Bonadío notificó a mi representante legal que, quien subscribe, debía estar en Buenos Aires el día 25 de Noviembre a las 11 de mañana, para realizar dos trámites judiciales simplemente administrativos: 1ro, tomar huellas dactilares (vulgarmente conocido como tocar el piano) y 2do, realizar informe socio-ambiental de quien esto escribe.

CRISTINA: OTRA VEZ SOPA. (NADA NUEVO BAJO EL SOL)

Por CFK

En un país donde Milagros Sala sigue presa, ignorando el pedido de libertad inmediata realizado por la mismísima ONU, hablar de violencia institucional es hablar de lo cotidiano. Lo cotidiano no sólo son jueces como Bonadío, mascarón de proa de un poder del Estado que hoy es motivo de disputas obscenas y mafiosas entre distintos sectores del gobierno, que se quieren disfrazar de “transparencia” e “independencia”.

Por CFK

 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y DISTRACCIÓN.

Bonadío notificó a mi representante legal que, quien subscribe, debía estar en Buenos Aires el día 25 de Noviembre a las 11 de mañana, para realizar dos trámites judiciales simplemente administrativos: 1ro, tomar huellas dactilares (vulgarmente conocido como tocar el piano) y 2do, realizar informe socio-ambiental de quien esto escribe.

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Todo ello debido a la confirmación de nuestros procesamientos en la causa “dólar futuro”, por parte de la Sala II, (Dres. Irurzún y Farah). Cuando digo nuestros procesamientos me refiero al mío, al de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, y todo el directorio del BCRA, durante nuestra gestión de gobierno.

La causa de “dólar futuro”, que como ya se sabe son contratos que cobraron miembros del actual gobierno después de haber devaluado y fijado ellos, el precio. La causa de los contratos de “dólar futuro”, que como casi nadie sabe, pudieron ser cobrados SOLO porque Bonadío, el mismo que los califico como ilícitos y por ello nos procesó,  AUTORIZO SU PAGO dos veces consecutivas. Si tal cual como lo lees, Bonadío autorizo el pago de los contratos que calificó de actos ilícitos. El Estado de derecho, bien gracias.

Como es público y notorio vivo en Rio Gallegos a más de 2500km de distancia de la CABA. Y como es menos público y menos notorio LA LEY (Art. 132 del CPPN y Art 99 del reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal) prevé para estos casos que los trámites se hacen en el domicilio real: “…Cuando los domicilios se encuentren fuera del radio prescripto por el Anexo X correspondiente del Reglamento, la información socio-ambiental deberá solicitarse, SIN EXCEPCIÓN, a la comisaria de la localidad correspondiente”.

El texto  del Art. 99 es algo obvio, mal podría hacerse un informe socio-ambiental fuera del “ambiente”, valga la redundancia, donde efectivamente reside la persona. Pero ya se sabe, explicar lo obvio y caer en incongruencias es toda una especialidad nacional, especialmente en el ámbito de este Poder Judicial. Sin perjuicio de la Ley vigente por la que me asiste la razón, me es imposible estar en CABA para este viernes, (recordar que se trata de simples trámites administrativos), por lo que le pedí al Dr. Beraldi que solicitara que dichas dirigencias se realizaran – respetando día y hora – en la sede del Juzgado Federal de Rio Gallegos.

El mismo juzgado al que concurrí el 17 de Noviembre para prestar declaración testimonial nada menos ni nada más que en una causa de enorme importancia institucional como es la que investiga la muerte del hijo de un ex – presidente de la Republica, donde el juez Federal que interviene en esa causa no me hizo ir a San Nicolás, provincia de Buenos Aires  – donde tramita el expte. – sino que actuó como dice la ley.

El juzgado de Rio Gallegos, en el que el mismísimo Bonadío a través de una videoconferencia, le tomo declaración testimonial a la persona que cuida mi jardín en El Calafate, desde hace más de 20 años,  y que nada tiene que ver con la persona que los medios de comunicación se cansaron de presentar como  “el jardinero de Cristina”, dicho sea de paso. Sin embargo, conociendo el paño (léase Bonadío), y para evitar un conflicto, le dije al Dr. Beraldi que en caso de que se desconociera lo que la ley establece, solicitara nueva audiencia en Buenos Aires a partir del 1 de Diciembre para realizar los simples trámites administrativos. O sea, SOLO 72 HS HABILES después de la fecha fijada originalmente para el día 25 de Noviembre, ya que me resulta imposible viajar antes.

