El fiscal Troncoso se encuentra sometido a proceso disciplinario por una denuncia del año 2011 de la jueza Wilma López supuestamente por proteger a policías abusadores de menores.

LOS COMPAÑEROS PABLO ECHARRI Y PEPE SORIANO, ACUSADOS POR “PLATAFORMA” Y EL FISCAL TRONCOSO

La requisitoria del fiscal Troncoso va dirigida contra Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Osvaldo Santoro, Jorge Marrale y otros integrantes de la comisión directiva de la SAGAI. Echarri y Seefeld produjeron y protagonizaron “LA LEONA” la primera telenovela peronista donde se ve como un grupo de trabajadores recuperan una fabrica textil que sus dueños intentan “vaciar”

NAC&POP

Fuente:DiarioLaProvincia

25 de noviembre de 2016

El fiscal en lo criminal de instrucción Augusto Troncoso pidió que una decena de reconocidos actores sean indagados por el presunto delito de administración fraudulenta, confirmaron hoy fuentes judiciales.

pepesoriano-500-a

La requisitoria del fiscal va dirigida contra Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Osvaldo Santoro, Jorge Marrale y otros integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI).

El fiscal de la ciudad de Buenos Aires César Augusto Troncoso fue el que denunció a la Procuración General de la Nación por realizar supuestas tareas de espionaje a fiscales.

Troncoso se encuentra actualmente sometido a un proceso disciplinario a partir de una denuncia radicada en el año 2011 por la jueza Wilma López.

La magistrada objetó en su presentación la actuación de Troncoso en diversos expedientes vinculados con violencia de género.

En el marco de la investigación que se abrió tras la denuncia de López, el ministerio de Seguridad de la Nación sumó en 2012 una nueva presentación contra Troncoso luego de que el fiscal porteño se negara a investigar e intentara archivar una causa en la que estaban involucrados funcionarios de la Policía Federal.

Los policías que benefició Troncoso están acusados de violar y explotar sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años de edad entre 2009 y 2011, en dependencias de la Policía Montada en la ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la gravedad de la denuncia que pesaba sobre los dos uniformados, Troncoso sostuvo que no existía delito y atribuyó la indignante situación a la que habían sido sometidas y reducidas las dos menores a «una situación de índole social en la que se pretende que la justicia penal resuelva situaciones de carencia».

En otras palabras para Troncoso la pobreza de las dos menores volvía entendible y regular la situación de abuso y explotación a la que eran sometidas.

En relación con la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) para Troncoso los imputados podrían tener responsabilidad penal en un convenio con la señal DirecTV.

El acuerdo habría significado una quita multimillonaria en la deuda que DirecTV tenía con la entidad luego de perder un juicio relacionado con el pago de regalías.

Según las fuentes, en ese juicio el monto de la condena, con intereses, ascendió a unos 454.000.000 de pesos, pero se llegó a un acuerdo extrajudicial por la cuarta parte de esa suma, en tanto que el abogado de la entidad habría cobrado el 20% de ese monto en concepto de honorarios.

Otra de las cláusulas del convenio era la prohibición de que cualquier socio de SAGAI pudiera demandar a DirecTV.

Los denunciados «deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta, por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de SAGAI perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidir en asamblea» qué decisión tomar.

SAGAI se presenta así misma como «una asociación civil sin fines de lucro creada, conducida e integrada por actores.

Nuestro objetivo es gestionar y administrar colectivamente los derechos de propiedad intelectual generados por la comunicación pública de las interpretaciones de actores y bailarines”, que nació el 27 de julio de 2006 y que actualmente congrega a «más de 3.400 artistas”.

Para el demandante, el actor Mario Galvano, «el fiscal avanzó bastante bien, ya que esta es una causa que presenté hace siete meses”, comentó Galvano a Télam.

El intérprete fundamentó su presentación «tanto por el acuerdo por una cifra irrisoria como porque el acuerdo se selló en una reunión de comisión directiva en lugar de haberse decidido en una asamblea extraordinaria”.

Galvano tiene una larga y profunda disidencia con la conducción de SAGAI y por ello lleva otros cinco juicios en el fuero civil, todas iniciativas que «llevo adelante ante lo que considero una incapacidad de gestión muy grande”.

echarrilaleona-500-a

En el mismo sentido, el actor denunció que «ni yo ni Héctor Bidonde, dos de los que cuestionamos el modo en que se dirige SAGAI, no podemos ir más a las asambleas porque nos patotean al mejor estilo de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) en los años ’60”.

 Héctor Bidonde, es uno de los firmantes del Grupo Plataforma, junto a Roberto Gargarella, Alejandro Katz, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Rubén Lo Vuolo, Pablo Alabarces, Mario Kiektik, Daniel Muchnik y José Nun, de una solicitada en contra del homenaje a Cristina Kirchner que le hicieron la universidad de Quilmes y la UNDAV de Avellaneda declarándola Doctora “honoris causa”.

Por su parte, el abogado de SAGAI, Cristian Cúneo Libarona, indicó a Télam que el acuerdo entre la entidad y DirectTV «forma parte de las resoluciones a las que fuimos llegando con otras empresas, como las del Grupo Clarín, Telefe o Canal 9”.

Al adentrarse específicamente en el juicio entre SAGAI y Direct TV, el letrado recordó que «ganamos el juicio en primera instancia, pero Direct TV apeló y decidimos acordar porque la posición de la empresa incluía la inconstitucionalidad de algunas leyes que fundamentan la actividad recaudadora de SAGAI”.

«Si nos iba mal y perdíamos el juicio, se perdía todo lo logrado”, resumió Cúneo Libarona.

Para fundamentar el accionar de la comisión directiva de SAGAI de resolver en su seno tan delicada cuestión, contó que «fue el mejor acuerdo posible y por eso se consultó al doctor Germán Gutiérrez que trabaja hace muchos años en Argentores, una de las pocas entidades de gestión que hay en el país, quien avaló lo actuado y cuyo dictamen fue incluido en el acta del día en que se decidió sellar la propuesta de Direct TV”.

Por ello, el asesor legal de SAGAI concluyó que «si bien el fiscal siempre tiene que acusar porque ello es innato de su rol pero llama la atención que no haya tomado en cuenta esa acta de directorio”.

Fuente: Télam