El punto 5 obliga a los servicios de inteligencia militares a elaborar los famosos informes 'socio-ambientales'. A mi juicio están olfateando estallidos populares.

ESTO ES GRAVISIMO. CON LA PUERTA ABIERTA PARA EL ESPIONAJE INTERNO

No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas.

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA

 

Resolución 154-E/2017

 

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2017

 

VISTO el artículo 19 incisos 1º, 10 y 23 de la Ley Nº 22.520 (t.o. 1992) y sus modificaciones, la Ley Nº 23.554, la Ley Nº 24.059, la Ley Nº 25.520, la Ley Nº 26.394, los Decretos Nº 1273 del 21 de julio de 1992, Nº 727 del 12 de junio de 2006, la Resolución de MINISTERIO DE DEFENSA Nº 1020 del 28 de setiembre de 2009, y

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CONSIDERANDO:

 

Que la Ley N° 22.520 atribuye competencias al MINISTERIO DE DEFENSA para entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia, en la coordinación de los aspectos comunes a las Fuerzas Armadas, especialmente en los ámbitos administrativo, legal y logístico y en la formulación y aplicación de los principios y normas para el funcionamiento y empleo de las Fuerzas Armadas.

 

Que la Ley de N° 23.554 establece claramente que para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a ésta de la Seguridad Interior.

 

Que la Ley N° 24.059 establece que todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la Seguridad Interior, constituyendo una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la fuerza armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia.

 

Que, por su parte, en el año 2009 mediante Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 1020/2009, se aprobaron los principios para ser aplicados ante hechos delictivos violentos flagrantes contra la jurisdicción militar a fin de disminuir la cantidad de delitos comunes cometidos contra las instalaciones militares.

 

Que a los fines de garantizar la integridad de los establecimientos militares, resulta necesario actualizar las medidas pertinentes para el inmediato rediseño de los sistemas de seguridad que las Fuerzas Armadas implementan en su competencia territorial en orden a proveer la adecuada protección de la integridad física de las personas y del patrimonio del estado, conforme el principio general del uso de la fuerza pública en la medida de la necesidad, particularizado a través de los subprincipios de proporcionalidad, gradualidad y racionalidad.

 

Que resulta necesario el establecimiento de nuevos criterios a ser aplicados para minimizar y contrarrestar hechos delictivos que se pudieran cometer contra establecimientos militares.

 

Que resulta necesario orientar a las Fuerzas Armadas en el diseño de sus sistemas de seguridad estableciendo criterios comunes que abarquen aspectos como organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar.

 

Que resulta necesaria la elaboración de Reglas de Comportamiento que orienten la acción de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al marco legal vigente y las particularidades de cada jurisdicción, desde el máximo nivel de Comando en el Nivel Estratégico Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) hasta el nivel táctico, sobre situaciones de hecho basadas en el derecho y la defensa de la jurisdicción militar, en las cuales se deben resguardar la libertad, la vida del personal y el patrimonio del Estado asignado a cada Fuerza, los derechos y garantías de terceros y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

 

Que en los últimos años en las instalaciones militares se han registrado hechos delictivos de diferente índole en donde se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

 

Que resulta necesario proveer el acompañamiento jurídico, el patrocinio y/o la representación en juicio a todo personal que, cumpliendo sus obligaciones en un acto del servicio regulado en la presente, enfrente por ello un proceso judicial y/o administrativo.

 

Que el Servicio Jurídico Permanente de este MINISTERIO ha tomado la intervención que le compete dictaminando que la medida propuesta es legalmente viable.

 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 incisos 1º, 10 y 23 de la Ley Nº 22.520 (t.o. 1992).

 

Por ello,

 

EL MINISTRO DE DEFENSA

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º — Deróguese la Resolución del Ministro de Defensa Nº 1020 del 28 de septiembre de 2009.

 

ARTÍCULO 2º — Apruébense los siguientes principios para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar:

  1. Por Zona Militar, a los efectos de la presente medida, debe entenderse el ámbito territorial donde la autoridad militar ejerce competencias propias derivadas de las Leyes Nº 23.554 y Nº 24.948.
  2. Es obligatorio para el personal de las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar, comunicando en forma inmediata el hecho a la autoridad judicial competente y requiriendo la presencia de Fuerzas de Seguridad o Policiales, a cuyo efecto se aplicará un mecanismo de coordinación conforme los criterios que establezca el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS en la Directiva de Criterios de Seguridad Comunes.
  3. El ámbito de actuación del personal de cada una de las Fuerzas Armadas en orden a repeler todo delito flagrante estará exclusivamente limitado al ámbito de su Zona Militar.
  4. La adquisición de material y equipamiento como así también la formación y capacitación del Personal Militar para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar estará exclusivamente restringida a las necesidades de proveer la seguridad necesaria de la misma.
  5. No procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento de los extremos regulados por la presente medida. No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas.
  6. Será competencia del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS emitir una Directiva de Criterios de Seguridad Comunes a todas las Fuerzas Armadas a los efectos de la aplicación de la presente medida, disponiendo asimismo la revisión de la totalidad de las regulaciones vigentes en las Fuerzas Armadas en orden a su adecuación a los principios aquí indicados.
  7. Cada Fuerza Armada instrumentará y dirigirá el adecuado empleo de los medios materiales y humanos para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar.

