Comenzarán a aplicarse las pautas del nuevo Código Procesal Penal para regular las prisiones preventivas. ¿Qué es lo que se viene?

SE ACABÓ LA DOCTRINA IRURZUN

Se termina la «doctrina Irurzun» por la cual decenas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas terminaron en la cárcel con prisiones preventivas. La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dio luz verde para su aplicación en todo el país.

 

El País Digital

14 de Noviembre de 2019

La Comisión Bicameral que trabaja en la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado a fines de 2018, emitió este miércoles una resolución clave sobre un tema que fue objeto de debate los últimos años y que incluso se coló en la campaña presidencial: las prisiones preventivas. Nuevos paradigmas en la Justicia, el adiós a la doctrina Irurzun y ¿qué es lo que se viene?

Prisión preventiva, una medida de excepción que terminó en regla

La prisión preventiva es una medida de excepción que permite que los jueces puedan detener a un imputado que no tiene una condena firme. Se habla de su excepcionalidad porque, de acuerdo a la Constitución Nacional, todo imputado tiene el derecho de atravesar el proceso penal en su contra en libertad porque hasta tanto no haya una sentencia condenatoria se presume su inocencia. Sin embargo, la realidad argentina revela que las prisiones preventivas se convirtieron en la regla.

¿Bajo qué circunstancias un magistrado puede dictar una prisión preventiva? Esta medida de excepción solo está contemplada en dos supuestos: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Así lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal en 2008 en el fallo plenario Díaz Bessone y son los parámetros que usan habitualmente los magistrados para determinar una prisión preventiva. Sin embargo, a finales de 2017 irrumpió la llamada doctrina Irurzun.

¿En qué consiste la doctrina Irurzun?

Esta doctrina debe su nombre a uno de los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, el juez Martín Irurzun y es la que utilizaron otros magistrados como fundamento para las detenciones de exfuncionarios kirchneristas y empresarios, es el caso de la del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y el exvicepresidente Amado Boudou. Lo que analizaban era si el imputado, a pesar de haber dejado el cargo, mantenía un “poder residual” o influencia que pudiese afectar el proceso, lo que a su entender justificaría su prisión preventiva; más allá del arraigo o su comportamiento formal. 

Al momento de decidir sobre la detención de De Vido, Irurzun postuló lo siguiente: “A la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”.

¿Cuáles son las nuevas pautas que trae el Código Procesal Penal?

La Comisión Bicameral del Congreso ordenó que se apliquen los artículos del nuevo Código Procesal Penal que regulan las prisiones preventivas y que determinan los parámetros que deberán tener en cuenta los jueces para analizar el peligro de fuga y el entorpecimiento. Estas nuevas pautas, que se encuentran en los artículos 221 y 222, limitan la subjetividad judicial y fijan pautas más objetivas.

Art. 221: Peligro de fuga

Para decidir acerca del peligro de fuga, los jueces deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

  1. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
  2. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos;
  3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.

Art. 222: Peligro de entorpecimiento

Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

  1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;
  2. Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;
  3. Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;
  4. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;
  5. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.