Y una vez más se produjo lo que viene siendo una constante por parte de Bonadío: Una enfermiza animosidad contra mi persona y que se traduce en una ya inocultable VIOLENCIA INSTITUCIONAL. Porque en definitiva y más allá de la personalidad de Bonadío se trata de un integrante del Poder Judicial que viola leyes escritas y derechos y garantías constitucionales y que es corporativamente “protegido” por ese mismo Poder, en un sistema de complicidades que asusta. Un funcionario del Estado con poder sobre la libertad y patrimonio del resto de los ciudadanos en lo que se conoce como “asimetría de poder” que fundamenta el concepto de violencia institucional.

Es el Juez que – entre otras cosas – HA PROHIBIDO que la que subscribe… tenga tarjetas de crédito. Si así como se lee Cristina Fernández de Kirchner no puede tener tarjetas de crédito porque Bonadío lo ha prohibido en la causa de “dólar futuro”. O sea que no solamente me prohíbe tener una tarjeta de crédito – como cualquier ciudadano – y por lo tanto tener acceso, precisamente al crédito, sino que constituye una inédita restricción a la libertad económica que este Gobierno dice haber venido a defender.

Bonadío el mismo que allano mi casa con gendarmes y arquitectas del Tribunal de Tasación de la Nación ¿Para hacer una tasación? ¿O para ver que había dentro? Las funcionarias estaban sorprendidas porque pensaban encontrarse “con algo lujoso”. Seguramente por esa razón no exhibieron ninguna de las fotos tomadas en una casa a la que muchos dirigentes han venido y saben cómo es. No sé cuántos de los que “hablan” en este país pueden aguantar una exhibición fotográfica de dónde viven y cómo viven. Sin ir más lejos podrían haber visitado algunas casas que están en el mismo barrio donde viven miembros de la oposición. Tal vez en sus casas podrían encontrar lo que vinieron a buscar en la mía. Bonadío, el mismo juez que allano la casa de mi hija Florencia, que vive sola con su hija de 1 año y una señora que la ayuda, en el barrio de Monserrat.

También con la excusa de una tasación, pero acompañado por una cantidad asombrosa – para el procedimiento -, de policías de la Metropolitana que se pasearon por el departamento de mi hija, la que debió proteger a mi nieta Helena cambiándola de lugar permanentemente, para que la nena no pudiera ver tamaño despropósito. No recuerdo ningún procedimiento semejante en la casa de los hijos de ningún ex – presidente, pese al alto grado de exposición mediática y responsabilidad institucional que tuvieron algunos de ellos.  El mismo juez, que hace pocos meses me obligo a viajar más de 5.000 km (ida y vuelta) solo para notificarme la resolución por la cual nos había procesado en la causa “dólar futuro”. Para que se entienda: viajé más de 5.000 km solo para firmar un papel en el expediente (en eso consiste notificarse) que podría haber firmado en el juzgado de Rio Gallegos, tal como además lo había autorizado el propio fiscal de la causa. Si el fiscal, que es el que acusa y que por su propio rol no está obligado a ser imparcial, aunque si objetivo. Es público y notorio también que soy la única persona en dicha causa que vive a semejante distancia.

A propósito del fiscal ¿Por qué razón Bonadío no solo no le corrió traslado de nuestro pedido de cambio de fecha, sino que mucho más grave todavía: No le ha corrido traslado desde hace más de diez días para que el fiscal pueda hacer la acusación para ir a juicio oral?, ¿No era que negó el cambio de fecha porque decía que se retrasaba el juicio oral? Mentiroso, igual que el Gobierno que en eso de mentir hace escuela.

¿O tal vez la inexplicable e ilegal negativa de Bonadío a cumplir con la ley y respetar derechos, se debe a la necesidad de ARMAR TITULARES Y FOTOS para el fin de semana largo?

¿Será PARA DISTRAER A LOS ARGENTINOS y que se olviden de como disfrutaban los fines de semana largos, cuando se podían ir algún lado o si se quedaban podían hacer asados con los amigos o salir a comer afuera o disfrutar con la familia cines y confiterías?

