La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas.

CÓMO ES LA OPERACIÓN DE MACRI CONTRA GILS CARBÓ

Por Ari Lijalad

El juez Pablo Cayssials declaró que es inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el juicio político es la única forma de remoción del Procurador General. Con esta decisión deja habilitada la posibilidad de que Mauricio Macri pueda desplazar a Alejandra Gils Carbó con un simple decreto. La operatoria fue tramada entre el Gobierno, un juez vinculado a Macri y el Grupo Clarín.

 

 

 

Por Ari Lijalad

Nuestras Voces

20 de octubre de 2017

 

 

Mauricio Macri logró un fallo a medida para intentar remover a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó sin juicio político. El juez Pablo Cayssials resolvió que el requisito del juicio político es inconstitucional. Es en una causa iniciada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y uno de sus apéndices, la asociación Será Justicia. La operación fue coordinada con el Gobierno y avalada por un juez con estrechos vínculos con Macri y el Grupo Clarín.

El Gobierno, la city y el sello de goma

La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”. La otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio de la calle Montevideo, la agrupación Será Justicia. Ambos, con un vínculo estrecho con el Gobierno.

La relación del Gobierno con Será Justicia –el apéndice de los abogados del establishment– es explícita. Lo demuestran sus posicionamientos políticos y los funcionarios que provienen de sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de la agrupación. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación.

El vínculo entre el CACBA y Será Justicia también es alevoso. El acto fundacional de Será Justicia, en 2012, fue en la sede del Colegio en la calle Montevideo. Su objetivo primordial fue accionar contra las reformas judiciales encaradas entonces por el kirchnerismo. Fueron los artífices de las movilizaciones a favor del eterno supremo Carlos Fayt y de la marcha del 18 de febrero de 2015, al cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman. Será Justicia apenas funciona formalmente: tienen una página de Facebook pero el link a su web institucional no está operativo. El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

Forum shopping

La presentación de denuncias gemelas es una de las formas de lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. En criollo, son maniobras para manipular el destino de las causas judiciales y que le toque resolver a jueces y fiscales permeables o cercanos.

La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, las unificó. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios.

Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. Es lo que ahora les concedió el juez Cayssials.

Enseguida se notó la mano del Gobierno en esta operación. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes.

El artículo 76 de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 dice que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes. Macri no tiene esos números parlamentarios y, por ende, intenta avanzar por otras vías non sanctas.

La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de la Procuradora logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político.

Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destacó la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.

Nuestras Voces también informó (Ver más abajo) que esta operación tuvo un revés cuando el fiscal Miguel Gillian dictaminó que los aliados de Macri no tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad del requisito del juicio político y que, además, esto implicaría derogar una ley, prerrogativa que es del Congreso. Ahora, con su fallo, el juez Cayssials revierte la postura del fiscal Gillian y le libera el camino a Macri para desplazar a Gils Carbó.

Para el juez, la Ley de Ministerio no podía establecer el requisito de juicio político cuando la Constitución no lo establece taxativamente. Cita para esto al prestigioso jurista Germán Bidart Campos, pero de forma parcial. Tal como advirtieron abogados como Graciana Peñafort y Lucas Arrimada, el juez Cayssials recortó intencionalmente el párrafo del texto de Bidart Campos donde explicita que justamente el caso de la Procuradora General de la Nación es uno de los que sí se entiende que debe ser removida vía juicio político.

Twitter

Lucas Arrimada @lucasarrimada

El fallo sobre Gils Carbó cita a Bidart Campos PERO deja de citarlo cuando le conviene. El texto completo y el omitido. Manipulación total!

11:13 – 20 oct. 2017

 

El fallo es apelable, y Gils Carbó ya prepara su presentación. Sin embargo, los antecedentes de Macri permiten avizorar un horizonte de tironeo de la legalidad para cumplir sus objetivos. El abogado constitucionalista Gustavo Arballo arriesgó una vía de acción que puede tomar Macri: la utilización del artículo 99 de la Constitución, que permite que el Presidente nombre y remueva a “los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma”. Es la herramienta que utilizó Macri para nombrar dos jueces de la Corte por decreto al inicio de su mandato.

“Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley”, le dijo el ministro de Justicia Garavano a Clarín. Sin embargo, según pudo saber Nuestras Voces, ese decreto (o un borrador avanzado del mismo) ya está escrito.

