El organismo de inteligencia se viene negando sistemáticamente a informar sobre el uso de sus fondos. Luego de asumir, el presidente Macri eliminó todos los mecanismos de control y transparencia de la ex SIDE por decreto y aumentó su presupuesto.
EL DESCONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE MACRI
Un conjunto de ONGs que aboga por la transparencia en los organismos de inteligencia ahora presentó un recurso de amparo, que ya tramita en la Justicia Federal. Además piden que se informe sobre acuerdos con servicios de inteligencia de otros países y sobre los mecanismos de control para que no haya abusos en las escuchas telefónicas.
Por Ari Lijalad
Nuestras voces
22 de septiembre de 2017
El organismo de inteligencia se viene negando sistemáticamente a informar sobre el uso de sus fondos.
Luego de asumir, el presidente Macri eliminó todos los mecanismos de control y transparencia de la ex SIDE por decreto y aumentó su presupuesto.
Un conjunto de ONGs que aboga por la transparencia en los organismos de inteligencia ahora presentó un recurso de amparo, que ya tramita en la Justicia Federal.
Además piden que se informe sobre acuerdos con servicios de inteligencia de otros países y sobre los mecanismos de control para que no haya abusos en las escuchas telefónicas.
AMPARO CONTRA LA AFI POR FONDOS RESERVADOS SIN CONTROL
Varias organizaciones presentaron un amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, por negarse a brindar información sobre el uso de fondos reservados, los intercambios con servicios de inteligencia de otros países, las regulaciones sobre clasificación y desclasificación de información y los controles sobre las escuchas telefónicas que aún hoy realiza “la Casa”, como se conoce al organismo que nuclea a los espías.
La falta de transparencia sobre las actividades de los servicios de inteligencia la promovió el presidente Mauricio Macri, que apenas asumido eliminó por decreto sus controles y se niega a brindar información sobre cómo operan hoy. Macri y su Jefe de Gabinete Marcos Peña firmaron el decreto 656 el 6 de mayo de 2016 y le restauraron, en la ley y en la práctica, el secretismo y la opacidad a la AFI.
La presentación judicial se hizo desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), “un espacio -según su web- destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia”.
Allí se agrupan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derecho Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
La decisión quedó en manos de la jueza Liliana María Heiland, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10.
Nada de información
El 13 de junio de 2017 estas organizaciones hicieron un pedido de acceso a información pública con cuatro puntos: que acuerdos de intercambio de información de inteligencia había con otros países; cómo se administran los fondos reservados de la ex SIDE; cuál es la regulación sobre procesos de declaración de secreto y desclasificación; y cuales son los mecanismo de control de la AFI sobre el sistema de escuchas telefónicas.
No hubo respuesta.
El 10 de agosto insistieron.
Desde ICCSI relatan que el “28 de agosto de 2017, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) remitió una nota firmada por el Dr. Ruben G. Areso, Director de Relaciones Institucionales de la AFI, en la que de manera arbitraria e ilegal se nos deniega la totalidad de la información requerida, según señalan, por ser de carácter reservado”.
Para estas organizaciones, esta negativa del Gobierno a dar información “sólo puede ser comprendida en un contexto de fuerte regresión en las políticas de inteligencia”.
Ante esto, presentaron esta “acción de amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyo domicilio legal desconocemos y que presumimos en la Calle 25 de mayo 11”, dice el escrito.
Esa dirección, en la esquina de la Casa Rosada, es la sede visible de la ex SIDE.
No piden datos sensibles sobre las actividades de inteligencia, sino “información respecto de procedimientos, mecanismos, reglamentos, regulaciones y datos globales (sino estadísticos), que permiten hacer efectivo los mecanismos de control a la actividad de inteligencia”.
Un gran agujero negro que el kirchnerismo buscó trasparentar tardíamente y que el macrismo devolvió a la oscuridad.
“El control de los órganos y actividades de inteligencia, y la exigencia de legitimidad y de eficacia, es una consecuencia necesaria del carácter republicano y democrático del Estado. Y si bien se trata de una actividad caracterizada por el secreto, que protege sus fuentes, métodos, identidades y operaciones, ese secreto no puede derivar en el oscurantismo de sus todas sus prácticas, ya que esto contradice uno de los principios fundamentales del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno.
