Odebrecht es socio de Iecsa, la constructora que hasta hace poco estaba en manos del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y que ahora compró Marcelo Mindlin, dueño de Edenor. Todo indica que Balbín fue forzado a renunciar.

CORREO ARGENTINO Y ODEBRECHT

Por Ari Lijalad

El ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, dejó firmada una crítica auditoria sobre el auto perdón de Macri de 70.000 millones al Correo y avanzaba en investigar las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, vinculadas al soterramiento del tren Sarmiento. Los verdaderos motivos de su salida. Carrió pasó del elogio al silencio.

 

Por Ari Lijalad

Nuestras voces

26 de Abril de 2017

 

 

El ahora ex Procurador del Tesoro Carlos Balbín tuvo que renunciar al tiempo que intervenía en dos investigaciones de vital importancia para los intereses de Mauricio Macri: Correo Argentino y Odebrecht. Balbín estaba obligado a intervenir en la causa que desató el mayor escándalo de la gestión Macri: la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial por la deuda de Correo Argentino, revelada por Nuestras Voces en exclusiva. Antes de su salida forzada, Balbín dejó lista y firmada una auditoría crítica de la actuación de la gestión Macri en este expediente.

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Por otro lado, el ex procurador del tesoro había empezado a investigar sobre los destinos de las coimas pagadas por Odebrecht, entre otros casos, para quedarse con la licitación del soterramiento del tren Sarmiento, proyecto al que Macri le asignó vía decreto 45.000 millones de pesos. En ese proyecto, Odebrecht es socio de Iecsa, la constructora que hasta hace poco estaba en manos del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y que ahora compró Marcelo Mindlin, dueño de Edenor. Todo indica que Balbín fue forzado a renunciar. Era eso o convertirse en el virtual abogado de los intereses personales y financieros de Macri, su familia y sus empresarios amigos. En su lugar, Macri va a designar, valga la redundancia, a un ex abogado del Grupo Macri.

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Un procurador a la medida de Macri

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Las coimas del gigante brasileño

 

Balbín se interesó por el caso Odebrecht y las posibles coimas que el gigante brasileño otorgó para quedarse con obras en varios países, incluida la Argentina. Tanto es así que se reunió para esto con Sergio Rodríguez, quien conduce la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), “órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional”. La reunión fue por iniciativa del fiscal Rodríguez, justamente para tocar el tema Odebrecht. Desde la PIA, Rodriguez lleva adelante una profunda investigación sobre el Lava Jato, que se inició por una denuncia del ex titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, y que sobrevuela distintas causas que obran en la Justicia que involucran a Odebrecht. El fiscal Rodriguez le pidió una reunión a Balbín a través de un oficio donde le detalló las distintas causas que involucran a Odebrecht, los datos que hizo públicos el Departamento de Estado norteamericano, la legislación anticorrupción vigente y la necesidad de un trabajo en conjunto para, entre otras cosas, que el Estado recupere dinero de esas coimas o de lo que pagó por esas licitaciones supuestamente arregladas.

 

Según informó el Departamento de Estado, entre 2007 y 2014 Odebrecht pagó coimas en Argentina por más de 35 millones de dólares a intermediarios para que se los dieran a funcionarios que tenían la responsabilidad de hacer las contrataciones. Esto involucró al menos tres proyectos de infraestructura en los cuales esta corporación brasileña tuvo beneficios por aproximadamente 278 millones de dólares. El punto 50 del documento del Departamento de Estado refiere a pagos entre enero de 2011 y marzo de 2014 por aproximadamente 500.000 dólares a un intermediario. Esto coincide con el monto por que cuál fue denunciado Gustavo Arribas, actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre otros fundamentos legales que detalló la PIA para pedir la reunión con Balbín está el Decreto 1023, firmado por Fernando De La Rua el 13 de agosto de 2001, pocos meses antes de renunciar. El artículo 10 del decreto lleva el título Anticorrupción, y establece que se puede rescindir un contrato si hubo pago o incluso ofrecimiento de dinero o cualquier dádiva. O sea, si esto se comprueba, puede caerse el contrato por el soterramiento del Sarmiento. Hay 45.000 millones de razones para que el Gobierno, Odebrecht, Iecsa, Mindlin y demás beneficiarios de este proyecto no quieran que esto avance.

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El decreto 1023 establece que este pago u ofrecimiento incluye tanto a funcionarios como a cualquier persona que “haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público”. Sería, potencialmente, el caso de Arribas, denunciado como intermediario de Odebrecht antes de ser funcionario. El mismo artículo establece: “Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica”. Y concluye aclarando que “las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa”. Es decir, aún si no se concretó la coima.