Aunque pensándolo bien aquí en Gallegos esta la Unidad Carcelaria Nacional N°15 La misma donde estuvieron detenidos Cámpora, John William Cooke y José Espejo Sec Gral de la CGT, entre otros, por ahí a Bonadío o alguien del gobierno se lo ocurre algo.

No me estoy quejando. En absoluto. En un país donde las grandes mayorías ya no pueden llegar a fin de mes. Donde la desocupación y la precarización laboral constituyen nuevamente una preocupación social después de 12 años y medio de constantes avances, quejarse por que un juez te prohíbe tener tarjeta de crédito no parece justo. En un país donde la policía ha vuelto a actuar en forma violenta en manifestaciones populares o arrasan casas y derechos en los barrios periféricos o en las villas, quejarse por un allanamiento resulta casi una cuestión menor.

En un país donde Milagros Sala sigue presa, ignorando el pedido de libertad inmediata realizado por la mismísima ONU, hablar de violencia institucional es hablar de lo cotidiano. Lo cotidiano no sólo son jueces como Bonadío, mascarón de proa de un poder del Estado que hoy es motivo de disputas obscenas y mafiosas entre distintos sectores del gobierno, que se quieren disfrazar  de “transparencia” e “independencia”. Nadie puede creer, sensata y sinceramente, que las peleas públicas y mediáticas entre dirigentes de clubes de fútbol, abogados presidenciales, vendedores de jugadores,  – devenidos en espías – y otras yerbas tengan algo que ver con la tan mentada independencia del Poder Judicial. Es un bochornoso escándalo.

Quien ha sido elegida por dos veces consecutivas Presidenta de la Nación con el voto popular y que en ejercicio de esa representación, llevó adelante la política de Derechos Humanos más importante de la que se tenga memoria, que nos valió el reconocimiento internacional, que impulsó un proceso político, económico y cultural de inclusión y movilidad social ascendente – sin precedentes en las últimas décadas -, la promoción de los jóvenes y las mujeres como sujetos políticos y que finalizó su mandato, en una Plaza de Mayo desbordada en las principales avenidas – constituyendo un hecho inédito en nuestra historia -, va a estar siempre a derecho como lo ha estado hasta ahora, así lo demuestran todas y cada una de mis presentaciones.

Pero sobre todo debe estar preparada para sufrir persecución política y violencia institucional.  Y sino vean como les ha ido a los que se tuvieron que ir en helicóptero después de haber rematado el país – mega canje, blindaje y corralito mediante – después de haber declarado el Estado de sitio y haber dejado a más de 30 muertos en las Plazas de la República. Algunos están de vuelta en el gobierno y otros son figuras infaltables en cócteles y encuentros diplomáticos de ya sabemos dónde. No hay que ser demasiado perspicaz para comprender lo que siempre le ha pasado a los gobiernos populares, nacionales y democráticos. Nada nuevo bajo el sol.

Cristina

NOVIEMBRE 23, 2016

……………

NOVIEMBRE 24, 2016

Escrito presentado hoy ante la Cámara sobre las actuaciones de Bonadio

 

Recurso de apelación reclamando que se haga lugar a la postergación solicitada.

 

Excma. Cámara:

 

Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, abogado defensor de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el Expte. N° 12152/2015, caratulado “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  s/DEFRAUDACION…”en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752 2º “A”, a V.E. digo:

 

I.-

Objeto

1) Que, en los términos previstos por los arts. 476 y concordantes del CPPN, vengo a deducir recurso de queja por apelación denegada en contra la resolución dictada por el a quo el día 21 de noviembre de este año (notificada a mi parte el día 23 del mismo mes) en cuanto dispuso rechazar el recurso deducido por mi parte frente al auto por el cual se ordenó desglosar y devolver un escrito presentado el pasado 14 de noviembre, titulado “Requiero”.

En virtud de los fundamentos que serán desarrollados en los siguientes apartados, solicito a V.E. que, previo trámite de ley, admita su procedencia y continúe el trámite de conformidad con lo dispuesto en los arts. 453 y siguientes del código de rito.

2) Asimismo, en cumplimiento de los deberes que me corresponden como defensor, pongo en conocimiento de V.E. una serie de actos de abuso funcional que viene desarrollando el juez Claudio Bonadío y que exigen la inmediata intervención de vuestro Tribunal.

3) A todo evento, en atención a las garantías constitucionales que se ven afectadas, mantengo la reserva del caso federal.

