Los peritados celulares de D'Alessio verificaron los intercambios con el fiscal. La investigación reveló la existencia de centenares de WhatsApp intercambiados con figuras del aparato judicial, incluido Stornelli, funcionarios, periodistas y miembros del submundo de los servicios.

EL CONTACTO CON STORNELLI CONFIRMADO

Por Horacio Verbitsky, Irina Hauser y Raúl Kollmann

Pese a la negativa del fiscal Carlos Stornelli a entregar sus teléfonos celulares para que pudiera determinarse la frecuencia y la índole de sus contactos con Marcelo D’Alessio, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pudo verificar la existencia de las comunicaciones entre ambos, dijeron fuentes de la Prefectura que intervinieron en el peritaje. Se realizó en los celulares de D’Alessio, sobrino del escribano general del gobierno, Carlos Marcelo D’Alessio.

Por Horacio Verbitsky

El Cohete a la luna

Pese a la negativa del fiscal Carlos Stornelli a entregar sus teléfonos celulares para que pudiera determinarse la frecuencia y la índole de sus contactos con Marcelo D’Alessio, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pudo verificar la existencia de las comunicaciones entre ambos, dijeron fuentes de la Prefectura que intervinieron en el peritaje. Se realizó en los celulares de D’Alessio, sobrino del escribano general del gobierno, Carlos Marcelo D’Alessio. Allegados al funcionario presidencial dijeron que repudia a su sobrino, quien extorsionó en nombre de Stornelli al empresario rural Pedro Etchebest y cortó todo contacto con él desde que se publicaron aquí los audios, las capturas de pantalla y las fotografías reveladoras de la extorsión. Al mismo tiempo un tercer empresario denunció a D’Alessio por extorsión e involucró al abogado Rodrigo González y al operador judicial de Clarín, Daniel Santoro, quienes negaron la acusación. El lugar de reunión era el restaurante El Obrero, decorado con fotos del Presidente de la Nación. Su propietario es socio en otro emprendimiento de Charly Liñani, quien fue denunciado por el ex secretario presidencial Pablo Barreiro por haber intentado extorsionarlo junto con D’Alessio y González.

Los dos teléfonos iPhone que usa el aventurero detenido en el barrio cerrado Saint Thomas, de Ezeiza, sólo pueden activarse con los datos biométricos del rostro del titular o con autorización del fabricante. En 2016, el FBI litigó con Apple porque la empresa de Cupertino se negó a abrir el celular de uno de los autores de la masacre de San Bernardino en diciembre de 2015. Apple se rehusó alegando el derecho a la privacidad de sus clientes. Pero también pensó en la publicidad para la marca que significaba que ni siquiera las autoridades pudieran acceder a sus secretos, cosa que no ocurre con los modelos que corren el sistema Android. El entonces jefe del FBI James Comey, relevado luego por el Presidente Donald Trump, reveló que había pagado 900.000 dólares por el crackeo del aparato. Al caer la tarde del viernes, Prefectura ya había descargado la información contenida en los dos iPhone y quedó pendiente la apertura del Samsung que corre sobre el sistema Android y otros aparatos electrónicos de D’Alessio. Las dificultades en este caso no fueron técnicas, sino por falta de tiempo. El secretario del juzgado que intervino tomó fotografías y certificó la actuación. Recién el lunes habría un informe escrito que detalle las comunicaciones con Stornelli.

No, no, no y no

Al recibir la denuncia de Etchebest y consultar el profuso material grabado, Ramos Padilla solicitó la entrega de los teléfonos de Stornelli. El fiscal se negó y replicó con una denuncia por defraudación contra D’Alessio, como forma de abrir una causa espejo en Inodoro Py. Siendo el hecho uno solo, la apertura de otra causa calificando un delito distinto no tiene otro objeto que el robo del expediente a su juez natural. La denuncia de Stornelli recayó en el juez federal Julián Ercolini, un entusiasta de la escudería Garavano, cuya esposa, María Julia Kenny, fue responsable de prensa del ministro de Justicia. Ahora se encarga de la difusión de las actividades del fiscal Eduardo Casal, quien está en forma interina a cargo de la Procuración General.

