Como el día después del 17 de octubre el pueblo sancionó el “San Perón” el día después de la sanción de la Ley de Medios audiovisuales se celebra el “San Mariotto” (En este caso el 11 de Noviembre próximo)

SE CELEBRA EL DECIMO “SAN MARIOTTO” EN LA OESTERHELD DEL LUNES 11 DE NOVIEMBRE

Se hará un desagravio a los ataques cibernéticos sufridos por La García, el medio digital de la periodista Cynthia García, se reconocerá el éxito del “hilo” de Twitter de Graciana Peñafort, y la transmisión en directo de “Infobaires 24” con Ignacio Campos en la libertad de Fernando Esteche.

«10 SAN MARIOTTO» EN LA OESTERHELD

Como el día después del 17 de octubre el pueblo sancionó al día siguiente como “San Perón” la agrupación peronista “Los Caniches de Perón” establecieron que el día después de la sanción definitiva de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual se celebrara el “San Mariotto.”

 

 

El «San Mariotto» tiene una liturgia que consiste en la lectura coral de la estampita de San Mariotto»por el papel relevante que tuvo Gabriel Mariotto junto a muchos otros y otras luchadoras que hicieron posible ése triunfo inicial de la democratización de la libertad de expresión.

Naturalmente, Gabriel Mariotto estará presente en los actos ya que tiene que soplar la velita de los 10 años y hacer una reflexión sobre el estado de la Ley.

Todo esto sucederá en el marco de la comida de la Agrupación Oesterheld del Lunes 14 de octubre desde las 21 hs en el Bauen Hotel, administrado por la cooperativa de los trabajadores del Bauen.

La comida hecha y servida por los trabajadores tiene un cubierto de $ 450. y se cobra en la entrada.

Entrada, plato principal, postre, agua, gaseosas, vino están incluidos en el precio del cubierto.

Los veganos -si avisan-podrán comer un plato apropiado, los que estén haciendo régimen, también.

El Lunes 11 de Noviembre de 2019 se entregarán distinciones de «Patriotas del Pueblo y de la Patria» a personalidades que ya lo son.

Habrá canciones, discursos cortos, se inaugurarán posters y se repondrán otros.                         0

Y visitas inesperadas, como sorpresa de la noche.

Mejor reservar: Se pueden hacer reservas por teléfono o wasap al 11 50 04 34 20 o por mail a: oesterheld_agrupacion@gmail.com.

LA SANCION DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina.

Tras su aprobación por el Congreso de la Nación (146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados; 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención en el Senado), fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y que se mantenía vigente.

Existió, desde la recuperación de la democracia en 1983, un amplio consenso acerca de la necesidad de derogar y sustituir la norma de la dictadura, sancionando una nueva ley en consonancia con las necesidades cívicas y participativas del sistema democrático.

Los presidentes Raúl Alfonsín (1988) y Fernando de la Rúa (2001) presentaron sendos proyectos de ley que nunca pudieron ser tratados, pues estuvieron siempre afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.

En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para reemplazar la anterior Ley de Radiodifusión del gobierno de facto.

Dicho proyecto estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país.

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados y aprobado por esta instancia luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En el Senado, fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra, convirtiéndose en ley.

No obstante, el Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la Ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, cuestionando aspectos que limitaban la acumulación de licencias de televisión por aire y por cable y que obligaban a la desinversión, en consecuencia, de aquellos grupos económicos que se hallaran más allá de esas limitaciones (entre ellos el propio Grupo Clarín).

Esta postura de la empresa paralizó la plena aplicación de la Ley durante más de cuatro años, durante los que el Grupo Clarín logró evitar su propia adecuación a los artículos 41, 45, 48 y 161, manteniendo en el ínterin la posesión de la totalidad de sus licencias de medios de comunicación.

Finalmente, el 29 de octubre de 2013, cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tras haber pasado el proceso por distintas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley.

