Lo importante sería poder hacer presentaciones ante el propio jurado, para que las incluyan en el expediente, en la secretaría que tramita el Jury en Tribunales en calle 50 E/ 3 Y 4. El expediente es SJ N 313/15 Y SUS ACUMULADOS.

PETITORIO EN APOYO AL JUEZ PLATENSE LUIS ARIAS– ¡NO A LA DESTITUCIÓN!

Nos han hecho llegar estos documentos, en donde se describe el Jury contra el Juez Arias. La persecución política y la complicidad de una justicia disciplinada al poder de turno promueven en la actualidad un sólido intento de desplazamiento de su cargo entendiendo que allí deben permanecer sujetos capaces de resolver con obsecuencia política y mediática las necesidades del pueblo bonaerense.

NO A LA DESTITUCION DEL JUEZ ARIAS QUE DEFENDIO LO QUE ES JUSTO PARA EL PUEBLO 

 

EN QUE CONSISTE EL JURY INICIADO AL JUEZ LUIS FEDERICO ARIAS

El enjuiciamiento político del magistrado Dr. Luis Federico Arias comprende tres actuaciones distintas (Expedientes SJ 313/15, SJ 375/16 y SJ 387/17).

La primera de ellas, iniciada por el propio magistrado, a partir de una denuncia de la ex Procuradora María del Carmen Falbo y el Fiscal Marcelo Romero, conforme se explica más abajo.

La segunda denuncia, también fue presentada por María del Carmen Falbo y la restante por el Diputado Guillermo Castello.

Como descripción general, puede decirse que las dos primeras denuncias, ambas originadas por la ex-Procuradora, están referidas a criterios judiciales que de ningún modo pueden constituir irregularidad alguna: constituyen formas de interpretar el derecho; mientras que la presentación del Dip. Castello, tampoco implica un reproche a la actuación judicial del juez, sino a la firma de una solicitada referida a la defensa de la democracia[1].

En ningún caso hay cuestiones económicas implicadas, ni faltas concretas sobre los deberes de imparcialidad e independencia del Juez, ni ninguna otra causal que de lugar a su destitución.

En la primera auto-denuncia del Dr. Arias, se sorteó la integración del Jurado de Enjuiciamiento, pero el expediente no tuvo demasiados movimientos.

Cuando los legisladores sorteados terminaron sus respectivos mandatos, se procedió a un nuevo sorteo, que quedó integrado con legisladores de Cambiemos, el Frente Renovador y Cumplir, junto a abogados de la matrícula que, curiosamente, son dirigentes de diferentes Colegios de Abogados.

Con esta integración, se decidió impulsar el Jury. Pero en las restantes denuncias, el Secretario Permanente del Jurado Dr. Ulises Alberto Giménez, procedió a la acumulación de las tres actuaciones, las cuales comprenden diversos hechos que no guardan vinculación entre sí, más que encontrarse dirigidas contra el mismo magistrado, omitiendo el procedimiento de designación del Jurado previsto en los arts. 3, 4 y 5 de la Ley 13.661 que obliga a constituir un jurado distinto por cada denuncia.

1) LA DENUNCIA DEL PROPIO JUEZ: (Expediente SJ 313/15,  caratulado ARIAS, Luis Federico; Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata s/ REQUERIMIENTO”)

Actuaciones iniciadas por el propio Dr. Luis Arias, con la finalidad de que el Jurado de Enjuiciamiento se expida y despeje de modo definitivo cualquier duda acerca de su actuación en las causas vinculadas a las víctimas fatales de la inundación ocurrida en La Plata los días 2 y 3 de abril de 2013.

El pedido se hallaba motivado en que el -Agente Fiscal- Dr. Marcelo Romero, quien, a requerimiento de la ex Procuradora María del Carmen Falbo, instruyó una causa penal por una decisión jurisdiccional del Dr. Arias adoptada en la causa: “CADAA MARCELA MONICA C/ PODER EJECUTIVO S/ HABEAS DATA”, de fecha 29/05/2013, vinculada a la información pública sobre víctimas fatales de la inundación ocurrida el día 2 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata.