Ercolini es el juez que sobreseyó a los accionistas de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa y que impuso a CFK un embargo por la alucinante suma de 10.000 millones de pesos, que la ex Presidente no posee. La titular del ministerio público, Alejandra Gils Carbó, fue persuadida de renunciar bajo amenaza de abrirle causas penales, cosa que igual ocurrió una vez obtenido su cargo. Pero además, el juez de Dolores ordenó peritar por la Prefectura los aparatos secuestrados a D’Alessio, quien urgido por conseguir la prisión domiciliaria y aduciendo que su vida corre peligro, accedió a mirarlos de frente para que se desbloquearan. Aún no se conoce el contenido de los mensajes intercambiados entre D’Alessio y Stornelli pero si su existencia.

En su declaración indagatoria en Dolores, D’Alessio se preocupó en aclarar que Stornelli no fue parte de la extorsión y que actuó por órdenes de los comisarios de la policía bonaerense retirados Aníbal De Gastaldi y Ricardo Bogoliuk, ahora en la Agencia Federal de Inteligencia. Esta declaración ascendió de inmediato a la portada de la troika de la desinformación, ClarínLa Nación e Infobae, que dieron por cerrada toda sospecha sobre Stornelli. Nada en la causa indica ese alivio. La posible intervención de dos funcionarios de la AFI, cuyo titular Gustavo Arribas es íntimo amigo presidencial y pasó a la diputada Elisa Carrió las escuchas ilegales a varios presos en la Colonia Carcelaria de Ezeiza, sólo ratifica la relación promiscua entre jueces, fiscales, medios de comunicación y dirigentes políticos.

Ercolini no sólo se negó a solicitar los celulares de Stornelli como le reclamó Ramos Padilla. Además pidió que el juez de Dolores se inhibiera de actuar y le remitiera el expediente. Como el sumario estaba bajo secreto, Ercolini debió pedir vista, para determinar si existía conexidad con el que se tramitaba en su juzgado por la denuncia de Stornelli. Su pedido fue así ilegal. Ramos Padilla prosiguió con la investigación, tal como corresponde, y la competencia deberá ser dirimida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, como alzada del juez que primero intervino. Pero como en esta causa nítidamente política los códigos penal y procesal son apenas accesorios que se usan cuando conviene, es probable que Ercolini dé intervención a la Cámara Federal de la Capital, donde se cocinó la doctrina Irurzun que niega la excarcelación a cualquier funcionario del anterior gobierno, porque podría conservar contactos que lo ayudaran a entorpecer la investigación o fugarse. La decisión quedaría así en el superior común a ambas cámaras, que es la Casación de Comodoro Pus.

Aportes truchos

El lunes también puede haber novedades en La Plata, donde la Cámara de Apelaciones quitaría al juez Ernesto Kreplak la investigación por los aportes truchos a las campañas oficiales en las elecciones de 2015 y 2017. El gobierno trata de modificar la ley electoral, de modo de legalizar los aportes patronales a los partidos políticos, con el argumento de que es muy difícil controlarlos. Despenalizar todas las conductas difíciles de controlar es una respuesta original al problema.