Además, resolvió que los plazos para el total cumplimiento de la ley se encontraban entonces vencidos desde el 7 de diciembre de 2012, por lo que obligaba la adecuación y consecuente desinversión de aquellos grupos económicos que se hallaran excediendo el límite de licencias, poniendo fin a la larga controversia judicial y dando paso a la aplicación efectiva e inmediata de la totalidad de la Ley de Medios en Argentina.34567

La composición del fallo de la Corte Suprema de Justicia fue la siguiente: Seis votos por la afirmativa (Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, con la salvedad de que Dres. Maqueda y Argibay lo hicieron con algunas consideraciones respecto de los plazos de adecuación) y uno por la negativa de toda la Ley Carlos Fayt, el fallo establecía que es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado.

Los jueces consideran que este tipo de regulaciones es una práctica internacionalmente difundida y aceptada.

Citan numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como fallos nacionales e internacionales.

Sus antecedentes eran los siguientes:

En 1957 se sancionó el Decreto Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión.
Después en 1965 el decreto reglamentario 5490/65, señalaba entre otras cosas que los contenidos de las transmisiones quedaban enmarcados en una serie de normas; cuyo cumplimiento debería ser fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART).

La Ley Nacional de Telecomunicaciones n°. 19.798, sancionada el 22 de agosto de 1972 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), sustituyendo a la CONART.

La ley Nacional de Radiodifusión n°. 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el Proceso de Reorganización Nacional, derogando la Ley n°. 19.798 y reglamentando las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina.

Esta ley llevaba la firma de, entre otras personas, Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.

La ley 22.285 contemplaba en su artículo 7 una limitación al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas «necesidades de la seguridad nacional».

La ley estableció, en su artículo 45, que sólo podían ser titulares de licencias personas individuales o sociedades comerciales, exceptuando a las empresas periodísticas (inciso E).

No se permitía que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, sindicales, culturales, cooperativas, etcétera) pudieran ser titulares de radios o canales de televisión.

Tampoco a las universidades se les permitía tener radios o televisiones, con excepción de las que ya las tuvieran instaladas, las que a su vez tenían severas restricciones en materia de publicidad (artículo 107).

Con respecto a las provincias y municipios, la ley solo les permitía tener un servicio de radio y sin publicidad (artículo 107).

El objetivo de la ley era tener un sistema de medios de comunicación comercial, controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Para ello ordenó la privatización masiva de las señales en un plazo de tres años (artículo 106).

Coalición por una Radiodifusión Democrática

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con el secretario de Medios, Enrique Albistur, el titular del COMFER, Gabriel Mariotto y representantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

La Coalición por una Radiodifusión Democrática es un grupo de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas que, tras meses de trabajo en conjunto, propusieron el día 27 de agosto de 2004 una lista de 21 puntos básicos que, según su criterio, debía tener la nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar.20

El 27 de agosto de 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática elaboró la «Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia» o «Veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación», conocida como «los 21 puntos».

Estos se establecieron con el fin de precisar una serie de pautas fundamentales para conformar un sistema de medios de comunicación compatibles y promotores de la democracia.

Proyecto de Cristina Fernández de Kirchner

La sanción de una nueva ley de radiodifusión fue uno de los puntos que figuraban en la plataforma electoral presentada por el Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales de 2007,212223 en las que la fórmula de esta fuerza (Cristina Fernández de Kirchner/Julio Cobos) ganó los comicios con el 45,29% de los votos.

En 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para reemplazar a la legislación entonces vigente.

Según sus impulsores, el propósito de la misma era desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada al mismo de nuevos inversores, medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro —entonces imposibilitadas de hacerlo— y también contemplar nuevas tecnologías como la digitalización.

El texto propuesto se redactó sobre la base de los «veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación», que fueron consensuados después de un prolongado proceso de debates entre diferentes especialistas[cita requerida].
Aprobación en el Congreso

Aprobación en la Cámara de Diputados

El 16 de septiembre de 2009 se desarrolló una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar los cinco dictámenes (uno por la mayoría y cuatro por la minoría) que surgieron del plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda, y de Libertad de Expresión.

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue enviado a la Cámara de Diputados el día 27 de agosto de 2009.

Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (confederación), Propuesta Republicana (PRO) y del peronismo disidente (duhaldismo, felipismo y denarvaísmo, entre otros), expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión.

