Además de Milagro Sala, hay siete presas políticas en Alto Comedero.

LAS PRESAS POLÍTICAS DE JUJUY

Por Marta Vasallo

Milagro Sala, Mirta Guerrero, María Condorí, Adriana Condorí, Gadys Díaz, Mirta Aizama, Graciela López y Patricia Cabana son las ocho mujeres detenidas por razones políticas por la justicia de Jujuy.

Por Marta Vassallo

Diario Digital Femenino

26 / 11 / 2019

Milagro Sala, Mirta Guerrero, María Condorí, Adriana Condorí, Gadys Díaz, Mirta Aizama, Graciela López y Patricia Cabana son las ocho mujeres detenidas por razones políticas por la justicia de Jujuy.

Detenciones arbitrarias logradas a partir de causas inventadas y testimonios obtenidos por extorsión con todo tipo de argumentos y prebendas, la periodista Marta Vassallo describe cada caso.

Milagro Sala, la primera presa política del gobierno Cambiemos, estuvo detenida en el Penal n° 3 de Alto Comedero, Jujuy, desde el 16 de enero de 2016.

Fue detenida porque acampaba con la organización Tupac Amaru, a la que fundó y lidera, y con otras cooperativas integrantes de la Red de Organizaciones Sociales (ROS), en la plaza Belgrano, frente a la casa de gobierno de la provincia.

Reclamaba una entrevista al flamante gobernador de Cambiemos Gerardo Morales, una de cuyas primeras medidas de gobierno fue la bancarización obligatoria de todas las cooperativas.

La detención fue por “incitación al delito” y “tumulto”, cargos que no ameritan prisión preventiva, pero que fueron rápidamente sustituidos, para aplicarla, por los de “asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado”, la misma acusación que pesa sobre la ex presidenta y ahora electa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La ONU había dictaminado meses después que la prisión preventiva de Milagro Sala era injusta y arbitraria, y había ordenado su liberación.

Al año siguiente se le otorgó prisión domiciliaria, primero en un local del Carmen que había pertenecido a la Tupac Amaru, convertido en cárcel para ella sola, y finalmente, en 2018, en su domicilio en la ciudad de San Salvador.

En el curso de su detención fue imputada de decenas de causas.

Tras meses de un juicio por la causa denominada “Pibes villeros”, con juezas sin habilitación para sus cargos, testigos comprados o extorsionados, pruebas de la defensa sistemáticamente rechazadas, Milagro fue condenada en 2018 a 13 años de cárcel, una condena apelada, lo mismo que otras condenas más breves que acumula.

El Comité por la libertad de Milagro Sala denunció desde el comienzo el carácter político de su prisión, y la presentó como el anticipo de una política de persecución a los adversarios políticos del gobierno de Cambiemos, que redujo la impresionante obra material y simbólica de la Tupac Amaru (cerca de 9 mil viviendas, además de centros de salud, escuelas, fábricas y piletas de natación en centros deportivos) en producto de malversación de fondos públicos.

Un detalle sistemáticamente ocultado es que la Tupac Amaru liderada por Milagro logró el procesamiento por crímenes de lesa humanidad de Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, quien en la denominada “noche del apagón”, el 21 de julio de 1976, prestó vehículos de su empresa a las fuerzas de seguridad para que trasladaran a cientos de detenidos a centros clandestinos de detención, al abrigo de la oscuridad asegurada por el corte de luz que implementaron las autoridades militares en el norte de la provincia.

Infortunadamente esa previsión se cumplió: en el país se han multiplicado los presos políticos, a quienes no se les reconoce ese carácter, muchos de ellos son ex funcionarios de las gestiones kirchneristas acusados de corrupción en la gestión estatal.

El Poder Ejecutivo interviene desembozadamente en el Poder Judicial para lograr el blindaje de sus propios delitos y el armado de causas contra quienes les conviene que estén presos, imposibilitados de toda acción política.

Además de Milagro Sala, hay siete presas políticas en Alto Comedero.

Mirta “Shakira” Guerrero está detenida desde julio de 2016.

Miembro destacado de la Tupac, donde cumplía funciones de seguridad, se negó a acusar a Milagro, el precio que le exigían que pagara por su libertad.

Shakira no sacrificó solo su libertad sino su salud: fue operada tres veces en un año de eventraciones de las que no se recuperaba porque el servicio penitenciario no respetaba las indicaciones médicas para su postoperatorio.

En octubre de 2018 el otorgamiento de la prisión domiciliaria la salvó de una cuarta operación.

Por la causa Los pibes villeros recibió una condena de 6 años.

Mirta Aizama está detenida desde julio de 2016, también por negarse a acusar a Milagro.

Modista, estuvo a cargo de la fábrica textil del barrio Alto Comedero, con 120 empleados.

Esa fábrica proveía de ropa a los hospitales públicos de la provincia, de delantales a los escolares dela provincia, no solamente a los centros de salud y escuelas de la Tupac Amaru, y actualmente está clausurada.

Mirta Aizama fue condenada a 6 años de cárcel.

Graciela López pertenecía a una cooperativa de la ROS, en septiembre de 2016 su casa fue allanada, ella golpeada y más tarde detenida.

En el juicio de Los Pibes villeros fue condenada a 8 años de cárcel. Cumple prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.

Patricia “Pachila” Cabana integraba la Tupac Amaru.

Estuvo detenida por esa razón desde marzo a noviembre de 2016.

En enero de este año volvió al penal de Alto Comedero condenada a 7 años de cárcel.

Pasó semanas de su detención en celdas de aislamiento, ilegales, porque pretendía gestionar su prisión domiciliaria, debido a que sus siete hijos, todos menores de edad, habían quedado solos.

Finalmente consiguió la prisión domiciliaria.

Gladys Díaz, Adriana Condorí y María Sandra Condorí eran integrantes de la Tupac Amaru en Palpalá.

Gladys fue detenida por esa razón en julio de 2016, y las hermanas Condorí en noviembre de ese año.

Gladys fue condenada a 6 años de cárcel y las hermanas Condorí a 8.

Sandra cumple prisión domiciliaria porque sus tres hijos, todos pequeños, habían quedado solos y en riesgo, de hecho sufrieron accidentes domésticos.

Todas ellas, lo mismo que el resto de los presos políticos del país, deben estar ya en libertad.

Deben ser revisadas sus condenas y juzgados quienes las sometieron a esta larga injusticia.

Y deben ser indemnizadas por los daños irreparables que han sufrido en su salud, en sus familias, y en el concepto social de sus comunidades, en más de una oportunidad ganadas por la campaña de difamación y miedo lanzada sin tregua por el gobierno de Gerardo Morales.