Tanto Stornelli como su superior, el fiscal de Cámara Germán Moldes, la diputada Cívica Libertadora Elisa Carrió y la prensa adicta, sostienen que la denuncia contra Stornelli tiene el propósito de ensuciar la causa que denominan de los cuadernos y que consideran la más importante de la historia judicial argentina. Sin embargo, algunas de las dificultades que enfrentan son consecuencia de su propia actividad. Dos ejemplos:

  • D’Alessio le dijo a Etchebest que el periodista de La Nación Diego Cabot hizo certificar la identidad entre los cuadernos del chofer grafómano y su digitalización realizada en el diario por un escribano que designó su tío, el escribano de la presidencia. Hugo Alconada Mon escribió en ese mismo diario que eso no era cierto. El parentesco es real, pero los cuadernos no fueron certificados, lo cual ha dado lugar a serios cuestionamientos a Cabot dentro del mismo diario, porque esa imprevisión les resta valor probatorio y sólo sirven como indicios a corroborar por otros medios.
  • En las conversaciones de D’Alessio con Etchebest hay varias menciones al doctor Glock, a quien se nombra como Claudio o Bonadío. D’Alessio justifica la elevada suma solicitada en la necesidad de adornar también a Su Señoría. Pero se trata solo de dichos de terceros, sin ningún elemento probatorio, por lo cual es imaginable que todas las denuncias presentadas a partir de estos audios irán a un callejón sin salida. Lo mismo ocurre con la reunión celebrada en el despacho del juez con los fiscales  Stornelli, Germán Moldes y Raúl Plee. Son conocidos como las viudas de Nisman, por las movilizaciones a las que convocaran para que se reabriera la causa y se considerara que el ex fiscal general fue asesinado. Pero mientras sólo se conozca la reunión y no su contenido, sólo es posible verificar que hay demasiada gente nerviosa en el serpentario de Retiro.
  • En cambio, la declaración del contador Víctor Manzanares, ofrecido por Stornelli a Glock como imputado colaborador, coloca al juez en una situación más que incómoda. Manzanares, quien ayudó a esconder dinero en guaridas fiscales al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, implicó en sus actividades de sacar dinero negro del país a Sebastián Eskenazi, un amigo personal de Bonadío. El Cohete a la Luna los sorprendió almorzando juntos en el restaurante La Pecora Nera, y la Cámara de Apelaciones le ordenó que profundizara la investigación sobre él, cosa que no hizo. No fue El Cohete a la Luna, sino La Política on Linela publicación que adelantó que Bonadío podría ser apartado de la causa.

Otras denuncias

En su edición del viernes 22, el portal Perfil recogió la nueva denuncia por extorsión contra D’Alessio presentada por el empresario aduanero Víctor Palomino Zitta, quien estuvo detenido en una causa con contenedores que instruía el juez Marcelo Aguinsky. La nota de Perfil dice que D’Alessio fue denunciado por pedir medio millón de dólares a Palomino Zitta, para repartir con el juez, el estudio jurídico de Rodrigo González a quien también considera socio de D’Alessio, que según él sería abogado, y con el operador de Clarín que lleva el mismo nombre que el pintor Daniel Santoro. Mientras negociaban en el juzgado, D’Alessio les explicó en tono intimidatorio que a los detenidos ricos les ponen las esposas hacia adelante y a los pobres hacia atrás. Según Palomino también se hizo presente en el juzgado el operador de Clarín, quien se saludó de manera muy amena con D’ Alessio y los González”.

La denuncia agrega que el propio Santoro “les refirió que el tema estaba controlado y que no iban a salir en los medios, por la contratación de los servicios de ese estudio”. Santoro declaró que habían usado su nombre sin permiso en una operación para ensuciar a Stornelli (sic), pero minimizó su constante relación pública con D’Alessio, a quien presentó en programas de televisión y ante el grupo FOPEA, como experto en narcotráfico y terrorismo.