 

II.-

El recurso de queja

 

1) Que, con posterioridad a que V.E. confirmara el auto de procesamiento dictado respec-to de mi defendida y de otras personas investigadas en autos, el 14 de noviembre del corriente año efectué una presentación ante la primera instancia titulada “Requiero”, en la cual señalé lo siguien-te:

“Que, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, con el propósito de esclarecer los hechos investigados de manera pública y ante una instancia judicial imparcial, requiero que se arbitren las medidas procesales pertinentes a fin de que la presente causa sea elevada a la etapa oral, con la mayor premura (art. 346 y siguientes, CPPN).

En consecuencia, desisto de interponer cualquier tipo de vía impugnativa en contra de la decisión adoptada por la Sala II de la Cámara del fuero el día viernes 11 de noviembre del corriente año así como también de ejercitar el derecho de oponerme o plantear excepciones en contra de una eventual requisitoria de elevación a juicio”.

2) El día 15 de noviembre de 2016, el juez Bonadío, como ya lo había realizado por di-versos medios periodísticos, descalificó duramente la presentación antes aludida y resolvió lo siguiente:

 “Por  recibido,  visto  los  términos  del  escrito presentado  por  el  Dr.  Beraldi,  se  habrá  de  proceder  a  su desglose  y  devolución  mediante  cédula  de  estilo  ya  que  es claramente improcedente, impertinente, extemporáneo y carente de estilo, tanto en lo que respecta a éste Tribunal, como a la Excelentísima Cámara del Fuero.

Tanto el abogado defensor como su comitente en esta  causa,  tienen  la  suficiente expertise  en  derecho  como para  saber  que  las  peticiones  tienen  que  estar  ajustadas conforme  a  las  normas  vigentes;  en  ese  sentido  corresponde hacer  notar  que  el  proceso  de  elevación  a  juicio  con  posterioridad  a  la  confirmación  de  un  procesamiento  tiene tres pasos que no pueden ser soslayados y por tanto se deben respetar esos plazos procesales (conf. art. 346, 349 y cc del C.p.P.N.).

Hágase  saber  al  abogado  que  en  lo  sucesivo deberá ajustar sus peticiones, bajo apercibimiento de lo que en  derecho  corresponda,  a  las  cuestiones  atinentes  al desarrollo de la causa, evitando alegaciones políticas, como la  presente,  que  no  revisten  importancia  procesal  en  la causa” (el subrayado me perte-nece).

Tal resolución me fue notificada el día 18 de noviembre del año en curso.

3) En contra de dicha decisión, el día 21 de noviembre deduje recurso de reposición con apelación en subsidio.

Concretamente, expliqué que las conside-raciones efectuadas por el juez para ordenar el desglose de aquel escrito no resultaban ajustadas a derecho por las siguientes razones:

  1. a) Lo manifestado en mi presentación resultaba procedente, pues hacía conocer al Juzgado cuál era la conducta procesal que habrá de observar mi parte durante el trámite del denominado “procedimiento intermedio” (art. 346 a 353, CPPN).
  2. b) El escrito devenía pertinente, ya que con la confirmación de Cámara del auto de proce-samiento, la etapa de instrucción se encuentra virtualmente agotada.
  3. c) Mi presentación también resultaba oportuna, pues se anticipó que mi parte no habría de deducir un recurso de casación en contra de la resolución de Cámara confirmatoria del proce-samiento (cuyo plazo de interposición vencería en las dos primeras horas hábiles del día 29 de noviembre de este año), así como también que ante“una eventual requisitoria de elevación a juicio” no habría de ejercitar “el derecho de oponerme o plantear excepciones” en el plazo de ley (art. 349 del CPPN: plazo de seis días).
  4. d) El escrito en cuestión observaba el estiloque establecen las normas procesales que rigen en la materia, a saber: se ha empleado tinta negra, fue firmado indicándose tomo y folio de inscripción en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fue encabezado con la expresión de su objeto y cuenta con el nombre del presentante, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente.

Por otra parte, en cuanto a la suficiente expertise en derecho que el juez nos asignó tanto a mi representada como al suscripto, advertí que tales conocimientos resultaron ser los que me llevaron a formular la petición desglosada.

Precisamente, los pasos procesales que Bonadío describió como previos a la elevación de la causa a juicio surgen de los mismos artículos que citara en mi presentación (art. 346 y siguientes, CPPN).