En particular, el Dr. Arias le manifestó al Fiscal interviniente -Dr. Jorge Paolini- que se abstenga de producir difusión pública de las víctimas y/o posibles víctimas del temporal, como así también que comunique lo que vaya surgiendo de dicha investigación y que tenga que ver con la competencia contencioso administrativa, puesto que la Suprema Corte había decidido que la competencia en la determinación de la cantidad de víctimas fatales en la inundación, era competencia del Dr. Arias. El Fiscal Paolini y el Dr. Atencio consideraron que con ello se estaba ingresando dentro del terreno de las facultades propias de la Fiscalía, lo que motivó la denuncia penal al Dr. Arias por abuso de poder y por instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, pese a que la decisión del Dr. Arias no recibió ningún embate judicial, ni por apelación, ni por el planteo del conflicto de competencias, siendo consentida por el Fiscal Paolini.

Luego, la entonces Procuradora General -Dra. María del Carmen Falbo- utilizó un pronunciamiento judicial firme y consentido dictado en la causa de la inundación como fundamento para imputar un delito, y encomendó su sustanciación al Agente Fiscal Dr. Marcelo Romero, quien instruyó la investigación y determinó la autoría del Dr. Arias en los hechos investigados en la IPP N° 06-00-024714-13 caratulada “Juez Doctor Guillermo Federico Atencio s. Denuncia”, solicitando en ese marco la suspensión del magistrado.

En ese marco, el Dr. Arias solicitó a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento se expida sobre si resulta procedente el requerimiento de suspensión o destitución formulado por el Dr. Marcelo Romero, fundado su pedido en el ejercicio del derecho, de rango constitucional, de obtener un pronunciamiento de mérito sobre las acusaciones formuladas, dando inicio así a las actuaciones SJ 313/15.

Cabe aclarar que la intervención del Dr. Arias en la causa de la inundación ya fue objeto de juzgamiento por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa SJ 223/13 caratulada “Arias Luis Federico Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata s. Denuncia”, habiendo sido la misma desestimada por unanimidad, por entender que los hechos bajo juzgamiento no configuraban motivo o causal de mal desempeño.

2) DENUNCIA DE LA EX PROCURADORA MARIA DEL CARMEN FALBO (Expediente N° SJ 375/16, “ARIAS, Luis Federico; Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata c/ DE OLIVEIRA, JUAN ÁNGEL s/ Denuncia”):

Actuación por la que tramita una denuncia elaborada por la ex Procuradora María del Carmen Falbo (así se encabeza el escrito), presentada luego que dimitiera en sus funciones, con la firma aparente del Sub-Procurador Juan Ángel De Oliveira.

Dicha denuncia abarca una extensa descripción de actuaciones jurisdiccionales que –según la denunciante- configurarían las causales de enjuiciamiento de magistrados previstas en el art. 21 incs. d), e), i) y q) de la Ley 13.661, a saber: d) Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; e)

El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo;

i) Comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido;

q) Toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.

Se sustenta la denuncia en diversas actuaciones sumariales tramitadas por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Buenos Aires, aunque –cabe aclarar- ninguna tiene sanción.

Entre los diversos cargos contra el magistrado, se denuncia la actuación en la causa “Dimicroff”, consistente en una medida cautelar que ordenara la atención médica de una persona en un establecimiento hospitalario, por tener su pierna amputada y presentar una infección generalizada, y por hallarse alojada en una unidad penitenciaria en pabellón común sin ningún tipo de asistencia o tratamiento alguno, providencia que el denunciante considera una grave irregularidad por haberse rechazado en sede penal la misma petición.

Cabe destacar que dicha actuación no mereció sanción alguna para la Suprema Corte bonaerense (investigada en actuaciones sumariales CJ N° 341/10).

Por su parte, también se denuncia la actuación del magistrado en una causa en la que se ventilaba el acceso a la vivienda de un grupo de aproximadamente 50 familias a punto de ser desalojadas de un predio de la Localidad de Gorina (Causa “Ponce Nuñez s/Homologación”, Expte. sumarial CJ N° 137/10).

Las familias, que vivían desde hacía más de 20 años en el predio ubicado en calle 140 entre 472 y 478 de la Localidad de Gorina, habían firmado un convenio de no desalojo con la titular del predio, la empresa del Estado provincial “Ferrobaires”.