Según Stornelli, Santoro le presentó al aventurero y le dijo que trabajaba para la DEA. Stornelli tampoco pudo dar cuenta de su familiaridad con D’Alessio, a quien dijo haber visto muy pocas veces y siempre en situaciones formales. Empezó hablando de dos veces y luego admitió hasta cinco. Además, las reuniones también fueron informales, en el balneario CR de Pinamar. Incluso permitió que D’Alessio filmara dentro de su fiscalía la declaración del arrepentido gerente uruguayo de Pedevesa, a quien D’Alessio se atribuyó haber quebrado para que declarara como colaborador. En una de las grabaciones que Etchebest le hizo a D’Alessio, el extorsionador le cuenta que salió a dar una larga vuelta en su camioneta de lujo Range Rover con Stornelli, lo cual no había sido admitido por el fiscal. Según D’Alessio, durante ese paseo llamaron a un ex relator de fútbol que conduce un servicial programa de animales en la televisora de José Luis Manzano, un viejo amigo de Bonadío. La intención era saludarlo e interesarse por la salud de su papá, que había padecido una delicada operación. Dentro del laberinto de verdades y mentiras que teje D’Alessio, el periodista Roberto Navarro llamó al conductor del show de animales para preguntarle por ese contacto, y se lo confirmó plenamente. Le dijo que Papá Fantino había estado muy grave con una enfermedad que narró en detalle y que D’Alessio lo llamó y luego le pasó el teléfono a Stornelli.

Por último, Ramos Padilla también recibió una presentación de Juan Pablo Dolhagalay, amigo del arrepentido uruguayo de Pedevesa, Gonzalo Brusa Dobat, quien le contó la extorsión por la que D’Alessio en este caso no le pidió plata, sino que lo obligó a declarar ante Stornelli. Sostiene que Stornelli lo recibió en la fiscalía junto con D’Alessio, quien se presentó como director regional de la DEA. Señala que Brusa Dobat fue contactado por el periodista de la televisión América, Rolando Graña, quien lo puso en contacto con D’Alessio. Añade que D’Alessio conocía información que comprometía a Brusa Dobat, quien por eso debió acceder a su pedido. Al lunes siguiente, añade, vinieron a buscarlo dos yanquis con anteojos en una camioneta Land Rover de la embajada, y D’Alessio venía con ellos sentado en el asiento trasero. “Lo llevaron directamente a Comodoro Py y lo sentaron con Stornelli”. Luego apareció en los canales TN y América, que según le dijo D’Alessio, “trabajan para la DEA”.

Brusa Dobat con Santoro.

EL CELULAR DE MARCELO D’ALESSIO: MANCHA VENENOSA

 

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Página12/EL PAÍS

24 de febrero de 2019

 

Investigan intercambios con el fiscal Carlos Stornelli y otras figuras del aparato judicial

La investigación sobre los celulares de Marcelo D’Alessio reveló la existencia de centenares de WhatsApp intercambiados con figuras del aparato judicial, incluido Stornelli, funcionarios, periodistas y miembros del submundo de los servicios. Además del de Etchebest, la Justicia investiga como mínimo 20 casos más de extorsión basados en verdaderos legajos de inteligencia.

El falso abogado Marcelo D’Alessio. Le ofreció defenderlo a Carlos Stornelli.

Los mensajes entre el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio suman decenas, incluyendo algunos posteriores al estallido del escándalo y en los que D’Alessio se ofrecía a declarar a favor del fiscal. Pero no es lo único: hay centenares de comunicaciones por WhatsApp, contactos y llamadas con personajes que, presuntamente, revistan en los servicios de inteligencia. También hay comunicaciones con al menos otro fiscal y con distintos funcionarios públicos. Lo que arrancó como la investigación de una extorsión al empresario Pedro Etchebest para mejorar su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos está derivando en algo de otro volumen: la investigación sobre una red u organización en la que no sólo fue extorsionado Etchebest sino que padecieron lo mismo otras personas –posiblemente unas 20– y en que los delitos derivaron también en extorsiones por dinero, coacciones, aprietes y hasta la maniobra de “plantarles” droga a imputados.

El viernes se presentaron en Dolores dos ex comisarios de la Bonaerense que se estarían incorporados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fueron mencionados en los supuestos delitos. El juez Alejo Ramos Padilla no les tomó declaración porque quiere reunir todas las pruebas, pero les dictó la prohibición de salir del país y secuestró sus celulares.

