene conocimiento cuándo ingresó Ausol S.A al blanqueo?

– No lo puedo determinar. Lo menciona en el fallo la jueza Arroyo Salgado pero no la fecha.

— ¿Las autoridades de Vialidad o el propio Gobierno tenían conocimiento de este dato antes de renegociar el contrato?

– Entiendo que sí porque está patrocinado por el director de Asuntos Jurídicos de Vialidad. Cambiado el director, el juicio sigue y los antecedentes siguen llegando al organismo.

— Usted en los documentos le pedía a Vialidad Nacional que no le renegociaran el contrato a Ausol

-Sí, esto es así. Es más, le pedía medidas de mayor trascendencia como que reinicie todos los juicios posibles para recuperar el excedente de rentabilidad que habían tenido todos estos años.

— Por decreto, finalmente le reconocen a la firma 500 millones de dólares y le extienden la concesión hasta 2030

– A mi criterio es un acuerdo de renegociación muy malo. Es muy perjudicial para los intereses del Estado porque no correspondía hacer eso. Y dentro de los componentes que tiene, le han reconocido como inversiones gastos que no son. Le han adjudicado en forma directa obras por 7.300 millones y le han prolongado el plazo.

— La firma socia de Macri llevó el reclamo al Ciadi, donde el Procurador del Tesoro de entonces, Carlos Balbín, lo rechazó. Sostuvo que la empresa Abertis dejó transcurrir 14 años para dar inicio a la millonaria demanda en un tribunal internacional, sin haber agotado todas las instancias judiciales en nuestro país. ¿Cuál es su lectura en este punto?

-Lo desoyeron como me desoyeron a mí, y es algo que es totalmente lógico. Nadie permanece en un contrato 14 años en un estado ruinoso.

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