Por último, en cuanto al apercibimiento que se me formulara, calificando lo que fuera soli-citado como “alegaciones políticas”, indiqué que ello re-sultaba manifiestamente injusto.

Desde un punto de vista jurisprudencial y doctrinario, la petición de que un sumario sea elevado a juicio “con la mayor premura” resulta ajustada a derecho. Por ejemplo, tal ha sido la filosofía que inspiró la reforma del art. 353 del ordenamiento de rito (Cfr. DAlbora, Francisco J., <em>Código Procesal Penal de la Nación. </em>Anotado. Comentado. Concordado, 9ª edición corregida, am-pliada y actualizada por Nicolás DAlbora, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, Pág. 646).

En definitiva, precisé que la devolución del escrito, publicado en la página web del CIJ y masivamente difundido a través de los medios periodísticos, resultaba totalmente arbitraria y constituía en sí un acto de naturaleza política coherente, entre otras cosas, con el curso que desde sus inicios el juez Bonadío le ha dado a este particular proceso.

Por último, en resguardo de la legalidad y en cumplimiento de los deberes que me corres-ponden como defensor, dejé interpuesto recurso de apelación en subsidio (art. 449, CPPN). En conse-cuencia, solicité que se extrajera testimonio de las partes pertinentes de estos obrados y se los elevara al Superior en la forma de estilo, evitando expresamente que el curso de la incidencia entorpeciera de manera alguna el trámite de los autos principales.

4) Finalmente, el día 21 de noviembre el magistrado rechazó ambos recursos, argumentando que el agravio irreparable invocado resultaba “inexistente ya que no se verifica un perjuicio jurídico de imposible reparación ulterior”.

Además, el juez ordenó que se me devolviera dicha presentación mediante cédula (la cual fue recibida el día 23/11/16), advirtiéndome que en lo sucesivo debería comportarme con probidad y bue-na fe, tal como lo exige la norma que regula el ejercicio profesional, bajo apercibimiento de lo que por derecho correspondiera.

  1. Fundamentos

1) En primer lugar, es menester señalar que el recurso de apelación deducido satisface ple-namente los recaudos de tiempo y forma exigidos por el art. 450 del CPPN.

2) En segundo término, resulta más que evidente que se encuentra satisfecho el recaudo objetivo de procedencia previsto en el art. 449 del código de rito, toda vez que la arbitraria decisión del juez Bonadío irroga a mi representada un gravamen de imposible reparación ulterior.

En efecto, una de las bases esenciales del derecho de acceso a la jurisdicción consiste en formular peticiones a través de la presentación de escritos que hagan saber al juzgador cuál es el temperamento que propone uno de los sujetos esenciales del proceso, tal como resulta ser quien ha sido investido del carácter de defensor.

En el caso, tanto el escrito titulado “Requiero” como los recursos deducidos son manifestaciones esenciales de un ejercicio claro y transparente del derecho de defensa en juicio.

En concreto, como se expresara en tales libelos, lo reclamado por mi parte se dirige a tutelar una de las garantías consagradas tanto por la Constitución Nacional como por los pactos en materia de Derechos Humanos incorporados a su texto, esto es, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Más allá de la impropia conducta que Bonadío protagonizara ante los medios periodísticos comentando y cuestionando tales presentaciones, lo cierto es que, sin perjuicio de su disenso, el desglose de las mismas y su devolución carecen de todo asidero legal. Es más, pone en evidencia el grado de autoritarismo con que procede el juzgador, coherente con una línea de actuación que tantas veces fuese advertida y sancionada por la Cámara del fuero.

3) Sin embargo, el proceder descripto no se agota en meras manifestaciones discursivas, sino que pone en evidencia objetivamente algo mucho más grave, esto es, seguir manejando los tiempos del proceso a mero arbitrio del juzgador, sin que las partes puedan expedirse al respecto.

Concretamente, con la devolución de los escritos antes mencionados se intenta privarme de la posibilidad de controlar una maniobra procesal que vulgarmente se denomina  “cajonear la causa”.