 

El ahora ex procurador Balbín aceptó reunirse con Rodriguez por este tema. La reunión fue a principios de abril. Según pudo reconstruir Nuestras Voces, también participó la subprocuradora del Tesoro Susana Elena Vega. En la reunión se evaluaron las estrategias legales que podía tomar el Estado frente a Odebrecht. Por ejemplo, si era conveniente contratar un estudio de abogados en Brasil o las vías legales para que el Estado recupere dinero de estas maniobras.

 

Es difícil que esta reunión haya caído bien dentro del Gobierno. Pero la cuestión no terminó ahí. La noticia del alejamiento de Balbín la reveló Laura Manfredi en Nuestras Voces el sábado 22 de abril.

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El día anterior, el viernes, Balbín le había enviado un oficio a la PIA solicitando medidas de investigación vinculadas a Odebrecht. Es decir, que la reunión con la PIA tuvo consecuencias: Balbín quiso impulsar una investigación incómoda para el Gobierno, para ex funcionarios, para el primo presidencial Calcaterra y para el empresario Mindlin. Demasiados intereses.

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Con el Correo no

 

El 30 de marzo pasado Balbín fue notificado de que, como procurador del Tesoro, debía intervenir en la causa por la deuda de Correo Argentino, o sea, un juicio en el que la familia Macri y el Estado están enfrentados. Pero, según consta en el expediente de este juicio por la deuda del Correo, recién el 21 de abril la jueza María Lila Gomez Alonso de Díaz Cordero tuvo por asumida la defensa del Estado por parte de Balbín en función del decreto 201/2017. Este decreto fue firmado por Macri el 22 de marzo, y establece que el Estado Nacional tiene que ser representado por el Procurador del Tesoro -hasta ahora Balbín- en los juicios en el que el Presidente, Vicepresidente, el Jefe de Gabinete o cualquier Ministro tenga un conflicto de interés. Claramente esto se cumple en el caso de Correo Argentino: Macri está de los dos lados del mostrador. Lo cierto es que Macri firmó el decreto 201 y cambió las reglas en medio del escándalo del Correo para, por un lado, ganar tiempo en año electoral. Por otro, darle intervención a un funcionario que depende de él, como es el Procurador del Tesoro, aunque en el caso de Balbín la cuestión se complicó.

 

En una entrevista con Radio Mitre, a los pocos días de que Nuestras Voces revelara el escándalo por la condonación de la deuda a la familia presidencial, Balbín declaró: “se plantea un conflicto de intereses, más allá de que no intervenga el Presidente en el trámite”. Aclaró además que estaban trabajando en los decretos para regular la intervención del Estado en estos conflictos de interés, que finalmente se publicaron un mes más tarde y que le asignaron al procurador la responsabilidad de intervenir en el tema.

 

La cuestión que empujó la salida de Balbín del Gobierno fue justamente su intervención, que más que proteger a Macri lo que hizo fue investigar. Por un lado, Balbín aceptó rápidamente los pedidos de la PIA de iniciar sumarios administrativos sobre los funcionarios que intervinieron en la causa Correo y de realizar una auditoría de todo el expediente del Correo. La rapidez no es un dato menor: desde el Gobierno, en su afán de proteger a la familia Macri, pretendían que todo lo relacionado a esta causa se demorara lo más posible. El año electoral. El estudio del expediente estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración del Tesoro, cuyo responsable hasta ahora fue Guillermo Alfredo García. Hasta ahora porque renunció junto con Balbín a pesar de que era un funcionario de larga carrera dentro del organismo. Esta auditoría, según fuentes de la Procuración, revela un mal desempeño de parte del ministro de Comunicación Oscar Aguad en la defensa de los intereses del Estado, lo que contradice la versión oficial del Gobierno.

 

Esta auditoría quedó firmada por Balbín y por García. Los dos renunciaron. La incógnita es qué hará el Gobierno y el nuevo procurador del tesoro con su contenido.

 

Balbín avanzó en las investigaciones sobre Correo Argentino y Odebrecht. Y eso lo catapultó fuera de la jefatura de los abogados del Estado. Junto a él renunciaron los dos Subprocuradores del Tesoro, Susana Elena Vega y Orlando Javier Moreno.

 

El abogado del Estado y de Macri

 

Según Clarín, Macri avanzó con la designación del reemplazante de Balbín con la venia de Elisa Carrió. Al parecer, la diputada tiene un poder de fuego mediático que Macri quiso aplacar. Cuando, a fines de 2016, hubo rumores de un movimiento similar, Carrió publicó en su Twitter: “Carlos Balbín es la persona más honrada, estudiosa y buena persona que he conocido en el Derecho Administrativo”. Ahora cambió de opinión: se reunió con Macri y, hasta el momento, no dijo nada públicamente sobre la salida de Balbin.

 

Balbín, abogado del Estado, evitó convertirse en el abogado de Macri. Se sumó a la escueta lista de funcionarios que no se someten estrictamente a los planes macristas de desguace del Estado, que integra por ejemplo Isela Constantini por su negativa a relegar Aerolíneas Argentinas en beneficio del negociado entre, otra vez, la familia Macri y Avianca.

