Sin consenso y con la Legislatura militarizada, se votó la polémica universidad docente. Para la comunidad de los profesorados, el larretismo va por los edificios. Lo que sigue: la vía judicial.

LO QUE OCULTA LA LEY DE UNICABA

Por Débora Kozak y Gustavo Sarmiento

Detrás se esconde un feroz ajuste presupuestario y también un negocio inmobiliario que ya ha empezado a manifestarse con la decisión de trasladar el Profesorado de Educación Física “Enrique Romero Brest”, cuyos terrenos en Núñez son muy codiciados. Tan claro es esto que el oficialismo no pudo mostrar ningún argumento sólido para apoyar esta decisión.

Por Débora Kozak

Infonews

26 de Noviembre

Esta semana todos los medios se hicieron eco de lo que veníamos planteando hace un año: la sanción de una ley que apunta a la destrucción del sistema de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, y que se presenta como modelo y anticipo de lo que se hará en el resto del país.

De nada sirvieron los meses en que la Ministra de Educación Soledad Acuña paseó por los medios negando que el proyecto era el cierre de los profesorados cuando un diputado de la alianza “Vamos Juntos” confirmó en su alegato que el proyecto original era cerrar en una misma acción las 29 instituciones. Al diputado le pareció justificación suficiente para votar a favor el hecho de que ahora se fueran a eliminar gradualmente.
Los profesorados en la Ciudad de Buenos Aires son instituciones sumamente prestigiosas y reconocidas no solamente en el ámbito nacional sino internacional. Poco se puede alegar como argumentación entonces sobre la “mala calidad de la formación” en esta jurisdicción, cuando incluso gran cantidad de estudiantes vienen de las provincias a formarse aquí por este reconocimiento.

Resulta aún menos válido decir como expresan desde el gobierno que se jerarquiza la formación haciendo universitaria la carrera cuando es estrepitosa la caída del salario docente en esta jurisdicción desde que esta gestión está a cargo de ella.

Ni hablar de las condiciones en que hoy se ejerce el trabajo docente, signada por la falta de recursos humanos y materiales que van desde la falta de equipos para la atención situaciones de violencia, riesgo social en las familias, problemas de aprendizaje, etc. hasta la falta de Internet que funcione en las escuelas.
¿Cómo puede pensarse que la solución es invertir en algo que la Ciudad no necesita mientras que se desatiende el resto del sistema educativo? En CABA existe sobreoferta de lo que brindará la UniCABA. Incluso tenemos la propia Universidad Pedagógica (Unipe) que el propio gobierno refiere como antecedente para su decisión. ¿Por qué no mejorar invirtiendo en lo que se tiene en vez de destruir 29 profesorados distinguidos por su histórica labor de calidad?

La respuesta es sencilla: detrás de esta medida se esconde un feroz ajuste presupuestario y también un negocio inmobiliario que ya ha empezado a manifestarse con la decisión de trasladar el Profesorado de Educación Física “Enrique Romero Brest”, cuyos terrenos en Núñez son muy codiciados.
Tan claro es esto que el oficialismo no pudo mostrar ningún argumento sólido para apoyar esta decisión, ni siquiera un diagnóstico. En sus discursos en la Legislatura refirió a un estudio nacional del año 2005 pero ningún dato actual de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue tan pobre su fundamentación que durante un año no lograron convencer a ningún diputado de otros bloques que votaran esta ley con ellos, inclusos a quienes suelen ser aliados políticos en otros temas.
Ninguna reforma educativa puede hacer sin el logro de consensos y a espaldas de las comunidades, hecho que han enfatizado con contundencia tanto la oposición en la Legislatura como los más renombrados especialistas en educación. A pesar de ello, el oficialismo votó la ley en la más absoluta soledad hipotecando el futuro de la Ciudad de Buenos Aires en materia de formación docente.
También se escuchó decir a la Ministra en los medios que no recibió propuestas mientras que las comunidades educativas de los profesorados planteamos con claridad lo que se necesita para mejorar la formación docente: recursos para investigar e innovar que este gobierno le sacó a las instituciones, solucionar los gravísimos problemas de infraestructura, pagar salarios docentes dignos, tener un sistema de becas para que los estudiantes puedan recibirse a tiempo, trabajar en las mejoras curriculares con las comunidades, invertir en recursos tecnológicos y tener Internet que funcione en los profesorados.

Todas estas propuestas muy concretas se vienen planteando desde hace años, pero el GCBA eligió vaciar las instituciones formadoras y paralelizar lo existente hasta su extinción.
La UniCABA arrasará un sistema entero, las consecuencias para la educación pública las pagaremos decenas de años.

 

*Rectora de la Escuela Normal Superior Nro. 1 de CABA. Vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) y autora del blog “Pensar la escuela” https://pensarlaescuela.com/.