Allanamiento

El juez federal de Dolores instruye la causa desde el momento en que Etchebest presentó la denuncia, el 28 de enero, porque, tras un encuentro de tres horas con Stornelli, en el balneario CR de Pinamar, el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 300 mil dólares. Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar. La extorsión consistió en decirle que un arrepentido –Juan Manuel Campillo– lo había involucrado en la causa de las fotocopias y que para evitar problemas había que hacerle “una atención” a Stornelli.

Poco después de recibir la denuncia, Ramos Padilla encabezó un allanamiento a la lujosa vivienda de D’Alessio, en el country Saint Thomas. Según se puede ver en el acta, el falso abogado arrancó diciendo que nadie podía acceder a las computadoras ni celulares porque él investigaba a la organización libanesa Hezbollah y también buscaba terroristas en la Triple Frontera. “Es una cuestión de seguridad nacional”, gritaba.

En esa primera parte del allanamiento, D’Alessio le dijo al juez que llamase a Patricia Bullrich, a Gustavo Arribas e incluso al Presidente. Pero luego, más sereno, se escudó en Stornelli: “Estoy en la investigación que tiene en este momento Stornelli. Si quiere, llámelo. Es lo de Campillo. Yo estuve con él en Pinamar. Déjeme hablar con Carlos”.

Los materiales conseguidos en ese allanamiento son los de mayor importancia porque no están contaminados: fueron secuestrados por el magistrado cuando la investigación no era pública. Desde entonces, en Dolores se reciben decenas de anónimos y se presentan varios denunciantes por día, pero funcionarios judiciales sospechan que las cosas tienen demasiado olor a armado previo.

En cambio lo que se encontró en el allanamiento original es la clave de la investigación: una notebook, los dos discos rígidos, los tres celulares, 22 horas de desgrabaciones, cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio y asombrosos legajos de inteligencia. A eso se agregan horas de escuchas ordenadas por el propio juzgado.

Conexiones

Como ya anticipó este diario ayer, todos los textos de Whats- App y mensajes consignados en la denuncia de Etchebest serían originales, tal cual surgió nítidamente a simple vista en la pericia realizada el jueves. El informe final de la Prefectura no está entregado todavía. Pero Página/12 pudo saber que una primera revisión detectó decenas de mensajes entre D’Alessio y Stornelli.

Los que despiertan más curiosidad son tres textos:

Un mensaje en el que D’Alessio le dice a Stornelli que “yo me ocupo personalmente de Pedro”. Podría ser una referencia concreta a Etchebest, el extorsionado.

Hay un pedido de Stornelli a D’Alessio para que se le haga una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Hay un cruce de WhatsApp en el que se combina el encuentro en Pinamar, en plenas vacaciones de Stornelli. En una mesa esperaba el empresario Etchebest y en la otra el fiscal hablaba con D’Alessio. Al final del encuentro, Stornelli se fue a dar una vuelta en la flamante camioneta de D’Alessio y al regreso éste le pidió los 300.000 dólares al empresario Etchebest. Las cosas no sólo están grabadas, sino que D’Alessio admitió haber pedido el dinero. Además, cobró 14.700 dólares en dos pagos, uno en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero y el otro en la confitería Selquet.

Está constatado que el celular del que vienen y al que van los mensajes es el de Stornelli. Solo falta el informe oficial incorporado a la causa.

Un dato asombroso es que, según parece, hay un mensaje del 11 de febrero de D’Alessio a Stornelli ofreciéndose a defenderlo ante el escándalo. El caso explotó el viernes 8 de febrero, es decir que seguía habiendo diálogo entre el falso abogado y el fiscal aún tres días después. D’Alessio le habría propuesto presentarse en la Cámara Federal para desvincularlo del caso.

