Los denunciantes plantean que a Mahiques se le debería imputar el delito de usurpación de autoridad.

DENUNCIA JUDICIAL POR EL NOMBRAMIENTO DEL JUEZ CARLOS MAHIQUES EN CASACIÓN FEDERAL

Por Irina Hauser (FOTO)

Además del propio juez fueron involucrados el Presidente, el ministro de Justicia y miembros del Consejo de la Magistratura. El magistrado saltó de fuero y jurisdicción y fue ubicado en un tribunal clave a través de un decreto presidencial. A Macri, a Garavano y a la mayoría de consejeros que facilitaron el pase les cabrían abuso de autoridad y el delito de violación de los deberes de funcionario público.

Por Irina Hauser

Página12/EL PAÍS

27 de junio de 2017

“Es ilegal y arbitraria”

Además del propio juez fueron involucrados el Presidente, el ministro de Justicia y miembros del Consejo de la Magistratura.

El magistrado saltó de fuero y jurisdicción y fue ubicado en un tribunal clave a través de un decreto presidencial.

Carlos Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. 

Un desafío al corporativismo judicial y a la tan ponderada independencia  llegó a Comodoro Py ayer con una denuncia del Colectivo Nacional Mario Bosch que señala como “irregular, ilegal y arbitraria” la designación a modo de “traslado” del camarista Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal “a su pedido y con su pleno consentimiento”.

Además del propio Mahiques, quien fue ministro de Justicia bonaerense designado por María Eugenia Vidal, fueron responsabilizados el presidente Mauricio Macri y el Ministro de Justicia, Germán Garavano, que firmaron el decreto que determina el nombramiento sin que haya concursado para el cargo ni que –por ende– haya intervenido el Senado prestando acuerdo, como prevé la Constitución.

También son señalados los integrantes del Consejo de la Magistratura que recomendaron al Poder Ejecutivo otorgarle a Mahiques el nuevo cargo en el que desembarcó por la ventana.

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Sebastián Ramos e interviene la fiscal Paloma Ochoa, quien deberá dictaminar si hay motivos para abrir una causa penal.

Los denunciantes plantean que a Mahiques se le debería imputar el delito de usurpación de autoridad, mientras que a Macri, a Garavano y a la mayoría de consejeros que facilitaron el pase les cabrían abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Según señalan, el traslado se concretó mediante un decreto presidencial “vulnerando la Constitución, al no respetar el procedimiento debido para el nombramiento de jueces, por lo que esta maniobra alimenta el deseo del Poder Ejecutivo de alinear y/o subordinar a los miembros del Poder Judicial”.

El escrito recuerda que Mahiques fue nombrado con acuerdo del Senado para la Cámara de Casación penal porteña, que se ocupa de los delitos comunes.

Para ser camarista federal –lo que implica ocuparse de delitos federales y otra jurisdicción– el concurso es otro.

De hecho, la Cámara de Casación Federal tiene un concurso en trámite para otras cuatro vacantes.

Pero Mahiques, quien había pedido licencia en 2015 en el tribunal porteño para ser ministro bonaerense y tuvo que volver ante el enojo de sus pares, se postuló por su propia cuenta para ocupar la vacante que dejó Pedro David en la Casación que funciona en Comodoro Py.

El Consejo envió una consulta a ese tribunal, que primero pataleó y al final no puso objeciones, lo aprobó el oficialismo en el plenario y lo envió al Poder Ejecutivo, de donde finalmente salió el decreto de “traslado” definitivo.

El ministro Garavano dice que por todo ese circuito que se cumplió el nombramiento sería legal.

La denuncia puntualiza todas las reglas y normas, incluso constitucionales, que se pasaron por alto: de por sí, dice el Colectivo Mario Bosch, Mahiques no cumple con el requisito de “imparcialidad”; no cumple con el requisito de Reglamento de traslado de jueces que exige de haber estado cuatro años en un cargo judicial para pedir un pase definitivo; los traslados no se pueden hacer entre jurisdicciones distintas pero para salvar esa cuestión el decreto no habla de jurisdicción sino de área “territorial”; tampoco puede ser un traslado que implique otras competencias (pasa del fuero ordinario al federal); no tiene acuerdo del Senado para el cargo.

Tanto la resolución 129/2017 del Consejo como el Decreto 328/2017 del Poder Ejecutivo van “contra la Constitución” sostienen los abogados Pablo Llonto, Eduardo Tavani, Adriana Taboada, Roberto Martínez y Elizabeth Gómez Alcorta.

IH/