 

ARTÍCULO 3º — Instrúyase a los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas (EEMMGGFFAA) a adoptar las medidas necesarias para el equipamiento y capacitación necesarios a su personal para el cumplimiento del principio de progresividad en el uso de la fuerza.

 

ARTÍCULO 4º — Instrúyase a los EEMMGGFFAA a adoptar las medidas conducentes para brindar acompañamiento jurídico, patrocinio y/o la representación en juicio de todo personal que, cumpliendo sus obligaciones en un acto del servicio regulado en la presente Resolución, enfrente por ello un proceso judicial y/o administrativo.

 

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Julio Cesar Martinez.

 

  1. 24/02/2017 N° 10710/17 v. 24/02/2017

 

UNA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA MODIFICÓ LAS TAREAS PROHIBIDAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS

 

CON LA PUERTA ABIERTA PARA EL ESPIONAJE INTERNO

 

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26 de febrero de 2017  |  El país

 

 

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La resolución 154-E/2017 publicada el viernes en el Boletín Oficial deroga otra firmada por la ministra Nilda Garré en 2009.

(Imagen: Alejandro Leiva)

 

El gobierno de Mauricio Macri habilitó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedadas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Una resolución de Ministerio de Defensa publicada el viernes en el Boletín Oficial autoriza a personal militar a hacer “informes socio ambientales”, término que remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace menos de dos años fue condenado el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy. El ingeniero Julio César Martínez ordenó además que se equipe y capacite a los uniformados en el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”, contrario a la esencia de la formación militar, y habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a asistir jurídicamente a quienes enfrenten procesos por las previsibles derivaciones de la resolución. “El gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales”, advirtió Gastón Chillier, director del CELS. “Vamos a estudiar el tema y no descartamos iniciar una acción judicial porque la resolución iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia”, anticipó.

 

Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”. La resolución 154-E/2017 deroga otra firmada por la ministra Nilda Garré y aprueba nuevos “principios para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”, concepto que reemplaza a “jurisdicción militar” y retrotrae a la división en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas importado de los militares franceses durante la dictadura. “El concepto de zona militar sugiere que instalaciones como el Edifico Libertador pasarían a estar custodiadas por la policía militar. No es un cambio menor. Si mañana los ex combatientes de Malvinas van a protestar ahí, ¿los va a sacar con el Ejército?”, se preguntó el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

 

La primera diferencia notoria con la resolución de 2009 -que pretende actualizar- es que habilita “el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable” ya no para “rechazar la comisión de todo delito violento flagrante” sino flagrante a secas, es decir cualquier delito menor que se impute a cualquier persona que pise un cuartel. Se debe “orientar a las Fuerzas Armadas” a establecer criterios comunes en materia de “organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar”, sostiene Martínez en los fundamentos.

 

En el principio número 5 se asegura que “no procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia” para cumplir la resolución, pero en la oración siguiente se abre la puerta para hacer exactamente lo contrario: “No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal (sic) de cada una de las Fuerzas Armadas”, indica. En los escuetos considerandos no hay un solo fundamento de esta excepción.

 

Los argumentos que permiten advertir su ilegalidad sí están desarrollados en la resolución de Garré. Allí se explicaba que el decreto que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa precisó que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”. La resolución de Martínez, en cambio, instruye a los estados mayores de las fuerzas a asegurar “el equipamiento y capacitación” del personal militar, con la excusa de garantizar el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”. También es notorio el contraste entre el centenar de delitos en unidades de las tres fuerzas armadas enumerados en 2009 como fundamento de los principios a implementar para combatirlos. “En los últimos años en las instalaciones militares se han registrados hechos delictivos”, escribió el actual ministro, sin mencionar ni siquiera un ejemplo.

 

El argumento para garantizarles abogados del Estado a quienes eventualmente sean imputados ya sea por espionaje o por el uso no-progresivo de la fuerza consta de tan solo un par de palabras: “resulta necesario (sic) proveer el acompañamiento jurídico, el patrocinio y/o la representación en juicio”, es decir una situación similar a la que atravesaron los espías de la base Almirante Zar de Trelew y de toda la cadena de mandos de la Armada denunciada por el CELS y finalmente condenada por hacer inteligencia sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas.

 

“Deberían explicar y dar precisiones acerca de qué implica la realización de esos informes socio ambientales”, advirtió Rossi ante la consulta de Páginað12. “La resolución genera dudas y sugiere que pueden estar preparando el terreno para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior”, señaló. “Nuestra primera impresión es que el tema es muy grave”, opinó Chillier. “El gobierno parece estar elaborando el marco legal para darle jurisdicción y competencia a las Fuerzas Armadas para volver a hacer tareas de inteligencia sobre actores sociales, como quedó demostrado en el juicio que terminó con la condena a Godoy, que incluía esos mismos informes ‘socio ambientales’”, recordó el director del CELS.