Finalmente, tras catorce horas de debate, a la 1:20 de la mañana del 17 de septiembre…

El proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención.26

Los votos positivos provinieron del bloque oficialista Frente para la Victoria/Partido Justicialista y de varios bloques opositores como el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), el interbloque Partido de la Concertación – FORJA, el Frente Cívico por Santiago y Proyecto Sur, entre otros.27

Los cuatro votos negativos provinieron del bloque del Movimiento Popular Neuquino (tres votos) y un voto en disidencia con su partido de una diputada socialista.

Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires (Miguel Bonasso).

Aprobación en el Senado

El viernes 9 de octubre, minutos después de las diez y media de la mañana, se inició el tratamiento del proyecto con media sanción de Diputados.

En una larga sesión que se extendió por aproximadamente veinte horas y finalizó el sábado 10, a las seis y diez de la mañana, cuando el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto.

El texto fue aprobado en general con 44 votos a favor y 24 en contra.

Desarrollo judicial

Artículo principal: Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo concreto para el cumplimiento de artículos de la ley cuya aplicación se encontraba suspendida por medidas cautelares solicitadas por el Grupo Clarín.

La Corte fijó para el 7 de diciembre de 2012 el plazo límite para el vencimiento de dichas medidas cautelares, aduciendo que estas «son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica».

De este modo, la resolución del caso «Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares» ordena que se aplique el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, con lo que quedan obligados tanto el Grupo Clarín como los demás grupos de medios que excedan la cantidad de licencias permitidas a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año «desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición.

Vencido el plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen».

De las aproximadamente 300 licencias que posee el Grupo Clarín, podrá mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue por decisión unánime, siendo firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y por los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi (quien manifestó no compartir todos los fundamentos de sus colegas), Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.

Nuevas medidas cautelares

El 29 de noviembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia declaró «inadmisible» una nueva medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín ante dicho tribunal, manteniendo, de esto modo, su decisión de fijar el plazo para el pleno cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el 7 de diciembre de 2012.

En un fallo firmado por todos sus jueces, la Corte Suprema decidió que el pedido de extensión de medida cautelar «es inadmisible pues al tratarse de un planteo que, ante la resolución denegatoria dictada por el juez de primera instancia, se encuentra en trámite ante el tribunal de alzada competente con motivo de la apelación promovida por las peticionarias, su consideración no corresponde a la jurisdicción apelada ni originaria de esta Corte».

Con esto, el tribunal resolvió poner un límite a la prolongación excesiva de las medidas cautelares para evitar que se conviertan en sentencias anticipadas y que deriven en una «denegación de justicia», instando al juez de primera instancia a dictar fallo definitivo sobre la cuestión de fondo, esto es, sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.

No obstante esta decisión de la Corte Suprema, el 6 de diciembre de 2012, a un día de la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extendieron la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios «hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa».

Esta decisión, contraria al dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, provocó la inmediata reacción del Gobierno, ya que el juez De las Carreras se encuentra investigado por la Justicia Penal en una causa por supuestas dádivas y cohecho.

Se investiga al juez De las Carreras por haber aceptado una invitación para viajar a Miami con todos los gastos pagados por Certal, una organización de medios integrada por Clarín.

En el marco de la investigación, el juez admitió que su viaje a Miami para asistir a un congreso de comunicación audiovisual fue pagado por Certal, aunque afirma haber pagado de su bolsillo los gastos en alimentación.

De las Carreras no se excusó de juzgar en la causa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se declaró competente para hacerlo, no obstante de admitir esta vinculación con una de las partes en litigio.4849
Constitucionalidad de la Ley de Medios

Finalmente, el día 14 de diciembre de 2012, el juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró constitucionales los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín.

Este fallo tuvo lugar dos días después de que el fiscal del caso, Fernando Uriarte, se expidiera en idéntico sentido al analizar la cuestión de fondo.
Uriarte, titular de la Fiscalía 5 Nacional en lo Civil y Comercial Federal, había recomendado el 11 de diciembre al juez Alfonso que desestimara el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por Clarín sobre los artículos 41, 45, 48, segundo párrafo, y 161 de la Ley de Medios.

De este modo, el juez Alfonso dictaminó la constitucionalidad de esta Ley en su totalidad, resolviendo sobre la llamada «cuestión de fondo» y dejando sin efecto todas las medidas cautelares anteriores.