Esta semana también se conoció que el falso abogado declaró dos veces ante Stornelli de manera irregular, a principios de noviembre, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. El fiscal no tenía delegada la causa de manera que correspondía que D’Alessio declare ante el juez, no ante el fiscal. Y lo hizo en un momento clave: habían usado ese expediente para detener a Julio De Vido y Roberto Baratta, pero ocurrió que la pericia que era base de la causa resultó falsa y fraudulenta. D’Alessio fue a llenar ese agujero, declarando sobre los seguros y los costos en puerto.

Lo grave es que ese testimonio recién se incorporó a la causa el 14 de febrero y es uno de los argumentos que usará este lunes el juez Claudio Bonadío para imputar en ese expediente a Cristina Fernández de Kirchner. Como se sabe, el magistrado le tomará indagatoria a la ex presidenta en ocho causas distintas en un solo día.

Métodos

Lo que está pasando en la causa judicial es que no únicamente se acumulan evidencias sobre la extorsión a Etchebest sino que va configurándose un modus operandi.

En la casa de D’Alessio fueron encontrados legajos sobre cada víctima potencial. Sus bienes, la familia, sus debilidades. Son trabajos de inteligencia. Las constancias de esa actividad aparecen en los cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio. “Es otro chofer”, ironizó uno de los peritos. En total hay informes de esa naturaleza referidos a un enorme conjunto de personas y elementos para operaciones contra aproximadamente unos 20 blancos, aunque la pesquisa todavía debe analizar la documentación con mayor detalle.

La investigación recién está en sus inicios, sobre todo porque el material acumulado es enorme. Pero la percepción dominante en los investigadores es que hay extorsiones por dinero, aprietes, maniobras en causas judiciales y suministro de drogas y pastillas para “plantar” en algún expediente.

La hipótesis es que una parte de esa información sobre cada uno de los extorsionados salió de organismos de inteligencia y otra parte se produjo en el aparato judicial. No sólo Stornelli es uno de los investigados. También fiscales bonaerenses de la zona oeste. Y en la mira hay, igualmente, varios funcionarios públicos.

Dado el inusitado volumen de información incorporado a la causa, el juez publicó ayer una resolución por la cual le dio participación a la Comisión Provincia de la Memoria (CPM), que preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El fundamento es que la CPM tiene experiencia en trabajar material sobre operaciones de inteligencia durante la dictadura y la idea es que, con obligación de mantener confidencialidad absoluta, haga un archivo comprensible de todo lo secuestrado. La CPM es un ente público que codificó los archivos secretos de la Policía Bonaerense sobre todo en tiempos de la jefatura de Ramón Camps durante la dictadura. También auxilió a la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad.

Misiles

La apertura de los celulares del jueves provocó una lluvia de misiles contra Ramos Padilla para impedirle que acceda a la información. El juez notificó al abogado de D’Alessio, Claudio Fogar, que iba a realizar la pericia y que, además, iba a hacer concurrir al propio D’Alessio para que esté presente.

Los peritos –unos diez– ya le habían anticipado al magistrado que para abrir los iPhone se iba a necesitar, sí o sí, la huella digital y hasta el rostro de D’Alessio. El juez ordenó que la prueba se hiciera, con la voluntad del imputado o contra su voluntad, equiparando la situación a las que se producen cuando se le toman las huellas digitales a cualquier persona o cuando se hace un allanamiento. Finalmente, D’Alessio aceptó poner el dedo en uno de los celulares y luego admitió la lectura del rosto para desbloquear el otro. Es más: hasta terminó poniendo él mismo alguna clave.

La defensa se lanzó a denunciar a un secretario de Ramos Padilla –el secretario que estaba presente en la pericia– por el presunto delito de coacción, causa que instruye ahora el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Parece difícil una coacción delante de unas 20 personas que fueron las que firmaron el acta en el edificio Guardacosta de la Prefectura. La pericia continuó este sábado con alguno de los discos rígidos y estuvo  presente el abogado Claudio Fogar.