Ajuste en el sistema público y negocio inmobiliario, las claves para la aprobación de la UniCABA

 

Por Gustavo Sarmiento

25 de Noviembre de 2018

Tiempo ar

(Foto: Diego Paruelo)

¿Por qué el gobierno porteño se empecinó en votar la ley de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), a pesar de tener a toda la comunidad educativa y a los nueve bloques de la oposición en la Legislatura en contra? ¿Por qué el apuro de aprobarla sin consenso ni debate, y sin siquiera establecerle un presupuesto y una sede para funcionar? Estas preguntas se formulan todavía docentes y alumnos de los 29 profesorados que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quiere sentenciar a una muerte lenta e ineludible. Coinciden en una hipótesis: por un lado, se busca desfinanciar al sistema educativo público, a favor del privado, y al mismo tiempo generar un negocio inmobiliario con la venta de los terrenos donde hoy funcionan los institutos.

El jueves, con la Legislatura vallada y la Policía de la Ciudad reprimiendo, los 34 legisladores de Vamos Juntos aprobaron la ley. Ni siquiera contó con los votos de sus aliados de Evolución. El proyecto habla de que “coexistan” (y compitan) la UniCABA y los profesorados, aunque no por mucho tiempo. Una Agencia Evaluadora se encargará de vigilar cada profesorado para analizar cuál merece continuar y bajo qué parámetros.

La ley no estipula un presupuesto para la UniCABA. Apenas deja entrever que saldrá del presupuesto 2019 para Educación, que ya tiene los fondos asignados para el resto de las áreas de la cartera. En ese caso, deberán quitarle montos a otros programas. Y sólo los profesorados públicos serán examinados por la Agencia Evaluadora. Los privados (sobre todo los 20 eclesiásticos) estarán exentos, tanto de ese control como de la necesidad de actualizar el sistema informático de administración que deberá llevar a cabo cada instituto público, según dictamina la flamante ley. Según el Ejecutivo, es para conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. Pero como la matrícula está ligada a los subsidios, el recorte a los profesorados puede ser otro puñal para su lenta disgregación.

Maximiliano Ferraro, el legislador de Vamos Juntos que llevó el tratamiento de la ley durante todo el año en la comisión de Educación, aseguró que “están garantizados los principios de autonomía y autarquía y todo se organizará a través de un rector organizador”. Lo que no mencionó es que la nueva universidad docente tendrá un primer rector y comité directivo elegidos por el Ejecutivo, por lo que la autonomía no se estaría cumpliendo. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019, para que empiece a funcionar en 2020.

Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior Joaquín V. González, remarcó el problema de la validez de los títulos: “El título de cualquier universidad tiene validez jurisdiccional hasta que lo apruebe la CONEAU. Los profesorados ya la tenemos. En cambio el promedio para darte una nueva validez como universidad es de cinco a seis años”.

La rectora de la Escuela Normal Superior 1 y vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Débora Kozak, advirtió que “hace ya un buen tiempo se vienen sufriendo ajustes: el gobierno nos sacó horas destinadas a investigación, quitó becas, y también en la infraestructura. Tenemos las instituciones en estado deplorable. En medio de todo esta situación, con miles de vacantes, cierre de jardines y recortes educativos, sancionan esta ley que habilita a afectar el presupuesto de cualquiera de los niveles educativos para financiar esa universidad”.

También los contenidos están en jaque. Temen que se generalicen los temas, se borren contenidos que tienden a la formación de sujetos críticos, y se pierdan especificidades y planes actuales de investigación. “En las Normales hay una unidad académica con Jardín y Primaria, donde aplicamos lo aprendido en la carrera, con prácticas innovadoras, como la inclusión de tecnología en el nivel inicial. Eso jamás se podría hacer con la universidad”, remarca Kozak.

Mientras tanto, la pelea de la comunidad educativa comienza a transitar el sendero judicial. Ya se anunció la posibilidad de presentar una demanda colectiva que declare la inconstitucionalidad de la norma. Ya había un amparo a favor que le ordenó al gobierno porteño informar, en un plazo de diez días, detalles sobre la creación de la UniCABA. En el medio, se aprobó la ley. “Iremos por todos los canales legales, queda mucho por hacer y demostrar, seguimos diciendo No a la UniCABA”, enfatiza Simeone.

Las miradas también apuntan al negocio inmobiliario. El primero que disparó la alerta fue el anuncio del traslado y venta del terreno del Romero Brest, referente en la enseñanza de educación física, en Núñez. Otros profesorados, como el Alicia Moreau de Justo y el Normal 1, son Monumentos Históricos. “Es clarísimo para nosotros que hay una intención de negocio inmobiliario. Puede correr riesgo cualquier institución, es completamente factible y está acreditado con el traslado del Romero Brest, que está en buenas condiciones –resalta Kozak–. Lo que les interesan son los edificios. El nuestro es de 1874. Junto con el Mariano Acosta, son las instituciones creadas por Sarmiento adonde vinieron las primeras maestras llegadas de Boston. Tiene una tradición centenaria en la formación docente. Hasta tenemos un archivo histórico con cartas de Sarmiento y Rosario Vera Peñaloza. Es patrimonio pedagógico y también cultural, que con esta ley está en riesgo”. «