En efecto, ante la presentación del referido escrito titulado “Requiero”, que desató la ira del magistrado, éste de manera veloz y con protagonismo mediático salió a explicar no sólo que lo que se le pedía era “improcedente, impertinente, inoportuno y falto de estilo”, sino antes bien que todo ello resultaba “una maniobra política”. Ello así, pues la causa desde el principio de la semana pasada (14/11/2016) ya se encontraba en su juzgado y él daría vista en forma inmediata al fiscal en los términos del art. 346 del CPPN. Así lo declaró en un reportaje en Radio La Red manifestando que “la causa está desde ayer en el juzgado, entre hoy y mañana va a ser remitida al fiscal para que produzca la acusación” (adjunto como anexo dos artículos periodísticos que recogen textualmente sus dichos).

Tal como lo pude constatar en el día de ayer (23/11/16), siendo las 13:30 horas, pese a lo informado, la causa aún no había sido enviada a la Fiscalía interviniente. Queda claro entonces no sólo que Bonadío mintió públicamente, sino que la maniobra pergeñada para “cajonear” la causa se encuentra en pleno progreso. No descarto que al tomar estado público este escrito, la causa sea remitida en forma inmediata a la Fiscalía. Empero, ello no puede cohonestar el procedimiento des-cripto, máxime cuando, insisto, públicamente se faltó a la verdad.

4) En definitiva, y como V.E. objetivamente advertirá, acude en el caso un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, en la medida en que se violentan las formas esenciales del proceso, se fulmina mi posibilidad de actuar como defensor y se coloca la causa en un verdadero “limbo jurídico” a merced de las arbitrariedades del juzgador que parecen no tener límite.

Tal como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia, “la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave irreparable perjuicio de quienes los invocan” (CSJN Fallos: 336:477).

 

III.-

Abuso de autoridad.

 

1) La maniobra descripta en el punto anterior no se detiene en el manejo arbitrario de los tiempos procesales o en la devolución de escritos sino, lo que es aún más grave, abre el camino para que se continúen cometiendo abusos de autoridad en contra de los justiciables.

En efecto, de manera contemporánea a la devolución del escrito ya relatada, el juez convocó a todos los procesados para comparecer en su Juzgado a efectos de que se les extraiga un triple juego de fichas dactiloscópicas y se confeccionara un informe socioambiental respecto de cada uno de ellos.

Tal medida no se compadece con la práctica pacífica que en este punto llevan a cabo todos los Juzgados penales (librar oficios para que tales diligencias se practiquen directamente ante los organismos competentes).

Ante tal situación, y como es de público conocimiento, dado que mi representada tiene su domicilio real en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, peticioné, mediante un recurso de reposición, que la diligencia fuera practicada vía exhorto dirigido al Juzgado Federal competente en dicha localidad.

Tal proceder es el que expresamente establece el art. 132 del CPPN. Además, en cuanto al informe socioambiental, me permití recordar que el art. 99 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dispone de manera expresa que “Sin perjuicio de la completa información que se debe recabar al momento de recibir declaración indagatoria (artículo 297 del Código Procesal Penal de la Nación), el magistrado procederá a formar legajo socioambiental […] Cuando los domicilios se encuentren fuera del radio prescripto por el Anexo X correspondiente del Reglamento, la información socioambiental deberá solicitarse, sin excepción, a la comisaría de la localidad correspondiente (es propio lo remarcado).

Asimismo, y con carácter subsidiario, por un principio de buena fe procesal y a efectos de evitar más conflictos innecesarios propuse que, en todo caso, la diligencia fuese postergada al menos por 72 horas hábiles, para el día 1º de diciembre del corriente año, fecha en la cual la Dra. Kirchner ya se encontraría en esta ciudad.

Tres horas después de haber dejado el escrito en Secretaría, recibí una cédula en la cual se me notificaba el rechazo de todos los planteos, con fundamentos que recién pude conocer al día siguiente al compulsar las actuaciones.

En el día de la fecha, ante el gravamen generado, presenté un recurso de apelación reclamando que se haga lugar a la postergación solicitada y que se conceda la impugnación con el efecto que establece el art. 442 del ordenamiento de rito.

2) A mérito de todos los antecedentes descriptos, no puedo descartar que las irregu-laridades que se vienen cometiendo alcancen ribetes aún mayores (vgr., se sigan rechazando de manera infundada todas las presentaciones y se pretenda llevar adelante el procedimiento ordenado de manera coercitiva).