La medida cautelar del Dr. Arias ordenaba a la Policía la no ejecución del desalojo hasta tanto el ex Juez Melazo se expida con relación a la homologación del acuerdo suscripto con el propietario del inmueble.

Pese al acuerdo de partes, el ex Juez Melazo llevó a cabo el deshaucio, por pedido del ex Fiscal Dr. Cartasegna, destruyendo las pocas pertenencias de las familias, sin ayuda social, alimentaria, sanitaria, ni alojamiento transitorio a las familias, todo lo cual fue gestionado por la CTA y el Foro de Niñez de la Provincia, que intervinieron en esa oportunidad.

Si bien la denunciante plantea como argumento central el avasallamiento del Dr. Arias sobre la jurisdicción de otro Magistrado, la propia Suprema Corte de Justicia entendió que la causa era de competencia material del Fuero en lo Contencioso Administrativo en el conflicto de competencias que se planteara al efecto (SCBA, LP B. 70.951, “Ponce Núñez, Marcelo Enrique c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Homologación -conflicto de competencia art. 7 inc. 1º, ley 12.008”, Res. del 19-05-2010).

La misma consideración merece la denuncia por la actuación sumarial CJ 313/12, vinculada a la causa “Defensoría oficial juvenil N° 16 de La Plata c/ Ministerio de Seguridad y ots. s/ Medida autosatisfactiva”, mediante la que se ordenara al Poder Ejecutivo la no ejecución de un desalojo sin antes proceder a la protección –por los organismos correspondientes- de los derechos de los niños involucrados en la medida, sumario que fuera archivado por la Suprema Corte.

Asimismo, se invocan las actuaciones sumariales CJ 118/15, vinculadas a las causa N° 33.516 «Calles Añasgo Ronald y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires d/ Medida Cautelar Autónoma O Anticipada” en la que el Dr. Arias ordenara al Poder Ejecutivo –sin éxito- la no ejecución de un desalojo ordenado por el Juez de Garantías Dr. Pablo Raele.

El mismo se efectuó en contra de aproximadamente 800 personas, sin prever un destino cierto para guarecer temporalmente a sus destinatarios, de noche en la madrugada del día 7 de Mayo de 2015, utilizado máquinas topadoras, bombas de estruendo, quemando las pertenencias de propiedad de los ocupantes y matando a sus mascotas.

El Dr. Arias planteó la inconstitucionalidad del art. 231 del Código Procesal Penal que autorizaba a adoptar esa medida y planteó el conflicto de competencia ante la Suprema Corte, en razón de que se encontraba en discusión una cuestión civil, de índole posesoria.

Los afectados no se encontraban imputados en la causa penal, no tomaron conocimiento de las actuaciones penales, no tuvieron posibilidad de ofrecer prueba ni fueron citados a declarar por la comisión de la conducta que se investigaba (Usurpación).

El propio abogado de las familias afectadas fue detenido durante el operativo policial, mientras ejercía su rol como letrado defensor, permaneciendo encarcelado desde la madrugada hasta altas horas de la noche del día 7 de mayo.

En el lapso de una semana de efectivizado el desalojo, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires declaró –por unanimidad en ambas Cámaras- la utilidad pública los predios en cuestión a los fines de su expropiación, con destino a vivienda social para las familias desalojadas, conforme un censo efectuado por la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia que, antes del desahucio había solicitado suspensión en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 7.165, siendo desoída por el magistrado penal interviniente.

Pese a que la Suprema Corte haya opinado acerca de la competencia penal en dicha causa –abstracta ante la expropiación del predio-, la actuación del Dr. Arias no mereció reproche disciplinario alguno, ante el conflicto de competencias planteado por el carril procesal previsto en la ley para ello.

Por otra parte, nuevamente funcionarios del fuero penal cuestionan la actividad del Dr. Arias en la causa de la inundación ya referida, en este caso, por la supuesta “Participación en diligencias jurisdiccionales de persona ajena a la planta funcional del Juzgado…” (Exp. sumarial CJ 183/13).

En referencia a la Sra. María Soledad Escobar, a quien la denunciante la consideró meritoria o colaboradora honoraria, atento a su participación en una diligencia llevada a cabo por el Secretario del Juzgado en el Cementerio Municipal, junto a la nombrada, a fin de hallar rastros de niños fallecidos en la inundación en virtud de información acercada por ésta última.