Comisarios

El viernes se presentaron en Dolores los dos comisarios mencionados por D’Alessio como las personas que lo “contrataron” supuestamente para investigar a Etchebest: Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El argumento no tiene la menor credibilidad: la idea –pergeñada con los comisarios– era pedirle dinero al empresario para saber de dónde sacaba la plata. O sea que si Etchebest pagaba los 300 mil dólares que le exigieron les debería decir también de qué cuenta o de qué sociedad o de qué país tomó los fondos.

Con Etchebest funcionó el modus operandi. Lo estudiaron, le buscaron los puntos débiles, analizaron su familia, su situación económica, luego le dijeron que estaba involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos y lo extorsionaron. En el caso de Etchebest usaron, por ejemplo, información de las veces que había salido o entrado del país, lo intimidaron diciéndole que su hijo estaba en Estados Unidos y movía tal y tal otra sociedad, le echaron en cara el valor del campo en Sierra de los Padres y le dijeron que sabían  que vive en el opulento edificio Le Parc de Puerto Madero. Una operación de inteligencia con fines de extorsión.

D’Alessio se defendió argumentando que todo lo hizo por pedido de la AFI, representada por Bogoliuk y Degastaldi. Ambos tuvieron altísimos rangos en la Bonaerense, pero también se fueron del cuerpo en medio de sospechas.

Según contaron los abogados, el magistrado no aceptó que declaren porque está esperando el análisis de todos los materiales, que incluyen numerosas comunicaciones entre D’Alessio y los comisarios. Todo indica que Ramos Padilla piensa que son parte de la asociación ilícita. Por ahora, el juez les informó a los letrados que dictó la prohibición de que Bogoliuk y Degastaldi salgan del país, les advirtió que debían entregar pasaportes y celulares y adelantó que no podrán vender bienes registrables.

Guerra

Ramos Padilla le libró un exhorto al juez de Comodoro Py Julián Ercolini para que le pidiera a Stornelli los registros de Whats- App de su teléfono, en especial los mensajes con D’Alessio.

Stornelli nunca ofreció su celular para que se lo investigue y pidió, a través de su abogado Roberto Ribas, que Ramos Padilla dejase la causa. Su argumento es que las dos primeras cuotas de la coima se pagaron en Puerto Madero, o sea en la ciudad de Buenos Aires donde Comodoro Py es local.

No es casualidad que también D’Alessio haya pedido lo mismo. El WhatsApp del 11 de febrero a Stornelli muestra que está dispuesto a todo para proteger al fiscal, algo que se evidencia por su ofrecimiento a Stornelli de ir a declarar a la Cámara Federal. En su indagatoria, D’Alessio dijo que “Stornelli no tiene puta idea” de lo que el falso abogado hacía. Pero no logró explicar el motivo de sus contactos ni de sus visitas a la fiscalía sin ser abogado ni matriculado. Tampoco explicó satisfactoriamente la cumbre de Pinamar.

El juez Ercolini no sólo no contestó el exhorto de Ramos Padilla sino que directamente le pidió la causa, argumentando lo mismo que Stornelli: los pagos de la extorsión fueron en Capital. El escrito fue tan pobre que el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, dictaminó que no puede opinar ante la orfandad de elementos. Todas las partes deben manifestarse a más tardar este lunes y luego el juez resolverá dentro de la semana.

La disputa terminará seguramente en las dos cámaras federales. Mientras tanto la pesquisa sigue. Para cuando se resuelva el conflicto de la competencia, habrá más pruebas y más novedades para este boletín.

Marcelo D’Alessio fue procesado con prisión preventiva por asociación ilícita

PRESO POR SERVICIO

Página 12/EL PAÍS

25 de febrero de 2019

La Justicia dictó una resolución contra el falso abogado vinculado al fiscal Carlos Stornelli, denunciado por extorsionar empresarios en el marco de la causa de los cuadernos. Ramos Padilla lo calificó de “agente” y denunció la utilización de “servicios” para el “éxito” en causas judiciales.