Fallo Cayssials por nuestrasvocesok aquí

OPERACIÓN CONTRA GILS CARBÓ

Por Ari Lijalad

Nuestras Voces

4 de octubre de 2017

 

El intento de saltear una ley por vía judicial para habilitar al presidente Macri a remover a la procuradora Gils Carbó tuvo un importante traspié. La medida es impulsada por el establishment jurídico encarnado en el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Otra muestra de que la no intervención en la Justicia y el respeto de las garantías constitucionales están en el discurso de Cambiemos y no en su estilo de gobierno. 

Mauricio Macri sufrió un traspié en su obsesión por desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Fue en una operación a todas luces coordinada con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la asociación Será Justicia, por la cuál Macri buscó obtener un fallo judicial que le permita saltearse el juicio político para remover a Gils Carbo. O sea, un favor judicial para echarla por decreto. Ahora, el fiscal Miguel Gillian dictaminó que los aliados de Macri no tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad del requisito del juicio político y que, además, esto implicaría derogar una ley, prerrogativa que es del Congreso.

La operación se inició con dos denuncias gemelas, una presentada por Será Justicia y otra por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”.

La primera denuncia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la segunda a Rita Ailán. Una típica maniobra de forum shopping, como se conoce en la jerga judicial a las trucos maniqueos para lograr que una causa le toque a un juez afín. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, unificó ambas denuncias. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios.

Las denuncias pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. El Gobierno de Macri, en lugar de defender al Estado, le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes.

La ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, sancionada el 10 de junio de 2015 bajo el número 27.148, es la que regula el funcionamiento del organismo comandado por Gils Carbó. Su artículo 76 establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 establece que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes, cifras que el macrismo no tiene y, por ende, motivo por el cuál intenta avanzar por otras vías non sanctas.

La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de Gils Carbó logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político.

Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Pablo Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destaca la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.

El fiscal Gillian dio un primer paso para abortar este ardid por el cuál Macri pretende desplazar a Gils Carbó. La cuestión clave es la legitimación tanto del tándem CACBA-Será Justicia para promover esta denuncia.

El fiscal señala que los demandantes no se ven afectados directamente por la ley que cuestionan. “Los cuestionamientos legales y constitucionales efectuados por las accionantes tendientes a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 27.148, resultan de carácter genérico y no aportan elementos probatorios ni demuestran de qué manera la normativa impugnada contraría el bloque de juridicidad generándole un perjuicio concreto”, sostiene el dictamen.

El trío Macri-CACBA-Será Justicia busca saltearse el juicio político que establece la ley. El fiscal afirma que “las demandantes fallan al no concretar cuál sería la relación existente entre la ley atacada y el riesgo de lesión que le ocasionaría su aplicación”. En criollo, no hay motivos para no hacer lo que dice la ley, salvo que a Macri no le dan los números en el Congreso.

Para el fiscal, los denunciantes hacen aseveraciones “sumamente genéricas, dogmáticas e hipotéticas” para justificar su legitimidad en el reclamo de que Gils Carbó pueda ser removida por otra vía que el juicio político. Asegura, a su vez, que la Justicia no es la vía para cambiar leyes.

Lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador”, afirmó Macri. Su objetivo es claro: quiere tener un estricto control de todo el Poder Judicial. Ya nombró dos jueces en la Corte Suprema y domesticó a los restantes; tiene prácticamente en sus manos el Consejo de la Magistratura; la espúrea relación con la Justicia Federal de Comodoro Py le proporciona titulares periodísticos contra figuras del kirchnerismo cada vez que está en apuros y le demora o soluciona las causas en su contra. El último escollo para un dominio de la administración judicial es Gils Carbó.

Todos para uno y uno para todos

La operación para sacar del camino a Gils Carbó tuvo, en lo formal, tres ejecutores: el Gobierno, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y Será Justicia. En realidad son dos, ya que el CACBA y Será Justicia cáscaras de los mismos abogados. O uno, ya que el CACBA y Será Justicia aportaron no pocos funcionarios al Gobierno.

El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

Será Justicia es un sello de goma del Colegio de Abogados del establishment. De hecho, su acto fundacional en 2012 se realizó en su sede de la calle Montevideo. Su creación tuvo como objetivo la oposición a las reformas judiciales encaradas por el Gobierno kirchnerista. Sus acciones públicas incluyeron la convocatoria a la marcha al mes de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman y al defensa del eterno supremo Carlos Fayt. Será Justicia tiene una página de Facebook, pero el link a su web institucional no funciona. Su ligazón con el macrismo es explícita, tanto en sus posiciones públicas como en funcionarios que revistan sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de Será Justicia. Fue su primera protesorera. Otro Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación

Dictamen Del Fiscal Gilligan by nuestrasvocesok on Scribd aquí