La denuncia efectuada por el Dr. Paolini, funcionario a cargo de la investigación vinculada tanto al delito de estrago como de aquellos funcionarios provinciales y municipales que ocultaron información sobre las víctimas, no contempla que la Sra. María Soledad Escobar se presentó en la causa de la inundación en calidad de “Amicus Curiae”, aportando información útil atento su activa participación en diversos grupos y asambleas de autoconvocados con motivo de la citada tragedia.

El sumario, iniciado a consecuencia de la comunicación que el Fiscal Dr. Jorge Paolini (UFI N° 8 LP) remitiera a la SCBA, tampoco mereció sanción disciplinaria alguna por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, más allá de que, como se dijo, la intervención del Dr. Arias en la causa de la inundación ya fue objeto de juzgamiento por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa SJ 223/13 caratulada “Arias Luis Federico Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata s. Denuncia”, habiendo sido la misma desestimada por unanimidad, por entender que los hechos bajo juzgamiento no configuraban motivo o causal de mal desempeño.

Idéntica valoración merece la denuncia vinculada a la CJ 87/13, que no mereciera sanción alguna por el ingreso al Juzgado –el día 5 de abril de 2013- de la causa “Defensoría Oficial de Responsabilidad Penal Juvenil s/ diligencia preliminar”, en la cual se ordenaran las primeras y más urgentes medidas tendientes a investigar lo sucedido con las víctimas de la inundación.

Finalmente, la denuncia aparentemente presentada por el Dr. Juan Ángel De Oliveira -Sub-Procurador General de la Corte- remite a una serie de actuaciones sumariales iniciadas por considerar irregular el apartamiento del magistrado de disposiciones reglamentarias dictadas por la Suprema Corte en ejercicio de la superintendencia, a saber: CJ-163/12, CJ-59/13, CJ N° 235/09, sea por admisión de ingreso de causas fuera de horario judicial en cuestiones de urgente despacho y otorgamiento de medidas cautelares por juez incompetente en los términos del art. 196 del Código Procesal Civil y Comercial, sea por admisión de conexidades planteadas en diversas causas, o bien por declarar la inconstitucionalidad del régimen de sorteo de amparos establecido por la SCBA.

En ninguna de tales causas recayó sanción disciplinaria, ante el ejercicio de funciones jurisdiccionales del magistrado, que no configuran infracciones a sus deberes sino criterios judiciales que en cada caso se hallan sujetos a los planteos recursivos de las partes y a los eventuales criterios que sustenten las Cámaras de Apelaciones y los Tribunales Superiores de Justicia, en ejercicio de sus respectivas funciones jurisdiccionales.

3) DENUNCIA DEL DIPUTADO CASTELLO (Expediente N° SJ 387/17, “CASTELLO, Guillermo Ricardo s/ ARIAS, Luis Federico, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata – Denuncia”):

Actuación promovida el día 15 de Marzo de 2017, mediante la que el Sr. Guillermo Ricardo Castello, Diputado provincial por la Alianza Cambiemos, se presentó ante el Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, formulando denuncia contra el Dr. Luis Federico Arias, por la supuesta comisión de las faltas previstas en los incisos f), j) y ñ) del art. 21 de la Ley 13.661 que disponen: “f) La realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone; […] j) La intervención activa en política; […] ñ) La realización de actos de parcialidad manifiesta”.

Encontró configuradas esas faltas, en razón de una solicitada que fuera divulgada por diversos sitios de internet el día 7 de Marzo de 2017, en la cual se expresaban una serie de opiniones de tono crítico respecto de algunas de las políticas que el gobierno nacional lleva adelante.

Entre las personas que adhirieron al texto de la solicitada, se encontraba el citado Magistrado.

El Diputado que aquí se denuncia consideró en su escrito que tales manifestaciones no eran propias de un magistrado en funciones.

Vale aclarar que la denuncia no cuestiona el desempeño jurisdiccional del magistrado ni que la opinión se haya vertido en el marco de la actividad funcional.

No se efectúa un análisis de sus causas, de los expedientes que tramitan por ante su sede, o de la resoluciones judiciales que dicta.

No contrasta sus consideraciones en razón de quienes se benefician y quienes se perjudican con sus sentencias, ni si las mismas están fundadas en el ordenamiento jurídico vigente o si no lo están en absoluto.