 

Para reemplazar a Balbín, Macri tomó el camino rápido: nombró de abogado del Estado a un abogado alineado a sus intereses. Se trata de Bernardo Saravia Frías, hasta ahora Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Nicolás Dujovne.

 

Saravia Frías es socio del estudio que lleva su apellido, del cuál tomó licencia temporaria mientras funge de funcionario. En su currículum informa que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, con un Master en la Universidad Austral y otro en la Universidad de Illinois, especializado finanzas corporativas. Una recorrida por su historia laboral muestra que hizo buen uso de sus estudios en Estados Unidos. Trabajó para el Bank of America entre 2003 y 2008. Según contó, en “2003 y 2004 participó activamente en las negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central, relacionadas con las compensaciones a los bancos a raíz de la última normativa de emergencia”.

 

Pero lo más notable es la lista de clientes de su estudio jurídico. Entre ellos figura el Grupo Macri. O sea, ahora será abogado del Estado en un juicio contra el Grupo Macri. Quedará en manos de la Oficina Anticorrupción (OA) digitada por Laura Alonso determinar si existe conflicto de intereses. Alonso, previsora ante la evidencia pública del vínculo Macri-Saravia Frías, le envió una carta con “recomendaciones preventivas” sobre conflicto de interés y le solicitó “la nómina de clientes a los que ha brindado servicio de asesoramiento o patrocinio jurídico en los últimos tres años”. Este período de tiempo es el que establece la Ley de Ética Pública, que marca que los funcionarios deben “Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”. Esta carta de la OA no figura en su página web pero parte de su contenido fue difundido por La Nación, en una nota donde también se relata la respuesta desde el Gobierno: “’Todo estudio abulta su cartera de clientes’, señalaban en Casa Rosada para minimizar el posible conflicto”. Según la versión del Gobierno que publicó La Nación, se trató de una contratación a Saravia Frías de parte de ODS, la firma que controlaba Iecsa, para un negocio vinculado a una cantera de arena que finalmente no se realizó. Lo que no cuentan es que otra vez aparecen los mismos jugadores: Iecsa es, junto a Odebrecht, parte del consorcio que tiene por delante el soterramiento del Sarmiento.

 

La lista de clientes de Saravia Farías incluye también a bancos y mineras. Entre los bancos, figuran dos investigados por delitos financieros: el BNP Paribas y Merrill Lynch. Pero además de tener grandes empresas como clientes, en sus registros figura como director o gerente en varias más.   Integró los directorios de Tierradentro Minerals, Netco Argentina, Skyonline, Telecom, Calden Viejo, Nextel, Netizen, Boston Overseas Financial Corporation, Boston Securities Sociedad de Bolsa y Boston Asesores de Seguros.  Fue socio de Tesoro Resources, Tierra Tucumán, Tierra Exploration y Eritown Corporation. Este paso por empresas dedicadas a la extracción y a la comunicación van a complicar también su rol como abogado del Estado. No podría actuar en causas en las que existan intereses de sus ex clientes o sus ex empresas. De nuevo, lo evaluará Alonso desde la OA.

 

Saravia Frías es habitual opinólogo de La Nación, desde donde hace defensas retóricas del Gobierno en general y de la amnistía para evasores (denominada blanqueo) en particular. En mayo de 2015, entrando en la campaña electoral que llevaría a Macri a la presidencia, publicó una nota titulada “Por un ‘Nunca más’ de la corrupción” donde afirmó: “Cuando quienes gobiernan son los primeros y grandes transgresores de la ley, amplios sectores de la sociedad son arrastrados en su imitación. Y así se llega a la anomia, al sálvese quien pueda”. Más adelante, sostuvo: “el próximo gobierno debiera enfrentar con decisión la crisis moral que nos aqueja. Rehusarla no hará más que exacerbarla y ya no nos podemos permitir ese lujo. Por razones obvias de responsabilidad republicana, pero además, por una razón muy práctica: la corrupción desvía dineros públicos impropiamente y por más que sea difícil de mensurar en una planilla, su resultado es muy concreto y doloroso: más desnutrición, menos escuelas, menos infraestructura, menos inversiones y un largo etcétera. En menos palabras, la corrupción empobrece, denigra y mata”. Con estos textos a cuestas, Saravia Frías se sumó al gobierno de Macri. Ahora, si asume como Procurador del Tesoro, deberá intervenir en dos de los casos de corrupción más grandes de la historia argentina: el intento desde el Gobierno de condonarle más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri y las investigaciones vinculadas a Odebrecht y sus maniobras turbias para quedarse con obra pública, cuya repercusión en otros países resquebrajó sistemas políticos enteros.

 

NOTA:

Título original: Correo y Odebrecht, las investigaciones que empujaron a Balbín