El juez federal Alejo Ramos Padilla dispuso la prisión preventiva para Marcelo D´Alessio por asociación ilícita en el marco de la investigación por extorsión en la causa de los cuadernos en manos del fiscal Carlos Stornelli. De acuerdo al magistrado se comprobó la actuación de “agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”. La resolución remarcó que existen “muchos elementos» que vinculan al fiscal Stornelli «con esos hechos de extorsión” y “otras operaciones ilegales”. Entre ellas se refiere al encuentro de D´Alessio y Stornelli en el balneario CR de Pinamar.

Al identificar a D´Alessio como un “agente” lisa y llanamente, Ramos Padilla denunció la utilización de “servicios” para el “éxito” en causas judiciales. En esa línea, advirtió que existen “relaciones estrechas y de mutua colaboración que se han comprobado entre miembros del Poder Judicial y de los ministerios públicos fiscales con ´los servicios´ que puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho”.

D´Alessio estaba detenido desde el 16 de febrero a pedido de Padilla por la denuncia que formuló el empresario Pedro Etchebest, quien denunció que el falso abogado le pidió 300 mil dólares en nombre del fiscal Carlos Stornelli. Más tarde se sumaron otras 20 denuncias que señalaban el mismo modus operandi.

Ramos Padilla puntualizó que “D´Alessio llevaba a cabo operaciones de inteligencia y en particular operación psicológicas que luego eran extorsionados o coaccionados para decir o hacer algo contra su voluntad”. El juez explicó que primero se dedicaba a obtener un “perfil psicológico” de la víctima y una “carpeta” de datos personales para generar empatía y luego utilizaba la información para ponerlo en “emergencia” o hacerlo “entrar en pánico” –utilizando los términos del propio D´Alessio- para que finalmente declarara de un determinado modo, se transformara en un colaborador o entregara dinero.

“Se han comprobado otro tipo de operaciones ilegales, de ´ablande´, ´carpetazos´, ´ardides con cámaras ocultas´´, etc.; que se complementan –como se ha verificado en muchos casos- con acciones de investigación previa sobre la víctima, en los que se averigua cómo está compuesta su familia, cuáles son sus antecedentes laborales y personales, sus viajes al exterior, sus registros de comunicaciones telefónicas, los procesos judiciales que tienen en su contra, y los problemas y dificultades que padecen; esa información es la que ´el servicio´ tiene a su disposición para el desarrollo del plan de acción”, puntualizó el magistrado respecto a la labor de D´Alessio.

El juez le dedicó un párrafo aparte a las pericias que se realizaron en los celulares de D´Alessio, que tal como reveló este diario verificaron la existencia de centenares de mensajes WhatsApp intercambiados con figuras del aparato judicial, incluido Stornelli, funcionarios y periodistas. El más importantes es aquel que D´Alessio le envía al fiscal diciendo “yo me ocupo personalmente de Pedro”, que podría ser una referencia concreta a Etchebest. También, hay un pedido de cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

En ese marco, subrayó que “la extorsión a Etchebest tiene este patrón”, aunque aclaró que se observan también “otros planes delictivos diversos que incluyen ´hacer cámaras ocultas´, ´plantar droga´, ´ablandar´, etc». En este punto en particular subraya la intervención de Stornelli y su relación con D´Alessio. “Las pruebas vinculadas a las investigaciones efectuadas y las conversaciones que se comprobó que mantuvo con el fiscal Carlos Stornelli, me llevan al convencimiento de que, al menos desde la Fiscalía a su cargo se actuó en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse y que, con anuencia del Sr. Fiscal, se llevaron adelante operaciones de inteligencia y de acción psicológica para el ´éxito´ de sus investigaciones judiciales o para atender la imagen del propio magistrado”, denunció.