Lo único que procura la denuncia es identificar al Magistrado con un espacio político en virtud de la expresión de ciertas ideas sobre la marcha política, económica y social del país, y en razón de ello proceder a su destitución utilizando para tal cometido una institución de gravedad institucional como lo es el juicio político.

INTEGRACIÓN DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

PRESIDENTA:

Dra. Hilda Kogan, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia (período 4/2017 – 4/2018)

LEGISLADORES:

Titulares:

Sdor. Roberto Costa (Cambiemos). Escobar. Mandato: 2013-2017

Sdor. Jorge A. D’Onofrio (Frente Renovador). San Isidro. Mandato: 2013-2017

Sdor. Hector L. Vitale (Bloque Peronista). Olavarría. Mandato: 2013-2017

Dip. Pablo H. Garate (Frente Renovador). Tres Arroyos. Mandato: 2013-2017

Dip. Marcelo Feliu (Cumplir). Bahía Blanca. Mandato: 2013-2017

Suplentes:

Dip. Walter Hector Carusso (Cambiemos). San Martín. Mandato: 2015-2019

Dip Revora Santiago Eduardo (FpV). Mercedes. Mandato: 2015-2019

Dip. Viviani Mauricio Andres (Cambiemos). 9 de Julio. Mandato: 2015-2019

ABOGADOS:

Titulares:

Fabián Ramón Gonzalez (Moron).

Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora)

Osvaldo Ernrique Pisani (San Isidro)

Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino)

Jose Alberto Apaz (San Martin)

Suplentes:

Pedro Jorge Albini Trujillo (San Isidro)

Jorge Omar Almanza (Moron)

Oscar Alberto Neyssen (San Isidro)

Es preciso aclarar que, en la Provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Nación, la remoción de jueces no está a cargo del Consejo de la Magistratura, sino por un Jurado de once miembros, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados (art. 182 de la Const. Prov.).

El Jurado no es permanente, sino que se sortea frente a cada denuncia contra un juez o magistrado.

Este jurado acumuló las tres denuncias presentadas, violando con ello, los arts. 3 y sgtes. de la Ley 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados.

El jurado había sido designado con motivo de auto denuncia que el propio Dr. Arias realizó y, aunque éste desistió luego de la misma, se mantuvo la misma integración.

Es decir, es un jurado conformado para una denuncia que ahora es inexistente y pretende juzgar hechos ajenos al motivo de su integración.

Obsérvese además que –curiosamente- los legisladores titulares, en su totalidad, tienen mandato por el período 2013/2017, mientras los suplentes (que reemplazarán a los primeros cuando terminen sus respectivos mandatos) fueron elegidos para el período 2015/2019.

Demasiada casualidad para un sorteo aleatorio.

Lo mismo puede decirse respecto de los abogados, pues resulta sugerente que la mayoría de ellos son dirigentes o se encuentran vinculados a los diferentes Colegios de Abogados de la Provincia e intervienen los mismos en diferentes juicios políticos contra magistrados; situación harto sospechosa si tenemos en cuenta que pueden resultar sorteados todos los abogados de la Provincia que tengan entre 30 y 70 años de edad y 10 años de ejercicio de la profesión.

[1] https://www.nuevaba.com.ar/notas/201703/9815-mas-de-mil-personalidades-firmaron-una-solicitada-en-defensa-de-la-democracia.html

SELECCIÓN DE FALLOS JUZGADO DR. ARIAS

  1. Descuentos salariales a docentes y trabajadores judiciales, entre otros. Causa N° 12059 – «FEDERACION EDUCADORES BONAERENSES Y OTRO/AC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO». del día 19-XII-2006.- Y Causa N° 12465 – «ASOCIACION JUDICIAL BONAERENSE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO», Res. del día 2-V-2007.-

Se ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que -como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas por las entidades actoras – afecte la percepción íntegra de los salarios del sector docente.-

  1. Desalojos. Derecho a la vivienda. Causa N° 14325-«CASTILLO GABRIELA GISELA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRA S/ AMPARO», Sent del día 9-X-2008.-