Poner en conocimiento la información requerida no representa peligro alguno para la Seguridad de la Nación y no compromete ninguna de sus capacidades operativas”, sostiene la presentación judicial.
El amparo recalca que incluso la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, impulsada y sancionada por el actual Gobierno y que entrará en vigencia el próximo 29 de septiembre, habilita expresamente a que la AFI entregue los datos que le solicitaron.
La nueva ley establece algunas limitaciones al acceso de información sensible, pero, destacan en la denuncia, la misma ley dice que “la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas”.
Para los denunciantes es el caso: sólo piden información sobre cómo se implementan las políticas de inteligencia y cuales son las normas que la regulan. Normas que, al día de hoy, no son claras.
Los fondos reservados
“Para nosotros los fondos para inteligencia tienen que ser reservados más allá que la partida sea pública.
Reservado no significa con falta de control”, dijo Gustavo Arribas, el amigo presidencial que fue designado al frente de la AFI.
A Silvia Majdalani, su segunda, cuando le preguntaron porqué los fondos pasaron a ser totalmente reservados, respondió: “Como debe ser”.
La línea fue clara.
El destino del dinero que manejó históricamente en secreto la ex SIDE, hoy AFI, muestra que su uso fue en operaciones que nada tenían que ver con inteligencia.
Este escrito presentado por la ICCSI recuerda los casos de los fondos de la ex SIDE utilizados para el pago de coimas a senadores para la aprobación de las leyes de flexibilización laboral en el 2000, así como los miles de dólares que recibió Carlos Telleldín para desviar la investigación por el atentado a la AMIA.
“Ambos dejaron en evidencia que los fondos derivados del presupuesto nacional hacia los servicios de inteligencia nacional, por carecer de controles adecuados, podrían ser utilizados incluso para actividades ilegales”, señalan desde ICCSI.
En 2016, el primer año presidencial de Macri, los fondos de la AFI crecieron un 81%.
Según el presupuesto, manejó casi 1.500 millones de pesos.
En 2017 aumentaron un 24,4%, alcanzando los 1.800 millones.
Para 2018, el presupuesto enviado por el Gobierno le asigna 2.178.680.000 pesos, un 20% más que este año.
El kichernismo cumplió en forma tardía la promesa de trasparentar los fondos de la SIDE.
Asumió ese compromiso en el 2005, en el marco del reconocimiento por parte de Néstor Kirchner de la responsabilidad del Estado en la falta de prevención y en el encubrimiento del atentado a la AMIA.
La decisión quedó plasmada en el decreto 812/2005, pero recién lo concretó Cristina Fernández de Kirchner en 2015.
Diez años tarde, pero erradicó los fondos reservados de la SIDE, que pasó a llamarse AFI.
El decreto 1311/2015 estableció una nueva doctrina de inteligencia nacional, modificó la estructura orgánica de la AFI y eliminó los fondos reservados.
Macri derogó todo lo modificado por CFK a través del decreto 656/2016.
Fue la vuelta al oscurantismo en la ex SIDE. “Más allá de la evidente inconstitucionalidad y nulidad del decreto 656/2016, lo que venimos a plantear (…) es lo siguiente: la información referida al régimen de control y administración de fondos debe ser pública, independientemente de que éstos sean reservados, tal como lo regulaba el ahora derogado decreto 1311/15”, afirma el documento presentado a la Justicia.
El amparo detalla las consecuencias de la existencia de estos fondos sin control en manos de la Casa de los espías: “los problemas vinculados al manejo de fondos públicos coexisten con cuestiones más estructurales del funcionamiento del sistema de inteligencia: el espurio funcionamiento de la estructura de inteligencia nacional y de las fuerzas de seguridad, sus relaciones promiscuas con el sistema político y judicial, la falta de profesionalización de la actividad y la inexistencia de verdaderos controles parlamentarios y judiciales”.
Sostiene a su vez que Macri “se amparó en razones de agilidad en la gestión administrativa para eliminar los controles de los fondos reservados y en el secreto como regla para evitar brindar nueva información o cualquier otro tipo de explicación”.
Secretos y desclasificados