Ante esta decisión, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, señaló que el Grupo Clarín debe adecuarse de inmediato a la norma.

A su vez, el Grupo Clarín adelantó que apelará el fallo.

Per Saltum

Para asegurar el pleno cumplimiento de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina la entrada en vigencia de la totalidad de los artículos de dicha ley a partir del 7 de diciembre de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados la reglamentación de un mecanismo denominado como per saltum, que permite elevar determinada causas conflictivas y/o consideradas como de «gravedad institucional» directamente a la Corte Suprema para su resolución, sin la necesidad de detenerse en instancias intermedias o en tribunales de menor jerarquía.

El proyecto fue transformado en ley el 14 de noviembre de 2012, tras un debate de siete horas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Fue votado y finalmente sancionado en aquel recinto por 135 afirmativos votos contra 95 oposiciones.

El per saltum es, en rigor, un mecanismo jurídico por el que la Corte Suprema de la Nación puede, en determinadas situaciones, abordar causas sin la necesidad de que pasen primero por tribunales intermedios.

No obstante, la ley del per saltum limita el uso de este mecanismo a aquellas «cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución expedita sea necesaria».

Al respecto, la diputada del Partido Justicialista Diana Conti afirmó tras la votación de la ley que «se trata de un instrumento de defensa democrática y que se utilizará únicamente en causas federales, jamás salteando a los superiores tribunales provinciales».

El per saltum había sido concebido a partir de una iniciativa del oficialismo, con el objetivo de evitar que el Grupo Clarín y otros conglomerados de medios de comunicación pudiesen seguir obstaculizando el cumplimiento de determinados artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el uso de medidas cautelares, como había sucedido en los tres últimos años antes del fallo final de la Corte Suprema de la Nación.

Sobre este accionar, el diputado del Partido Justicialista Agustín Rossi afirmó que «Lo que Clarín intenta hacer es no cumplir la ley.

Intentó hacer que no se tratara la ley, interpuso medidas judiciales para ganar tiempo… ¿qué es lo que busca?

La causa (por la Ley de Medios) está tramitando en la Justicia hace tres años.

Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente darle a la Corte el suficiente poder para evitar tener presiones de los poderes económicos».

El proyecto fue aprobado con mención al Caso Clarín.

La oposición, que inicialmente intentó retirarse de la sesión para que no se alcanzara el quórum necesario para el tratamiento y aprobación de la ley, luego se dispuso a votar en contra, una vez verificado que los diputados presentes en el recinto serían suficientes, aún sin contar con su intervención.

El 10 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el per saltum por razones procesales.64 Los jueces, en un fallo unánime, lo declararon improcedente al manifestar que «El presente recurso no ha sido interpuesto por un juez de primera instancia.

Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia».

Al no proceder el per saltum por no existir fallo en primera instancia, la Corte Suprema le recomendó a Gobierno utilizar «la vía del recurso extraordinario».

Además del per saltum, la Corte Suprema también desestimó el recurso de «avocación» interpuesto por Martín Sabbatella.

Pronunciamiento del Ministerio Público

El de 2 de julio de 2013, la Corte Suprema de Justicia envió a la procuradora Alejandra Gils Carbó la causa por la Ley de Medios para que emitiera opinión sobre la declaración de una inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni resolvieron, en forma unánime, «correr vista» a Gils Carbó para que esta pudiera opinar sobre dicho planteo de inconstitucionalidad.6667

El 12 de julio del mismo año, Alejandra Gils Carbó se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios y aconsejó a la Corte Suprema la revocación de la decisión tomada por la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucionales parte de dos artículos de la ley, el 45 y el 161, que tratan de la multiplicidad de licencias de servicios y a un régimen de adecuación de los titulares de medios a los nuevos requisitos establecidos por la ley en 2009.

Según Gils Carbó, el fallo de la Cámara Civil y Comercial evidenciaba «graves defectos de fundamentación y razonamiento» que impedían considerarlo como «acto jurisdiccional válido».

También de acuerdo con la procuradora, esa declaración de inconstitucionalidad era «el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas».6869

En su dictamen, Gils Carbó destacó que «la libertad de empresa de los medios de comunicación no puede jugar en el plano del derecho constitucional un papel autónomo desligado de la efectividad del entramado de derechos, garantías y valores que la Constitución Nacional consagra en beneficio de toda la ciudadanía.