Se condenó a la Municipalidad de Ensenada y a la Provincia de Buenos Aires a que provean a las familias identificadas en la causa un lugar donde alojarse temporalmente, en condiciones sanitarias y de habitabilidad suficientes, cercano al sitio de sus actuales viviendas, a fin de no perjudicar sus derechos al trabajo y a la educación de sus hijos.-

  1. Detención de niños por hechos que no constituyen delito (Averiguación de antecedentes, averiguación de identidad, contravenciones, etc). Causa N° (R)-15918-«DEFENSORIA OFICIAL DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL N° 16 S/ HABEAS CORPUS«, Sent. del día 30-X-2008.-

Se hizo lugar al Hábeas Corpus colectivo interpuesto a favor de todos los niños, niñas y adolescentes de este Departamento Judicial.

Se declaró la inconstitucionalidad del Decreto-Ley N° 8.031/73 y del art. 15 Ley N° 13.482, en cuanto permitan la aprehensión o detención de menores de 18 años de edad.-

 

  1. Derecho a la imagen de niños, jóvenes y adolescentes. Causa N° 24511-«PODER JUDICIAL C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA Y OTRO/A S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA«, sent. del día 30-XII-2011.-

          Se condenó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires a que adopte las siguientes medidas:

a) elimine en todos los órganos administrativos y policiales del Partido de La Plata, los archivos fotográficos de jóvenes, o datos pertenecientes a los mismos que de cualquier modo permitan la identificación de una persona menor de 18 años a quien se le atribuya la comisión de actos ilícitos, y cuya existencia obre en formato digital o en soporte papel;

b) Se abstenga de tomar imágenes fílmicas o fotográficas de menores de edad sin orden judicial, como así también de llevar registros prontuariales sobre los mismos.

  1. El Estado frente a la protesta social. Prohibición de interferir en el ejercicio de las libertades sindicales. Límite a la actividad policía. Causa N° 24992 – «ASOCIACION JUDICIAL BONAERENSE C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”. Sent. del día 15-V-2012.-

Se ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que -como consecuencia de las medidas de fuerza que llevan a cabo la Asociación Judicial Bonaerense- impliquen tareas de inteligencia o de investigación criminal al margen de órdenes judiciales.

  1. Desdoblamiento de aguinaldo a los trabajadores bonaerenses. Causa N° 25377 – «DURANTE EDUARDO ADRIAN y otros C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION CESACION VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA», Res. del día 6-VII-2012 y Causa N° 25428 – «DURANTE EDUARDO ADRIAN Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ PRETENSION ANULATORIA Y DE REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS«. Res. del día 13-VII- 2012.-

          Se suspendieron los efectos del Decreto N° 558/12 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, publicado el día 11-VII-2012, el cual dispuso el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires hasta en cuatro cuotas mensuales, y se ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a abonar el sueldo anual complementario a la totalidad de los trabajadores dependientes del Estado Provincial, asegurando su percepción de acuerdo a la legislación vigente, dentro del plazo de cinco días corridos

  1. Gorina. Causa N° 21090 – «PONCE NUÑEZ MARCELO ENRIQUEC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/HOMOLOGACION – OTROS JUICIOS». Res. del 30-IV-2010.-

Se ordenó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a abstenerse de llevar adelante el lanzamiento/desalojo de las personas que habitan en el predio ubicado en calle 140 entre 472 y 478, linderos y sobre vías del Ferrocarril, sector denominado Vía del Corredor P1 La Plata-Avellaneda, de localidad de Gorina, hasta tanto el titular del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, se expida respecto de la homologación del acuerdo objeto de autos. –

  1. Abasto. Causa N° 33516 – «CALLES AÑASGO RONALD y otros C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA – OTROS JUICIOS», Res. del 5-V-2015.-

Se ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3 de éste Departamento Judicial, en la causa IPP n°06-00-15367/15 que tramita por ante la UFI n° 2 del Departamento Judicial de La Plata. –

  1. Otorgamiento de vivienda adecuada que permita la externación hospitalaria a niño con problemas de salud. Causa N° 10084-S V-«ERMOSI CRISTIAN EZEQUIEL C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA, VIV.Y SERV.PUB. Y OTROS S/ AMPARO», Sent. del 6-IX-2011.-