Por ello, y ante la gravedad institucional que la situación supone, solicito a V.E. que tome inmediata intervención en el caso, requiriendo en el día de la fecha la urgente remisión de los autos principales y todos los incidentes y legajos que corren por cuerda. Ello, a efectos de evaluar objetivamente la situación denunciada y evitar que se ocasionen perjuicios que naturalmente pueden llegar a exceder los límites de este caso.

3) En línea con lo expuesto, también solicito a V.E. que, en virtud de las facultades disciplinarias que le han sido asignadas, evalúe y corrija la conducta del magistrado en cuanto al trato autoritario y despectivo que viene llevando a cabo con relación al ministerio que me fue confiado.

En efecto, tanto en la causa como de manera pública, el magistrado viene descalificando mi desempeño profesional. Concretamente, la profusa adjetivación respecto de mis presentaciones y el recordatorio de los deberes de probidad y buena fe con que debería ejercer mi profesión en estas actuaciones bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda resulta un menoscabo injusto y arbitrario del derecho de defensa en juicio que no se corresponde con mis antecedentes y que de manera alguna puede ser consentido. Así también lo solicito.

IV.-

Petitorio

Por todo lo expuesto, a V.E. solicito:

1) Se tenga por presentada en tiempo y legal forma esta queja por recurso de apelación denegado.

2) Previo trámite de ley, se admita la procedencia del recurso y se continúe su trámite de conformidad con lo dispuesto en los arts. 453 y siguientes del código de rito (arts. 476, 477 y 478, CPPN).

3) A efectos de evaluar la situación planteada en el apartado III.2, se requiera en el día de la fecha al Juzgado interviniente que remita en forma urgente los autos principales y todos los incidentes y legajos que corran por cuerda.

4) Se arbitren las medidas disciplinarias que correspondan con relación a la situación descripta en el apartado III.3.

4) A todo evento, habida cuenta las garantías constitucionales involucradas, mantengo la reserva del caso federal efectuada.  

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

…………

NOVIEMBRE 24, 2016

Dólar Futuro: Escrito presentado hoy ante Bonadio

La convocatoria dispuesta respecto de la Dra. Kirchner resulta contraria a las reglas procesales específicas que rigen en la materia

 

Señor Juez:

Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, abogado defensor de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Nº 12.152/15 caratulada “BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/DEFRAUDACIÓN…” –legajo de personalidad-, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752 2º “A”, a V.S. digo:

 

I.-

1) Que, en tiempo y legal forma, vengo a deducir recurso de apelación en contra de la providencia dictada el 21 de noviembre del corriente año por la cual se rechaza la solicitud de postergación de audiencia formulada ese mismo día por mi parte y, en consecuencia, se ordena la comparecencia de mi representada para el día 25 del corriente mes y año para cumplir con la realización de un informe socio-ambiental y la extracción de huellas dactilares.

2) Con el propósito de satisfacer los requisitos que establece el art. 438 de la ley de rito, en el capítulo siguiente se indicarán los motivos en que se basa este planteo, los cuales serán desarrollados ante la instancia superior.

3) Tal como lo dispone el art. 442 del ordenamiento de rito, la interposición de este recurso suspende el cumplimiento de la medida apelada. A todo evento, en caso de que la apelación fuese rechazada hago saber que acudiré en forma inmediata en queja ante el Superior, determinando también ello que el cumplimiento de la medida continúe suspendida hasta tanto se resuelva la impugnación planteada.

4) A todo evento, por encontrarse en juego el ejercicio de derechos constitucionales básicos (art. 14, 16 y 18, C.N.), hago expresa reserva del caso federal así como también de formular las denuncias que correspondieren.

 

II.-

1) El día 21 de noviembre, con carácter subsidiario a un recurso de reposición interpuesto, solicité que la audiencia a la que fuera convocada mi defendida para el día 25 de noviembre se llevara a cabo a partir del día 1º de diciembre (ver punto I.- Objeto, apartado 2).

Ese mismo día V.S. rechazó los planteos deducidos (la reposición y el pedido de postergación). Los argumentos expuestos para sostener tal decisión, de los que recién tuve conocimiento al día siguiente en ocasión de tomar vista del incidente formado en consecuencia, me obligan a interponer este recurso, toda vez que se genera de manera innecesaria a mi parte un gravamen de insusceptible subsanación ulterior.