Sin embargo, la sentencia recurrida se enfoca en el interés pecuniario de las empresas actoras a llevar adelante sus actividades sin injerencias, e incluso interpreta que esta exclusión del poder estatal constituye una garantía para su libertad de expresión».70

Audiencia pública

El 29 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para profundizar el análisis de la Ley de Medios, antes de emitir un fallo que avalara o declarara inconstitucional los artículos que entonces permanecían suspendidos.

Dicha audiencia tuvo lugar el 28 de agosto en el Palacio de Justicia y en ella expusieron sus argumentos los representantes de Gobierno nacional, del Grupo Clarín y de organizaciones de la sociedad civil.

Para realizar dicha audiencia, la Corte Suprema abrió un registro para se presentaran los amicus curiae, o «amigos del tribunal», organizaciones de la sociedad civil que tuvieran argumentos, favorables o contrarios, acerca de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín.

En total, los amicus curiae fueron diez, cinco favorables a la constitucionalidad de los artículos y otros cinco contrarios a esta.

Cada uno de ellos dispuso de un tiempo de 15 minutos para exponer sobre aspectos específicos de la norma: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y, sobre todo, la cláusula de desinversión que permanecía detenida judicialmente por el Grupo Clarín.717273

Fallo final de la Corte Suprema de la Nación

Cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo final sobre la constitucionalidad de la ley.

En el texto, de 392 páginas, seis de los siete miembros de la Corte —Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni— declararon que en general la Ley de Medios era constitucional.

En disidencia solo se pronunció únicamente Carlos Fayt.

Con este fallo, se inició la aplicación efectiva e inmediata de la totalidad de los artículos de la Ley de Medios en Argentina, ya que la Corte también resolvió que los plazos para el total cumplimiento de la ley se encontraban vencidos desde el 7 de diciembre de 2012, obligando a aquellos grupos económicos que se hallaran excediendo el límite de licencias de medios de comunicación a adecuarse a la ley y a realizar la respectiva desinversión.34567

En la opinión de la mayoría de los miembros de la Corte —Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni— los artículos 41, 45, 48 y 161, cuestionados por el Grupo Clarín, eran válidos.

En este aspecto, hubo dos disidencias parciales: Carmen Argibay opinó que «las limitaciones de la ley (contenidas en el artículo 45) son constitucionales, son inconstitucionales los artículos 48 y 161».

Por parte de Juan Carlos Maqueda la disidencia fue en sentido análogo, declarando que «las disposiciones de la ley que obligan a la actora a desprenderse de las licencias que le fueran otorgadas y prorrogadas por el Estado Nacional en el periodo 1996/2007 violan los derechos constitucionales de propiedad.

El resto de la corte opinó que es constitucional el art. 45.

Sólo Carlos Fayt votó en disidencia, opinando que «son inconstitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161 y, por ello, no se aplica ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir». de modo que el Grupo Clarín continuaría «en la misma situación actual, sin necesidad de ajustarse en ningún momento».

El voto de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema dejó además una serie de considerandos que, sin tener peso de ley, fijan asimismo su posición respecto a la cuestión:

No es función de la Corte Suprema de Justicia de establecer si la ley 26.522 se adecua a los avances tecnológicos, si es obsoleta, incompleta o inconveniente, o aún si es la mejor posible.

Dicha función le corresponde al Congreso de la Nación.

La libertad de expresión, en su faz individual, admite una casi mínima actividad regulatoria estatal, y ha sido fuertemente protegida por esta Corte en numerosos precedentes.

La protección constitucional no se limita a ello, sino que también incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático.

Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable.

El Estado afectaría la libertad de expresión si, por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convirtieran en meros instrumentos de apoyo a una corriente política.

La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad.

Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes.

Que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales.

Que la ley es coherente también lo es con la defensa de la competencia, como bien de incidencia colectivo (artículo 43 de la Constitución Nacional).

En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones.

Todo ello exige una protección activa por parte del Estado…

En la aplicación de la ley deben respetarse: la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes.

En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado, ajustarse a los requerimientos del debido proceso en todas sus decisiones y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.74