                Se ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a proveer a los actores una vivienda que reúna las características indicadas por el profesional médico que asiste al menor, así como los alimentos indispensables para una nutrición adecuada del grupo familiar. –

  1. Relocalización de familias que habitan en asentamientos sobre los márgenes de los arroyos Del Gato y Maldonado. Causa N° 27264-«ASESORIA DE INCAPACES N° 1 – LA PLATA C/ FISCO DE LA PROVINCIA Y OTROS S/ AMPARO», Sent del 28-IV-2016.-

Se ordenó a Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata y la Municipalidad de Berisso a que, de manera conjunta y coordinada, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, den cumplimiento de las siguientes acciones: a) formular e implementar un proyecto de relocalización destinado a las familias que habitan en la cuenca del Arroyo “Maldonado” y del Arroyo “Del Gato”, que deberá cumplirse sobre la base de negociaciones mutuamente satisfactorias con los grupos afectados.

  1. 11. Aumentos tarifarios. Necesidad de realizar audiencias públicas con carácter previo.

AGUA:

– Causa N° 17746 – «DEFENSORIA CIUDADANA DE LA PLATA Y OTROS C/ AGUAS BONAERENSES S.A. ABSA S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA – OTROS JUICIOS», Res. 22-IX-2009. –

Causa  N° 24994 – «NEGRELLI OSCAR RODOLFO y otro/a C/ PODER EJECUTIVO y otro/a S/AMPARO”. Res del día 17-V-2012.-

Se suspendió el aumento tarifario del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales (ABSA), efectuado sin la previa realización de una audiencia pública.

ELECTRICIDAD:

Incremento tarifario año 2016. Causa N° 35.767 “COLECTIVO DE ACCION EN LA SUBALTERNIDAD C/ EDELAP SA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LA PLATA Y OTRO/A S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, Sent. del 30-VII-2016. –

Se declaró la nulidad de la Resolución N° 22/16 que ordenara el incremento de los cuadros tarifarios para la energía eléctrica en el ámbito bonaerense, y se ordenó al Poder Ejecutivo y al OCEBA que se instruya a las distribuidoras comprendidas en los alcances de la sentencia a la refacturación de la tarifa eléctrica, con sujeción a los valores vigentes con anterioridad a la Resolución N° 22/16, incluyendo la Tarifa Social dispuesta en la misma; y a la restitución de todos los importes percibidos en exceso con motivo de la aplicación de la citada Resolución. –

– Incremento tarifario año 2017 – Causa N° 40486 – «DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA, VIV.Y SERV.PUB. S/ PRETENSION ANULATORIA – OTROS JUICIOS», Res. del 16-VI-2017. –

Se suspendieron los efectos de la Resolución 419/17, del MIySP, en cuanto aprobara los nuevos valores del cuadro tarifario de EDELAP S.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A., y los valores del cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur; sin que ello implique afectación alguna a los usuarios beneficiarios de la denominada “Tarifa Social”, ni de los “Electro Dependientes”, ni de las entidades de Bien Público (Ley 27.218), debiendo la demandada comunicar la medida a las Distribuidoras y Cooperativas Eléctricas prestatarias del servicio  para confeccionar nuevas facturaciones.

ADHESIONES CARTA TIPO

 

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN……………….

 EN APOYO AL JUEZ LUIS FEDERICO ARIAS

Como organización política y social y habiendo tomado conocimiento del jury de enjuiciamiento al que se verá sometido en la brevedad, queremos transmitirle nuestro apoyo, al mismo tiempo que repudiamos el accionar de quienes con fuerte aval político promueven el apartamiento de su cargo.

Quienes entendemos la consecuencias de la defensa de la justicia al alcance de los más vulnerables, de los trabajadores, quienes vimos a lo largo de su desempeño su coherencia, sus convicciones, su transparencia y su postura crítica, comprendemos la molestia que usted causa a la estructura de poder vigente.

La persecución política y la complicidad de una justicia disciplinada al poder de turno promueven en la actualidad un sólido intento de desplazamiento de su cargo entendiendo que allí deben permanecer sujetos capaces de resolver con obsecuencia política y mediática las necesidades del pueblo bonaerense.

Acompañamos de esta manera, las expresiones de otras organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos que ya se han manifestado al respecto, así como unidades académicas, figuras públicas y de la ciudadanía en general.