En efecto, en primer lugar debo reiterar que la convocatoria dispuesta respecto de la Dra. Kirchner resulta contraria a las reglas procesales específicas que rigen en la materia (art. 132, CPPN y art. 99 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal). Concretamente, corresponde que la diligencia sea llevada a cabo vía exhorto al juzgado federal con competencia territorial en el domicilio de mi representada, sito en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y que el informe socio-ambiental deba solicitarse, sin excepción, a la comisaría de la localidad correspondiente.

No obstante ello, por un principio de buena fe procesal y a efectos de evitar conflictos innecesarios, solicité que la audiencia dispuesta, a llevarse a cabo en la sede de este Juzgado como había sido ordenada, fuera postergada por un plazo mínimo que no superaría las 72 horas hábiles (para el día 1º/12/16).

Pese a la manifiesta razonabilidad del planteo V.S., una vez más, descalificó tal petición en base a consideraciones que mi parte no puede consentir.

En primer lugar, la solicitud de postergación fue presentada en tiempo y legal forma tan sólo dos días hábiles después de que fuera notificada la diligencia en cuestión.

En segundo lugar, el hecho de que a la Dra. Kirchner nuevamente le sea impuesta la obligación de tener que viajar 5.000 kilómetros para cumplir una diligencia procesal de mero trámite, la cual, como se explicó, debe ser llevada a cabo en la misma jurisdicción donde vive, es un argumento que por sí solo justifica la razonabilidad de un pedido de postergación; mucho más aún si se trata de un plazo tan exiguo.

En tercer lugar, si no fueron explicitadas razones adicionales, fue porque es mi deber preservar el ámbito de privacidad de mi clienta; máxime, cuando es una constante en la causa la filtración permanente de información, lo cual luego lleva a que se efectúen públicamente las conjeturas más disparatadas. Incluso se ha llegado hasta el absurdo de que mis escritos terminen siendo publicados a través de la página del CIJ, ello por cierto nunca con propósitos encomiables.

Por otro lado, de ninguna manera la petición de postergación constituye la solicitud de un privilegio que violente el principio de igualdad ante la ley, como equivocadamente se expresa en la resolución. Al respecto basta con recordar que, como lo definió nuestro más Alto Tribunal en infinidad de precedentes, el principio que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzadamente que la verdadera igualdad  consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de los mismos (Fallos 16:118, 123:106, 124:122, entre otros).

 

En este caso, salta a la vista que la única diferencia que se invoca –y que además contempla específicamente la normativa vigente- reside en una cuestión de distancia entre el domicilio real de mi defendida y la sede de este juzgado, circunstancia que, por lo que conozco, no ha sido mencionada ni le corresponde a ninguna de las demás personas investigadas en autos.

Finalmente, en cuanto a que el pedido de postergación articulado pueda importar un retraso en las actuaciones o que no se compadezca con la solicitud de urgente elevación de la causa a juicio oral efectuada por mi parte –presentación que tanto ha exaltado a V.S.-, tales circunstancias no son ciertas. A tal efecto basta con recordar que la audiencia se ordena y se lleva a cabo en el marco de un incidente formado precisamente, como indica la ley procesal, para no enervar la marcha normal de los autos principales. Cabe señalar que se ofreció, subsidiariamente, realizar la audiencia en Buenos Aires a partir del 1º de diciembre. O sea, 72 horas hábiles de diferencia, contadas desde el día fijado por ese Juzgado. Por lo tanto, no existe ningún retraso y mucho menos en los términos planteados.

2) Así las cosas, por todo lo expuesto resulta evidente que la decisión recurrida genera a mi parte un gravamen irreparable (art. 449, CPPN) ya que bajo la apariencia de una simple diligencia de mero trámite, de manera contraria a derecho se le impone a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner una restricción a sus derechos constitucionales, en particular de libertad ambulatoria, obligándola a realizar algo que la ley no exige e impidiéndole que, al menos, semejante carga procesal pueda ser cumplida de manera que la misma no le irrogue perjuicios innecesarios aún mayores.

 

III.-

Por lo expuesto, a V.S. solicito:

1) Se tenga por presentado en tiempo y legal forma este recurso de apelación.

2) Se lo conceda con el efecto suspensivo que dispone la ley procesal y se eleven  las actuaciones de manera urgente al Superior en la forma de estilo.

3) Se tenga presente las reservas efectuadas.  

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.